El pasado 14 de agosto el New York Times publicaba un artículo titulado Traders Profit as Power Grid Is Overworked. Leyéndolo aprendí que existen los contratos de congestión. En el mundo en el que nos ha tocado vivir, ya se pueden imaginar que un contrato con ese nombre es algo malo. Efectivamente, estos contratos son unos instrumentos de cobertura (hedge) que las operadoras regionales subastan, para que los intermediarios se puedan proteger de las variaciones de los precios de la electricidad. Es decir en una red, dicha, liberalizada como la de los Estados Unidos, con diferencias en los precios de la electricidad entre una localidad y otra, los titulares de estos contratos de congestión pueden comprar y vender títulos en función de cómo evolucionen los precios, enriqueciéndose gracias a las diferencias de precios entre un punto y otro de la red.
Imaginemos que en la ciudad A, por las razones que fuere, la demanda de electricidad es superior a la oferta. Ocurrirán dos cosas: se transportará electricidad desde otra localidad y los precios aumentarán. En la situación inversa, en la ciudad B, ocurre lo contrario. Esta es la base par un «mercado de congestión», en el que se pueden comprar y vender títulos relacionados con el hecho de que hay unos agentes que compran la electricidad excedente en la ciudad B, para revenderla en la A. Ello proporciona un beneficio individual, basado en la diferencia de precios, y supuestamente reequilibra el precio en el mercado. En su forma más sencilla, los poseedores de estos títulos actúan como arbitrajistas que equilibran el mercado; en una forma más refinada, pueden actuar como especuladores, jugando sobre las probabilidades de que en un lugar u otro suba o baje el precio, e incluso «atacando» el precio del Kw/h de alguna localidad frente a la otra; y en un mundo financiarizado como el presente, se crea un mercado adicional de títulos derivados y/o colaterales para cubrirse de las posibles pérdidas de este juego. En estos mercados es donde se negocian los contratos de congestión.
A estas «alturas de la película» lo que me llamó la atención, no es que tales contratos existan, pues en el casino en el que vivimos es lo previsible. Lo que me interesó de la noticia fueron dos cosas: la crítica que tácitamente hace a los académicos que se prestan a tales juegos de probabilidades y algoritmos, y la pregunta de «¿y por qué no recibimos nosotros este dinero?» formulada por el Alcalde de Port Mayor, en el estado de Nueva York. Esta segunda pregunta me remite a una de mis múltiples «manías energéticas», que es la de la función política de la red eléctrica.
Stefan Bouzarovski, geógrafo de la Universidad de Manchester y uno de los impulsores del blog sobre vulnerabilidad energética y transiciones urbanas, escribió en 2008 que si uno se interrogaba sobre la función que las infraestructuras tenían en la creación del espacio, se podía pensar sobre the role of energy networks in the articulation of political and economic power across territory. Para mí, este ha de ser uno de los debates fundamentales de la transición energética.
Desde este punto de vista una red eléctrica es mucho más que una forma eficiente de transmitir electricidad de un lugar a otro. Una red eléctrica genera un espacio político, porque genera, en un determinado territorio -local, regional, nacional, transfronterizo o supranacional-, unas relaciones de poder -entre los que generan la energía, los que la emplean, los propietarios de los lugares en los que se genera, transporta y emplea, los distribuidores, etc.-, que se articulan de en función de una estructura de gobernanza. Evidentemente, los criterios que rigen el funcionamiento de esta estructura de gobernanza, tendrán que ver con los valores e ideología de la época. Por ejemplo, algo aparentemente tan banal como que todos los ciudadan@s de un país tengan acceso a la electricidad, al mismo precio, es una decisión política que, probablemente, más tiene que ver con la idea de bienestar y justicia social que una sociedad determinada tenga en un momento determinado, que con una cuestión de eficiencia económica o energética.
Hoy, el principio de una distribución igualitaria de la electricidad a escala nacional está quebrado por la retroalimentación entre tres factores:
a) la crisis del Estado-Nación, que lleva a cuestionar la necesidad de que la política energética sea uno de los pilares de la construcción y mantenimiento de los principios de ciudadanía de la nación, se llame cómo se llame la misma.
b) las políticas neoliberales, privatizadoras, que al dar al sector privado los activos y bienes energéticos, han privatizado de facto el espacio energético -y, por tanto, el político.
c) la mayor diversidad -y visibilidad- de fuentes de energía primaria en el mix energético,que ante la ausencia de una política energética inclusiva, esta propiciando que muchas personas empiecen a reclamar que si la energía que ellos consumen es más barata, porque proviene del aire, el agua o el sol, que la de las centrales de ciclo combinado (caso clarísimo en España), no entienden por qué tienen que pagar el aire al precio del gas.
Si los dos primeros factores, el «a» y el «b», no existieran, la respuesta a estas personas que no entienden por qué pagan una cosa al precio de otra, sería evidente: porque en la política energética, también hay un componente redistributivo territorial, que posibilita que aunque tu vecino viva en la localidad A donde la energía es más cara de generar o más escasa, el excedente -o el menor coste- de la localidad B se distribuye o -reinvierte- para que los habitantes de A, puedan tener el mismo nivel de bienestar energético que los de B. Esa es la razón básica de la construcción de la red eléctrica nacional a mediados del Siglo XX.
Cabe decir que en este esquema anterior, el quejoso Alcalde de Port Mayor, habría dispuesto de los ingresos, aunque fuera indirectamente en forma de suministro eléctrico. Pero, hoy, cuando nos han hecho creer que la forma de asegurar la competencia y liberalización del sector energético era segmentar y privatizar aquellas redes eléctricas que articulaban el poder político y económico a través del territorio, quien genera electricidad en la localidad A, en las condiciones de la misma, considera que el que genera electricidad en la localidad B es un competidor, en vez de alguien que pertenece a su mismo espacio energético. Es más, ambos son vistos como unos suministradores, de los que se puede extraer beneficio monetario, por quien transporta la electricidad entre ambos puntos. Y, todos ellos, son considerados una fuente de pingües dividendos por los fondos de inversión.
Me repito, lo sé, pues mantuve un discurso similar en la entrada Ciudadan@ energétic@ universal, pero el otro día mientras miraba un programa de televisión en el que de forma muy didáctica, con unas mezclas en unas probetas, se explicaba la factura eléctrica en España, volví a hacerme la misma reflexión. Comparto plenamente la reivindicación de que introducir más fuentes renovables en el mix energético abarata, y no encarece, la factura eléctrica, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más. Ha llegado el momento de definir y decir qué espacio político queremos crear con la transición a un modelo energético renovable, si no lo hacemos, en muy poco tiempo, veremos florecer los contratos de congestión, cuyos contratistas se enriquecerán a costa de nuestra buena voluntad; pues las diferencias de coste entre distintas formas de generar energía entre el punto A y B local, serán la base para la creación escandalosa de fortunas individuales.
Siento ser mal pensada, pero éste es mi estigma de economista.
Nuevas cartografías de la energía 
Si no se sabe qué decir, mejor callar.