Independentismo, nacionalismo y descentralización energética

Por razones que no acabo de adivinar, estos últimos días estoy falta de ideas e inspiración; tampoco hoy, éstas me sobran, pero, siendo ayer un día especialmente relevante en el lugar en que vivo, Cataluña, he decido introducir algunos elementos al debate independentista que está asolando esta pequeña parte del mundo.

Ayer, hubo cientos de miles de personas en Cataluña exteriorizando su deseo vivir en un estado independiente. Tal como lo siento en este momento, y no lo pensaba hace un tiempo, mucha de la gente que hoy está en cualquiera de las múltiples celebraciones que están sucediendo, lo único que siente es eso, un deseo, una emoción un sentimiento -contagiado, genuino, manipulado, madurado…, me da igual-de que legalmente su situación en el seno de la Península Ibérica cambie. En otras palabras, quieren una espacio en el que se pueda establecer un ordenamiento propio, con una autoridad propia. No tengo tan claro, sin embargo si toda esta gente, más allá del deseo, se imagina cómo será -caso que exista- este futuro espacio político propio.

Mi intuición es que se imaginan un fractal de un estado-nación más amplio, en el que todo será igual, salvo los símbolos nacionales. Mi opinión es que si la secesión de Cataluña llegara a producirse, en el ámbito energético, hay la posibilidad del uso de dos tipos de fuentes energéticas -renovables y fósiles-, que generen dos modelos energéticos -distintas formas de producir y usar la energía final, la centralizada y la descentralizada-, que se conformarían en tres posibles tipos de relación con España. Ante ello, ¿Cuáles podrían ser los escenarios energéticos para una Cataluña independiente? Se me ocurren tres posibles:

1) El escenario en el que no se cambia nada a la situación actual. Se sigue con las mismas empresas y la misma red y lo único que ocurre es que cuando la red pasa -en un sentido u otro- por Aragón o Valencia, cambia de país. En un contexto como el actual, en el que la «política energética», como ya venimos explicando en este blog, ha dejado de ser un servicio público y, por tanto no sujeta al «interés general», ello no debería suponer ningún tipo de problema, más allá de llegar a algunos acuerdos con los gestores de las redes, eléctricas y de hidrocarburos, pues, de facto, el significado del la Ley 54/1997, como ya expliqué, es que el «interés general» de los españoles desaparece. Recuerdo que en España, son las empresas privadas las que deciden. Así si las usuarios finales (desde el Govern al último hogar en Cataluña) tuvieren demanda efectiva -capacidad adquisitiva suficiente para pagar las facturas-, no debería haber ningún problema. De hecho, en parte, esta situación ya existe con Portugal. En este caso, tal vez Cataluña sería políticamente independiente, pero energéticamente tendríamos las mismas dependencias de los grandes lobbies eléctricos y petroleros y, por lo mismo que en España, no tendríamos una política energética que, en puridad, se pudiera llamar nacional; y, evidentemente, formaríamos parte de un modelo centralizado.

Así, si esta fuera la opción, la independencia política no traería nada distinto, ni bueno a los catalanes.

2) El segundo escenario sería no cuestionar el modelo, pero, junto con la independencia cercenar -real o metafóricamente- la red y expropiar el resto del instalaciones del sistema eléctrico-energético en el territorio. Este sería el caso, fractal puro: reproducir lo que ya existe a una escala más pequeña. En las circunstancias actuales, puesto que como muestra Carles Riba i Romeva, Cataluña es la zona de España que más depende de los hidrocarburos y de la energía nuclear, lo más probable sería que la situación energética de los catalanes empeorara todavía más. Perderíamos algunos de los aspectos positivos de las economías de escala que da un «mercado» más amplio; proporcionalmente la energía de origen fósil y nuclear sería más costosa y, seríamos la isla, dentro de la isla energética que ya es España, pues no veo razón para que Francia deje hacer a Cataluña -inter-conectarse e integrarse en la red europea- lo que nunca ha dejado hacer a España. Así, en este caso, la independencia política traería menor independencia energética -de las fuentes energéticas-; un cierto componente nacional, pues tal vez la petroquímica en Tarragona o la nuclear de Vandellós fueran de empresas de catalanes o gestionadas directamente por el Gobierno catalán, pero seguiríamos con muchos de los problemas de una estructura de la industria centralizada y verticalmente integrada. Por todo ello, puestos a escoger, esta opción es, desde mi punto de vista, peor que la anterior, aunque reconozco que si de verdad se pudieran crear unas empresas nacionales y estatales fuertes, las cosas, al menos para las usuarios finales, podrían ser mejores. Sin embargo, descarto esta opción porque en las circunstancias actuales me cuesta imaginar que las grandes transnacionales energéticas permitieran tal política nacional a la «antigua usanza».

3) El tercer escenario es que la independencia política trajera un nuevo modelo energético. Una secesión energética que creara un nuevo modelo, que por surgir de un territorio relativamente pequeño y sin otros recursos que el sol, el viento y el agua, lógicamente debería ser renovable y descentralizado. Como he argumentado y afirmado en varías de las entradas de este blog, esta es la mejor opción para tod@s los ciudadan@s del mundo. Este sería realmente el único modelo independiente -de las fuentes y de los monopolios energéticos-, local, distribuido y descentralizado. Sin embargo, como explicó Lewis Mumford, Armory Lovins y Hermann Scheer, por citar a algunos autores de referencia; y como defienden aquí cooperativas como Som Energia y el Col.lectiu per un nou model energétic i social sostenible (CMES), así como tantos otros, apostar por este tipo de modelo es apostar por un modelo político distinto, local, verdaderamente participativo y democrático. Ello, desde mi punto de vista, es sentar las bases para una nueva forma de hacer política basada en el profundo convencimiento que un o una ciudadana por el hecho de serlo es un sujeto político y de derecho; basada en el convencimiento que lo que garantiza nuestros derechos fundamentales es la forma de organización de la polis; y, basada en el convencimiento, que las democracias se construyen en horizontal y no en vertical. Todo ello, va mucho más allá del sentimiento nacional y tiene que ver con la razón.

Por tanto, después de ayer, donde quedó claro que, hoy, ese sentimiento existe para muchos, lo que nos queda es preguntar si seremos capaces de crear una forma política distinta de la actual. Para responder a ello podríamos empezar construyendo algo más «pequeño» como un nuevo modelo energético, local y descentralizado. Si la «política» ayuda a que los ciudadanos construyamos esta base para sostener la organización política del futuro, canalizar alguna especie de espacio político catalán, distinto del actual, podría merecer la pena. Caso contrario, mejor nos olvidamos, pues para vivir con lo mismo, pero con otro pasaporte, el calvario, sufrimiento y frustración que este proceso puede suponer a ambos lados de «la frontera», desde mi punto de vista, será vano.