Aunque desde el 19 de agosto debo la cuarta entrada de la serie «Financiar la transición», en mi regreso voy a aprovechar la información que estoy recopilando para la elaboración colectiva de un nuevo informe del Seminario Taifa.
Estos días pasados se ha hablado mucho del nuevo cambio legislativo impulsado por el Ministro Soria con el fin de dificultar el llamado autoconsumo eléctrico. Es vox populi que este ministro, desde el inicio de su mandato, está promoviendo cambios en la ordenación del sistema eléctrico que favorecen a unas pocas; las pocas eléctricas agrupadas en UNESA y que constituyen el oligopoly. Ello es cierto, pero muy matizable.
Saskia Sassen en su libro Territorio, autoridad y derechos explica que la globalización consiste en que los estados nacionales desnacionalicen, ayudando a crear redes transfronterizas. que conectan piezas ubicadas en el interior del territorio de los países. en el marco de proyectos globales. Por ello, la globalización no implica la desparición del Estado, sólo supone que éste modifica su función: legisla para desnacionalizar lo que se construyó como nacional, asegurando, así, que dentro las fronteras del territorio se darán las condiciones para que determinadas actividades se integren en «lo global». Este nuevo tipo de estado, explica el auge del poder ejecutivo y la judiciciarización de la vida política, en detrimento de las cámaras legislativas (alta y baja).
Regresando a las eléctricas, y aplicando lo que nos cuenta Saskia Sassen a nuestra realidad, podemos empezar a responder a la pregunta que encabeza la presente entrada del blog. En España es bien sabido que la política energética está en manos del ejecutivo, pues mucho se lleva, en este país, legislando a «golpe» de decreto. Lo que está menos analizado es si estos decretos energéticos han servido para desnacionalizar el sector eléctrico nacional. Dicho de otro modo, ¿el Ministro legisla para UNESA o para que ésta se convierta en una pieza más -ubicada en territorio ibérico- de en un proyecto global más amplio?
Los datos que he estado mirando estos días lo indican. De forma precaria, imperfecta e imprecisa he estado analizando quienes son los propietarios, los accionistas, de las cinco empresas asociadas en UNESA: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP. Empresas, que en la actualidad tienen, según los datos de OMIE, el 65,45% de la cuota de la energía eléctrica en España.
La forma precaria, imperfecta e imprecisa de lograr esta información ha sido buscar la información, que sobre sus accionistas hay, en la base de datos AMADEUS (sólo quién pertenezca a una institución que la tenga contratada podrá acceder a ella). Esta información de pago, pero pública, no es exhaustiva, pues en muchos casos, aunque aparece el nombre, nacionalidad y tipo de accionista, no aparece su porcentaje de propiedad. Por otra parte, visto que. de partida, las empresas de UNESA, salvo aparentemente Iberdrola, pertenecen a una empresa extranjera (ENDESA a ENEL, Gas Natural Fenosa, en un 50% a ENI, Hidroeléctrica del Cantábrico a EDP y Viesgo a E.On), es difícil determinar con exactitud quién es accionista de quién. Así que he hecho lo que he podido para agrupar la información en dos categorías: a) el país en el que los accionistas registran su inversión, y b) el tipo de inversor que dicen ser.
Si la información que he recogido fuera representativa de la realidad,veríamos que «nuestro» Soria, que debería defender nuestro interés general, legisla para intereses particulares, financieros, allende nuestras fronteras. Veámoslo.
En los dos gráficos siguientes vemos de dónde y de qué categoría son los accionistas con participación directa en alguna de las empresas de UNESA.
A primera vista, queda claro. Casi tres cuartas partes de los accionistas directos de las empresas asociadas en UNESA están registrados en el extranjero. Siendo, si exceptuámos el caso de Italia por el Ente Naziole Idrocarburi (ENI), Luxemburgo el segundo «gran» accionista de las asociadas de UNESA.
El tipo de accionistas de las eléctricas, como apunta el segundo gráfico, son fundamentalmente compañías del sector bancario, financiero o equivalente. De hecho, si se tiene en cuenta que buena parte de la categoría «S», correspondiente a inversión guberanamental o estatal, es inversión a través de los fondos soberanos, diremos que casi dos tercios de los accionistas pertenecen a estas categorías. Por otra parte, la categoría «C» es confusa, pues en ella podemos encontrar desde otras empresas energéticas como Repsol o ENI a fondos como Blackrock o Qatar Holding,
Los gráficos que siguen complementan esta información. Éstos reflejan la tipología de quienes poseen acciones de las empresas asociadas en UNESA, pero no son sus «propietarios» directos.
Estos gráficos refuerzan lo anterior. A destacar que los accionistas de Qatar aparecen como singularizados, por detrás de los luxemburgueses y que los inversores de Estados Unidos surgen con más fuerza. También confirman que los inversores financieros pesan más que los del sector productivo. Refuerza todavía más esta conclusión el hecho de que, aunque con filiales ubicadas en distintos países, entre los principales inversores en Iberdrola y Endesa (a través de Enel) se cuentan los fondos soberanos de Qatar y los de BlackRock, una de las principales empresas privadas de gestión de inversiones europeas.
Por tanto, ¿qué nos dicen los datos acerca de para quién legisla el Ministro Soria?
Entendiendo que decir que el ministro legisla para la eléctricas, equivale a decir que legisla para sus propietarios -accionistas del sector bancario, financiero o propietarios de planes…- la conclusión es evidente: cada vez que el ministro promueve un decreto, lo hace para engrandecer los dividendos de los bancos o la rentabilidad de inversores como BlackRock o como el holding qatarí domiciliado en Luxemburgo, pues esto es lo que hoy en día es UNESA.
Evidentemente a estos accionistas poco les importa si los ibéricos tenemos un buen o un mal servicio de electricidad, aunque mucho les interese la rentabilidad de los activos y actividades energéticos ubicados y desarrolladas en España y Portugal. Dicho de otro modo, el ejecutivo español promueve legislación para que del oligopolio eléctrico extraiga dividendos locales, que irán a parar a fondos de inversión globales. Si no es lo mismo, se parece mucho a lo que nos dijo Saskia Sassen.
interesante reflexión…