¡Nos ha tocado el gordo!

En plenas vacaciones navideñas, mientras padecemos recorte tras recorte, mientras el paro alcanza cifras astronómicas, y mientras se asume que, en cuestiones de política económica, haremos aquello que los “mercados” nos dejen hacer, el flamante gobierno español anuncia que una de sus primeras medidas será, después de que esta decisión quedara en un cajón durante los últimos años, la construcción de un cementerio nuclear (Almacén Temporal Centralizado, ATC) en Villar de Cañas y la revocación del cierre de la central de Garoña hasta el 2019.

Esta decisión sorprende por varias razones:

1) La sorpresa inmediata se debe, aunque la comparación pueda ser muy simple, a su elevado coste. La organización Greenpeace establece una cifra de unos 2.000 millones de euros. Es decir, mucho más que cualquiera de los recortes que el mismo gobierno acaba de anunciar para cada uno los ministerios españoles. Aunque no sea lo mismo el gasto corriente que la inversión pública, el ATC es muy caro y es difícil entender cómo es que sí nos “podemos permitir” estos 2.000 millones.

2) La segunda sorpresa se debe a que parece una medida precipitada, parcial (no se ha presentado todavía ningún plan estratégico de lo que será la política energética en España) y que se adopta sin ser coyunturalmente necesaria. De hecho, hay un exceso estructural de potencia eléctrica instalada en España

3) La tercera sorpresa es porqué se adopta en España, un país con una tradición anti-nuclear arraigada que, a pesar de sus vaivenes históricos, se ha reforzado después de la tragedia de Fukushima del año pasado.

Es resumen, el gobierno ha adoptado una medida cara, precipitada e impopular; salvo, claro está, para los integrantes del lobby nuclear en España, agrupado en torno al Foro Nuclear, y los habitantes de Villar de Cañas, que declararon que les había tocado la lotería para seis décadas. Ante ello, se me ocurren tres alternativas mejores:

1) No hacer nada. Dejar las cosas como están a la espera de definir qué modelo energético queremos.

2) Gastarlo en reactivar la demanda. Si nos podemos gastar 2.000 millones, no veo porqué no podemos repartirlos para que los recortes sean menores o para paliar los efectos del desempleo.

3) Gastarlo en un modelo energético de futuro. Si queremos invertir 2.000 en la política energética del mañana. Hagámoslo en lo que de verdad dará futuro a nuestro país o, si se prefiere, a Villar de Cañas. Invirtámoslo en producción eléctrica descentralizada. Frente al “viejo” nuclear, construyamos un “nuevo” modelo descentralizado y basado en fuentes renovables.

Más allá del innegable riesgo de contaminación nuclear, se me ocurren varias razones para ello:

  • Nos ahorraremos el coste de las importaciones del uranio y de la tecnología nuclear
  • Nos ahorraremos los costes de la energía primaria, pues ni el sol, ni el aire ni el agua se pagan
  • Nos ahorraremos los costes de las infraestructuras de transporte internacional y de almacenamiento de residuos, pues cuanto más cerca esté la producción del consumo, menor es este coste
  • Crearemos nuevas actividades económicas, derivadas de los nuevas formas de producción de energía, en el conjunto del territorio nacional, frente a una forma de producción de energía centralizada a cuya tecnología sólo tienen acceso aquellos países autorizados para ello.
  • Incentivaremos la innovación tecnológica y la incitativa de pequeños y medios emprendedores, frente a una quimera tecnológica que requiere miles de miles de millones invertidos de forma centralizada a través de las agencias nucleares

Por último, al acercar la producción de energía al consumidor, dejaremos de considerar -en los países consumidores– la cuestión energética como algo ajeno a los ciudadanos y ciudadanas y que responde a unos designios, a los que nos tenemos que doblegar, pero que están fuera de nuestro control. Llama la atención que aquellos vinculados de forma directa o indirecta con la producción de energía consideren que les ha tocado la lotería -o gocen del maná divino- por tener un yacimiento, una mina, una central nuclear o, en su defecto, un cementerio. Pareciera como que para producir y consumir energía el mundo se tuviera que dividir entre aquellos a los que los dioses o los poderosos les han otorgado el privilegio de la “renta” o la lotería, y aquellos excluídos que tenemos que pagar por ella.

¿No sería mejor que las relaciones energéticas -las de producción y consumo- se produjeran a partir de unas fuentes primarias (sol, aire, agua) de libre acceso e inter pares? Esta es la única vía que se me ocurre para unas relaciones energéticas más justas e igualitarias. Frente a ello, cualquier macro inversión nuclear, que requiere años de construcción y décadas de amortización, es un paso más hacia un modelo energético centralizado, excluyente y que sólo beneficia a los miembros del lobby nuclear y a alguna localidad “tocada” por la Suerte.

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