Mala transición energética

Esta mañana me dirigía a una de las primeras celebraciones navideñas del año, con un jamón debajo del brazo, y al llegar al Paseo de Gracia, casi tocando a Plaza Cataluña (en Barcelona), he hecho la foto que aquí les muestro.

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Ya ven de qué se trata. Es un cargador para vehículos eléctricos, que pone al servicio de los ciudadanos y ciudadanas l’Ajuntament de Barcelona, en el marco del proyecto de convertir a la Ciudad Condal en una Smart City. Cargador que, a día de hoy, creo que gratuito.

Así, la parte izquierda de la foto es la buena; la que muestra el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno municipal para favorecer el cambio al coche eléctrico. La parte derecha, en su parte superior, sin embargo, es la mala. Allí es donde vemos quién suministra la electricidad al ingenio; ¡Endesa!

Ha sido al ver esto, cuando he decidido parar, hacer marcha atrás, bajarme a la calzada, hacer un pequeño equilibrio con el jamón y disparar la fotografía. Primero he pensado en simplemente hacer un tweet con ella, pero, como ya me ocurrió con la entrada anterior, después he pensado que aunque hiciera una breve y percipitada entrada, el comentario requería algo más que 140 carácteres.

Acabo de mirar lo que escribí cuando inaguré nuevas cartografías de la energía. Entre otras cosas, en el apartado “sobre este blog” se puede leer que éste no pretende hablar de fuentes energéticas, sino de relaciones energéticas y que en el blog, el criterio de favorable o desfavorable se adoptará en función de en qué sentido cada una de las cuestiones tratadas incide en la transformación de las relaciones económicas, sociales y políticas. Al ver hoy el cargador eléctrico de Plaza Cataluña, he pensado que con este criterio, y a a la luz de esta electrinera, la apuesta por el coche eléctrico que se está haciendo -no sólo- en Barcelona es de tipo “mala”.

Apostar por un coche eléctrico que se ha de cargar en unos artefactos conectados al sistema eléctrico que controlan las grandes empresas monopolítsicas eléctricas, es una pésima opción. Pues si bien, puede que implique un cambio de fuente energética -y está por ver, porque podría muy bien ser la electricidad se genere con carbón, uranio, gas o petróleo-, no modificará sustancialmente las relaciones -de poder- energéticas actuales.  Es más, la situación incluso puede empeorar, pues deberemos sumar a nuestro consumo doméstico o empresarial, el del transporte. Por ello, considero que este tipo de iniciativas son nocivas, pues no incidirán favorablemente ni en una mayor democratización de las relaciones energéticas ni en la transformación de las relaciones económicas, sociales y políticas.

Para mi este es un ejemplo de cómo no se debe enfocar la transición. Tengo, ya, grandes dudas si la “gran” apuesta que se está haciendo desde el ámbito municipal -en muchas ciudades europeas, no sólo Barcelona- por el coche eléctrico es la adecuada, pues tiendo a pensar que la apuesta correcta sería favorecer, al menos en el espacio urbano, el transporte público colectivo, en vez del coche de uso individual -o de dos, tres o cuatro pasajeros; pero sobre lo que no tengo ninguna duda es que, si se sigue apostando por el coche eléctrico, su forma de carga bajo ningún concepto  debería depender de unas infraestructuras y un cable, al final del cual, centenares de kilómetros allá, nos encontráramos una gran central eléctrica de una gran compañía idem.

Creo, y sé que lo que diré es un poco fuerte, que mientras no seamos capaces de asegurar lo anterior, las ciudades no deberían apostar por el coche eléctrico. Como he dicho otras veces, a estas alturas, estoy convencida de que la transición energética -en mayor o menor grado- hacia un modelo eléctrico y renovable se va a producir, y por ello, la cuestión  ya no es esta. La cuestión es cómo será este modelo, si ¿uno distribuido y decentralizado? o ¿uno centralizado?, pues de ello dependerá que esta transición nos conduzca, o no, hacia un nuevo modelo, político y social, más democrático. Por esta razón, y para mi hoy, este es el verdadero reto que hemos de afrontar.

 

 

 

Más sobre desopepización

Realmente sólo tengo media hora para escribir esta entrada, pero acabo de leer una noticia que, según mi modo de entender, requiere algo más que un retweet.

Es una noticia de Reuters Canada, que se titula Exclusive: In mammoth task, BP sends almost three million barrels of U.S. oil to Asia. La pueden leer entera, pero básicamente cuenta lo siguiente:

  1. British Petroleum ha iniciado una operación de venta de tres millones de barriles de petróleo no convencional de Estados Unidos a Asia.
  2. British Petroleum puede hacer esta operación debido a que controla gran cantidad de infraestructuras petroleras internacionales y tiene el know how para poder sacar provecho de los diferentes precios y condiciones del mercado “internacional”.
  3. Se inició este tipo de operaciones a mediados de Septiembre, cuando British Petroleum fletó un petrolero, de nombre Felicity, desde Gola (Texas) hacia Malasia.
  4. Estos fletes de petróleo desde USA hacia Asia no pasan por en Canal de Suez, sino que viajan vía África del Sur hacia el Linggi International Transhipment Hub en Malaysia.
  5. Este tipo de operaciones podrán prosperar en la mediada que haya diferencias entre los distintos precios “internacionales” del petróleo y transporte; y, en este momento, se ven favorecidas por el anuncio de recorte de producción de la OPEP, que favorece que otros productores -¿el petróleo de Estados Unidos?- entren en el mercado internacional.
  6. El refinador chino Sinopec a través de Unipec, está ya fletando unos 2 millones de barriles al día de crudo WTI.

En el corto tiempo que tengo para comentar estos datos, sólo puedo esbozar algunos no reflexionados apuntes que, por ahora dejo en este blog, por si algún analista más agudo que yo les puede ir sacando punta.

  1. Estados Unidos parece estar perdiendo su categoría de país consumidor; ¿pasará a ser exportador?
  2. El mercado internacional está roto si existen precios distintos; ¿tendemos hacia una regionalización del mercado del petróleo?
  3. La OPEP se está usando para excusa para reconfigurar una nueva estructura de gobernanza internacional; ¿Qué sentido tiene que se le pida que recorte su producción, si es para que otros ocupen su lugar en el mercado?
  4. Parece que volvemos a un contexto petrolero en el que grandes compañías, como British Petroleum, realizan su actividad independientemente de las necesidades energéticas de “sus” respectivos países; ¿Qué pasará con la Agencia Internacional de la Energía?
  5. Parece que definitivamente han entrado como grandes demandantes internacionales las compañías chinas, ¿Serán éstas -solas o en alianza con las herederas de las Siete Hermanas– las nuevas compañías petroleras internacionales?
  6. ¿Qué significado podría tener para los equilibrios de Oriente Medio, que Suez tenga que compartir su protagonismo con otros lugares de paso?

Y, por último esto -y sé que es una de mis obsesiones- requiere abrir de una vez por todas el debate de los costes; ¿realmente es más barato extraer petróleo no convencional de Estados Unidos, embarcarlo en mega tankers, atravesar el Atlántico y el Índico, para venderlo en Asia, que extaerlo de los “buenos” yacimientos de Oriente Medio y trasnportarlo por las vías habituales?.

En fin, nada de todo esto tiene mucho sentido, pero lo que es seguro es que es una muestra más de la desopepización.

 

 

El papel de vocero de la OPEP

El pasado 30 de noviembre se celebró en Viena la centésimo septuagésima primera reunión de la OPEP. Esta reunión, que tuvo lugar en la discreta sede central de esta organización, generó gran expectación.

opec-zentrale-wien-sterreich-opec-headquarters-vienna-austria-e0dgbyA lo largo de esa mañana, entre los y las seguidoras de la cuestión, hubo gran movimiento en las redes sociales, que se empezó a calmar a partir de la difusión de una breve entrevista al ministro saudí del petróleo, justo antes de que empezara la reunión, en la que él daba a entender que se llegaría a algún tipo de acuerdo. Esta entrevista fue suficiente para que los precios del crudo en el mercado internacional empezaran a subir. El anuncio posterior de este acuerdo, que se concretó en un compromiso de reducir en 1,2 millones de barriles al día la producción, para llegar a una cuota de exportación conjunta de 32,5, consolidó esta tendencia. Los precios del Brent subieron un 10%, situando el precio del barril por encima de los 51$. Las expectativas son, que a mediados del 2017, el este precio alcance los 60$/br.

Todo ello, a los racionales de verdad, debería darnos mucho qué pensar sobre qué es lo que mueve realmente a los precios.

Si algo demuestra el hecho de que un simple anuncio modifique el rumbo de los precios, es que la OPEP (o algo equivalente a ella) todavía cumple una función de vocero en el marco de la estructura de gobernanza internacional del petróleo, pues el mercado del petróleo siempre necesita de alguien con credibilidad que sea, más que el gestor de la escasez, el portavoz de la misma. Lo que, hoy no es, ya, tan claro es que la OPEP pueda mantener ese papel a medio o largo plazo.

Existen dos maneras de interpretar históricamente el papel de la OPEP. La primera, y más extendida, es que la OPEP ha sido una camarilla cartelista, que de forma unilateral y egoista ha decidido el destino de la oferta petrolera internacional, en función exclusiva de sus intereses nacionales. La segunda, y menos extendida, es que la OPEP ha sido una camarilla cartelista, que de forma multilateral ha incidido en el destino de la oferta petrolera internacional, en función, en concreto, de las necesidades de la economía de Estados Unidos; al tiempo que obtenía ciertos beneficios por ello.

En estas explicaciones históricas, la primera atribuiría los shocks del petróleo de los años 1970s a una bravuconada de los países -árabes-  de la OPEP y, la segunda, atribuiría ese mismo aumento a la necesidad de la economía norteamericana -y del sector petrolífero estadounidense, en particular- de que sus precios nacionales del petróleo -con costes sustancialmente mayores que los del petróleo de Oriente Medio- se realinearan con los internacionales, evitando así que el resto de economías del mundo se beneficiaran de unos costes energéticos inferiores a los suyos propios (piénsese que hasta los 1960s, Estados Unidos pagaba -u obtenía- un petróleo un 50% más barato que el resto de las economías occidentales -incluido Japón-, pero que a finales de 1960s esta diferencia había desaparecido y la tendencia se había invertido, pues el precio del petróleo estadounidense era de 3,50$/br, mientras que el que los europeos y japoneses adquirían en el mercado internacional era de 2$/br.).

Yo, personalmente, me quedo con la segunda interpretación, pues desde que a raíz de los shocks del petróleo los precios negociados en el mercado americano (WTI) y los internacionales (BRENT) se realinearon, hasta el momento en que se hizo visible “el fenómeno del fraking”, la evolución de ambos precios ha ido a la par.

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Sin embargo, que a mi me parezca más racional explicar la evolución de los precios del crudo en el último cuarto del Siglo XX por las necesidades de la primera economía del mundo, que explicarla por las declaraciones u ocurrencias de los miembros de la OPEP, no resta validez al hecho de que éstas han tenido y tienen su efecto -en el corto plazo- para hacer cambiar de rumbo la tendencia de los precios. La prueba, el efecto sobre el precio del crudo del acuerdo de Viena de hace unos días.

Desde este punto de vista, aunque yo haya declarado lo contrario infinidad de veces, la OPEP no está muerta, pues su discurso parece seguir teniendo efecto. A pesar de ello, arrecian las dudas sobre si el contexto internacional, en general, y la economía y el sector petrolífero estadounidense, en particular, favorecerán que esta tendencia se mantenga a lo largo del tiempo.

Creo que se podrían enumerar bastantes factores que indicarían que, en este momento, ya no se dan las condiciones para tal aumento de precios, pero tales explicaciones se pueden reducir a tres líneas de argumentación.

La primera es que, aunque se produjera la reducción de 1,2 millones de br/día anunciada por la OPEP, seguiría existiendo una abundancia global descontrolada de producción de petróleo a raíz de la individualizada producción de petróleo no convencional en Estados Unidos; a raíz de la reincorporación plena a la OPEP de Iraq, Irán y Libia; a raíz de la creciente descentralización -por no decir fragmentación- de algunos productores de la OPEP como es el caso de Iraq y la Región Autónoma del Kurdistan o lo que parece estar ocurriendo en Libia; y a raíz de la sucesiva incorporación, desde inicios de los 1990s, de otras productores internacionales como son los africanos o las ex-repúblicas soviéticas, Rusia incluida. Dicho de otro modo, hoy en día no parecen darse las condiciones para que emerja un nuevo cartel con capacidad real para gestionar -creando la ilusión de la escasez- la abundancia de la producción de petróleo -que, dicho sea de paso es el eterno problema del sector.

La segunda es que en un discurso sobre la transición energética, en el que ha primado el argumento de los costes, la evolución del precio del petróleo tiene una correlación positiva con los argumentos y la firmeza de las políticas a favor de la implantación de un modelo energético eléctrico y renovable. En otras palabras, si subieran los precios del crudo, sería muy difícil sostener, frente a unas poblaciones muy concienciadas con las cuestiones energéticas y ambientales, la continuidad de las políticas energéticas fosilistas.

Y, la tercera es, que en este momento en el mercado internacional, además de Estados Unidos existe otra gran economía, fuera del paraguas de la OCDE, que adquiere petróleo y que, posiblemente, realice sus previsiones energéticas, no pensando en los costes internos de su industria petrolera nacional, sino en el desarrollo de su economía nacional. De hecho, es muy posible que el objetivo no sólo China, sino la mayoría de economías asiáticas (que son los grandes compradores del -e inversoras en el- petróleo de Oriente Medio) sea que el precio del petróleo internacional sea lo más bajo posible y no aquél que permita mantener competitiva a su industria petrolífera nacional.

Así, en este contexto, parece difícil que el papel de vocero de la OPEP se pueda mantener a largo plazo, pues su credibilidad se verá pronto cuestionada por los hechos. A día de hoy, sólo se me ocurre un argumento para apuntar hacia un aumento de precios sostenido: que los mercados financieros faltos de liquidez especularan en los mercados de futuros del petróleo, para que se produjera una alza en los mismos que alimentara de nuevo el mundo de petrodólares -o Fondos Soberanos como hoy les llamamos.

Dicho todo esto, y dejando claro que moralmente estoy en contra de lo que ello implica, quiero recordar que, aunque sufra infinitas transformaciones, la industria petrolera internacional sólo se podrá sostener bajo una estructura cartelizada que asegure que el destino de las cantidades producidas y el precio al que éstas se venden va en el mismo sentido que las necesidades de quien marca el rumbo a la evolución de la economía mundial. Quién gestionará y será la cara visible de esta estructura es lo que hoy en día los gestores de la industria petrolera internacional habrán de decidir. Y, si realmente se sigue apostando para que la OPEP siga cumpliendo su función de vocero, de forma eficaz, al menos:

a) debería acabarse con toda la producción individualista y descontrolada de fuera de la OPEP -me refiero fundamentalmente al fenómeno del fraking;

b) debería asegurarse que se recompone la centralidad territorial de las compañías petroleras nacionales de los países de la OPEP; y

c) debería revisarse la composición de miembros de la OPEP.

Todo ello, sin olvidar que en el otro lado, el de las empresas y países, que hemos llamado consumidores, las alianzas también están por revisar.

Hoy en día, lo aquí dicho, parece una carta de mínimos a los Reyes magos, pero en mi opinión, sin al menos estas tres condiciones, es difícil que los precios, por un simple anuncio de la OPEP, suban y se mantengan en un nivel suficientemente alto a lo largo del tiempo.

 

El déficit de tarifa como mecanismo de desposesión o Intentando entender la factura eléctrica (7)

Hace unas semanas, después de muchos meses de trabajo, el Seminario Taifa publicó su undécimo Informe de Economía. Éste, que se puede adquirir en papel o descargar en línea, se titula La desposesión de la vida cotidiana.

Es un trabajo colectivo en el que se pretende explicar cómo la crisis, y sobre todo cómo las estrategias del capital para salir de la misma, inciden en las cuestiones más básicas de nuestra vida cotidiana. Entre estas cuestiones, también se dedica un capítulo a la cuestión del llamado “déficit de tarifa”.

La redacción de este capítulo (páginas 111-126 del pdf o singularizado en htlm), cuyo título reza ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? corrió de mi cuenta y en él se hace una interpretación de Economía política sobre el significado de la factura. Así, en el informe ésta se explica como el resultado de un conflicto de poder.

Para animar a la lectura del informe, presento aquí algunos highlights del citado capítulo, aunque releyendo el cómo me ha quedado, de tostón, esta entrada, estoy segura que la lectura directa del informe será más ligera, coherente, instructiva y amena.

¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se divide en cuatro grandes apartados.

En el primero, que coincide con la introducción, se realiza una breve explicación sobre la función política-económica- de la factura. En esta introducción se cuenta cuál debería ser la función de la tarifa eléctrica -que se refleja en la factura. Ésta, conceptualmente, está pensada como un instrumento de redistribución, para que en un espacio político determinado, sea un municipio, una región, un estado o una entidad supranacional, todo el mundo tenga el mismo derecho de uso de electricidad y al mismo precio. A partir de esta definición, se apunta a que, como otros instrumentos redistributivos en el mundo contemporáneo, la factura de la luz se puede acabar convirtiendo en un mecanismo para la transferencia de ingresos diversos (de recursos) desde el conjunto de la sociedad hacia el sector eléctrico.

El segundo apartado parte del gráfico que muestro a continuación. El objetivo del mismo es ilustrar sobre los elementos  que inciden el el sistema eléctrico y que, por ello, han de tener reflejo el el coste y precio final de la energía; el que se acaba reflejando en la factura.

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Este gráfico es útil para visualizar que entre la factura que -y perdón por la redundancia- facturan las compañías eléctricas y los usuarios finales, hay todo “un mundo” de actividades y de potenciales conflictos entre quienes generan electricidad a partir de distintas fuentes (parte superior del gráfico), entre quienes realizan distintas actividades en la cadena eléctrica (parte central del gráfico) y entre los propietarios de las empresas, que quieren obtener el máximo posible de beneficios y la autoridad política distribuidora o reguladora.

De ahí, que en el texto se sostenga que el precio final de la electricidad será el resultado de cómo se acabe resolviendo el conflicto existente entre los distintos tipos  de agentes que intervienen en el sistema eléctrico (propietarios de empresas de diverso tipo, el regulador público y los usuarios finales).

La tercera parte de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se introduce con un gráfico, de Iberdrola -el mismo serviría para Endesa u otra empresa del oligopolio eléctrico de la Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA).

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En este gráfico queda muy claro que menos del 40% de la factura se debe a los costes reales de generación, transporte, distribución y comercialización de la actividad. Por tanto, la pregunta que surge al mirar este “quesito” es obvia: ¡¿a qué se debe el más del 60% que las familias y empresas españolas pagamos mensualmente?!

La respuesta de Iberdrola  es que ese 60% “no va con ella”, ya que en su opinión se trata de impuestos y recargos ajenos, debidos a la mano de los políticos y de los reguladores. Obviamente, esta no es la respuesta que el Seminario Taifa da a ese 60%.

Nuestra explicación es que ese “misterioso” porcentaje es el precio que en España se paga por un conflicto no resuelto: el que existe entre el oligopolio de UNESA  y el resto de la sociedad. Conflicto, extremadamente  asimétrico y cuyo resultado siempre favorece, en mayor o menor medida, al primero. Es decir a las empresas que históricamente -aunque posteriormente se añadiera la electricidad nuclear y al gas- han generado la electricidad a partir de grandes centrales hidroeléctricas o térmicas y que, además, han controlado el ciclo completo del proceso, desde la generación a la comercialización.

Con esta explicación en la mano, el informe entra de lleno a explicar los distintos componentes que, hoy, configuran el “misterioso” 60%. Argumentamos que éstos se corresponden a una compensación –regulada- que el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a UNESA, reclama a la administración ante el riesgo potencial de perdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio. Así, el 62% restante que, según Iberdrola es ajeno a ella, es una compensación que recibe el club de las eléctricas las eléctricas o el mecanismo financiero de adaptación de las empresas “históricas” a los cambios en la industria (aparición de nuevas técnicas de generación) y a los cambios en el sector (nuevos agentes competidores o cambios en el contenido y la regulación del “servicio público”).

Ante esta conclusión, se propone una nueva forma de clasificar los componentes de la factura eléctrica. Como verán aquellos y aquellas que se animen a leer el informe, esta nueva clasificación no explica por qué nuestra factura eléctrica es una de las más altas de Europa, sino por qué en ella se paga por partidas tan peculiares como -sin ser exhaustiva-“Pagos por Capacidad”, “Contratos de interrumpibilidad”, “Costes de Transición a la Competencia”, “Pago Déficit de tarifa” o “Adquisición Régimen especial y Primas de Régimen especial”.

Por último, en la parte final, el informe cuenta cómo la factura eléctrica, gracias al “invento” contable del déficit de tarifa se transforma en un formidable mecanismo de desposesión. Basten un par de cifras, para hacernos una idea de la magnitud de fenómeno.En 2002, la deuda reconocida por el déficit de tarifa era de unos 1.200 millones de euros (M€). En 2014, superaba los 30.000 M€. Es decir, en España contablemente, cada ciudadano/a debe más de 600 € a las eléctricas y, según parece, como resultado de su titulación, los devolveremos en 15 años a un tipo de interés del 4,76%. La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, es la que, finalmente, conduce a un proceso de doble desposesión.

La desposesión producida por una constante transferencia de renta desde los hogares y las empresas no energéticas españolas hacia los accionistas del sector eléctrico. Y, la desposesión producida por una transferencia de renta y de patrimonio natural (pantanos, vientos, sol y territorio) desde España a fondos de inversión extranjeros y soberanos del mundo, lo que también incide en un empobrecimiento relativo de este territorio a escala global.

Ante ello, el informe concluye citando a don Alberto Bosch, quién, en 1899, al apoyar en el Senado la proposición de Ley sobre la “Servidumbre forzosa de corriente eléctrica”, declaraba estar (…) convencido de que entre las desamortizaciones ninguna más provechosa que la desamortización de la Naturaleza (…).

No prometo nada, pero si después de este breve resumen, todavía hay ánimo para leer el texto completo de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? (así como el conjunto del undécimo Informe Económico del Seminario Taifa), puede que quien lo intente entienda un poco más el complicado mecanismo de fijación del precio de la electricidad en España.

Yo, al menos, al escribirlo me he clarificado mucho las ideas y creo que puedo decir que ya entiendo qué se esconde detrás de la factura eléctrica. Ha sido necesario el tiempo de siete entradas de este blog, la primera de las cuales está fechada en Marzo de 2012 y la que precede a esta, en la serie Intentando entender la factura eléctrica, de junio de 2013, para entender qué hay detrás de tan enmarañado documento. Creo que con el trabajo realizado en el Informe de Taifay esta séptima entrada, doy por cerrada la serie “Intentando entender la factura eléctrica”.

 

¿Para quién legisla el Ministro Soria?

Aunque desde el 19 de agosto debo la cuarta entrada de la serie “Financiar la transición”, en mi regreso voy a aprovechar la información que estoy recopilando para la elaboración colectiva de un nuevo informe del Seminario Taifa.

Estos días pasados se ha hablado mucho del nuevo cambio legislativo impulsado por el Ministro Soria con el fin de dificultar el llamado autoconsumo eléctrico. Es vox populi que este ministro, desde el inicio de su mandato, está promoviendo cambios en la ordenación del sistema eléctrico que favorecen a unas pocas; las pocas eléctricas agrupadas en UNESA y que constituyen el oligopoly. Ello es cierto, pero muy matizable.

Saskia Sassen en su libro Territorio, autoridad y derechos explica que la globalización consiste en que los estados nacionales desnacionalicen, ayudando a crear redes transfronterizas. que conectan piezas ubicadas en el interior del territorio de los países. en el marco de proyectos globales. Por ello, la globalización no implica la desparición del Estado, sólo supone que éste modifica su función: legisla para desnacionalizar lo que se construyó como nacional, asegurando, así, que dentro las fronteras del territorio se darán las condiciones para que determinadas actividades se integren en “lo global”. Este nuevo tipo de estado, explica el auge del poder ejecutivo y la judiciciarización de la vida política, en detrimento de las cámaras legislativas (alta y baja).

Regresando a las eléctricas, y aplicando lo que nos cuenta Saskia Sassen a nuestra realidad, podemos empezar a responder a la pregunta que encabeza la presente entrada del blog. En España es bien sabido que la política energética está en manos del ejecutivo, pues mucho se lleva, en este país, legislando a “golpe” de decreto. Lo que está menos analizado es si estos decretos energéticos han servido para desnacionalizar el sector eléctrico nacional. Dicho de otro modo, ¿el Ministro legisla para UNESA o para que ésta se convierta en una pieza más -ubicada en territorio ibérico- de en un proyecto global más amplio?

Los datos que he estado mirando estos días lo indican. De forma precaria, imperfecta e imprecisa he estado analizando quienes son los propietarios, los accionistas, de las cinco empresas asociadas en UNESA: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP. Empresas, que en la actualidad tienen, según los datos de OMIE, el 65,45% de la cuota de la energía eléctrica en España.

La forma precaria, imperfecta e imprecisa de lograr esta información ha sido buscar la información, que sobre sus accionistas hay, en la base de datos AMADEUS (sólo quién pertenezca a una institución que la tenga contratada podrá acceder a ella). Esta información de pago, pero pública, no es exhaustiva, pues en muchos casos, aunque aparece el nombre, nacionalidad y tipo de accionista, no aparece su porcentaje de propiedad. Por otra parte, visto que. de partida, las empresas de UNESA, salvo aparentemente Iberdrola, pertenecen a una empresa extranjera (ENDESA a ENEL, Gas Natural Fenosa, en un 50% a ENI, Hidroeléctrica del Cantábrico a EDP y Viesgo a E.On), es difícil determinar con exactitud quién es accionista de quién. Así que he hecho lo que he podido para agrupar la información en dos categorías: a) el país en el que los accionistas registran su inversión, y b) el tipo de inversor que dicen ser.

Si la información que he recogido fuera representativa de la realidad,veríamos que “nuestro” Soria, que debería defender nuestro interés general, legisla para intereses particulares, financieros, allende nuestras fronteras. Veámoslo.

En los dos gráficos siguientes vemos de dónde y de qué categoría son los accionistas con participación directa en alguna de las empresas de UNESA.

Fuente: base de datos AMADEUS y elaboración propia

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

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Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

A primera vista, queda claro. Casi tres cuartas partes de los accionistas directos de las empresas asociadas en UNESA  están registrados en el extranjero. Siendo, si exceptuámos el caso de Italia por el Ente Naziole Idrocarburi (ENI), Luxemburgo el segundo “gran” accionista de las asociadas de UNESA.

El tipo de accionistas de las eléctricas, como apunta el segundo gráfico, son fundamentalmente compañías del sector bancario, financiero o equivalente. De hecho, si se tiene en cuenta que buena parte de la categoría “S”, correspondiente a inversión guberanamental o estatal, es inversión a través de los fondos soberanos, diremos que casi dos tercios de los accionistas pertenecen a estas categorías. Por otra parte, la categoría “C” es confusa, pues en ella podemos encontrar desde otras empresas energéticas como Repsol o ENI a fondos como Blackrock o Qatar Holding,

Los gráficos que siguen complementan esta información. Éstos reflejan la tipología de quienes poseen acciones de las empresas asociadas en UNESA, pero no son sus “propietarios” directos.

Fuente: base de datos AMDEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Fuente: base de datos AMDEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

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Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Estos gráficos refuerzan lo anterior. A destacar que los accionistas de Qatar aparecen como singularizados, por detrás de los luxemburgueses y que los inversores de Estados Unidos surgen con más fuerza. También confirman que los inversores financieros pesan más que los del sector productivo. Refuerza todavía más esta conclusión el hecho de que, aunque con filiales ubicadas en distintos países,  entre los principales inversores en Iberdrola y Endesa (a través de Enel) se cuentan los fondos soberanos de Qatar y los de BlackRock, una de las principales empresas privadas de gestión de inversiones europeas.

Por tanto, ¿qué nos dicen los datos acerca de para quién legisla el Ministro Soria?

Entendiendo que decir que el ministro legisla para la eléctricas, equivale a decir que legisla para sus propietarios -accionistas del sector bancario, financiero o propietarios de planes…- la conclusión es evidente: cada vez que el ministro promueve un decreto, lo hace  para engrandecer los dividendos de los bancos o la rentabilidad de inversores como BlackRock o como el holding qatarí domiciliado en Luxemburgo, pues esto es lo que hoy en día es UNESA.

Evidentemente a estos accionistas poco les importa si los ibéricos tenemos un buen o un mal servicio de electricidad, aunque mucho les interese la rentabilidad de los activos y actividades energéticos ubicados y desarrolladas en España y Portugal. Dicho de otro modo, el ejecutivo español promueve legislación para que del oligopolio eléctrico extraiga dividendos locales, que irán a parar a fondos de inversión globales. Si no es lo mismo, se parece mucho a lo que nos dijo Saskia Sassen.

Financiar la transición energética (II). Deslegitimizar al lobby fósil

Cuantas más vueltas le doy, más me convenzo de que el problema de la financiación de la transición no es de cantidad de dinero. Como reiteradamente hemos comentado en este blog, en los llamados países consumidores estamos pagando una factura energética exterior enorme, en España de más del 50% de las importaciones de bienes totales, por un combustible del que los ususarios finales sólo utilizamos, como media, un escaso 30%.

La factura energética exterior (FEE) no es algo abstracto, que un país o un estado paga a otro; es el resultado de la actividad de las empresas petroleras privadas en sus compras al exterior. Así, en España es el petróleo que, por ejemplo, Repsol o Cepsa compran para sus refinerías Petróleo que refinan y comercializan en el interior del país, o exportan como producto derivado. Por tanto, cuando los ciudadanos o las empresas no energéticas pagamos la factura energética, estamos pagando a estas empresas y, además, por un importe superior al de la FEE.

Ramon Sans, del colectivo CMES, acuñó el término de factura energéica ciudadana (FEC) para refererirse a ello. En la elaboración que de este concepto se está haciendo desde este colectivo, Josep Centelles define la FCE como aquella que engloba todo el gasto realizado en un año por personas y empresas de cualquier tipo. Así ásta incluye el gasto realizado en gasolina, gasoil, butano, gas ciudad….y los impuestos incoporados a estos productos. Ramon Sans calculó que la FCE es aproximadamente de 2,5 veces la factura energética exterior. Según sus cálculos, para Catalunya, un 4,2% de su PIB. Así que probablemente en España, como media, destinemos aproximadamente un 4% del PIB al pago del combustible fósil.

Basándome en estos mismos cálculos, estimo que la inversión que necesitáriamos para realizar la transición a un modelo 100% renovable es aproximadamente de un 0,15% de este mismo PIB. Aunque no haya contrastado este cálculo, sí que me creo que lo que deberíamos invertir es infínitamente menor que lo que ahora ya gastamos. Tanto más, si le sumáramos el dinero que los y las accionistas invierten en las empresas energéticas fósiles. Así,  por ejemplo, el capital social de una empresa como Repsol es de casi 1.375 millones de €. Así, ninguna duda, el dinero para pagar la transición energética existe.

Por ello, el problema de cómo financiar la transición se traduce en elaborar una estrategia para reorientar parte de este dinero al objetivo de la transición energética y en establecer, también, qué haremos con el más del 3% del PIB que ahorremos.

Sobre el papel, esta estrategia es muy sencilla, pero la realidad es que esta transición se debería desarrollar en sociedades en las que:

  1. Quién gestiona el dinero de la energía son en primera instancia -exceptuándo la parte de impuestos- los monopolios energéticos privados, que gozan de un poder inmenso y serán los perdedores del cambio de sistema energético.
  2. Ideológicamente hemos desprestigiado tanto lo colectivo, lo público y la política, que poca gente estará dispuesta a financiar, colectivamente, la transición energética mediante impuestos, tributos, cánones o cierto tipo de bonos: A la vez que somos una sociedad que nos hemos creído la magia del mercado y hemos renunciado a la planificación energética a largo plazo.
  3. Vivimos en la “rapidación”; en el mundo de los beneficios y de los dividendos empresariales a corto plazo. Ello fomenta –como veíamos en la entrada anterior de esta serie– huídas hacia adelante de las empresas -avaladas por sus accionistas, no hay que olvidar-, para exprimir al máximo lo que ya se tiene, con el fin de “devolver” con beneficios el dinero que personas, fondos o bancos invierten o prestan a las empresas.

Estas tres cuestiones llevan a tres preguntas, que si respondiéramos adecuadamente nos abrirían el camino hacia la transición. La primera es ¿cómo podemos hacer para acabar con el poder de los lobbies de la energía fósil?; la segunda es ¿Cómo reinventamos el sector y redefinimos el espacio público energético?; y la tercera, ¿Cómo generalizamos las formas de financiación éticas y no cortoplacistas?

Responderemos aquí, a la primera; a las dos siguientes en la tercera entrega de esta serie sobre financiación.

A día de hoy, la respuesta a la primera pregunta es la más fácil de responder, aunque sea difícil de lograr. Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo que, como ya dije, es uno de los que inspira esta serie de entradas veraniegas, dice claramente que ese es el objetivo de la campaña de desinversión. Se trata de iniciar un proceso de desligitimación, cuya meta final es situar el estatus de las compañías petroleras en el mismo nivel que el de las empresas tabacaleras. Desde mi punto de vista, esta es la “buena” razón para apoyar una campaña de este tipo, además de, como ya dije, la de evitar una “burbuja fósil”, alimentada por las inversiones en un recurso en extinción.

Creo que si esta deslegitimación triunfa, deberemos iniciar el siguiente paso; el de la desubvención, ya que según alguién tan poco dudoso de pertenecer al “mundo petrolero”, como el economista jefe Faith Birol de la Agencia Internacional de la Energía, las subvenciones a los combustibles fósiles fueron de 550.000 millones de dólares en 2013 –más del cuádruple de las subvenciones a las energías renovables.

Apoyo la desubvención por tres razones. La primera, por el efecto que ello tendría sobre las cuentas y los precios finales de las empresas petroleras. Tal vez así los usuarios finales se convencieran de que hay opciones más baratas que el combustible fosil. La segunda, por la liberación de recursos públicos que ello representa (aproximadamente la mitad del PIB español). Y, la tercera, porque aunque coincido con todos aquellos que dicen que lo más justo es aplicar el principio de “quién contamina paga” para que las petroleras financien parte de la transición, tengo mis dudas de que lo logremos. Por tanto, por ahora, hasta que éstas no estén suficientemente debilitadas, como para conseguir este objetivo, me conformo con que dejemos de pagarles a ellas. Así que ya podemos empezar a presionar a nuestros gobiernos para que acaben con estas partidas. Por una vez, contribuiría de buen grado, al “adelgazamiento” del sector público.

Sinceramente, en el mundo de hoy, creo que sólo “cerrarles el grifo” puede tener algún efecto. Hasta que no debilitemos su poder, no reinventemos el sector público -o la política energética- y no generalicemos las formas alternativas de financiación, visto su actual poder, cualquier otro intento bienintencionado y conciliador como fijar una imposición más elevada a su actividad, legislar que parte de sus beneficios se reinverta en renovables o pedirles que lo que actualmente destinen a compra de combustible lo “den” al Estado a cambio de un suministro en renovables, será inútil.

Esta estrategia, llamémosle financiera, de deslegitimación hunde sus raíces en argumentos morales. Estos argumentos causan los conflictos en la Blockadia de Naomi Klein –una zona transnacional e itinerante de conflicto que está aflorando con frecuencia e intensidad crecientes allí donde se instalan proyectos extractivos- y están en el contenido de la Encíclica laudato si´ del Papa Francisco. De hecho, leyéndo paralelamente ambos textos, llama la atención que dos personas de procendencias tan distintas -una perdiodista y activista ambiental y, la otra, el Papa- contemporáneamente publiquen un texto con un discurso con argumentos similares y cuyo objetivo, es el mismo: la necesidad de una nueva ética para evitar la catástrofe climática, que será, como reza el subtítulo de este blog, una nueva ética energética. Así, ambos libros son base de argumentos para la deslegitimación de las prácticas inmorales del lobby energético, pero sinceramente, como creo yo que éste se encuentra más allá del bien y del mal, la desinversión y la desubvención me parecen instrumento ideal para doblegarlo.

Siguiendo con la parrilla ética de la transición energética

De alguna manera, como siempre he ido esbozando en este blog, y el subtítulo del mismo así lo atestigua, la transición energética es y ha de ser una transición política. De ahí, la necesidad de la ética de la transición.

En nuevas cartografías de la energía, creo que desde el inicio, dejamos claro que pasar a producir energía a partir de fuentes renovables, en sí mismo, no significaría la transición; significaría un cambio de fuentes energéticas -de energía fósil y nuclear a renovables-, pero no un cambio en el modelo energético, que es algo mucho más amplio y complejo. Dicho de otro modo, si los actuales monopolios energéticos, especialmente los eléctricos, controlaran mega instalaciones eólicas y solares, conectaran “sus” cables a ellos y nos vendieran, en sus condiciones, la electricidad; todo seguiría igual. Máxime si nos limitamos a hacer adaptaciones, sin crear cosas distintas. Por ejemplo, algo como cambiar el coche de motor de combustión por uno eléctrico.

En este caso, los tres cambios relevantes serían: a) la pérdida de relevancia de los territorios de los llamados países productores y, con ello, un cambio fundamental en la geopolítica del petróleo y en la definición de los espacios geo-energéticos mundiales; b) el traspaso de parte del poder de la industria petrolera internacional a la industria eléctrica o energética no fósil; y, c) la reducción sustancial de la factura energética exterior, que como ya es bien sabido en España significa en torno, en función de la evolución de los precios del crudo, unos 50.000 millones de € al año. Factura que para los ciudadanos, según calcula Ramon Sans del colectivo CMES, se traduce en unos 125.000 millones de € al año.

Fuente: ECF, Roadmap2050

Fuente: ECF, Roadmap2050

Para algún@s, estos cambios ya supondrían una gran variación. Como decía un alumno mío, y que me perdone por utilizarlo aquí, “un cambio de este tipo, ya sería un óptimo de Pareto”, pues la situación mejoraría, sin que nadie empeorara. Cierto, mejoraría a nivel climático, podría servir para la definición de nuevos espacios políticos, de nuevas territorialidades, e implicaría un gran ahorro en el pago de las fuentes energéticas.

Sin embargo, un cambio de este tipo, no alteraría para nada la esencia ni la estructura ni de las relaciones de poder actuales. Por ejemplo, si se produjera un cambio de este tipo, los municipios no verían alterado ninguna de sus actuales (no) competencias en política energética. Los pueblos y ciudades se conectarían a una red centralizada y externa, equivalente a la actual, por la que en vez de energía sucia fluiría energía “limpia”.

Por ello, ahora que se acercan las elecciones municipales, mi consejo para aquellos partidos y formaciones que acuden a las elecciones con la voluntad de ser políticamente correctos, pero deseando que “todo siga igual”, es que que apoyen una opción de este tipo. Esta es la opción fácil, pues no hay que hacer nada, sólo dejar que las eléctricas dirijan la transición.

Para las otras formaciones y partidos, aquellos que realmente quieren el cambio, la cuestión es mucho más difícil, pues es un largo proceso profundamente político.La política de la transición energética se inicia en el mismo momento en el que se ha de decidir qué modelo de renovables se quiere: uno centralizado como el que he esbozado o uno distribuido de autogeneración local, todavía por definir (piénsese que esta es una elección que con la energía fósil ni se tuvo ni se pudo hacer, pues las fuentes fósiles tienen localizaciones específicas, mientras las renovables son universales y distribuidas). Esto es lo primero y esencial que se debería plantear cualquiera que en su programa “llevara” el cambio energético. Es la decisión previa.

Como se ha dicho, si se opta por un modelo centralizado, ya no queda nada más que hacer, pero si la opción es la contraria, se abre un largo camino, pues la transición es un proceso; un camino con fecha de caducidad, pero largo, y en el cual se ha de mantener la estabilidad y la seguridad del suministro.

Para este camino, me atrevo a esbozar una pequeña hoja de ruta y una parrilla ética.

1) La meta es un modelo descentralizado, distribuido, 100% renovable, por ello cualquier medida de normativa municipal, inversión en la red… que se adopte ha de ir en esa dirección. Por ejemplo, si se hiciera una normativa de terrados, aunque no se instale nada en ellos, ya deberíamos prever que en el futuro lo haremos.

2) Si el el medio plazo se tuviera que optar por una tecnología de transición, opción híbrida o medida concreta, siempre se debería optar por aquella que no hipoteque ni materialmente ni financieramente, ni retrase, la opción de las renovables.

Pongo ejemplos de dos tipos. El primero, si se tuviera que hacer una nueva planta de generación y todavía no dispusieramos de una opción 100% renovable, mejor una de cogeneración de gas, a la que después se podría cambiar el gas por el hidrógeno que algún tipo de instalación que no podamos “reciclar”.  El segundo, polémico y de gran actualidad, si se han de adoptar medidas para combatir la pobreza energética, no apostar por el bono social, que sólo es pagar -¿con nuestros impuestos?- a las empresas del viejo sistema para que sigan haciendo lo mismo; y apostar por financiar autogeneración doméstica renovable para todas aquellas familias que lo necesiten: será más barato, será renovable, se autofinanciará en poco tiempo y tendrá un potente efecto demostración.

3) Por las fuertes resistencias que vendrán del “mundo fósil” y porqué la involución es muy probable, la transición energética ha de ser necesariamente un proceso consensuado, participativo y de cooperación ciudadana. Caso contrario está condenado al fracaso.

Evidentemente, todavía hay muchas cuestiones para analizar, entre las cuales, la no menor de la financiación, pero me parece que esta idea de proceso es esencial. De hecho, el CMES, colectivo al que pertenezco, trabaja en esta línea: en pensar la transición en etapas.

Por ahora, como ya apunté en una entrada anterior, en la que criticaba los rickshaws turísticos que invaden mi barrio, mi preferencia para esta transición es que sea moralmente aceptable y recoja lo mejor de ambos mundos (del fósil y del renovable). Para pensar en ello, he elaborado una pequeña parrilla que nos sirva de brújula en el proceso.

Sin títuloSería bueno, que cualquier opción se pasara por este tamiz. Así, pasando por esta parrilla cualquier megaproyecto de renovables, no pasa la “prueba del algodón”, pues al menos favorece la concentración de poder, la mercantilización del suministro del sol o del aire y la exclusión (o la creación de pobres energéticos). En el otro extremo, el rickshaw tampoco pasa la prueba, pues un congénere es mi fuente de energía e implica trabajo (energético) humano. Entre ambas cosas, tendremos que encontrar el camino de la transición.