Creación y destrucción del Oriente Medio petrolero occidental (3)

El 19 de marzo de 1914 se rubricó un acuerdo de fusión entre el Grupo D’Arcy ya la Turkish Petroleum Company (TPC).

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Este acuerdo es importante porque establece que la mayoría de la TPC estará en manos “puramente” británicas, siendo el resto lo que corresponde a la parte holandesa de la filial de la Royal Dutch Shell, al Deutsche Bank y a Calouste S. Gulbenkian. Pero, lo más importante es que el 50% del total estará bajo el control del Grupo d’Arcy (germen de la British Petroleum). Grupo que ya tenía bajo su control exclusivo un concesión que abarcaba toda Persia. Este hecho, como ya dijimos y veremos en entradas sucesivas, cambió el rumbo de la historia de la industria petrolera, al convertir las concesiones de Oriente Medio en la pieza más preciada del petróleo internacional.

En el primer volumen de la historia de la British Petroleum, Ronald W. Ferrier apunta este cambio de rumbo, pues escribe It is against this general historical background that William Knox D’Arcy, and Englishman […] was offered in 1900 the chance of acquiring an oil concession in Persia, by a cosmopolitan Persian official […]. D’Arcy was prepared to take the risk in floating an uncertain entreprise to explore for oil. It was simply a personal initiative for profit. It is a mesure of the later fortuitous importance of D’Arcy concession that the most machiavellian of motives have been presumed to account for his investment. In reality the skills of the geologist and the driller discovered oil, not the imagination […] or the gamble of the speculator.

Condiciendo R.W. Ferrier y yo misma, sobre el hecho que la explotación del petróleo de Oriente Medio fue un acontecimiento que modificó el sentido de la historia petrolera mundial, nuestras coincidencias acaban aquí. Pero, no puedo dejar de sentir por él una admiración profunda. De hecho, estoy fascinada -y no exagero- por el virtuosismo narrativo del autor, pues en seis líneas construye un discurso sobre D’Arcy y las concesiones petrolíferas en Oriente Medio, que es la esencia de la historia oficial de la industria petrolera internacional: que ésta es el resultado de la actuación individual de personas “excepcionales” dotadas de determinados atributos.

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William Knox D’Arcy y su mujer en su casa eduardiana: Fuente: The Telegraph; BP a History in Pictures

Entiendo que cuando Ferrier escribe que la concesión persa de D’Arcy se gestó a contracorriente del contexto -histórico- del momento, aboga por la idea de una historia de la industria petrolera realizada por las acciones aisladas, del contexto y del sistema en el que viven, de dos individuos, uno británico y otro cosmopolita. Por tanto, favorece esa visión de que la historia de la industria petrolera es el resultado del “genio” individual, en vez de la de unas conflictivas relaciones de poder. Ello queda claro, al situar a D’Arcy como alguien ajeno a las disputas, ya existentes en ese momento, por el control del mercado mundial del petróleo, que la Standard Oil, la Royal Dutch y la Shell, así como los productores rusos (los Nobel y los Rothschild); como al decir que lo que hizo D’Arcy no tiene que ver con las interpretaciones maquiavélicas que se hicieron después (entre las cuales la mía, supongo)

Pero, en estas líneas se dice más que eso. Se enumeran los atributos de D’Arcy, que son tres:  a) ser británico, con todos los atributos morales que a finales del Siglo XIX e inicios del XX ello implica; b) ser alguien que sólo se mueve -individualmente- por su propio interés, sin intervenir en ello cuestiones del poder político o económico, y por tanto, acuerdo correctamente de acuerdo con el pensamiento económico al uso; y c) ser alguien que basa su actuación en la actuación de los expertos, por ello ésta viene legitimada por el conocimiento, científico de la Geología y la técnica del oficio petrolero.

Todo ello tiene mucha miga, pero como resumen, diremos que según la “historia oficial”, el descubrimiento e inicio de la explotación del petróleo de Oriente Medio es el resultado de un encuentro casual entre un cosmopolita y un hombre comme il faut, cuya actuación sólo fue resultado de una búsqueda experta e “inocua” de beneficio individual. Así, Ferrier,  de un plumazo ensalza la figura del fundador de la British Petroleum, y esconde lo que hubo detrás de estas concesiones, pues desaparece cualquier mención al imperialismo británico y a la lucha por el poder y la hegemonía mundial, que desde la Guerra de Crimea hasta Yalta se libró en el mundo.

A la vista de los datos, y desde mi interpretación del mundo, tres son al menos, las “mentirijillas” de esta descripción: a) no está claro que D’Arcy fuera este hombre que nos pintan. De hecho, y no es broma, da mucho que pensar que D’Arcy sea el único de los petroleros británicos que no fue ni Sir; b) los archivos muestran que hubo una estrecha y sucia colaboración entre el Grupo D’Arcy y algunos departamentos del Gobierno Británico, para lograr tales concesiones, que posteriormente fueron usadas políticamente para configurar un Oriente Medio “a medida” y para que el Reino Unido no perdiera su lugar en el orden mundial; y, por último, y aunque pueda parecer menor -pero cada vez me molesta más que los actos económicos y políticos se escuden bajo una falsa pátina de cientificidad,  c) en esa época el negocio del petróleo era más parecido a un juego de azar que una actividad científica-tecnológica. Otra cosa, es que la jugada saliera bien…

 

 

 

 

El negocio de la energía

Parece ser que esta es la cubierta del libro que he escrito para la colección Los retos de la economía de RBA editores.  Puede que alguno de los lectores o lectoras del blog estén interesados en lo que en él cuento.

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Es un libro divulgativo que RBA resume de la siguiente manera: Desde la Revolución Industrial se estableció una estrecha relación entre el control de las fuentes energéticas y la prosperidad de las naciones. El británico William Stanley Jevons acabaría fijando la otra base del negocio de la energía al teorizar sobre los efectos económicos de la escasez de combustible. Sobre estos pilares se levantó un gigantesco edificio oligopolístico que las energías renovables amenazan con socavar.

 

Creación y destrucción del Oriente Medio petrolero occidental (2)

En la anterior entrada prometí ir desgranando la historia de la Turkish Petroleum Company, pero cuanta más información leo, más pierdo los hilos conductores de este relato.

El fenómeno de la creación -y de las disputas alrededor- de la Turkish Petroleum Company (TPC) es un caso de estudio fascinante, pues constituye uno de esos acontecimientos parcialmente olvidados, pero sin cuya existencia no se entendería la historia de la industria petrolera internacional.

Desde mi punto de vista, la TPC, oficialmente creada en 1912 (aunque ahora yo empiece a tener mis dudas al respecto), fue la primera compañía petrolera internacional del mundo. Por compañía petrolera internacional entiendo, al menos cuatro cosas: a) ser un consorcio formado por empresas -o inversores- de varias nacionalidades; b) ser una compañía cuyo objetivo es extraer petróleo de un territorio distinto de el del lugar de origen de los inversores, para ser comercializado como producto final, en los países de origen de los mismos; c) tener la voluntad de exclusividad -o de dominio- en el reparto de las concesiones en territorios determinados y en los mercados finales; d) ser una empresa cuya actividad cuenta con la protección de los gobiernos de los países de origen de los inversores, siendo estas formas de protección muy diversas.

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Fuente: The Times (London, England), Friday, Jul 02, 1920; pg. 17

Antes de la TPC no existió, propiamente -la Royal Dutch Shell, sería la más parecida, entonces- ninguna empresa que cumpliera con las cuatro características. Ello, no quiere decir que no existieran empresas que comercializaran petróleo por el mundo. Lo hacía la Standard Oil, que exportaba la producción sobrante de Estados Unidos, como lo hacía el consorcio de la Asiatic Petroleum Company, con los excedentes de petróleo de Rusia, pero en ninguno de los dos casos el objetivo principal era extraer petróleo de un lugar del mundo, para ser empleado en otro.

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Sospecho -y sólo es eso una intuición sin corroborar- que el concepto de “petróleo internacional” es un invento británico. Podría haber sido germánico, pero el curso de la historia -y, probablemente, la mentalidad imperial británica- lo impidieron.

Visto con retrospectiva, pareciera que la industria petrolera internacional fuera el resultado de una ocurrencia de alguien en el Reino Unido, a inicios del Siglo XX, que se debió dar cuenta de que la posición hegemónica que Inglaterra tenía gracias al uso intensivo del carbón, podía perderse por la emergencia de un nuevo combustible que era, entonces, abundante en Estados Unidos, Rusia y en Europa oriental, pero no en la Islas británicas. Ese, para mi, fue el momento en el que el Reino Unido puso el ojo en el territorio del Imperio Otomano, iniciando un trágico culebrón  que duraría unos tres lustros, y cuyo resultado fue establecer que la función de los países creados en el espacio del territorio otomano  -llamado Turquía asiática, primero, y Oriente Medio, después- sería la de ser los proveedores de petróleo hacia el resto del mundo.

Quien debía ocuparse de la gestión de esos flujos de petróleo, sería la Turkish Petroleum Company que, a pesar de su nombre, siempre fue “extranjera”. Primero, antes de la Primera Guerra Mundial, germano-británica-holandesa; después de la contienda bélica, fundamentalmente británica; y desde 1928, cuando se reconviertió a Iraq Petroleum Company, anglo-americana (aunque en ella participaran la Royal Dutch y la Compañía Francesa de Petróleo ).

Fue entonces cuando el Oriente Medio petrolero y occidental con las fronteras que hemos conocido a lo largo de los últimos cien años se puso en el mapa. Antes, sin embargo,  los británicos actuando bajo la influencia de un bullying -que no lobby– extremo del grupo D’Arcy o de la Anglo- Persian Oil. Co., hicieron todas las artimañas imaginables, para que una concesión que inicialmente había pertenecido a inversores alemanes, primero bajo el nombre de Anatolian Railway Company y, después, bajo el nombre de Bagdad Railway Company, acabara en sus manos. Este será el tema de la siguiente entrada de esta serie.

Creación y destrucción del Oriente Medio petrolero occidental (1)

Desde hace unos par años que me ronda una idea por la cabeza. Me dedico a ella en mis ratos libres, pero como conseguir encontrar la información, leer y metabolizar es un proceso largo y laborioso, no sé si alguna vez seré capaz de desarrollar este pensamiento hasta el final. Por ahora, empiezo con el número uno de la serie.

Repasando entradas antiguas del blog, veo que en junio del 2014, ya hice un primer pinito sobre esta cuestión. Cuestión, que no es otra que la de la relación entre cómo se fijaron las fronteras de Iraq en 1925 y cómo se otorgaron las concesiones petrolíferas a la Turkish Petroleum Company (TPC) , antecesora de la Iraq Petroleum Company (IPC), y núcleo fractal del posterior reparto que las Siete hermanas y la Compañía Francesa de Petróleos (CFP) realizaron en Oriente Medio.

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Deseo, en entradas sucesivas de esta serie que hoy inicio, ir desgranando algunos de los pormenores de la compleja historia de la creación de la TPC y de cómo Oriente Medio se convirtió en región petrolera. Ahora, sin embargo, para empezar me gustaría explicar por qué este tema me interesa.

Cuando en 2003, la coalición liderada por Estados Unidos invadió Iraq, derrocó a su Presidente, Saddam Hussein, e impulsó una nueva constitución en 2005, internamente, abrió la puerta a la desintegración de una frágil, pero estable, arquitectura institucional. Y, externamente, marcó un punto de inflexión -para mi definitivo- en la industria petrolera internacional, que ha supuesto el fin del orden energético internacional del Siglo XX. Muestras de ello las tenemos en el mismo Iraq, donde nunca hasta esa fecha habían entrado inversores o se realizaban contratos con empresas fuera del ámbito de las grandes empresas petroleras internacionales privadas y occidentales, mientras que  desde el segundo lustro del Siglo XXI, más del 60% del petróleo se exporta hacia Asia, un 20% de los yacimientos están bajo control de empresas petroleras Chinas y otro tanto bajo el control de empresas no occidentales, al tiempo que se ha producido un florecer de la producción de petróleo y de gas de la mano de empresas petroleras medias de diversas nacionalidades, en un norte de Iraq, prácticamente seccionado, kurdo y que incluye la Región de Mosul, de la que hoy hablaremos en esta entrada. (Por cierto, que haciendo un paréntesis en este relato, recomiendo, a este respecto, el excelente y bien documentado artículo Under the Mountains: Kurdish Oil and Regional Politics de Robin Mills para el Oxford Institute of Energy Studies).

La creación del Iraq contemporáneo es el resultado de la desintegración del Imperio Otomano y de los tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial. El trazado definitivo de sus fronteras fue un proceso largo y complejo que se inició en la Conferencia de Paz de París, cuando se estableció que a la espera de los tratados definitivos, Mesopotamia -como Siria y Palestina- quedaría bajo el mandato de las potencias Europeas. Estos mandatos se otorgaron en La Conferencia de San Remo (1920) y se estableció que Siria quedaría bajo protección francesa, mientras que Palestina y Mesopotamia, quedarían bajo el manto británico. Luego, en el Tratado de Sèvres, también del año 1920 se fijaron unas fronteras, que por lo que al norte de Iraq se refiere, incluían a la región de Mosul “con ciertas variaciones”.

La cuestión de Mosul ya era espinosa entonces, pues en el acuerdo de reparto del territorio del Imperio Otomano, el Acuerdo Sykes-Picot, que británicos y franceses realizaran en 1916, con la guerra todavía en marcha, previendo la extinción del Imperio, esta región quedó bajo área de influencia francesa. Pero, en el Tratado de Sèvres, que nunca se llegó a aplicar, esta región quedara “con ciertas variaciones” bajo mandato británico.

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Este problema territorial se complicó todavía más, cuando después de que en 1921, la Sociedad de Naciones dictaminara que un sólo monarca, el Rey Faisal, gobernaría todo el territorio de Mesopotamia, ya reconvertido a Iraq, los británicos, en 1922, firmaron un acuerdo con él según el cual ambos, el Rey Faisal y los británicos, se comprometían a no ceder ni un palmo de territorio iraquí, al que se le sumaba la región de Mosul, a pesar de que años después Lord Curzon, el negociador británico en Lausana, aceptara que el único punto minado es el trazado de la frontera norte de Iraq, cuyos límites no han sido todavía legalmente fijados por las Potencias aliadas.

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La Conferencia de Lausana celebrada en los años 1922 y 1923, infructuosamente, se centró en el trazado de las fronteras, no de Iraq, sino de Turquía, puesto que el nuevo gobierno de Kemal Atatürk -posteriormente padre fundador de la Turquía laica moderna, que hoy también se tambalea- no sólo no reconocía los acuerdos del Tratado de Sévres, sino que reclamaba la inclusión de la región de Mosul en la nueva Turquía. En toda esta negociación de dos años, al menos por lo que se deduce de la correspondencia de Lord Curzon durante la misma, el escollo -insalvable- fue Mosul.

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Al final, la cuestión de las fronteras se resolvió en el año 1925, con un laudo de la Sociedad de Naciones, que más que laudo, parece mercadeo, puesto que Turquía renunció a sus aspiraciones sobre la región de Mosul, a cambio de recibir durante 25 años el 10% de los royalties del petróleo que la Turkish Petroleum Company -que convenientemente se renombró entonces, Iraq Petróleum Company- extraería en esa región.

Así, la existencia territorial de Iraq, como la de la mayoría de países surgidos por la desintegración del Imperio Otomano, se debe a un diseño, que a veces pareciera improvisado, de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Estas son las fronteras que, hoy, se desintegran.

La cuestión, sin embargo, va mucho más allá, pues como se puede intuir por la existencia del trueque de territorio por royalties del petróleo, queriéndolo o no, estas fronteras, especialmente las de Iraq, están intrísecamente enlazadas con el mapa de las concesiones petroleras que reclamaba para sí la TPC. Éstas, al final quedaron en el seno del flamante Iraq, dejando a Turquía sin una una gota de crudo.

Leyendo la documentación depositada en los archivos es muy difícil -al menos con lo que llevo visto y leído- afirmar que las fronteras de Iraq se fijaron exclusivamente para satisfacer los intereses de la TPC, pero sí que es cierto que estas fronteras no se fijaron definitivamente, hasta que un laudo de la Sociedad de Naciones incluyó a la región de Mosul en ellas . Como también es cierto que hay una coincidencia cronológica entre la fijación de estos límites territoriales y la adjudicación definitiva de las concesiones petrolíferas en las regiones de Bagdad y Mosul a la TPC.

Como veremos en la siguiente entrada de esta serie, dedicada a la historia de la TPC, esta concesión fue prometida, pero nunca otorgada, pocas semanas antes de que se declarara la guerra. Quedó en el aire, como lo quedaron las fronteras de Mosul, pero como se puede leer en la primera edición del Iraq Petroleum Company Handbook (1948), fue también en 1925 (mismo año del laudo), cuando después de unas largas negociaciones iniciadas en 1923 (mismas fechas que la Conferencia de Lausana), la promesa realizada por el Visir antes de la contienda bélica se convirtió en una concesión definitiva para la TPC.

Sin entrar ahora en el jugoso relato de estas concesiones, sólo con el relato de estos hechos queda patente  que en Iraq se establecieron a la vez, las fronteras, las concesiones petrolíferas y el germen de su principal instrumento de intervención pública: la IPC. Pues, aunque todavía tuvieran que pasar unos años para su completo funcionamiento, desde que en 1927, brotara petróleo de un pozo cercano a Kirkuk, las bases de la unidad política -un presupuesto centralizado que distribuyera por todo el territorio los ingresos obtenidos con el pago de royalties o venta del petróleo- quedaron establecidas.

Por todo ello, desde el mismo momento del nacimiento de Iraq, en él, unidad territorial, compañía petrolera nacional -privada o pública- y unidad política son los tres vértices de una misma cosa. De ahí, que en todos los casos, destruir uno de los vértices, lleva a hacer tambalear a los otros dos. Como de hecho, ocurrió.

Desde el punto de vista de la historia de la industria del petróleo internacional, el caso de Iraq, como se entenderá cuando se explique el papel jugado por la TPC, es muy relevante, pues en su territorio se gestó el núcleo de lo la industria petrolera internacional (anglo-americana-occidental) del Siglo XX. Y, por ello, el desmembramiento de Iraq, también ha de suponer su fin; al menos, en su forma actual. Esto va más allá de la despopepización de la que he hablado en otras entradas, es un cambio mucho más radical, que implicará -o ya está implicando- una transformación profunda del orden petrolero internacional.

 

La cosa está cruda.

Hoy, no pensaba dedicarme al blog, pero acabo de leer un artículo que me ha dejado ojiplática, como diría mi amiga Ire. Así que le dedicaré esta precipitada y mini entrada.

Bastaría con mencionar el título del artículo, Oil Majors Continue to Take on Debt to Pay Dividends, pues éste lo dice todo: las grandes compañías petroleras internacionales, occidentales, se están endeudando para poder seguir repartiendo dividendos a sus accionistas. Todo en esta noticia es alucinante.

En primer lugar, constatar que la pérdida de control sobre la estructura de gobernanza internacional del petróleo, con el consecuente desplome y descontrol de los precios del crudo, está pasando factura a las más grandes, de entre “las grandes”. Hace muchos años que no se veía una cosa así. Asusta pensar cómo deben estar los inversores de la fiebre del  petróleo o gas no convencional o que ocurrirá cuando estalle, también, esta burbuja especulativa, si ExxonMobil, Royal Dutch Shell y sus hermanas, que son las que tienen acceso al crudo de los mejores yacimientos del mundo, se han de endeudar para pagar a sus accionistas.

En segundo lugar, asusta que el sistema permita algo así. De hecho, se demonizó a las empresas públicas y estatales porque al tener una restricción presupuestaria blanda estaban mal gestionadas. Pues, ya me dirán… una empresa que ve desplomarse sus beneficios  en un 60% (ExxonMobil) o en un 93% (Royal Dutch Shell) y decide pedir prestado el dinero para poder seguir pagando dividendos.

En tercer lugar, asusta pensar en quiénes serán los accionistas, pues no sólo invierten en un negocio, como se explicaba hace un año, cuyo principal activo, las reservas de petróleo, se está agotando; sino que aceptan -o exigen- que se les paguen dividendos cuando “el negocio” va mal.

En cuarto lugar, vista la experiencia de los últimos años, asusta pensar que podemos acabar rescatando a unas petroleras que o gestionaron mal su negocio o que han entrado en vías de extinción, porque, se nos dirá e intentarán convencer, sin ellas no podríamos sobrevivir: nos quedaríamos sin luz en nuestras casas, sin gasolina en nuestros coches y nuestros hijos no podrían ni ir al colegio. Por decir algo…

En fin, les inserto el gráfico que ilustra el artículo, ya que una imagen vale más que mil palabras. En él se ven las fuentes ingresos y usos del gasto de Exxon Mobil en el último año. Estas cifras indican que mientras el pago por dividendos es de 6,2 mil millones de dólares USA, la deuda y el crédito es de 5,1.

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Francamente, si yo fuera accionista de alguna de estas empresas o tuviera mis ahorros en un fondo de inversión o plan de pensiones que invirtiera en estas empresas, aunque mi consciencia ecológica fuera nula; aunque fuera una negacionista del cambio climático; aunque no me importara la desigualdad energética y  aunque no me interesaran ni el expolio de tierras ni la explotación de los recursos naturales, mañana, a primerísima hora, correría a la institución que me gestionara ese dinero, para suplicar que lo desinviertan, ya. No hay otra solución, eso es lo que tenemos que hacer.

 

El déficit de tarifa como mecanismo de desposesión o Intentando entender la factura eléctrica (7)

Hace unas semanas, después de muchos meses de trabajo, el Seminario Taifa publicó su undécimo Informe de Economía. Éste, que se puede adquirir en papel o descargar en línea, se titula La desposesión de la vida cotidiana.

Es un trabajo colectivo en el que se pretende explicar cómo la crisis, y sobre todo cómo las estrategias del capital para salir de la misma, inciden en las cuestiones más básicas de nuestra vida cotidiana. Entre estas cuestiones, también se dedica un capítulo a la cuestión del llamado “déficit de tarifa”.

La redacción de este capítulo (páginas 111-126 del pdf o singularizado en htlm), cuyo título reza ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? corrió de mi cuenta y en él se hace una interpretación de Economía política sobre el significado de la factura. Así, en el informe ésta se explica como el resultado de un conflicto de poder.

Para animar a la lectura del informe, presento aquí algunos highlights del citado capítulo, aunque releyendo el cómo me ha quedado, de tostón, esta entrada, estoy segura que la lectura directa del informe será más ligera, coherente, instructiva y amena.

¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se divide en cuatro grandes apartados.

En el primero, que coincide con la introducción, se realiza una breve explicación sobre la función política-económica- de la factura. En esta introducción se cuenta cuál debería ser la función de la tarifa eléctrica -que se refleja en la factura. Ésta, conceptualmente, está pensada como un instrumento de redistribución, para que en un espacio político determinado, sea un municipio, una región, un estado o una entidad supranacional, todo el mundo tenga el mismo derecho de uso de electricidad y al mismo precio. A partir de esta definición, se apunta a que, como otros instrumentos redistributivos en el mundo contemporáneo, la factura de la luz se puede acabar convirtiendo en un mecanismo para la transferencia de ingresos diversos (de recursos) desde el conjunto de la sociedad hacia el sector eléctrico.

El segundo apartado parte del gráfico que muestro a continuación. El objetivo del mismo es ilustrar sobre los elementos  que inciden el el sistema eléctrico y que, por ello, han de tener reflejo el el coste y precio final de la energía; el que se acaba reflejando en la factura.

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Este gráfico es útil para visualizar que entre la factura que -y perdón por la redundancia- facturan las compañías eléctricas y los usuarios finales, hay todo “un mundo” de actividades y de potenciales conflictos entre quienes generan electricidad a partir de distintas fuentes (parte superior del gráfico), entre quienes realizan distintas actividades en la cadena eléctrica (parte central del gráfico) y entre los propietarios de las empresas, que quieren obtener el máximo posible de beneficios y la autoridad política distribuidora o reguladora.

De ahí, que en el texto se sostenga que el precio final de la electricidad será el resultado de cómo se acabe resolviendo el conflicto existente entre los distintos tipos  de agentes que intervienen en el sistema eléctrico (propietarios de empresas de diverso tipo, el regulador público y los usuarios finales).

La tercera parte de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se introduce con un gráfico, de Iberdrola -el mismo serviría para Endesa u otra empresa del oligopolio eléctrico de la Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA).

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En este gráfico queda muy claro que menos del 40% de la factura se debe a los costes reales de generación, transporte, distribución y comercialización de la actividad. Por tanto, la pregunta que surge al mirar este “quesito” es obvia: ¡¿a qué se debe el más del 60% que las familias y empresas españolas pagamos mensualmente?!

La respuesta de Iberdrola  es que ese 60% “no va con ella”, ya que en su opinión se trata de impuestos y recargos ajenos, debidos a la mano de los políticos y de los reguladores. Obviamente, esta no es la respuesta que el Seminario Taifa da a ese 60%.

Nuestra explicación es que ese “misterioso” porcentaje es el precio que en España se paga por un conflicto no resuelto: el que existe entre el oligopolio de UNESA  y el resto de la sociedad. Conflicto, extremadamente  asimétrico y cuyo resultado siempre favorece, en mayor o menor medida, al primero. Es decir a las empresas que históricamente -aunque posteriormente se añadiera la electricidad nuclear y al gas- han generado la electricidad a partir de grandes centrales hidroeléctricas o térmicas y que, además, han controlado el ciclo completo del proceso, desde la generación a la comercialización.

Con esta explicación en la mano, el informe entra de lleno a explicar los distintos componentes que, hoy, configuran el “misterioso” 60%. Argumentamos que éstos se corresponden a una compensación –regulada- que el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a UNESA, reclama a la administración ante el riesgo potencial de perdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio. Así, el 62% restante que, según Iberdrola es ajeno a ella, es una compensación que recibe el club de las eléctricas las eléctricas o el mecanismo financiero de adaptación de las empresas “históricas” a los cambios en la industria (aparición de nuevas técnicas de generación) y a los cambios en el sector (nuevos agentes competidores o cambios en el contenido y la regulación del “servicio público”).

Ante esta conclusión, se propone una nueva forma de clasificar los componentes de la factura eléctrica. Como verán aquellos y aquellas que se animen a leer el informe, esta nueva clasificación no explica por qué nuestra factura eléctrica es una de las más altas de Europa, sino por qué en ella se paga por partidas tan peculiares como -sin ser exhaustiva-“Pagos por Capacidad”, “Contratos de interrumpibilidad”, “Costes de Transición a la Competencia”, “Pago Déficit de tarifa” o “Adquisición Régimen especial y Primas de Régimen especial”.

Por último, en la parte final, el informe cuenta cómo la factura eléctrica, gracias al “invento” contable del déficit de tarifa se transforma en un formidable mecanismo de desposesión. Basten un par de cifras, para hacernos una idea de la magnitud de fenómeno.En 2002, la deuda reconocida por el déficit de tarifa era de unos 1.200 millones de euros (M€). En 2014, superaba los 30.000 M€. Es decir, en España contablemente, cada ciudadano/a debe más de 600 € a las eléctricas y, según parece, como resultado de su titulación, los devolveremos en 15 años a un tipo de interés del 4,76%. La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, es la que, finalmente, conduce a un proceso de doble desposesión.

La desposesión producida por una constante transferencia de renta desde los hogares y las empresas no energéticas españolas hacia los accionistas del sector eléctrico. Y, la desposesión producida por una transferencia de renta y de patrimonio natural (pantanos, vientos, sol y territorio) desde España a fondos de inversión extranjeros y soberanos del mundo, lo que también incide en un empobrecimiento relativo de este territorio a escala global.

Ante ello, el informe concluye citando a don Alberto Bosch, quién, en 1899, al apoyar en el Senado la proposición de Ley sobre la “Servidumbre forzosa de corriente eléctrica”, declaraba estar (…) convencido de que entre las desamortizaciones ninguna más provechosa que la desamortización de la Naturaleza (…).

No prometo nada, pero si después de este breve resumen, todavía hay ánimo para leer el texto completo de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? (así como el conjunto del undécimo Informe Económico del Seminario Taifa), puede que quien lo intente entienda un poco más el complicado mecanismo de fijación del precio de la electricidad en España.

Yo, al menos, al escribirlo me he clarificado mucho las ideas y creo que puedo decir que ya entiendo qué se esconde detrás de la factura eléctrica. Ha sido necesario el tiempo de siete entradas de este blog, la primera de las cuales está fechada en Marzo de 2012 y la que precede a esta, en la serie Intentando entender la factura eléctrica, de junio de 2013, para entender qué hay detrás de tan enmarañado documento. Creo que con el trabajo realizado en el Informe de Taifay esta séptima entrada, doy por cerrada la serie “Intentando entender la factura eléctrica”.

 

¿Es una comercializadora municipal un instrumento útil para la transición energética?

El pasado 15 de julio, la prensa escrita de Barcelona publicaba la noticia de que la ciudad se disponía a crear una compañía eléctrica pública. En los medios digitales, fuera La Vanguardia o en El Periódico de la Energía, se personalizaba la iniciativa -y beneficio- de tal propuesta en Ada Colau, la alcaldesa.

Tengo observado que, tanto en Madrid como en Barcelona, ciudades en las que tenemos alcaldesas de fuera de los partidos políticos kosher, cuando las cosas no gustan o se ven estrambóticas, se tiende a utilizar el nombre propio para presentar cualquier iniciativa municipal que se anuncie, como una peculiar ocurrencia de “esas señoras” que ocupan el cargo. Esto, desde mi punto de vista, es una falta de respeto hacia la institución, hacia quiénes les han votado y, obviamente, hacia las mujeres que realizan servicio público.

Dicho esto, aunque me parece una gran noticia que el equipo municipal de la ciudad en la que yo resido se postule para ser uno de los pioneros en la realización -y logro- de una transición energética hacia un modelo, fuera del control del oligopolio eléctrico, 100% renovable, me parece que a la propuesta que se nos ha hecho, la falta un buen periodo de discusión y de maduración.

Esta propuesta fue presentada  el pasado 14 de julio por Janet Sanz, teniente de  Alcalde para cuestiones de ecología, urbanismo y movilidad, el concejal de Presidencia y energía, Eloi Badia, y la Comisionada de Ecología, Eva Herrero y, desde entonces, ha recibido unos cuantos elogios e infinidad de críticas; muchas de ellas provenientes de militantes del activismo energético.

Los elogios tienen mucho que ver con lo ya expresado: es fantástico que Barcelona encabece la lista de ciudades del mundo que apuestan por una ciudad energéticamente sostenible. Las críticas están más divididas, pero algunas de las que yo he escuchado, tienen que ver con la poca eficacia de la medida estrella de la propuesta, la creación de una compañía comercializadora, para el objetivo de la transición energética real.

Comparto ambas cosas, el elogio y la crítica. Desde mi modo de entender el problema de fondo de la propuesta municipal -al menos del borrador de la misma que cayó en mis manos- es la poca claridad de su planteamiento.

Por una parte se plantea que el objetivo es la transición energética de Barcelona, definida como la de una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials, amb una aposta clara per els recursos energétics renovables y, por otra se dice que estudis previs conclouen que l’eina que pot permetre, en el context energètic actual, una gestió integrada de la generació elèctrica i l’aprovisionament energètic és una comercialitzadora y que, por lo tanto, l’objectiu és poder tenir creada i en funcionament la comercialitzadora l’any 2018.

Planteados así el objetivo y el instrumento, se entiende que lluevan las críticas, pues es muy fácil pensar que lo que propone el Ayuntamiento de Barcelona, con la legislación vigente, es ilegal, ya que no hay manera de que la misma empresa comercialice aquello que ella misma genera. Aunque realmente no sea esto lo que dice el texto, pero su redacción excesivamente ambigua enmascara el contenido real. Por ejemplo, intuyo que para captar su significado sería apropiado reescribir  la frase  “una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials“, dejando muy claro que de lo que habla es de una ciudad en la que el uso final de energía de los edificios e instalaciones muncipales y residencial podría abastecerse con lo energía autogenerada en sus terrazas, tejados, cubiertas, jardines o patios.

Es más, también se entiende que lluevan las críticas de quienes se preguntan sobre la oportunidad de crear una comercializadora, puesto que: a) ya existen otras comercializadoras muy “políticamente correctas”, como Som Energia, con las que el ayuntamiento podría firmar un contrato de suministro, sin necesidad de destinar nuevos recursos a la creación de un nuevo ente comercializador; sólo distinto por ser de propiedad municipal; e, b) intrínsecamente crear una comercializadora sólo es útil como forma de debilitar el poder del oligopolio eléctrico en el tramo de venta final al público, pero no realmente para transformar de raíz el modelo energético imperante.

Ante ello, yo también dudo de un proyecto que pone el foco en la creación de una comercializadora, como forma de avanzar hacia la transición energética. De hecho, al leerlo tiendo a pensar que se trata más de una medida destinada a paliar la pobreza energética que a cambiar de raíz el modelo energético .

¿Por qué apunto hacia esta hipótesis? Apunto hacia ella porque, leyendo entre líneas el borrador citado, tengo la sensación que se cree más en la comercializadora como una herramienta de política asistencial -o en el mejor de los casos redistributiva- que como la punta de lanza hacia la transición. De hecho, creo que es para este objetivo, el de poder suministrar electricidad a precio subvencionado o de forma gratuita, para lo que la creación de  comercializadora pública pudiera servir.

A día de hoy, en el conjunto de Estado español, con la ley actual, una comercializadora eléctrica sólo puede hacer de intermediario entre las empresas generadoras y los usuarios finales, pues  su función es comprar la electricidad que las empresas generadoras venden cada día en el mercado mayorista y venderla en el minorista. Por ello, por mucho que la ciudad generara energía propia, la nueva compañía municipal no la podría vender. Ante ello, coincido con aquellos y aquellas que han criticado esta mediada diciendo que ¿qué sentido podía tener una comercializadora, nueva, más? Pero si lo miro desde el punto de vista de combatir la pobreza energética, la medida podría tener un sentido, que intuyo alguno o alguna de las redactoras de la propuesta también le han visto.

Si la ciudad de Barcelona tuviera una comercializadora municipal, y por ello entiendo que pública, podría hacer algo que ninguna forma de empresa privada -sería discutible el cómo ya hasta qué punto de algunas cooperativas- puede hacer: limitarse a cubrir los costes, sin obtener beneficios, o incluso, operar con un déficit, que otras actividades o impuestos municipales cubrirían. Si así se entiende la función de la nueva comercializadora, podría tener sentido, pero insisto, un sentido de política asistencial o distributiva, pues la nueva compañía vendería electricidad a precio mayorista a los usuarios finales (incluido el municipio) o decidiría cobrar menos o no cobrar a determinados/as ciudadanos/as.

Desde este punto de vista la comercializadora no haría la competencia a otras que ya existen, que también están fuera del oligopolio y venden energía “verde”, pues su objetivo y función serían completamente distintos.

Por mi parte, alabo este objetivo, pero considero que si éste es el que se pretendía lograr con la creación de la compañía comercializadora, así se debería de haber especificado. En este caso, el debate se alejaría de las cuestiones colaterales relativas a la transición para centrarse en los aspectos centrales relativos a la redistribución. Para mi, esta sería la principal virtud de la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa: ser una novedosa vía para paliar -que no acabar con el origen- la pobreza energética.

Por el contrario, si realmente el objetivo es el de la transición energética, considero que, al menos en su forma actual, proponer la creación de una comercializadora como herramienta para la gestión integrada de la transición es, efectivamente, un error.

En primer lugar, porque al introducir la propuesta de la comercializadora desvirtúa lo que hay de bueno en la propuesta, que básicamente es asumir que la legislación municipal, incluso con la legislación nacional vigente, tiene margen para introducir medidas que ayuden a avanzar en la buena dirección y que asumiendo como autoconsumo buena parte de la electricidad empleada en los equipamientos municipales, o incluso la iluminación pública, se podría adelantar mucho en el objetivo de generar energía local, quitando negocio al oligopolio eléctrico.

En segundo lugar, porque oculta otra cuestión, que sí que aparece en la propuesta, que es que el consumo energético de una ciudad también consiste en agua caliente o calefacción que en muchos casos sólo requieren de determinadas instalaciones o infraestructuras, que sin quebrantar ninguna ley podrían instalarse o implantarse desde ya.

En tercer lugar, porque existe una confusión entre fuentes y tecnología que lleva a pensar que detrás de esta propuesta no hay un diseño a largo plazo de los pasos necesarios para llevar a cabo la transición, más allá de la inmediatez o efectividad a corto plazo de algunas propuestas. En este sentido, en el borrador hay alguna frase alarmante, como la de que es prioritario crear un marco legal para  reduir el consum energètic global que es produeix a la ciutat, basat en resultats i no en solucions tecnològiques. En este caso, considero que el éxito a largo plazo de la transición dependerá de las soluciones tecnológicas que adoptemos hoy y de su adaptabilidad –resilencia, ya que el término gusta tanto- a las situaciones energéticas futuras.

Y, por último, en tercer lugar, porque desde el mismo momento en que, en el mundo de hoy, se propone algo tan “radical” como crear una empresa pública de suministro, es inevitable preguntarse ¿por qué no seremos radicales del todo y también nos ocuparemos de la gestión municipal de la red?

Más allá de estas cuestiones, personalmente, lo que más me ha decepcionado de esta propuesta es que no incluya realmente ningún aspecto político de verdad, pues como dije en la serie -incompleta, por ahora- de entradas sobre la cuestión de la financiación de la transición, que inicié el verano pasado, esta transición es la gran oportunidad, puesto que tendremos que ponernos de acuerdo sobre cómo financiarla, para redefinir un nuevo contrato social y para reinventar el espacio público.

Este es el debate que, como ciudadana de Barcelona, yo desearía que impulsara el equipo de gobierno municipal. Ahora, estoy muy disgustada, pues debido a lo poco elaborado de la propuesta actual y a sus ambigüedades e imprecisiones -que pueden ser necesarias para contentar a quién fuere nuestro o nuestra futura ministra de energía y al oligopolio de UNESA, pero son inapropiadas para entablar un debate- el documento ha desatado las críticas y enfados de quienes podían ayudar a llevar a cabo la transición energética hacia un modelo distribuido, democrático y 100% renovable.

Es cierto que, en el ámbito catalán, habrá quien pueda pensar que se está cometiendo una injusticia, pues mientras el también “etéreo” proyecto de Pacte Nacional de Transició Energética impulsado por la Generalitat de Catalunya recibió aplausos, el de l’Ajuntament de Barcelona, recibe críticas. Yo soy de las que barrunto que si el proyecto hubiera sido propuesto por otro equipo de gobierno, las críticas hubieran sido distintas, pero ello no quita que, a día de hoy, también piense que se ha malgastado una gran oportunidad y que nos han hecho un flaco favor a quienes apostábamos por una transición energética iniciada en el ámbito municipal.