Infraestructuras energéticas, ¿la gran estafa?

Hoy en el The Guardian se puede leer que se ha prohibido las prospecciones y la fractura hidráulica en un 40% del territorio que previamente estaba autorizado. En el artículo se muestran unos mapas, de los que aquí sólo muestro el primero, que te dejan helada.

Fuente: The Guardian

Este mapa nos dice que se pensaba ofrecer el 60% del territorio del Reino Unido a las empresas concesionarias para que intentaran extraer gas o petróleo de él. Efectivamente, no soy geóloga ni ingeniera; es más, pertenezco a una de las disciplinas que se ha mostrado como de las menos fiables del mundo, pero mi opinión es que una cosa así es de locos ¿De verdad, a alguien se le ocurre que el 60% del territorio de un país puede contener suficiente gas y petróleo de calidad, como para justificar que su suelo se agujere como un queso de Gruyère?

Francamente me cuesta creer, y no tengo ninguna buena opinión de ellas, que compañías energéticas «serias» quieran entran en este juego. Y entonces, viene la pregunta, ¿si no son ellas, quiénes son?

Yo, claro está, no lo sé, pero esta historia que hoy he leído en este periódico británico, me ha recordado la del no nato petróleo de Canarias. Sempiterno petróleo de la región -ya en 1959 CEPSA, después de la renuncia de la Empresa Nacional Minera del Sahara, inició unas prospecciones en el Sahara, que acabaron en nada-, que nunca acaba de aparecer y que tradicionalmente azuza las discusiones sobre el Sahara y entorpece las relaciones con Marruecos.

Fuente: REPSOL

La historia de este supuesto petróleo merecería otra entrada en este blog, pero lo que yo hoy quería expresar es el estupor que me causa la proliferación de permisos para hacer cosas quiméricas (explorar el 60% del Reino Unido), cosas que en el pasado ya se probaron inviables (el petróleo de Canarias) o cosas que no se sabe si funcionarán adecuadamente (depósito de gas Castor).

Frente a esta clase de estupideces energéticas, normalmente tendemos a culpar a las grandes empresas del sector, en el caso de Canarias a Repsol; pero la última vez que estuve por Madrid, por sus mentideros se comentaba que Repsol se había visto fuertemente presionada para ir a Canarias y para realizar las costosísimas prospecciones.

Hasta esa fecha, entre mis hipótesis estaba pensar que lo del petróleo de Canarias se acabaría como lo de Castor: se nos diría que la empresa contaba con un tipo de volumen y negocio no realizado, que éste se había tenido que parar por las presiones de l@s ciudadano@s y que, por tanto, se les tenía que indemnizar, cada vez que llenáramos el depósito de gasolina. Pero, me equivoqué, pues no ha sido exactamente así. Es más, ha sido Repsol quién ha decidido parar y parece que el ministro Soria, ahora, quiere multar a esta empresa con 5 millones de euros. Ello confirma, a) la hipótesis de que Repsol desde el principio no apoyó esta historia y, mucho más interesante, b) que el ministro, como en el caso de Castor, quiere sacar dinero de una operación fallida ¿Por qué? y ¿Para quién?

Se puede criticar a Repsol desde muchos puntos de vista, sobre todo porque su fuente de negocio es la extracción, transformación y comercialización del petróleo, pero por lo mismo, nadie puede decir que es un empresa que -aunque cada vez está más dominada por «los banqueros»- no conozca este negocio. Lleva décadas en ello, y sin ser de las súper grandes del mundo, no le ha ido mal. Es por ello que me escama que el ministro dude de su criterio: si Repsol dice que no hay petróleo rentable, es que no lo hay. Digo yo, que para saber esto se harán las exploraciones y prospecciones, ¿no? Entonces, ¿a qué viene multar a Repsol?

Pensando en todo ello, me he acordado de otras cosas inexplicables. Cuando el Presidente Bush Jr. decidió atacar e invadir Iraq, las grandes empresas petroleras internacionales salieron perdiendo, no así quién construye sus infraestructuras como Halliburton; cuando ocurrió lo del depósito de gas Castor,se indemnizó a quién realizo las infraestructuras, ACS. Así que puestos a mal pensar, no estaría de más saber qué infraestructuras asociadas estaban detrás del petróleo canario o para quiénes son los 5 millones de euros que el ministro reclama a Repsol.

No sé si se quería dejar el territorio del Reino Unido hecho un colador por las mismas razones, pero en esta parte del mundo, sabemos mucho de infraestructuras inútiles, cuyo objetivo se acaba en su mera realización. Por ello, cada vez me inclino más a pensar que un factor al que los analistas energéticos también deberemos prestar atención es la existencia de estas tipo empresas.

Puede que mi imaginación se haya desbordado y mi conjetura esté en las antípodas de la realidad, pero cuanto más lo pienso más sentido le veo. En fin…,esperar y ver si gracias a la reciente bajada de los precios del petróleo, se ponen en evidencia otros pelotazos de este tipo.

Castor, una nueva agresión a la democracia y a la tarifa energética.

Una de las noticias de la semana es la hibernación de Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) cuya actividad se ha relacionado con movimientos sísmicos en la zona. Esta decisión, adoptada en el Consejo de Ministros del pasado viernes 3 de octubre, viene después de que vecinos y diversos movimientos ecologistas se manifestaran reiteradamente contra tal proyecto.

El almacenamiento Castor estaba recogido dentro de la Planificación Estratégica de los Sectores de Electricidad y el Gas 2008-2016 del Ministerio de Industria con la máxima categoría (A Urgente), como proyecto «necesario y prioritario» para el sistema gasista español, y básicamente pretendía ser una reserva de gas, para cubrir aproximadamente un cuarto de la demanda de gas en España para unos 50 días. Con las operaciones de inyección del llamado «gas colchón» se iniciaron los temblores y la alarma de los vecinos, hasta que en el mes de septiembre, después de que se produjera un seísmo de magnitud 4,2 en la escala de Richter, el gobierno ordenara el cese de la actividad.

Fuente: http://jramosgarcia.wordpress.com/

Ello, que podría ser una buena noticia para los vecinos y los ecologistas, se ha transformado en un nuevo ataque a la ciudadanía. Por lo que informa la prensa, para compensar de las pérdidas que ello pueda reportar a la empresa privada concesionaria, Escal UGS (participada en un 67% por ACS), saldrán de los bolsillos de los ciudadanos 1.350 millones de €, que iremos pagando en la factura del gas, a tenor de unos 100 millones al año.

Puede que yo sea de otro planeta y no entienda nada, pero si interpretara adecuadamente, al menos a la vista de los resultados, los hechos son que se construyeron unas infraestructuras energéticas que no cumplieron todos los requisitos de seguridad. Como siempre ocurre, estas instalaciones se «vistieron» de una necesaria inversión pública en aras al cumplimiento del un supuesto interés general, pero las realizaron empresas privadas con el objetivo de obtener beneficios privados. La mayoría de la ciudadanía no opinó sobre la cuestión, aunque sí que existieron ciertos colectivos que (activistas y movimientos ecológicos y energéticos) se opusieron a ella. Los hechos les han dado la razón a ellos. Sin embargo, una vez más, el gobierno de España da la razón y compensa a las empresas del sector y nos obliga a los ciudadanos a pagarles su mal hacer.

Por tanto, si entiendo bien, en este país cuando una empresa privada no hace bien su trabajo, los ciudadanos somos quienes les tenemos que indemnizar, pagando un plus en una factura.

Tal como van las cosas, me temo que lo mismo ocurrirá en Canarias. Allí, si las prospecciones de Repsol causaran alguna tragedia ambiental, ahuyentan al turismo o cualquier otra cuestión, los canarios que activamente se están oponiendo a ello, les tendrían que indemnizar; o, lo que en el momento actual parece probable, si las demandas de los canarios lograran que se pararan las prospecciones, podrían acabar reclamando a los isleños o a sus compatriotas peninsulares que indemnizáramos a Repsol, pues tal como soplan los vientos, podría ser que en poco tiempo los europeos tuviéramos que indemnizar a las empresas que tenían previsto hacer un negocio, cuando éste se viera truncado por oposición de la población, de las autoridades ambientales o sanitarias o por cualquier cambio de legislación.

Esto, que ya ha ocurrido en el caso de algunas empresas tabacaleras, que han logrado indemnizaciones después de la aplicación de determinadas legislaciones anti-tabaco, se podría extender al conjunto de actividades, evidentemente las energéticas, si las negociaciones que en la actualidad se están llevando a cabo entre la Unión Europea y Estados Unidos, para la firma del Acuerdo Transatlántico del Comercio y la Inversión (TTIP en su acrónimo en inglés), prosperan.

Sobre este acuerdo habla el último informe del Seminari Taifa, y sobre él discutimos en pasado sábado. Aquí de él quiero destacar que de sus tres patas, liberalización comercial, regulaciones y creación de tribunales de arbitraje, la última parece especialmente preocupante, pues es el fin del de la posibilidad de alegar interés público en el arbitraje de inversor a Estado. Se trata de establecer tribunales de arbitrajes privados (ISDS), que darán a los inversores el mismo estatus que a los gobiernos. Los ISDS permitirán reivindicar a los inversores sus derechos ante tribunales privados, en los que abogados del sector privado podrán tomar decisiones que obliguen a los gobiernos a pagar indemnizaciones ilimitadas a los inversores sin apelación. Esto es gravísimo y atenta seriamente contra los fundamentos democráticos de cualquier sociedad, pues es mucho más propio de una república bananera que de un estado liberal, moderno y democrático.

Dicho esto, y en clave de humor, lamento que los «pobres» concesionarios de Castor no lo pensaran antes, pues de haberlo sabido, esperando un poquito, podrían haber recibido «legalmente» una indemnización mayor, logrando, así, que los ciudadanos tuviéramos una deuda de por vida con ellos. Es trágico; es horrible; y es inmoral, pero entra en el umbral de lo posible y probable. Espero y deseo que no lo tengamos que ver en Canarias.

Transició, quina transició?

Lo tengo que decir, es mi deber de ciudadana del espacio político español. Estoy indignada, pues los ciudadanos de un lado y otro del Ebro estamos siendo ninguneados. No doy crédito de que ante el anunciado anuncio, ocurrido después de que aproximadamente un millón y medio de ciudadanos (que yo sepa, todavía españoles) salieran a la calle a pedir que se les dejara votar, nuestro Jefe del Estado y nuestro Presidente del Gobierno decidieran que este era el buen momento para salir del país, mientras además, dimitía el Ministro de justicia ¿Se darán cuenta de que ante el descontento de un porcentaje elevado de «su» población y ante un potencial riesgo de secesión, lo que hay que hacer es estar y hacer política? En fin…daría mucho de qué hablar, pero sé que este no es lugar.

En medio de todo este esperpento político, ayer se presentó El llibre blanc de la transició nacional de Catalunya del que reconozco sólo haberme mirado la síntesis de 136 páginas. En esta síntesis, escasas tres páginas se dedican a la transición energética. Son sólo tres páginas, pero son descorazonadoras. Sí, hablan de las renovables y dicen que se ha de incrementar su uso, pero en ellas se encuentran perlas que indican la transición es hacia ninguna parte, pues:

a) no nos tenemos que preocupar ya que aunque no tenemos ni petróleo, ni gas natural ni uranio, sí que tenemos nucleares, petroquímica y centrales de ciclo combinado que nos aseguran el suministro sin problemas hasta el 2020 ; además, en el caso del sistema gasista debemos seguir conectados al sistema peninsular, asegurando la interconexión con Francia, y en el caso de las nucleares todo ha de seguir igual.(sic!)

b) como estas infraestructuras son de multinacionales privadas que se ocupan del ciclo completo (desde la generación a la comercialización final) y considerarán a Catalunya una parte significativa de su mercado, les mateixes regles del joc empresarial faran que la seva gestió sigui més eficient i normalitzada possible (sic!);

Y, cuando se habla de lo que será una buena transición energética, entre otros puntos, parece que será buena, ya que consistirá en asegurar los proveedores estratégicos, renovar y continuar con el marco regulador de la política energética y con los contratos ya existentes de las empresas, que ya prestan actualmente estos servicios en Cataluña; consitirá en negociar o replicar los organismos (españoles) operadores y reguladores, y, lo que ya es de traca.., consistirá en hacer la delimitación de las aguas marinas de Catalunya para asegurar el aprovechamiento de sus recursos energéticos fosiles (petróleo y gas)…(sic!, sic!, sic!)

Bueno, sobran las palabras.

Lo sé, esta es una entrada circunstancial y hay un sesgo en la información que porporciono, pero está en el texto, no me la invento. Esta es una entrada para desfogarme de mi superlativo enfado, pero es también de denuncia; de denuncia a la estafa del proyecto de transició nacional energética de Catalunya. No la hay, y basta. Así, que me pregunto ¿para qué hacer este dolorosísimo camino?.

Hoy lo que entiendo, al menos por lo que a la transició energética se refiere, es que el libro no esta escrito para nosotros, para els ciutadans i ciutadanes de Catalunya; debe ser un bálsamo. Un bálsamo para las empresas, que a cambio tendrán la delicadeza de hacernos la factura en català….

Contratos de congestión, red eléctrica y espacio político

El pasado 14 de agosto el New York Times publicaba un artículo titulado Traders Profit as Power Grid Is Overworked. Leyéndolo aprendí que existen los contratos de congestión. En el mundo en el que nos ha tocado vivir, ya se pueden imaginar que un contrato con ese nombre es algo malo. Efectivamente, estos contratos son unos instrumentos de cobertura (hedge) que las operadoras regionales subastan, para que los intermediarios se puedan proteger de las variaciones de los precios de la electricidad. Es decir en una red, dicha, liberalizada como la de los Estados Unidos, con diferencias en los precios de la electricidad entre una localidad y otra, los titulares de estos contratos de congestión pueden comprar y vender títulos en función de cómo evolucionen los precios, enriqueciéndose gracias a las diferencias de precios entre un punto y otro de la red.

Imaginemos que en la ciudad A, por las razones que fuere, la demanda de electricidad es superior a la oferta. Ocurrirán dos cosas: se transportará electricidad desde otra localidad y los precios aumentarán. En la situación inversa, en la ciudad B, ocurre lo contrario. Esta es la base par un «mercado de congestión», en el que se pueden comprar y vender títulos relacionados con el hecho de que hay unos agentes que compran la electricidad excedente en la ciudad B, para revenderla en la A. Ello proporciona un beneficio individual, basado en la diferencia de precios, y supuestamente reequilibra el precio en el mercado. En su forma más sencilla, los poseedores de estos títulos actúan como arbitrajistas que equilibran el mercado; en una forma más refinada, pueden actuar como especuladores, jugando sobre las probabilidades de que en un lugar u otro suba o baje el precio, e incluso «atacando» el precio del Kw/h de alguna localidad frente a la otra; y en un mundo financiarizado como el presente, se crea un mercado adicional de títulos derivados y/o colaterales para cubrirse de las posibles pérdidas de este juego. En estos mercados es donde se negocian los contratos de congestión.

A estas «alturas de la película» lo que me llamó la atención, no es que tales contratos existan, pues en el casino en el que vivimos es lo previsible. Lo que me interesó de la noticia fueron dos cosas: la crítica que tácitamente hace a los académicos que se prestan a tales juegos de probabilidades y algoritmos, y la pregunta de «¿y por qué no recibimos nosotros este dinero?» formulada por el Alcalde de Port Mayor, en el estado de Nueva York. Esta segunda pregunta me remite a una de mis múltiples «manías energéticas», que es la de la función política de la red eléctrica.

Stefan Bouzarovski, geógrafo de la Universidad de Manchester y uno de los impulsores del blog sobre vulnerabilidad energética y transiciones urbanas, escribió en 2008 que si uno se interrogaba sobre la función que las infraestructuras tenían en la creación del espacio, se podía pensar sobre the role of energy networks in the articulation of political and economic power across territory. Para mí, este ha de ser uno de los debates fundamentales de la transición energética.

Desde este punto de vista una red eléctrica es mucho más que una forma eficiente de transmitir electricidad de un lugar a otro. Una red eléctrica genera un espacio político, porque genera, en un determinado territorio -local, regional, nacional, transfronterizo o supranacional-, unas relaciones de poder -entre los que generan la energía, los que la emplean, los propietarios de los lugares en los que se genera, transporta y emplea, los distribuidores, etc.-, que se articulan de en función de una estructura de gobernanza. Evidentemente, los criterios que rigen el funcionamiento de esta estructura de gobernanza, tendrán que ver con los valores e ideología de la época. Por ejemplo, algo aparentemente tan banal como que todos los ciudadan@s de un país tengan acceso a la electricidad, al mismo precio, es una decisión política que, probablemente, más tiene que ver con la idea de bienestar y justicia social que una sociedad determinada tenga en un momento determinado, que con una cuestión de eficiencia económica o energética.

Hoy, el principio de una distribución igualitaria de la electricidad a escala nacional está quebrado por la retroalimentación entre tres factores:

a) la crisis del Estado-Nación, que lleva a cuestionar la necesidad de que la política energética sea uno de los pilares de la construcción y mantenimiento de los principios de ciudadanía de la nación, se llame cómo se llame la misma.

b) las políticas neoliberales, privatizadoras, que al dar al sector privado los activos y bienes energéticos, han privatizado de facto el espacio energético -y, por tanto, el político.

c) la mayor diversidad -y visibilidad- de fuentes de energía primaria en el mix energético,que ante la ausencia de una política energética inclusiva, esta propiciando que muchas personas empiecen a reclamar que si la energía que ellos consumen es más barata, porque proviene del aire, el agua o el sol, que la de las centrales de ciclo combinado (caso clarísimo en España), no entienden por qué tienen que pagar el aire al precio del gas.

Si los dos primeros factores, el «a» y el «b», no existieran, la respuesta a estas personas que no entienden por qué pagan una cosa al precio de otra, sería evidente: porque en la política energética, también hay un componente redistributivo territorial, que posibilita que aunque tu vecino viva en la localidad A donde la energía es más cara de generar o más escasa, el excedente -o el menor coste- de la localidad B se distribuye o -reinvierte- para que los habitantes de A, puedan tener el mismo nivel de bienestar energético que los de B. Esa es la razón básica de la construcción de la red eléctrica nacional a mediados del Siglo XX.

Cabe decir que en este esquema anterior, el quejoso Alcalde de Port Mayor, habría dispuesto de los ingresos, aunque fuera indirectamente en forma de suministro eléctrico. Pero, hoy, cuando nos han hecho creer que la forma de asegurar la competencia y liberalización del sector energético era segmentar y privatizar aquellas redes eléctricas que articulaban el poder político y económico a través del territorio, quien genera electricidad en la localidad A, en las condiciones de la misma, considera que el que genera electricidad en la localidad B es un competidor, en vez de alguien que pertenece a su mismo espacio energético. Es más, ambos son vistos como unos suministradores, de los que se puede extraer beneficio monetario, por quien transporta la electricidad entre ambos puntos. Y, todos ellos, son considerados una fuente de pingües dividendos por los fondos de inversión.

Me repito, lo sé, pues mantuve un discurso similar en la entrada Ciudadan@ energétic@ universal, pero el otro día mientras miraba un programa de televisión en el que de forma muy didáctica, con unas mezclas en unas probetas, se explicaba la factura eléctrica en España, volví a hacerme la misma reflexión. Comparto plenamente la reivindicación de que introducir más fuentes renovables en el mix energético abarata, y no encarece, la factura eléctrica, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más. Ha llegado el momento de definir y decir qué espacio político queremos crear con la transición a un modelo energético renovable, si no lo hacemos, en muy poco tiempo, veremos florecer los contratos de congestión, cuyos contratistas se enriquecerán a costa de nuestra buena voluntad; pues las diferencias de coste entre distintas formas de generar energía entre el punto A y B local, serán la base para la creación escandalosa de fortunas individuales.

Siento ser mal pensada, pero éste es mi estigma de economista.

Tránsito de petróleo y fronteras mentales o sobre el Keystone XL

El pasado viernes 31 de enero, The New York Times, en una de sus noticias de portada, informaba sobre la probable posibilidad de que la Administración Obama acabe aprobando el proyecto del megaoleducto Keystone XL, que ha de transportar el petróleo bituminoso de Canadá hasta los Estados Unidos de América. En el mapa adjunto pueden ver su recorrido.

Fuente: Transcanada

Según los datos oficiales, el petróleo canadiense circulará poco menos de 2.000 kilómetros, hasta el Océano Atlántico, y el coste previsto del Keystone XL es de 5.300 millones de $USA. Dejo a su apreciación si este coste es «excesivo» o no, pero personalmente, una vez más creo que nos hallamos frente a otra prueba de que el coste no es el determinante a la hora de escoger entre distintas opciones energéticas. De hecho, en la misma página donde encontramos los datos, esta idea se confirma. Pues en ella se puede leer que este oleoducto es a critical infrastructure project for the energy security of the United States and for strengthening the American economy. Es decir, la primera razón para abogar por el Keystone XL es la seguridad y, sólo después se habla de razones económicas; aunque esta referencia a la economía americana, tenga otras lecturas, más allá de los costes.

Este nuevo informe que podría hacer cambiar de opinión al Presidente Obama, llega después de unos cinco años de fuerte oposición al proyecto. Lo asombroso de las conclusiones de esta última evaluación, según cita el NYT, es que el oleoducto no empeorará sustancialmente las emisones de CO2, ya que  if it were not built, carbon-heavy oil would still be extracted at the same rate from pristine Alberta forest and transported to refineries by rail instead. Por lo tanto, como ya damos por hecho que el petróleo se extraerá y comercializará de una manera u otra, mejor gastarnos 5,3 mil millobes de dólares en facilitar la tarea.

La lógica de este razonamiento es aplastante: si medimos el impacto ambiental en términos de CO2 y si lo que aumenta las emisiones de CO2 es el quemar el petróleo, cosa que se hará de todas maneras, construir, o no, el oleoducto no altera significativamente este nivel de emisiones, por tanto no tiene impacto ambiental. Siendo yo una persona amante de la lógica, en este caso el razonamiento no me convence.

Primero, porque si construir, o no, no altera sustancialmente la situación, también cabe la posibilidad de no hacerlo. Dicho esto, en mi opinión, lo más grave tiene que ver con otras cuestiones.

Hoy estaba leyendo un artículo de Laura Nader del año 1981, titulado Barriers to Thinking New About Energy. La profesora Nader es una antropologa de la Universidad de Berkeley (California), que en los 1970s participó como experta en el Committee on Nuclear and Alternative Energy Sistems, impusado por el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos. En este artículo relata su estupor como antropologa en el seno de estas reuniones, en las que según ella te puedes expresar libremente, siempre y cuando te mantengas dentro del ámbito del pensamiento compartido. Para que me entiendan, ella cita una frase de uno de los asistentes que venía a decir que como «esto» (construir un determinado tipo de reactores) es lo que vamos a hacer, hemos traído aquí dos expertos para que discutan la cuestión…»

Ante ello, Laura Nader niega la mayor: ¿Por qué ya es un hecho que «esto» se va a hacer? ¿Por qué nadie se lo cuestiona?. La respuesta a esta pregunta está implicita en el título de su artículo: el «esto» se da como un hecho y no se cuestiona porque el pensamiento energético tiene barreras, siempre se ubica dentro del territorio de los «expertos» energéticos, que son los que trabajan en y/o para la industria. El paradigma obliga a un pensamiento normal, a el habitual. Siguiendo el hilo de este razonamiento, la profesora acaba diciendo que la dificultad de los tiempos presentes (en los primeros 1980s, después de los dos shocks del petróleo y del accidente nuclear de Three Mile Island) no se debe a la escasez de recursos naturales, sino a la ausencia de nuevas ideas. Así -y esto lo añado yo, aunque está implícito en el texto- la crisis energética vendrá no por la escasez de fuentes fósiles, sino por la escasez de ideas.

Algo así barrunté el pasado viernes, cuando leí la noticia que inspira esta entrada. Pues la tristeza de lo que ésta relata, no es que se vaya a realizar otra nueva mega-infraestructura energética, sino el cómo ello se justifica. Aquí también, el «esto» no se cuestiona, pues en Estados Unidos, y cada vez se tienen más pruebas de ello, la percepción de que su función en el mundo pasa por ser capaz de controlar en propio territorio -o muy amigo, como el de Canadá- los recursos fósiles, al coste y precio que sea. En esa idea coinciden amplios sectores de la sociedad, y por ello, no cabe esparar ninguna nueva propuesta sobre cuestiones energéticas, ni de un Presidente tan supuestamente «moderno» como Obama. Los problemas que esta decisión conlleve no serán debidos a la escasez de petróleo, sino a que se optó por él, por no pensar de forma distinta.

Un aspecto que me ha divertido del texto de Laura Nader es cuando cuenta que le pidió a un filólogo que le acompañara a las reuniones para valorar con precisión lo que allí escuchaba. Quiénes sigan este blog, ya sabrán que esta es otra de mis fijaciones, pero, ya me perdonarán, no puedo evitarlo, cuando leo ciertas cosas.

Según el NYT, Obama basará su decisión en un dato: el de las emisiones de CO2. Piénsenlo una decisión que afectará la vida -el ecosistema- de casi todo el largo de Estados Unidos de América, se define como límpia, porque los «expertos» aportan un número.No quiero frivolizar sobre el efecto ambiental de las emisiones de CO2, pero lo implícito de esta forma de pensar es: a) la única forma -oficial- de valorar la contaminación son las emisiones directas de CO2, y b) el dato emisión de CO2 se acepta como indicador sintético de los efectos -sean los que fueren- de cualquier política energética.

La primera consecuencia de ello es que pasamos a definir como «energía límpia», cualquiera que se considere que no emite directamente CO2. Ese es el stándard de la sostenibilidad. Así vemos como la energía nuclear, la fósil con instrumentos de captura de carbono, o cualquiera de las infraestructuras asociadas a ellas, pasan a ser formas de generar y emplear energía límpias y, por tanto, sostenibles. Un corolario de ello, es que se pasa a valorar las políticas energéticas-ambientales, en función de una cifra -que además, pequeño detalle, vendemos en los mercados de CO2- y no de las complejas relaciones de poder que subyacen detrás de cualquier opción energética. Si se acaba aprobando en Keystone XL, lo de menos será cuanto más o menos CO2 se emitirá, y lo de más, cuántas más personas dependerán para sus necesidades básicas del acceso a una fuente de energía centralizada, cuánto territorio hemos hipotecado, cuánta población se ha desplazado…

Por otra parte, al reducir el impacto de las políticas a una cifra, ya no es necesario dar argumentos ni a favor ni en contra de una u otra política energética, pues la bondad o maldad de la misma se reduce a eso, un simple número. En el límite del mismo, podemos dejar de razonar.

En definitiva, una combinación letal en la que los arteros filólogos del sector definen como límpio lo que no lo es, en la que los taimados expertos convierten en una cifra lo que no quieren o no saben explicar y en la que los mediocres políticos se sienten más cómodos siguiendo el dicatado de un dato que interpretando la voluntad popular.

Ideología (neoliberal) en estado puro

Me dice mi madre, que como se pueden imaginar, es mi mayor seguidora, «hija esta entrada está muy bien, pero no te la va a leer nadie». El nadie no es tal, pues siempre hay alguien al otro lado. Pero cierto es que, cuando lo dice, las estadísticas de visitas son menores. La entrada de hace un par de días fue una de esas, así que voy a probar con otra cosa más actual. Ayer leí una noticia que me dejó helada. Helada, porque parecía banal, pero que leída entre líneas era ideología neoliberal en estado puro. Me recordó una de las frases que más me impactó de la película 12 years a slave, en la que el amo dice, mientras fustiga sin piedad a una mujer, «no cometo ningún pecado, es mi propiedad y con ella puedo hacer lo que quiera». Como, de hecho, hace. Bueno, pues David Cameron, aunque aparentemente con menor violencia, debe pensar lo mismo. Si el shale gas se encuentra debajo de «un solar» de alguien, como éste es de su propiedad, podrá hacer lo que quiera con él. Así, si se fija un precio, el o la propietaria podrán decidir entre «vender» o no -si dejar perforar o no. Eso es lo racional, escoger en función del precio, entre fracking o no fracking en el «jardín de tu propia casa». Digo esto, porque parece que David Cameron, el primer ministro británico, ha tildado de irracionales a los que están en contra del fracking. No sé si irracionales, porque no quieren entrar en ese juego de libre elección o, irracionales, porque no se ha atrevido a llamarles estúpidos. Sea lo que fuere, lo encuentro tremendo, pues el premier británico está llamando irracionales a buena parte de la población del Reino Unido, que, huelga decir, él debería representar y proteger. Al hacer una afirmación de este tipo, se olvida de que él es el representante de todos, de los «irracionales» y de los otros. Da igual, si son muchos o pocos. Desde el momento en que ganas unas elecciones, pasas a ser el gobernante de todos. Por ello, que Cameron haga partidismo en vez de velar por el Interés general, no es de recibo. Pero, todavía me parece más alarmante que su argumento para defender «su» opción sea un descalificativo, dirigido a los que piensan distinto de él. En definitiva, el anatema del contrato social rousseauniano.

Pero, la cosa no acaba aquí. David Cameron, según relata la notica, después de decir estas lindezas abogó para que cada hogar sea compensado individualmente por los inconvenientes que les pudiera causar la extracción de gas cerca de su casa. Es decir, el ministro favorece que cada persona, puede vender «su parcela» al precio que se acorde. Es decir, optar o no, individualmente, por el shale gas, resultado de una decisión individual entre «alquilar» o no. Es decir, dejemos que el mercado decida libremente. Lo que nos lleva a pensar que la política energética del Reino Unido, como sospecho que fue la de inicios del Siglo XX, dependerá fundamentalmente de la necesidad, codicia o principios de cada uno. Y no de lo que sería deseable para todos..

Otra perla del plan que anunció Cameron es que éste prevé que las autoridades locales retengan el 100% de los beneficios que pudieran surgir por la explotación del shale gas y, además, el ministro querría establecer trusts comunitarios para gestión de estos fondos. Es decir, no sé si conscientemente o no, pero el ministro postula por acabar con la equidad territorial y por la privatización de la descentralización: que gestionen los recursos conglomerados financieros, en vez de ayuntamientos y otros gobiernos locales ¿Qué les voy a decir?, pues que ¡tremendo, también! Claro que, si una lo piensa, después de haberse cargado el pacto social y de haber individualizado la política energética, supongo que ya, esto último, debe ser lo de menos.

Hoy, sin embargo, para mi satisfacción, le ha llegado el tirón de orejas de los de su bando:  British Petroleum en su último informe afirma que el shale gas poco contribuirá a la reducción del cambio climático. Sé que esto no es estar en contra del shale gas, pero también creo que muchos de los que se han creído que el gas, mientras no llega Eldorado, es la mejor de las opciones posible, puedan ver tambalear sus creencias. Esto podría ser un batacazo a Cameron y cuadrilla. Me pregunto si, ahora, ¿éste también tildará de irracional a BP?

La estafa de la factura del gas

Creo que es la primera vez que hago una entrada delegada en este blog. Ésta responde a la faceta de denuncia de Nuevas Cartografías de la Energía y pretende llamar la atención sobre un fenómeno que algunos activistas como Manuel Fernández están empezando a denunciar.

Se trata de la factura del gas, un problema tanto o más grave que el de la factura eléctrica, pero que está siendo enmascarado por la mayor vistosidad de las actuaciones del oligopolio eléctrico que, dicho sea de paso, son «amiguitos» de los del gas. Ya publiqué una entrada dedicada a este asunto. En ella, siguiendo la información que mi colega, António Sánchez Andrés, de la Universitat de València me había proporcionado, explicaba que, en España, el 55% del precio final del gas se debe a la comercialización. Porcentaje que, si se compara con el de nuestros vecinos, es escandaloso. Ello, entre otras cosas, porque en el caso del gas nos enfrentamos, directamente, al «gran» monopolio, pues sólo una empresa, Gas Natural-Fenosa, controla el 60% del mercado español.

A lo largo de mis entradas, ya he ido mencionando otras cosas «sucias» relacionas con el gas, ya que, sobre la base de que ésta es la energía fósil más «limpia», se ha creado en el mundo una industria que directa o indirectamente favorece que surja el terrorismo en lugares como Argelia, alimenta la pobreza energética, y la esclavitud en Qatar; mientras, que en España, ocasiona el «famoso» déficit de tarifa, pues la innecesaria construcción de un exceso de capacidad, ha llevado a que las compañías consideren que los ciudadanos somos los que hemos de pagar.

Por si todo ello pareciera poco, me ha sido transmitido un informe elaborado por Manuel Fernández, un ingeniero, que tras haber asesorado a varias comunidades de vecinos, tal como él mismo cuenta, ha llegado a la conclusión de que se está produciendo una sobre-facturación del gas; siendo, además, el servicio suministrado peor de lo prometido, pues en los periodos de gran demanda energética por bajas temperaturas, las calderas funcionando a tope a veces no alcanzan las potencias nominales y no son capaces de proporcionar el confort esperado. Él sostiene que el origen de ello se debe a que la medición de consumo de gas se efectúa, en los contadores, por volumen del gas consumido, mientras la factura nos cobra KWh empleados.

Para hacer esta transformación, el Gestor de la Red (ENAGAS) calcula un coeficiente de conversión, pero éste se calcula en determinados puntos de la red de distribución y en determinadas condiciones de presión y temperatura que no tienen porqué coincidir con las que se dan en los puntos de consumo final de los usuarios. De hecho, Manuel cuenta que cuando el frío arrecia, y las calefacciones van a tope,se produce una disminución en la presión del suministro que, fuere por que el volumen (densidad) de gas que llega a nuestras casas baja -lo que debería reducir el factor de conversión- o fuere porque para compensar la pérdida de presión se introduce aire sin poder calorífico, conduce a facturaciones por encima de lo debido.

Ante todo ello, el hombre, ha intentado denunciarlo en la OCU, de la cual es socio, y ha intentado que Jordi Évole dedicara un Salvados a la cuestión, pero, por ahora, no ha tenido éxito. La prueba más evidente es que lo estoy denunciando yo en este, más que modesto, blog. Pero, nunca se sabe, tal vez entre alguno o alguna de mis lectores o seguidoras, alguien le podrá ayudar. La verdad es que la causa es justa. Como lo son todas las relacionadas con la lucha contra la arbitrariedad del oligopolio energético. Ocurre en España, pero también en otros lugares. Aquí, en el Reino Unido, ayer el periódico nos contaba que las Big Six ya han cobrado a sus clientes más de mil millones de Libras esterlinas por unas reformas que no han realizado. Estas medidas iban destinadas a aislar las casas para hacerlas energéticamente más eficientes, especialmente la de aquellas familias con mayor riesgo de padecer pobreza energética. El chollo, para ellas ha sido cobrarlo en la factura, pero no realizarlo.

Entre este escandaloso caso y los de España sólo hay una diferencia, que las puertas giratorias en el Reino Unido no parecen estar tan engrasadas como allí, pues afortunadamente destacados parlamentarios lo han denunciado, y lo mismo ha hecho John Major que, hace unos días, para horror de su sucesor de partido en el 10 de Downing Street, declaró que no podía ser que los británicos tuvieran que escoger entre comer o calentarse. Ojalá, alguno de «los nuestros» fuera igual, pues para mi el horror no es que las empresas usen el poder que tienen, la ignominia es que se les ponga la alfombra roja para hacerlo.

Después de Hinkley Point, dejémonos de hipocresías

Esta mañana estaba escribiendo otra entrada, una más acorde a mis filias del momento, pero, hoy, en este lugar del mundo en el que ahora me encuentro viviendo, la radio y la prensa, supongo que también al televisión, no han dejado de anunciar que por primera vez en casi tres décadas (la última creo que fue de 1987) se había llegado a un acuerdo para construir una nueva central nuclear en el Reino Unido. Así que he cambiado el rumbo. No me extenderé mucho, pero es tal la barbaridad, que hasta George Montbiot –un pragmático pro-nuclear, desde que la tragedia de la planta Daichii en Fukushima volviera a dar protagonismo al carbón- en su comentario de hoy, hablaba en contra del proyecto. E, incluso, el conservador Financial Times matiza la apuesta nuclear actual.

En El País de hoy, en algo que suena elogioso se puede leer la siguiente frase: por encima de todo, el proyecto de Hinkley Point tiene el potencial de dar un vuelco a la industria nuclear porque propone un nuevo modelo… Les cuento el nuevo modelo, previsto a día de hoy. Es el resultado de una mente tan bellaca como la de los de UNESA. El nuevo modelo es, vamos a construir una central nuclear -parece, según Montbiot, tecnología no de última generación-, cuyos miles de millones de € serán pagados por eléctricas. A cambio, pero, el gobierno asegura un acuerdo de 35 años según el cual el MwH se pagará a 92,5£. Según lo que he escuchado hoy, este importe es más del doble de lo que actualmente cuesta la misma cantidad de energía. Según nos dice el The Guardian, ello supone un coste de unos 4,2 millones de € al día. Aquí no se acaba la cosa, para evitar menoscabo en la rentas futuras, se asegura a las eléctricas que el precio del KwH se indexará (a lo largo de 35 años) en función de a inflación. Es decir, el gobierno neoliberal del Reino Unido acaba de firmar un contrato para la construcción de una nuclear que vale un Potosí, mucho más que cualquier otra opción; fija unilateralmente el precio -de mercado, se entiende, ¿no? (Sic!)- y lo mantiene indexado por 35 años, para que los contribuyentes, cuyos salarios no corren la misma suerte, lo vayan pagando, generación tras generación. Creo que este es uno de esos casos, que habla por si mismo, máxime cuando esta central nuclear, en el mejor de los casos, empezará a funcionar de aquí diez años, lo que es un lapso de tiempo enorme para el desarrollo -o mejora- de otras tecnologías.

De todo este desaguisado, dos cosas me dan una rabia terrible. La primera, es que este es un caso «de manual», pues después de una inversión tal, los británicos quedarán 40 años más prisioneros de la amortización de esta central; pues se les dirá, como se nos dice ahora, «que sí, que claro, que son mejores otras opciones, pero que ahora que ya están construidas y funcionando, nada es ya más barato que el KwH generado en ellas». Es decir, entre los 10 años de puesta en marcha y los 40 de funcionamiento, perdemos 50 años para apostar por un nuevo modelo energético. Esto da mucho coraje, pero lo que ya es colmo es el cinismo y la hipocresía: el Gobierno del Reino Unido -y entiendo que la industria energética del país- apuesta por las nucleares porque les gustan más, porque casan mejor con su forma de pensar y de ver el mundo, porque casan mejor con su ideología y mantienen las estructuras de poder vigentes. Es así, y no hay otra razón. Lo he dicho muchas veces, no soy ingeniera y hay muchos aspectos técnicos que soy incapaz de valorar, pero mi sentido común, más que mi formación de economista, sí que me permite ver que esta es la opción menos «competitiva» de todas: es la más cara y la que lleva más costes asociados a largo plazo.

Mi único consuelo, es que ya nadie me discutirá que cuando se opta por una forma u otra de producir energía, el coste es lo de menos. Este ejemplo lo demuestra. La casualidad ha querido que, hoy, mientras escuchaba los comentarios sobre este descabellado proyecto nuclear, fuera leyendo una historia sobre la red eléctrica en este mismo país, el Reino Unido. En ella, queda claro que a finales del Siglo XIX se optó por el alumbrado eléctrico, a pesar de que costaba más del doble del, ya vigente, alumbrado de gas. Entonces, todavía quedaban muchos aspectos técnicos por resolver, pero así se hizo. Costaba el doble y no se sabía cómo evolucionaría la industria, pero se optó por el nuevo sistema, porque se pensó que sería mejor. En este caso, la historia puede haberles dado la razón, pero eso no quita el hecho de que la decisión no viniera determinada por «el coste». La diferencia, entre entonces y ahora, está en que en el Siglo XIX se trataba de imponer el progreso. Hoy, por el contrario, de lo que se trata es de mantener lo que desde los años 1950s no ha funcionado. Podemos seguir esperando al Godot nuclear -la fusión-, pero a este paso ya no quedará nadie; o nadie que pueda pagar su factura.

Independentismo, nacionalismo y descentralización energética

Por razones que no acabo de adivinar, estos últimos días estoy falta de ideas e inspiración; tampoco hoy, éstas me sobran, pero, siendo ayer un día especialmente relevante en el lugar en que vivo, Cataluña, he decido introducir algunos elementos al debate independentista que está asolando esta pequeña parte del mundo.

Ayer, hubo cientos de miles de personas en Cataluña exteriorizando su deseo vivir en un estado independiente. Tal como lo siento en este momento, y no lo pensaba hace un tiempo, mucha de la gente que hoy está en cualquiera de las múltiples celebraciones que están sucediendo, lo único que siente es eso, un deseo, una emoción un sentimiento -contagiado, genuino, manipulado, madurado…, me da igual-de que legalmente su situación en el seno de la Península Ibérica cambie. En otras palabras, quieren una espacio en el que se pueda establecer un ordenamiento propio, con una autoridad propia. No tengo tan claro, sin embargo si toda esta gente, más allá del deseo, se imagina cómo será -caso que exista- este futuro espacio político propio.

Mi intuición es que se imaginan un fractal de un estado-nación más amplio, en el que todo será igual, salvo los símbolos nacionales. Mi opinión es que si la secesión de Cataluña llegara a producirse, en el ámbito energético, hay la posibilidad del uso de dos tipos de fuentes energéticas -renovables y fósiles-, que generen dos modelos energéticos -distintas formas de producir y usar la energía final, la centralizada y la descentralizada-, que se conformarían en tres posibles tipos de relación con España. Ante ello, ¿Cuáles podrían ser los escenarios energéticos para una Cataluña independiente? Se me ocurren tres posibles:

1) El escenario en el que no se cambia nada a la situación actual. Se sigue con las mismas empresas y la misma red y lo único que ocurre es que cuando la red pasa -en un sentido u otro- por Aragón o Valencia, cambia de país. En un contexto como el actual, en el que la «política energética», como ya venimos explicando en este blog, ha dejado de ser un servicio público y, por tanto no sujeta al «interés general», ello no debería suponer ningún tipo de problema, más allá de llegar a algunos acuerdos con los gestores de las redes, eléctricas y de hidrocarburos, pues, de facto, el significado del la Ley 54/1997, como ya expliqué, es que el «interés general» de los españoles desaparece. Recuerdo que en España, son las empresas privadas las que deciden. Así si las usuarios finales (desde el Govern al último hogar en Cataluña) tuvieren demanda efectiva -capacidad adquisitiva suficiente para pagar las facturas-, no debería haber ningún problema. De hecho, en parte, esta situación ya existe con Portugal. En este caso, tal vez Cataluña sería políticamente independiente, pero energéticamente tendríamos las mismas dependencias de los grandes lobbies eléctricos y petroleros y, por lo mismo que en España, no tendríamos una política energética que, en puridad, se pudiera llamar nacional; y, evidentemente, formaríamos parte de un modelo centralizado.

Así, si esta fuera la opción, la independencia política no traería nada distinto, ni bueno a los catalanes.

2) El segundo escenario sería no cuestionar el modelo, pero, junto con la independencia cercenar -real o metafóricamente- la red y expropiar el resto del instalaciones del sistema eléctrico-energético en el territorio. Este sería el caso, fractal puro: reproducir lo que ya existe a una escala más pequeña. En las circunstancias actuales, puesto que como muestra Carles Riba i Romeva, Cataluña es la zona de España que más depende de los hidrocarburos y de la energía nuclear, lo más probable sería que la situación energética de los catalanes empeorara todavía más. Perderíamos algunos de los aspectos positivos de las economías de escala que da un «mercado» más amplio; proporcionalmente la energía de origen fósil y nuclear sería más costosa y, seríamos la isla, dentro de la isla energética que ya es España, pues no veo razón para que Francia deje hacer a Cataluña -inter-conectarse e integrarse en la red europea- lo que nunca ha dejado hacer a España. Así, en este caso, la independencia política traería menor independencia energética -de las fuentes energéticas-; un cierto componente nacional, pues tal vez la petroquímica en Tarragona o la nuclear de Vandellós fueran de empresas de catalanes o gestionadas directamente por el Gobierno catalán, pero seguiríamos con muchos de los problemas de una estructura de la industria centralizada y verticalmente integrada. Por todo ello, puestos a escoger, esta opción es, desde mi punto de vista, peor que la anterior, aunque reconozco que si de verdad se pudieran crear unas empresas nacionales y estatales fuertes, las cosas, al menos para las usuarios finales, podrían ser mejores. Sin embargo, descarto esta opción porque en las circunstancias actuales me cuesta imaginar que las grandes transnacionales energéticas permitieran tal política nacional a la «antigua usanza».

3) El tercer escenario es que la independencia política trajera un nuevo modelo energético. Una secesión energética que creara un nuevo modelo, que por surgir de un territorio relativamente pequeño y sin otros recursos que el sol, el viento y el agua, lógicamente debería ser renovable y descentralizado. Como he argumentado y afirmado en varías de las entradas de este blog, esta es la mejor opción para tod@s los ciudadan@s del mundo. Este sería realmente el único modelo independiente -de las fuentes y de los monopolios energéticos-, local, distribuido y descentralizado. Sin embargo, como explicó Lewis Mumford, Armory Lovins y Hermann Scheer, por citar a algunos autores de referencia; y como defienden aquí cooperativas como Som Energia y el Col.lectiu per un nou model energétic i social sostenible (CMES), así como tantos otros, apostar por este tipo de modelo es apostar por un modelo político distinto, local, verdaderamente participativo y democrático. Ello, desde mi punto de vista, es sentar las bases para una nueva forma de hacer política basada en el profundo convencimiento que un o una ciudadana por el hecho de serlo es un sujeto político y de derecho; basada en el convencimiento que lo que garantiza nuestros derechos fundamentales es la forma de organización de la polis; y, basada en el convencimiento, que las democracias se construyen en horizontal y no en vertical. Todo ello, va mucho más allá del sentimiento nacional y tiene que ver con la razón.

Por tanto, después de ayer, donde quedó claro que, hoy, ese sentimiento existe para muchos, lo que nos queda es preguntar si seremos capaces de crear una forma política distinta de la actual. Para responder a ello podríamos empezar construyendo algo más «pequeño» como un nuevo modelo energético, local y descentralizado. Si la «política» ayuda a que los ciudadanos construyamos esta base para sostener la organización política del futuro, canalizar alguna especie de espacio político catalán, distinto del actual, podría merecer la pena. Caso contrario, mejor nos olvidamos, pues para vivir con lo mismo, pero con otro pasaporte, el calvario, sufrimiento y frustración que este proceso puede suponer a ambos lados de «la frontera», desde mi punto de vista, será vano.

Guest contribution: The Spanish electricity market – a critical review

Una contribución mía como autora invitada en Energy Vulnerability and Urban Transitions

People and Energy Collective

Following the discussion started in our previous post about energy poverty in Spain, guest contributor Aurèlia Mañé Estrada (University of Barcelona) gives us her critical views about the failures of the Spanish electricity market and recent legislative proposals presented by the Spanish governments last June 19^th. Professor Mañé Estrada holds a PhD degree from the University of Barcelona, where she currently teaches subjects related to economic policy and international energy systems and relations. She is is a member of the University of Barcelona’s Economic Transition Analysis Group (GATE) and the author of the blog Nuevas cartografías de la energía.

The Spanish electricity market – a critical review

Some days ago two new proposals of law dealing with both the renewable energy generation and self-consumption were presented for public discussion by the government in Spain. It is still too early to evaluate the actual aftermath of both proposals…

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