Una de las noticias de la semana es la hibernación de Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) cuya actividad se ha relacionado con movimientos sísmicos en la zona. Esta decisión, adoptada en el Consejo de Ministros del pasado viernes 3 de octubre, viene después de que vecinos y diversos movimientos ecologistas se manifestaran reiteradamente contra tal proyecto.
El almacenamiento Castor estaba recogido dentro de la Planificación Estratégica de los Sectores de Electricidad y el Gas 2008-2016 del Ministerio de Industria con la máxima categoría (A Urgente), como proyecto «necesario y prioritario» para el sistema gasista español, y básicamente pretendía ser una reserva de gas, para cubrir aproximadamente un cuarto de la demanda de gas en España para unos 50 días. Con las operaciones de inyección del llamado «gas colchón» se iniciaron los temblores y la alarma de los vecinos, hasta que en el mes de septiembre, después de que se produjera un seísmo de magnitud 4,2 en la escala de Richter, el gobierno ordenara el cese de la actividad.
Ello, que podría ser una buena noticia para los vecinos y los ecologistas, se ha transformado en un nuevo ataque a la ciudadanía. Por lo que informa la prensa, para compensar de las pérdidas que ello pueda reportar a la empresa privada concesionaria, Escal UGS (participada en un 67% por ACS), saldrán de los bolsillos de los ciudadanos 1.350 millones de €, que iremos pagando en la factura del gas, a tenor de unos 100 millones al año.
Puede que yo sea de otro planeta y no entienda nada, pero si interpretara adecuadamente, al menos a la vista de los resultados, los hechos son que se construyeron unas infraestructuras energéticas que no cumplieron todos los requisitos de seguridad. Como siempre ocurre, estas instalaciones se «vistieron» de una necesaria inversión pública en aras al cumplimiento del un supuesto interés general, pero las realizaron empresas privadas con el objetivo de obtener beneficios privados. La mayoría de la ciudadanía no opinó sobre la cuestión, aunque sí que existieron ciertos colectivos que (activistas y movimientos ecológicos y energéticos) se opusieron a ella. Los hechos les han dado la razón a ellos. Sin embargo, una vez más, el gobierno de España da la razón y compensa a las empresas del sector y nos obliga a los ciudadanos a pagarles su mal hacer.
Por tanto, si entiendo bien, en este país cuando una empresa privada no hace bien su trabajo, los ciudadanos somos quienes les tenemos que indemnizar, pagando un plus en una factura.
Tal como van las cosas, me temo que lo mismo ocurrirá en Canarias. Allí, si las prospecciones de Repsol causaran alguna tragedia ambiental, ahuyentan al turismo o cualquier otra cuestión, los canarios que activamente se están oponiendo a ello, les tendrían que indemnizar; o, lo que en el momento actual parece probable, si las demandas de los canarios lograran que se pararan las prospecciones, podrían acabar reclamando a los isleños o a sus compatriotas peninsulares que indemnizáramos a Repsol, pues tal como soplan los vientos, podría ser que en poco tiempo los europeos tuviéramos que indemnizar a las empresas que tenían previsto hacer un negocio, cuando éste se viera truncado por oposición de la población, de las autoridades ambientales o sanitarias o por cualquier cambio de legislación.
Esto, que ya ha ocurrido en el caso de algunas empresas tabacaleras, que han logrado indemnizaciones después de la aplicación de determinadas legislaciones anti-tabaco, se podría extender al conjunto de actividades, evidentemente las energéticas, si las negociaciones que en la actualidad se están llevando a cabo entre la Unión Europea y Estados Unidos, para la firma del Acuerdo Transatlántico del Comercio y la Inversión (TTIP en su acrónimo en inglés), prosperan.
Sobre este acuerdo habla el último informe del Seminari Taifa, y sobre él discutimos en pasado sábado. Aquí de él quiero destacar que de sus tres patas, liberalización comercial, regulaciones y creación de tribunales de arbitraje, la última parece especialmente preocupante, pues es el fin del de la posibilidad de alegar interés público en el arbitraje de inversor a Estado. Se trata de establecer tribunales de arbitrajes privados (ISDS), que darán a los inversores el mismo estatus que a los gobiernos. Los ISDS permitirán reivindicar a los inversores sus derechos ante tribunales privados, en los que abogados del sector privado podrán tomar decisiones que obliguen a los gobiernos a pagar indemnizaciones ilimitadas a los inversores sin apelación. Esto es gravísimo y atenta seriamente contra los fundamentos democráticos de cualquier sociedad, pues es mucho más propio de una república bananera que de un estado liberal, moderno y democrático.
Dicho esto, y en clave de humor, lamento que los «pobres» concesionarios de Castor no lo pensaran antes, pues de haberlo sabido, esperando un poquito, podrían haber recibido «legalmente» una indemnización mayor, logrando, así, que los ciudadanos tuviéramos una deuda de por vida con ellos. Es trágico; es horrible; y es inmoral, pero entra en el umbral de lo posible y probable. Espero y deseo que no lo tengamos que ver en Canarias.
Nuevas cartografías de la energía 