Creación y destrucción del Oriente Medio petrolero occidental (1)

Desde hace unos par años que me ronda una idea por la cabeza. Me dedico a ella en mis ratos libres, pero como conseguir encontrar la información, leer y metabolizar es un proceso largo y laborioso, no sé si alguna vez seré capaz de desarrollar este pensamiento hasta el final. Por ahora, empiezo con el número uno de la serie.

Repasando entradas antiguas del blog, veo que en junio del 2014, ya hice un primer pinito sobre esta cuestión. Cuestión, que no es otra que la de la relación entre cómo se fijaron las fronteras de Iraq en 1925 y cómo se otorgaron las concesiones petrolíferas a la Turkish Petroleum Company (TPC) , antecesora de la Iraq Petroleum Company (IPC), y núcleo fractal del posterior reparto que las Siete hermanas y la Compañía Francesa de Petróleos (CFP) realizaron en Oriente Medio.

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Deseo, en entradas sucesivas de esta serie que hoy inicio, ir desgranando algunos de los pormenores de la compleja historia de la creación de la TPC y de cómo Oriente Medio se convirtió en región petrolera. Ahora, sin embargo, para empezar me gustaría explicar por qué este tema me interesa.

Cuando en 2003, la coalición liderada por Estados Unidos invadió Iraq, derrocó a su Presidente, Saddam Hussein, e impulsó una nueva constitución en 2005, internamente, abrió la puerta a la desintegración de una frágil, pero estable, arquitectura institucional. Y, externamente, marcó un punto de inflexión -para mi definitivo- en la industria petrolera internacional, que ha supuesto el fin del orden energético internacional del Siglo XX. Muestras de ello las tenemos en el mismo Iraq, donde nunca hasta esa fecha habían entrado inversores o se realizaban contratos con empresas fuera del ámbito de las grandes empresas petroleras internacionales privadas y occidentales, mientras que  desde el segundo lustro del Siglo XXI, más del 60% del petróleo se exporta hacia Asia, un 20% de los yacimientos están bajo control de empresas petroleras Chinas y otro tanto bajo el control de empresas no occidentales, al tiempo que se ha producido un florecer de la producción de petróleo y de gas de la mano de empresas petroleras medias de diversas nacionalidades, en un norte de Iraq, prácticamente seccionado, kurdo y que incluye la Región de Mosul, de la que hoy hablaremos en esta entrada. (Por cierto, que haciendo un paréntesis en este relato, recomiendo, a este respecto, el excelente y bien documentado artículo Under the Mountains: Kurdish Oil and Regional Politics de Robin Mills para el Oxford Institute of Energy Studies).

La creación del Iraq contemporáneo es el resultado de la desintegración del Imperio Otomano y de los tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial. El trazado definitivo de sus fronteras fue un proceso largo y complejo que se inició en la Conferencia de Paz de París, cuando se estableció que a la espera de los tratados definitivos, Mesopotamia -como Siria y Palestina- quedaría bajo el mandato de las potencias Europeas. Estos mandatos se otorgaron en La Conferencia de San Remo (1920) y se estableció que Siria quedaría bajo protección francesa, mientras que Palestina y Mesopotamia, quedarían bajo el manto británico. Luego, en el Tratado de Sèvres, también del año 1920 se fijaron unas fronteras, que por lo que al norte de Iraq se refiere, incluían a la región de Mosul “con ciertas variaciones”.

La cuestión de Mosul ya era espinosa entonces, pues en el acuerdo de reparto del territorio del Imperio Otomano, el Acuerdo Sykes-Picot, que británicos y franceses realizaran en 1916, con la guerra todavía en marcha, previendo la extinción del Imperio, esta región quedó bajo área de influencia francesa. Pero, en el Tratado de Sèvres, que nunca se llegó a aplicar, esta región quedara “con ciertas variaciones” bajo mandato británico.

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Este problema territorial se complicó todavía más, cuando después de que en 1921, la Sociedad de Naciones dictaminara que un sólo monarca, el Rey Faisal, gobernaría todo el territorio de Mesopotamia, ya reconvertido a Iraq, los británicos, en 1922, firmaron un acuerdo con él según el cual ambos, el Rey Faisal y los británicos, se comprometían a no ceder ni un palmo de territorio iraquí, al que se le sumaba la región de Mosul, a pesar de que años después Lord Curzon, el negociador británico en Lausana, aceptara que el único punto minado es el trazado de la frontera norte de Iraq, cuyos límites no han sido todavía legalmente fijados por las Potencias aliadas.

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La Conferencia de Lausana celebrada en los años 1922 y 1923, infructuosamente, se centró en el trazado de las fronteras, no de Iraq, sino de Turquía, puesto que el nuevo gobierno de Kemal Atatürk -posteriormente padre fundador de la Turquía laica moderna, que hoy también se tambalea- no sólo no reconocía los acuerdos del Tratado de Sévres, sino que reclamaba la inclusión de la región de Mosul en la nueva Turquía. En toda esta negociación de dos años, al menos por lo que se deduce de la correspondencia de Lord Curzon durante la misma, el escollo -insalvable- fue Mosul.

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Al final, la cuestión de las fronteras se resolvió en el año 1925, con un laudo de la Sociedad de Naciones, que más que laudo, parece mercadeo, puesto que Turquía renunció a sus aspiraciones sobre la región de Mosul, a cambio de recibir durante 25 años el 10% de los royalties del petróleo que la Turkish Petroleum Company -que convenientemente se renombró entonces, Iraq Petróleum Company- extraería en esa región.

Así, la existencia territorial de Iraq, como la de la mayoría de países surgidos por la desintegración del Imperio Otomano, se debe a un diseño, que a veces pareciera improvisado, de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Estas son las fronteras que, hoy, se desintegran.

La cuestión, sin embargo, va mucho más allá, pues como se puede intuir por la existencia del trueque de territorio por royalties del petróleo, queriéndolo o no, estas fronteras, especialmente las de Iraq, están intrísecamente enlazadas con el mapa de las concesiones petroleras que reclamaba para sí la TPC. Éstas, al final quedaron en el seno del flamante Iraq, dejando a Turquía sin una una gota de crudo.

Leyendo la documentación depositada en los archivos es muy difícil -al menos con lo que llevo visto y leído- afirmar que las fronteras de Iraq se fijaron exclusivamente para satisfacer los intereses de la TPC, pero sí que es cierto que estas fronteras no se fijaron definitivamente, hasta que un laudo de la Sociedad de Naciones incluyó a la región de Mosul en ellas . Como también es cierto que hay una coincidencia cronológica entre la fijación de estos límites territoriales y la adjudicación definitiva de las concesiones petrolíferas en las regiones de Bagdad y Mosul a la TPC.

Como veremos en la siguiente entrada de esta serie, dedicada a la historia de la TPC, esta concesión fue prometida, pero nunca otorgada, pocas semanas antes de que se declarara la guerra. Quedó en el aire, como lo quedaron las fronteras de Mosul, pero como se puede leer en la primera edición del Iraq Petroleum Company Handbook (1948), fue también en 1925 (mismo año del laudo), cuando después de unas largas negociaciones iniciadas en 1923 (mismas fechas que la Conferencia de Lausana), la promesa realizada por el Visir antes de la contienda bélica se convirtió en una concesión definitiva para la TPC.

Sin entrar ahora en el jugoso relato de estas concesiones, sólo con el relato de estos hechos queda patente  que en Iraq se establecieron a la vez, las fronteras, las concesiones petrolíferas y el germen de su principal instrumento de intervención pública: la IPC. Pues, aunque todavía tuvieran que pasar unos años para su completo funcionamiento, desde que en 1927, brotara petróleo de un pozo cercano a Kirkuk, las bases de la unidad política -un presupuesto centralizado que distribuyera por todo el territorio los ingresos obtenidos con el pago de royalties o venta del petróleo- quedaron establecidas.

Por todo ello, desde el mismo momento del nacimiento de Iraq, en él, unidad territorial, compañía petrolera nacional -privada o pública- y unidad política son los tres vértices de una misma cosa. De ahí, que en todos los casos, destruir uno de los vértices, lleva a hacer tambalear a los otros dos. Como de hecho, ocurrió.

Desde el punto de vista de la historia de la industria del petróleo internacional, el caso de Iraq, como se entenderá cuando se explique el papel jugado por la TPC, es muy relevante, pues en su territorio se gestó el núcleo de lo la industria petrolera internacional (anglo-americana-occidental) del Siglo XX. Y, por ello, el desmembramiento de Iraq, también ha de suponer su fin; al menos, en su forma actual. Esto va más allá de la despopepización de la que he hablado en otras entradas, es un cambio mucho más radical, que implicará -o ya está implicando- una transformación profunda del orden petrolero internacional.

 

La cosa está cruda.

Hoy, no pensaba dedicarme al blog, pero acabo de leer un artículo que me ha dejado ojiplática, como diría mi amiga Ire. Así que le dedicaré esta precipitada y mini entrada.

Bastaría con mencionar el título del artículo, Oil Majors Continue to Take on Debt to Pay Dividends, pues éste lo dice todo: las grandes compañías petroleras internacionales, occidentales, se están endeudando para poder seguir repartiendo dividendos a sus accionistas. Todo en esta noticia es alucinante.

En primer lugar, constatar que la pérdida de control sobre la estructura de gobernanza internacional del petróleo, con el consecuente desplome y descontrol de los precios del crudo, está pasando factura a las más grandes, de entre “las grandes”. Hace muchos años que no se veía una cosa así. Asusta pensar cómo deben estar los inversores de la fiebre del  petróleo o gas no convencional o que ocurrirá cuando estalle, también, esta burbuja especulativa, si ExxonMobil, Royal Dutch Shell y sus hermanas, que son las que tienen acceso al crudo de los mejores yacimientos del mundo, se han de endeudar para pagar a sus accionistas.

En segundo lugar, asusta que el sistema permita algo así. De hecho, se demonizó a las empresas públicas y estatales porque al tener una restricción presupuestaria blanda estaban mal gestionadas. Pues, ya me dirán… una empresa que ve desplomarse sus beneficios  en un 60% (ExxonMobil) o en un 93% (Royal Dutch Shell) y decide pedir prestado el dinero para poder seguir pagando dividendos.

En tercer lugar, asusta pensar en quiénes serán los accionistas, pues no sólo invierten en un negocio, como se explicaba hace un año, cuyo principal activo, las reservas de petróleo, se está agotando; sino que aceptan -o exigen- que se les paguen dividendos cuando “el negocio” va mal.

En cuarto lugar, vista la experiencia de los últimos años, asusta pensar que podemos acabar rescatando a unas petroleras que o gestionaron mal su negocio o que han entrado en vías de extinción, porque, se nos dirá e intentarán convencer, sin ellas no podríamos sobrevivir: nos quedaríamos sin luz en nuestras casas, sin gasolina en nuestros coches y nuestros hijos no podrían ni ir al colegio. Por decir algo…

En fin, les inserto el gráfico que ilustra el artículo, ya que una imagen vale más que mil palabras. En él se ven las fuentes ingresos y usos del gasto de Exxon Mobil en el último año. Estas cifras indican que mientras el pago por dividendos es de 6,2 mil millones de dólares USA, la deuda y el crédito es de 5,1.

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Francamente, si yo fuera accionista de alguna de estas empresas o tuviera mis ahorros en un fondo de inversión o plan de pensiones que invirtiera en estas empresas, aunque mi consciencia ecológica fuera nula; aunque fuera una negacionista del cambio climático; aunque no me importara la desigualdad energética y  aunque no me interesaran ni el expolio de tierras ni la explotación de los recursos naturales, mañana, a primerísima hora, correría a la institución que me gestionara ese dinero, para suplicar que lo desinviertan, ya. No hay otra solución, eso es lo que tenemos que hacer.

 

El déficit de tarifa como mecanismo de desposesión o Intentando entender la factura eléctrica (7)

Hace unas semanas, después de muchos meses de trabajo, el Seminario Taifa publicó su undécimo Informe de Economía. Éste, que se puede adquirir en papel o descargar en línea, se titula La desposesión de la vida cotidiana.

Es un trabajo colectivo en el que se pretende explicar cómo la crisis, y sobre todo cómo las estrategias del capital para salir de la misma, inciden en las cuestiones más básicas de nuestra vida cotidiana. Entre estas cuestiones, también se dedica un capítulo a la cuestión del llamado “déficit de tarifa”.

La redacción de este capítulo (páginas 111-126 del pdf o singularizado en htlm), cuyo título reza ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? corrió de mi cuenta y en él se hace una interpretación de Economía política sobre el significado de la factura. Así, en el informe ésta se explica como el resultado de un conflicto de poder.

Para animar a la lectura del informe, presento aquí algunos highlights del citado capítulo, aunque releyendo el cómo me ha quedado, de tostón, esta entrada, estoy segura que la lectura directa del informe será más ligera, coherente, instructiva y amena.

¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se divide en cuatro grandes apartados.

En el primero, que coincide con la introducción, se realiza una breve explicación sobre la función política-económica- de la factura. En esta introducción se cuenta cuál debería ser la función de la tarifa eléctrica -que se refleja en la factura. Ésta, conceptualmente, está pensada como un instrumento de redistribución, para que en un espacio político determinado, sea un municipio, una región, un estado o una entidad supranacional, todo el mundo tenga el mismo derecho de uso de electricidad y al mismo precio. A partir de esta definición, se apunta a que, como otros instrumentos redistributivos en el mundo contemporáneo, la factura de la luz se puede acabar convirtiendo en un mecanismo para la transferencia de ingresos diversos (de recursos) desde el conjunto de la sociedad hacia el sector eléctrico.

El segundo apartado parte del gráfico que muestro a continuación. El objetivo del mismo es ilustrar sobre los elementos  que inciden el el sistema eléctrico y que, por ello, han de tener reflejo el el coste y precio final de la energía; el que se acaba reflejando en la factura.

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Este gráfico es útil para visualizar que entre la factura que -y perdón por la redundancia- facturan las compañías eléctricas y los usuarios finales, hay todo “un mundo” de actividades y de potenciales conflictos entre quienes generan electricidad a partir de distintas fuentes (parte superior del gráfico), entre quienes realizan distintas actividades en la cadena eléctrica (parte central del gráfico) y entre los propietarios de las empresas, que quieren obtener el máximo posible de beneficios y la autoridad política distribuidora o reguladora.

De ahí, que en el texto se sostenga que el precio final de la electricidad será el resultado de cómo se acabe resolviendo el conflicto existente entre los distintos tipos  de agentes que intervienen en el sistema eléctrico (propietarios de empresas de diverso tipo, el regulador público y los usuarios finales).

La tercera parte de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se introduce con un gráfico, de Iberdrola -el mismo serviría para Endesa u otra empresa del oligopolio eléctrico de la Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA).

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En este gráfico queda muy claro que menos del 40% de la factura se debe a los costes reales de generación, transporte, distribución y comercialización de la actividad. Por tanto, la pregunta que surge al mirar este “quesito” es obvia: ¡¿a qué se debe el más del 60% que las familias y empresas españolas pagamos mensualmente?!

La respuesta de Iberdrola  es que ese 60% “no va con ella”, ya que en su opinión se trata de impuestos y recargos ajenos, debidos a la mano de los políticos y de los reguladores. Obviamente, esta no es la respuesta que el Seminario Taifa da a ese 60%.

Nuestra explicación es que ese “misterioso” porcentaje es el precio que en España se paga por un conflicto no resuelto: el que existe entre el oligopolio de UNESA  y el resto de la sociedad. Conflicto, extremadamente  asimétrico y cuyo resultado siempre favorece, en mayor o menor medida, al primero. Es decir a las empresas que históricamente -aunque posteriormente se añadiera la electricidad nuclear y al gas- han generado la electricidad a partir de grandes centrales hidroeléctricas o térmicas y que, además, han controlado el ciclo completo del proceso, desde la generación a la comercialización.

Con esta explicación en la mano, el informe entra de lleno a explicar los distintos componentes que, hoy, configuran el “misterioso” 60%. Argumentamos que éstos se corresponden a una compensación –regulada- que el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a UNESA, reclama a la administración ante el riesgo potencial de perdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio. Así, el 62% restante que, según Iberdrola es ajeno a ella, es una compensación que recibe el club de las eléctricas las eléctricas o el mecanismo financiero de adaptación de las empresas “históricas” a los cambios en la industria (aparición de nuevas técnicas de generación) y a los cambios en el sector (nuevos agentes competidores o cambios en el contenido y la regulación del “servicio público”).

Ante esta conclusión, se propone una nueva forma de clasificar los componentes de la factura eléctrica. Como verán aquellos y aquellas que se animen a leer el informe, esta nueva clasificación no explica por qué nuestra factura eléctrica es una de las más altas de Europa, sino por qué en ella se paga por partidas tan peculiares como -sin ser exhaustiva-“Pagos por Capacidad”, “Contratos de interrumpibilidad”, “Costes de Transición a la Competencia”, “Pago Déficit de tarifa” o “Adquisición Régimen especial y Primas de Régimen especial”.

Por último, en la parte final, el informe cuenta cómo la factura eléctrica, gracias al “invento” contable del déficit de tarifa se transforma en un formidable mecanismo de desposesión. Basten un par de cifras, para hacernos una idea de la magnitud de fenómeno.En 2002, la deuda reconocida por el déficit de tarifa era de unos 1.200 millones de euros (M€). En 2014, superaba los 30.000 M€. Es decir, en España contablemente, cada ciudadano/a debe más de 600 € a las eléctricas y, según parece, como resultado de su titulación, los devolveremos en 15 años a un tipo de interés del 4,76%. La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, es la que, finalmente, conduce a un proceso de doble desposesión.

La desposesión producida por una constante transferencia de renta desde los hogares y las empresas no energéticas españolas hacia los accionistas del sector eléctrico. Y, la desposesión producida por una transferencia de renta y de patrimonio natural (pantanos, vientos, sol y territorio) desde España a fondos de inversión extranjeros y soberanos del mundo, lo que también incide en un empobrecimiento relativo de este territorio a escala global.

Ante ello, el informe concluye citando a don Alberto Bosch, quién, en 1899, al apoyar en el Senado la proposición de Ley sobre la “Servidumbre forzosa de corriente eléctrica”, declaraba estar (…) convencido de que entre las desamortizaciones ninguna más provechosa que la desamortización de la Naturaleza (…).

No prometo nada, pero si después de este breve resumen, todavía hay ánimo para leer el texto completo de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? (así como el conjunto del undécimo Informe Económico del Seminario Taifa), puede que quien lo intente entienda un poco más el complicado mecanismo de fijación del precio de la electricidad en España.

Yo, al menos, al escribirlo me he clarificado mucho las ideas y creo que puedo decir que ya entiendo qué se esconde detrás de la factura eléctrica. Ha sido necesario el tiempo de siete entradas de este blog, la primera de las cuales está fechada en Marzo de 2012 y la que precede a esta, en la serie Intentando entender la factura eléctrica, de junio de 2013, para entender qué hay detrás de tan enmarañado documento. Creo que con el trabajo realizado en el Informe de Taifay esta séptima entrada, doy por cerrada la serie “Intentando entender la factura eléctrica”.

 

¿Es una comercializadora municipal un instrumento útil para la transición energética?

El pasado 15 de julio, la prensa escrita de Barcelona publicaba la noticia de que la ciudad se disponía a crear una compañía eléctrica pública. En los medios digitales, fuera La Vanguardia o en El Periódico de la Energía, se personalizaba la iniciativa -y beneficio- de tal propuesta en Ada Colau, la alcaldesa.

Tengo observado que, tanto en Madrid como en Barcelona, ciudades en las que tenemos alcaldesas de fuera de los partidos políticos kosher, cuando las cosas no gustan o se ven estrambóticas, se tiende a utilizar el nombre propio para presentar cualquier iniciativa municipal que se anuncie, como una peculiar ocurrencia de “esas señoras” que ocupan el cargo. Esto, desde mi punto de vista, es una falta de respeto hacia la institución, hacia quiénes les han votado y, obviamente, hacia las mujeres que realizan servicio público.

Dicho esto, aunque me parece una gran noticia que el equipo municipal de la ciudad en la que yo resido se postule para ser uno de los pioneros en la realización -y logro- de una transición energética hacia un modelo, fuera del control del oligopolio eléctrico, 100% renovable, me parece que a la propuesta que se nos ha hecho, la falta un buen periodo de discusión y de maduración.

Esta propuesta fue presentada  el pasado 14 de julio por Janet Sanz, teniente de  Alcalde para cuestiones de ecología, urbanismo y movilidad, el concejal de Presidencia y energía, Eloi Badia, y la Comisionada de Ecología, Eva Herrero y, desde entonces, ha recibido unos cuantos elogios e infinidad de críticas; muchas de ellas provenientes de militantes del activismo energético.

Los elogios tienen mucho que ver con lo ya expresado: es fantástico que Barcelona encabece la lista de ciudades del mundo que apuestan por una ciudad energéticamente sostenible. Las críticas están más divididas, pero algunas de las que yo he escuchado, tienen que ver con la poca eficacia de la medida estrella de la propuesta, la creación de una compañía comercializadora, para el objetivo de la transición energética real.

Comparto ambas cosas, el elogio y la crítica. Desde mi modo de entender el problema de fondo de la propuesta municipal -al menos del borrador de la misma que cayó en mis manos- es la poca claridad de su planteamiento.

Por una parte se plantea que el objetivo es la transición energética de Barcelona, definida como la de una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials, amb una aposta clara per els recursos energétics renovables y, por otra se dice que estudis previs conclouen que l’eina que pot permetre, en el context energètic actual, una gestió integrada de la generació elèctrica i l’aprovisionament energètic és una comercialitzadora y que, por lo tanto, l’objectiu és poder tenir creada i en funcionament la comercialitzadora l’any 2018.

Planteados así el objetivo y el instrumento, se entiende que lluevan las críticas, pues es muy fácil pensar que lo que propone el Ayuntamiento de Barcelona, con la legislación vigente, es ilegal, ya que no hay manera de que la misma empresa comercialice aquello que ella misma genera. Aunque realmente no sea esto lo que dice el texto, pero su redacción excesivamente ambigua enmascara el contenido real. Por ejemplo, intuyo que para captar su significado sería apropiado reescribir  la frase  “una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials“, dejando muy claro que de lo que habla es de una ciudad en la que el uso final de energía de los edificios e instalaciones muncipales y residencial podría abastecerse con lo energía autogenerada en sus terrazas, tejados, cubiertas, jardines o patios.

Es más, también se entiende que lluevan las críticas de quienes se preguntan sobre la oportunidad de crear una comercializadora, puesto que: a) ya existen otras comercializadoras muy “políticamente correctas”, como Som Energia, con las que el ayuntamiento podría firmar un contrato de suministro, sin necesidad de destinar nuevos recursos a la creación de un nuevo ente comercializador; sólo distinto por ser de propiedad municipal; e, b) intrínsecamente crear una comercializadora sólo es útil como forma de debilitar el poder del oligopolio eléctrico en el tramo de venta final al público, pero no realmente para transformar de raíz el modelo energético imperante.

Ante ello, yo también dudo de un proyecto que pone el foco en la creación de una comercializadora, como forma de avanzar hacia la transición energética. De hecho, al leerlo tiendo a pensar que se trata más de una medida destinada a paliar la pobreza energética que a cambiar de raíz el modelo energético .

¿Por qué apunto hacia esta hipótesis? Apunto hacia ella porque, leyendo entre líneas el borrador citado, tengo la sensación que se cree más en la comercializadora como una herramienta de política asistencial -o en el mejor de los casos redistributiva- que como la punta de lanza hacia la transición. De hecho, creo que es para este objetivo, el de poder suministrar electricidad a precio subvencionado o de forma gratuita, para lo que la creación de  comercializadora pública pudiera servir.

A día de hoy, en el conjunto de Estado español, con la ley actual, una comercializadora eléctrica sólo puede hacer de intermediario entre las empresas generadoras y los usuarios finales, pues  su función es comprar la electricidad que las empresas generadoras venden cada día en el mercado mayorista y venderla en el minorista. Por ello, por mucho que la ciudad generara energía propia, la nueva compañía municipal no la podría vender. Ante ello, coincido con aquellos y aquellas que han criticado esta mediada diciendo que ¿qué sentido podía tener una comercializadora, nueva, más? Pero si lo miro desde el punto de vista de combatir la pobreza energética, la medida podría tener un sentido, que intuyo alguno o alguna de las redactoras de la propuesta también le han visto.

Si la ciudad de Barcelona tuviera una comercializadora municipal, y por ello entiendo que pública, podría hacer algo que ninguna forma de empresa privada -sería discutible el cómo ya hasta qué punto de algunas cooperativas- puede hacer: limitarse a cubrir los costes, sin obtener beneficios, o incluso, operar con un déficit, que otras actividades o impuestos municipales cubrirían. Si así se entiende la función de la nueva comercializadora, podría tener sentido, pero insisto, un sentido de política asistencial o distributiva, pues la nueva compañía vendería electricidad a precio mayorista a los usuarios finales (incluido el municipio) o decidiría cobrar menos o no cobrar a determinados/as ciudadanos/as.

Desde este punto de vista la comercializadora no haría la competencia a otras que ya existen, que también están fuera del oligopolio y venden energía “verde”, pues su objetivo y función serían completamente distintos.

Por mi parte, alabo este objetivo, pero considero que si éste es el que se pretendía lograr con la creación de la compañía comercializadora, así se debería de haber especificado. En este caso, el debate se alejaría de las cuestiones colaterales relativas a la transición para centrarse en los aspectos centrales relativos a la redistribución. Para mi, esta sería la principal virtud de la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa: ser una novedosa vía para paliar -que no acabar con el origen- la pobreza energética.

Por el contrario, si realmente el objetivo es el de la transición energética, considero que, al menos en su forma actual, proponer la creación de una comercializadora como herramienta para la gestión integrada de la transición es, efectivamente, un error.

En primer lugar, porque al introducir la propuesta de la comercializadora desvirtúa lo que hay de bueno en la propuesta, que básicamente es asumir que la legislación municipal, incluso con la legislación nacional vigente, tiene margen para introducir medidas que ayuden a avanzar en la buena dirección y que asumiendo como autoconsumo buena parte de la electricidad empleada en los equipamientos municipales, o incluso la iluminación pública, se podría adelantar mucho en el objetivo de generar energía local, quitando negocio al oligopolio eléctrico.

En segundo lugar, porque oculta otra cuestión, que sí que aparece en la propuesta, que es que el consumo energético de una ciudad también consiste en agua caliente o calefacción que en muchos casos sólo requieren de determinadas instalaciones o infraestructuras, que sin quebrantar ninguna ley podrían instalarse o implantarse desde ya.

En tercer lugar, porque existe una confusión entre fuentes y tecnología que lleva a pensar que detrás de esta propuesta no hay un diseño a largo plazo de los pasos necesarios para llevar a cabo la transición, más allá de la inmediatez o efectividad a corto plazo de algunas propuestas. En este sentido, en el borrador hay alguna frase alarmante, como la de que es prioritario crear un marco legal para  reduir el consum energètic global que es produeix a la ciutat, basat en resultats i no en solucions tecnològiques. En este caso, considero que el éxito a largo plazo de la transición dependerá de las soluciones tecnológicas que adoptemos hoy y de su adaptabilidad –resilencia, ya que el término gusta tanto- a las situaciones energéticas futuras.

Y, por último, en tercer lugar, porque desde el mismo momento en que, en el mundo de hoy, se propone algo tan “radical” como crear una empresa pública de suministro, es inevitable preguntarse ¿por qué no seremos radicales del todo y también nos ocuparemos de la gestión municipal de la red?

Más allá de estas cuestiones, personalmente, lo que más me ha decepcionado de esta propuesta es que no incluya realmente ningún aspecto político de verdad, pues como dije en la serie -incompleta, por ahora- de entradas sobre la cuestión de la financiación de la transición, que inicié el verano pasado, esta transición es la gran oportunidad, puesto que tendremos que ponernos de acuerdo sobre cómo financiarla, para redefinir un nuevo contrato social y para reinventar el espacio público.

Este es el debate que, como ciudadana de Barcelona, yo desearía que impulsara el equipo de gobierno municipal. Ahora, estoy muy disgustada, pues debido a lo poco elaborado de la propuesta actual y a sus ambigüedades e imprecisiones -que pueden ser necesarias para contentar a quién fuere nuestro o nuestra futura ministra de energía y al oligopolio de UNESA, pero son inapropiadas para entablar un debate- el documento ha desatado las críticas y enfados de quienes podían ayudar a llevar a cabo la transición energética hacia un modelo distribuido, democrático y 100% renovable.

Es cierto que, en el ámbito catalán, habrá quien pueda pensar que se está cometiendo una injusticia, pues mientras el también “etéreo” proyecto de Pacte Nacional de Transició Energética impulsado por la Generalitat de Catalunya recibió aplausos, el de l’Ajuntament de Barcelona, recibe críticas. Yo soy de las que barrunto que si el proyecto hubiera sido propuesto por otro equipo de gobierno, las críticas hubieran sido distintas, pero ello no quita que, a día de hoy, también piense que se ha malgastado una gran oportunidad y que nos han hecho un flaco favor a quienes apostábamos por una transición energética iniciada en el ámbito municipal.

 

La geopolítica de las renovables

El pasado 18 de abril, esglobal, con el apoyo de la Comisión Europea, celebró en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid un taller sobre la geopolítica de las renovables. Esta fue una excelente iniciativa de la Directora de esglobal, Cristina Manzano, que consistió en un seminario en el que varios profesionales del medio, periodistas y académicos expresamos nuestra visión sobre cuál podría ser – o si sería- la nueva geopolítica de las renovables, y en un posterior taller de formación para jóvenes estudiantes de periodismo. La experiencia me gustó mucho.

Al cabo de unos días, esglobal nos pidió nuestra contribución por escrito con el fin de elaborar un monográfico online sobre esta cuestión. Hoy, 5 de julio -fecha en la que, aunque nada tenga que ver con lo que aquí escribo, se celebran los 54 años de la independencia de Argelia- se ha publicado, digitalmente, esta monografía. Os la recomiendo toda, pero, aquí, en este blog adjunto el enlace a mi contribución, titulada La jerarquización del poder global por la energía. Veréis que es una aproximación histórica a esta problemática.

Hace mucho que no publicaba nada en Nuevas Cartografías de la Energía. Deseo que esta entrada sea el inicio de su nueva etapa, después del parón de este curso; como deseo, también, que el enlace que aquí os dejo, os guste.

Cartografiado apunte sobre el precio del petróleo

Encargué al joven cartógrafo Juan Pérez Ventura, uno de los autores del blog el El  Orden Mundial en el S. XXI, que me hiciera un mapa ilustrando tres momentos históricos de los flujos internacionales y marítimos del petróleo. Mi objetivo, al encargarle este mapa, era doble: a) mostrar gráficamente lo mucho que han cambiado los flujos del petróleo en poco más de medio siglo; b) explicar la poca relación que existe entre estos flujos físicos de petróleo y los precios del mismo.

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La elección de los tres momentos no es casual. En los años 1950s, el principal comercio internacional de petróleo se realizaba entre Oriente Medio y Europa, pero el precio lo fijaba un cártel del siete compañías, la llamadas Siete hermanas, vendiendo el petróleo barato de buena calidad de Arabia Saudita o Iraq a Europa, al precio del petróleo del Golfo de México. Este era un precio fijado a priori y arbitrariamente, en el que la cantidad de petróleo producida, comprada o vendida, no incidía en el precio del mismo.

El segundo momento es un mapa de que ilustra la situación al final de los años 1970s, después de los dos shocks del petróleo (1973 y 1978-79). A partir de ese momento, a pesar de que la mayor parte del petróleo que se comercializaba internacionalmente, tenía como origen los territorios de los países de la OPEP, el precio pasó a referenciarse al precio del crudo de dos lugares geográficamente alejados de la OPEP, y de producción cara y minoritaria: la plataforma Brent en el Mar del Norte entre el Reino Unido y Noruega, y el West Texas Intermediate, Cushing (Oklahoma). Por tanto, desde inicios del 1980s, más de las dos terceras partes del crudo mundial se negocian, venga de donde venga la producción, tomando como referencia  los precios de los crudos del Atlántico Norte. Lugar,  alejado de los principales lugares de producción de crudo de uso internacional, que en su mayoría se hallaban en el América del Sur, África y Oriente Medio.

El tercer momento es el actual. En el tercer mapa se observa que la producción de crudo geográficamente se ha diversificado mucho, al tiempo que los flujos hacia Asia y el Pacífico se han incrementado sustancialmente. Sin embargo, no ha habido modificación significativa en la forma de fijar los precios. En relación al momento anterior, lo único que se podría añadir es que la modalidad de compra a venta a futuros de petróleo en el mercado Brent y WTI se ha generalizado.

Aunque los mercados a futuros fueron concebidos como una forma de protección frente al riesgo e incertidumbre futura, tanto de vendedores como compradores, con el tiempo, los títulos del petróleo se convirtieron en un activo financiero más en el que invertir y con el que especular. Aunque estos mercados son muy opacos, se estima que en los años previos a la crisis en estos mercados se podrían obtener tasas de retorno del 700%. Es más, se estima que a mediados del 2008,  el volumen de negocio en el mercado Brent a futuros era el equivalente a unos 518 millones de barriles al día, cuando en el espacio físico real, el de los flujos de energía, sólo estaban circulando unos 85.

Con ello, no es de extrañar que históricamente, como explicaba en una entrada anterior, salvo por alguna excepción como al del año 1973, el precio y las cantidades de crudo no estén correlacionadas. Más allá de ello, lo que hoy quería aportar con estos mapa, es un elemento adicional de reflexión al debate sobre por qué suben o bajan los precios del petróleo.

En el pasado, los precios que se fijaban unilateralmente desde el Golfo de México para todo el mundo, no reflejaban que la mayor parte del petróleo que fluía por éste tenía su origen en Oriente Medio y se dirigía hacia Europa; en la actualidad tampoco existe relación, pues los precios geográficamente fijados en el Mar del Norte y en Oklahoma (Estados Unidos) ni reflejan que la producción mayoritaria de petróleo se da en otras partes -y eso que el mapa no incluye los flujos terrestres de Eurasia- ni que buena parte de los principales de crudo compradores ya no orillan en el Atlántico. A pesar de ello, los precios se siguen negociando en el norte de Europa y de América. El hecho de que, las principales plazas en las que se  negocie a futuros sean la City de Londres y el NYMEX en Nueva York, sólo refuerza -y agrava- este hecho.

Sea como fuere, dejo al lector o lectora los mapas y una pregunta: si los precios se fijan en lugares alejados de los principales yacimientos, ¿cómo puede afectar a estos precios que la OPEP suba o baje su producción?

 

Rápido apunte sobre el precio del petróleo

Estos días, todo el mundo habla del descenso del precio del crudo y, lo cierto es que poca gente halla una interpretación coherente a este fenómeno. Yo tampoco, y mi orgullo se empieza a resentir por ello. El pasado jueves, una colega de la facultad entró en mi despacho, esperando hallar una respuesta satisfactoria a la cuestión y, la pobre, se fue sin ella. Sin embargo, como siempre ocurre, el hablar y tener que pensar sobre las cosas, te abre la mente. Al menos, ahora tengo alguna intuición.

No sé el porque del descenso -más que descenso, desplome- del precio del crudo, que debe de haber llegado en términos reales al nivel de la segunda mitad de los 1980s. Pero, el jueves pensé lo que, ahora, plasmo aquí. A ver si con estas ideas, alguien encuentra una respuesta satisfactoria.

En una industria, de facto, altamente cartelizada, con una estructura de gobernanza con pocos actores (pocos estados y gobiernos,  y pocas alianzas de empresas transnacionales), el precio sólo puede descender -y mantenerse bajo- por dos motivos: a) por que quienes tienen capacidad de influencia entre este grupo, quieren expulsar a aliados o competencia no deseada; o b) por que se han roto las estructuras de control del precio.

Apunté la primera idea en una entrada anterior, y la segunda en otra titulada. ¿El fin de Arabia Saudí como swing producer?.  Me mantengo en ambas ideas. De hecho creo que uno y otro fenómeno se están produciendo a la vez, retroalimentándose, además.

Sigo pensando, como he apuntado reiteradamente en este blog, que estamos asistiendo a lo que he llamado una desopepización. Es decir el fin de la estructura de gestión de la industria petrolera internacional dominante en la segunda mitad del siglo XX. Como también creo que la forma primitiva con la que se ha acabado con varios de los dirigentes de los países de la OPEP, sumado a la fiebre del petróleo no convencional en Estados Unidos y Canadá, han creado más que un exceso de oferta, una descontrolada oferta de crudo.

De hecho, si sumamos la desestructuración de los mecanismos de gestión internacionales de la industria al barullo de la producción, es fácil de entender que los precios se muevan sin rumbo. Fluctuando, ahora a la baja y, en cualquier otro momento, al alza. Esta afirmación no invalida el hecho, como expliqué hace poco, que en el largo plazo, por definición, porque el petróleo es un recurso finito, los precios del crudo han de tender al alza, a medida que éste se acabe o sea más costoso de extraer.

Dicho todo esto, añado dos ideas adicionales, que esencialmente no contradicen lo anterior, pero señalan a “otros”. Es decir, ¿por qué en vez de pensar el problema del precio del petróleo en clave geopolítica, no lo pensamos en términos de las empresas del sector? Así, moviéndonos desde la “tradicional” forma de ver la gestión de los precios del petróleo, tal vez veamos otras dificultades que, me temo, ya estan barruntando algunos de los inversores del sector.

Primer hecho, aunque fuera la crónica de una muerte anunciada, podría ser que ya se estuviera produciendo el estallido de la burbuja del shale gas subprime, como llamé a la burbuja especulativa que ha experimentado el sector del petróleo y gas no convencional, especialmente entre inversores de Wall Street. Ello, aunque lo explica parcialmente, justificaría la aceleración del descenso en los precios del crudo.

El segundo hecho, son las dificultades, cada ves más patentes, de la grandes e históricas empresas del sector, como Shell, Exxon, British Petroleum y sus “tradicionales amigas”, para acceder a nuevas y buenas reservas.

De hecho, pensando en ello, ya, en la paz del veraneo, escribí, siguiendo las ideas de Naomi Klein, algo parecido a: ¿qué inversor/a o pensionista querría comprar unas acciones para asegurarse una rentabilidad constante o creciente futura, ¿invertiría en una empresa cuya base del negocio es un recurso en extinción?

Hoy, después de la incertidumbre sobre qué empresas controlarán los buenos y rentables yacimientos de Oriente Medio en el futuro, y después del bluff de Shell en el Ártico, finalmente, de la la paralización del KeystoneXL, y de las crecientes voces que abogan por llevar a juicio a Exxon por haber escondido los efectos del cambio climático, esta idea de un negocio basado en un recurso en extinción puede estar cobrando fuerza en determinados ámbitos. De hecho, de forma muy optimista, un amigo mío dice que nos hallamos frente a un negocio en liquidación.

Yo no soy tan optimista como él, pues si algo han demostrado las empresas de la industria petrolera internacional es su capacidad de supervivencia; pero francamente creo que no están pasando un buen momento. Ellas lo saben y sus inversores también.

Por todo ello, podría ser que este descenso de precios lo que este anunciando es una nueva gran oleada de quiebras, alianzas, fusiones y adquisiciones del sector, que nos deje temblando a todos. Pues ante un escenario como el actual, si las empresas históricas no pueden acceder a nuevos yacimientos sólo les queda una opción para que no se hunda su eterno negocio, apropiarse del de los demás y aumentar todavía más, si cabe, su poder de monopolio con el fin exclusivo de mantener la rentabilidad de sus acciones.

Veremos….