Doblete de tarifa elèctrica a la Directa

En el marc d’una col·laboració entre la Directa i el Seminari d’economia crítica Taifa, aquest medi està publicant una sèrie d’articles que donen a conèixer el contingut de l’Informe sobre la despossessió de la vida quotidiana. Per cert, amb unes fantàstiques il·lustracions

En els darrers mesos han publicat un parell d’articles, escrits per mi mateixa sobre com la tarifa elèctrica a Espanya ha passat de ser un dels mecanismes de redistribució de l’estat a ser un mecanisme de despossessió.

Si us interessa la seva lectura; el primer va ser publicat el darrer 3 d’abril amb el títol, Tarifa elèctrica: d’instrument de redistribució a mecanisme de despossessió, i el segon, el 7 de maig amb el títol Tarifa elèctrica: el misteri de la factura de la llum.

Desitjo que gaudiu de la lectura, i, a veure què decideixo aquestes vacances sobre la continuïtat d’aquest blog.

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El déficit de tarifa como mecanismo de desposesión o Intentando entender la factura eléctrica (7)

Hace unas semanas, después de muchos meses de trabajo, el Seminario Taifa publicó su undécimo Informe de Economía. Éste, que se puede adquirir en papel o descargar en línea, se titula La desposesión de la vida cotidiana.

Es un trabajo colectivo en el que se pretende explicar cómo la crisis, y sobre todo cómo las estrategias del capital para salir de la misma, inciden en las cuestiones más básicas de nuestra vida cotidiana. Entre estas cuestiones, también se dedica un capítulo a la cuestión del llamado “déficit de tarifa”.

La redacción de este capítulo (páginas 111-126 del pdf o singularizado en htlm), cuyo título reza ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? corrió de mi cuenta y en él se hace una interpretación de Economía política sobre el significado de la factura. Así, en el informe ésta se explica como el resultado de un conflicto de poder.

Para animar a la lectura del informe, presento aquí algunos highlights del citado capítulo, aunque releyendo el cómo me ha quedado, de tostón, esta entrada, estoy segura que la lectura directa del informe será más ligera, coherente, instructiva y amena.

¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se divide en cuatro grandes apartados.

En el primero, que coincide con la introducción, se realiza una breve explicación sobre la función política-económica- de la factura. En esta introducción se cuenta cuál debería ser la función de la tarifa eléctrica -que se refleja en la factura. Ésta, conceptualmente, está pensada como un instrumento de redistribución, para que en un espacio político determinado, sea un municipio, una región, un estado o una entidad supranacional, todo el mundo tenga el mismo derecho de uso de electricidad y al mismo precio. A partir de esta definición, se apunta a que, como otros instrumentos redistributivos en el mundo contemporáneo, la factura de la luz se puede acabar convirtiendo en un mecanismo para la transferencia de ingresos diversos (de recursos) desde el conjunto de la sociedad hacia el sector eléctrico.

El segundo apartado parte del gráfico que muestro a continuación. El objetivo del mismo es ilustrar sobre los elementos  que inciden el el sistema eléctrico y que, por ello, han de tener reflejo el el coste y precio final de la energía; el que se acaba reflejando en la factura.

Electricas

Este gráfico es útil para visualizar que entre la factura que -y perdón por la redundancia- facturan las compañías eléctricas y los usuarios finales, hay todo “un mundo” de actividades y de potenciales conflictos entre quienes generan electricidad a partir de distintas fuentes (parte superior del gráfico), entre quienes realizan distintas actividades en la cadena eléctrica (parte central del gráfico) y entre los propietarios de las empresas, que quieren obtener el máximo posible de beneficios y la autoridad política distribuidora o reguladora.

De ahí, que en el texto se sostenga que el precio final de la electricidad será el resultado de cómo se acabe resolviendo el conflicto existente entre los distintos tipos  de agentes que intervienen en el sistema eléctrico (propietarios de empresas de diverso tipo, el regulador público y los usuarios finales).

La tercera parte de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se introduce con un gráfico, de Iberdrola -el mismo serviría para Endesa u otra empresa del oligopolio eléctrico de la Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA).

grafico23

En este gráfico queda muy claro que menos del 40% de la factura se debe a los costes reales de generación, transporte, distribución y comercialización de la actividad. Por tanto, la pregunta que surge al mirar este “quesito” es obvia: ¡¿a qué se debe el más del 60% que las familias y empresas españolas pagamos mensualmente?!

La respuesta de Iberdrola  es que ese 60% “no va con ella”, ya que en su opinión se trata de impuestos y recargos ajenos, debidos a la mano de los políticos y de los reguladores. Obviamente, esta no es la respuesta que el Seminario Taifa da a ese 60%.

Nuestra explicación es que ese “misterioso” porcentaje es el precio que en España se paga por un conflicto no resuelto: el que existe entre el oligopolio de UNESA  y el resto de la sociedad. Conflicto, extremadamente  asimétrico y cuyo resultado siempre favorece, en mayor o menor medida, al primero. Es decir a las empresas que históricamente -aunque posteriormente se añadiera la electricidad nuclear y al gas- han generado la electricidad a partir de grandes centrales hidroeléctricas o térmicas y que, además, han controlado el ciclo completo del proceso, desde la generación a la comercialización.

Con esta explicación en la mano, el informe entra de lleno a explicar los distintos componentes que, hoy, configuran el “misterioso” 60%. Argumentamos que éstos se corresponden a una compensación –regulada- que el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a UNESA, reclama a la administración ante el riesgo potencial de perdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio. Así, el 62% restante que, según Iberdrola es ajeno a ella, es una compensación que recibe el club de las eléctricas las eléctricas o el mecanismo financiero de adaptación de las empresas “históricas” a los cambios en la industria (aparición de nuevas técnicas de generación) y a los cambios en el sector (nuevos agentes competidores o cambios en el contenido y la regulación del “servicio público”).

Ante esta conclusión, se propone una nueva forma de clasificar los componentes de la factura eléctrica. Como verán aquellos y aquellas que se animen a leer el informe, esta nueva clasificación no explica por qué nuestra factura eléctrica es una de las más altas de Europa, sino por qué en ella se paga por partidas tan peculiares como -sin ser exhaustiva-“Pagos por Capacidad”, “Contratos de interrumpibilidad”, “Costes de Transición a la Competencia”, “Pago Déficit de tarifa” o “Adquisición Régimen especial y Primas de Régimen especial”.

Por último, en la parte final, el informe cuenta cómo la factura eléctrica, gracias al “invento” contable del déficit de tarifa se transforma en un formidable mecanismo de desposesión. Basten un par de cifras, para hacernos una idea de la magnitud de fenómeno.En 2002, la deuda reconocida por el déficit de tarifa era de unos 1.200 millones de euros (M€). En 2014, superaba los 30.000 M€. Es decir, en España contablemente, cada ciudadano/a debe más de 600 € a las eléctricas y, según parece, como resultado de su titulación, los devolveremos en 15 años a un tipo de interés del 4,76%. La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, es la que, finalmente, conduce a un proceso de doble desposesión.

La desposesión producida por una constante transferencia de renta desde los hogares y las empresas no energéticas españolas hacia los accionistas del sector eléctrico. Y, la desposesión producida por una transferencia de renta y de patrimonio natural (pantanos, vientos, sol y territorio) desde España a fondos de inversión extranjeros y soberanos del mundo, lo que también incide en un empobrecimiento relativo de este territorio a escala global.

Ante ello, el informe concluye citando a don Alberto Bosch, quién, en 1899, al apoyar en el Senado la proposición de Ley sobre la “Servidumbre forzosa de corriente eléctrica”, declaraba estar (…) convencido de que entre las desamortizaciones ninguna más provechosa que la desamortización de la Naturaleza (…).

No prometo nada, pero si después de este breve resumen, todavía hay ánimo para leer el texto completo de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? (así como el conjunto del undécimo Informe Económico del Seminario Taifa), puede que quien lo intente entienda un poco más el complicado mecanismo de fijación del precio de la electricidad en España.

Yo, al menos, al escribirlo me he clarificado mucho las ideas y creo que puedo decir que ya entiendo qué se esconde detrás de la factura eléctrica. Ha sido necesario el tiempo de siete entradas de este blog, la primera de las cuales está fechada en Marzo de 2012 y la que precede a esta, en la serie Intentando entender la factura eléctrica, de junio de 2013, para entender qué hay detrás de tan enmarañado documento. Creo que con el trabajo realizado en el Informe de Taifay esta séptima entrada, doy por cerrada la serie “Intentando entender la factura eléctrica”.

 

La estafa de la factura del gas

Creo que es la primera vez que hago una entrada delegada en este blog. Ésta responde a la faceta de denuncia de Nuevas Cartografías de la Energía y pretende llamar la atención sobre un fenómeno que algunos activistas como Manuel Fernández están empezando a denunciar.

Se trata de la factura del gas, un problema tanto o más grave que el de la factura eléctrica, pero que está siendo enmascarado por la mayor vistosidad de las actuaciones del oligopolio eléctrico que, dicho sea de paso, son “amiguitos” de los del gas. Ya publiqué una entrada dedicada a este asunto. En ella, siguiendo la información que mi colega, António Sánchez Andrés, de la Universitat de València me había proporcionado, explicaba que, en España, el 55% del precio final del gas se debe a la comercialización. Porcentaje que, si se compara con el de nuestros vecinos, es escandaloso. Ello, entre otras cosas, porque en el caso del gas nos enfrentamos, directamente, al “gran” monopolio, pues sólo una empresa, Gas Natural-Fenosa, controla el 60% del mercado español.

A lo largo de mis entradas, ya he ido mencionando otras cosas “sucias” relacionas con el gas, ya que, sobre la base de que ésta es la energía fósil más “limpia”, se ha creado en el mundo una industria que directa o indirectamente favorece que surja el terrorismo en lugares como Argelia, alimenta la pobreza energética, y la esclavitud en Qatar; mientras, que en España, ocasiona el “famoso” déficit de tarifa, pues la innecesaria construcción de un exceso de capacidad, ha llevado a que las compañías consideren que los ciudadanos somos los que hemos de pagar.

Por si todo ello pareciera poco, me ha sido transmitido un informe elaborado por Manuel Fernández, un ingeniero, que tras haber asesorado a varias comunidades de vecinos, tal como él mismo cuenta, ha llegado a la conclusión de que se está produciendo una sobre-facturación del gas; siendo, además, el servicio suministrado peor de lo prometido, pues en los periodos de gran demanda energética por bajas temperaturas, las calderas funcionando a tope a veces no alcanzan las potencias nominales y no son capaces de proporcionar el confort esperado. Él sostiene que el origen de ello se debe a que la medición de consumo de gas se efectúa, en los contadores, por volumen del gas consumido, mientras la factura nos cobra KWh empleados.

Para hacer esta transformación, el Gestor de la Red (ENAGAS) calcula un coeficiente de conversión, pero éste se calcula en determinados puntos de la red de distribución y en determinadas condiciones de presión y temperatura que no tienen porqué coincidir con las que se dan en los puntos de consumo final de los usuarios. De hecho, Manuel cuenta que cuando el frío arrecia, y las calefacciones van a tope,se produce una disminución en la presión del suministro que, fuere por que el volumen (densidad) de gas que llega a nuestras casas baja -lo que debería reducir el factor de conversión- o fuere porque para compensar la pérdida de presión se introduce aire sin poder calorífico, conduce a facturaciones por encima de lo debido.

Ante todo ello, el hombre, ha intentado denunciarlo en la OCU, de la cual es socio, y ha intentado que Jordi Évole dedicara un Salvados a la cuestión, pero, por ahora, no ha tenido éxito. La prueba más evidente es que lo estoy denunciando yo en este, más que modesto, blog. Pero, nunca se sabe, tal vez entre alguno o alguna de mis lectores o seguidoras, alguien le podrá ayudar. La verdad es que la causa es justa. Como lo son todas las relacionadas con la lucha contra la arbitrariedad del oligopolio energético. Ocurre en España, pero también en otros lugares. Aquí, en el Reino Unido, ayer el periódico nos contaba que las Big Six ya han cobrado a sus clientes más de mil millones de Libras esterlinas por unas reformas que no han realizado. Estas medidas iban destinadas a aislar las casas para hacerlas energéticamente más eficientes, especialmente la de aquellas familias con mayor riesgo de padecer pobreza energética. El chollo, para ellas ha sido cobrarlo en la factura, pero no realizarlo.

Entre este escandaloso caso y los de España sólo hay una diferencia, que las puertas giratorias en el Reino Unido no parecen estar tan engrasadas como allí, pues afortunadamente destacados parlamentarios lo han denunciado, y lo mismo ha hecho John Major que, hace unos días, para horror de su sucesor de partido en el 10 de Downing Street, declaró que no podía ser que los británicos tuvieran que escoger entre comer o calentarse. Ojalá, alguno de “los nuestros” fuera igual, pues para mi el horror no es que las empresas usen el poder que tienen, la ignominia es que se les ponga la alfombra roja para hacerlo.

Guest contribution: The Spanish electricity market – a critical review

Una contribución mía como autora invitada en Energy Vulnerability and Urban Transitions

Energy Vulnerability and Urban Transitions

Following the discussion started in our previous post about energy poverty in Spain, guest contributor Aurèlia Mañé Estrada (University of Barcelona) gives us her critical views about the failures of the Spanish electricity market and recent legislative proposals presented by the Spanish governments last June 19th. Professor Mañé Estrada holds a PhD degree from the University of Barcelona, where she currently teaches subjects related to economic policy and international energy systems and relations. She is is a member of the University of Barcelona’s Economic Transition Analysis Group (GATE) and the author of the blog Nuevas cartografías de la energía.

The Spanish electricity market – a critical review

Some days ago two new proposals of law dealing with both the renewable energy generation and self-consumption were presented for public discussion by the government in Spain. It is still too early to evaluate the actual aftermath of both proposals…

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Reformas en el sector eléctrico ¿Y si el infierno existiera?

Estos días el “mundo energético” está siendo sacudido por una serie de propuestas de Real Decreto, entre las que destacan las que regulan el autoconsumo y la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  Esta última propuesta me la hizo llegar un amigo de la blogosfera, trabajador del sector eléctrico renovable y muy preocupado por su futuro laboral y el de sus colegas. Él interpreta mejor que yo el significado contable de la propuesta, pero consideró que uno de mis comentarios sobre la exposición de motivos de la misma merecía una entrada en este blog. Así que allá voy. Aunque, honestamente, no tengo muy claro si lo que diré es cierto o es el fruto de la furia que una profesora de la materia siente por lo maltrecha que está la práctica de la política económica en nuestro mundo.

Mi anterior entrada ya versaba sobre el significado de algunas de las frases de la exposición de motivos de la Ley 54/1997. Esta versará sobre la propuesta que se hizo el pasado 16 de julio de 2013. En ésta, una vez más, se disimula la carga política e ideológica que hay detrás de la reforma, pues fundamentalmente se viste como un cambio en el régimen retributivo del sector de las renovables. Como si no se cambiara nada en el ámbito real, sólo que lo que antes se retribuía de una manera, ahora se retribuirá de otra. Otra, que se define como rentabilidad razonable. Anecdóticamente, concepto curioso éste, pues tal como está en la propuesta, la rentabilidad razonable es para los proyectos financiados con recursos propios (¿?) y que, por lo que se calcula, acabará proporcionando una rentabilidad de en torno al 7 o 7,5%. Efectivamente, una inversión que dé esa rentabilidad no está mal, es razonable, pero está claro que este no es el problema.

Uno de principales  problemas de esta propuesta, como ya ha señalado mucha gente, es que el cambio en las reglas del juego a mitad de partida, expulsará del sector a aquellos que habían realizado sus inversiones con los criterios anteriores, fundamentalmente los que invirtieron en las tecnologías más antiguas: fotovoltaica y eólica. A este respecto, incluso hay quien habla de expropiación encubierta.

Otro de los problemas es decir, como hace el texto, que …la nueva metodología establece una retribución a la inversión que se calcula en función de la potencia instalada y no la energía generada….. Dicho de otro modo, se pasará a remunerar en función de cuánto se ha invertido -de el potencial de oferta- en vez en función de cuánta electricidad real tendremos y en qué condiciones accederemos a ella los usuarios finales. En este nuevo criterio, la energía generada pasa a un plano secundario y lo relevante es la capacidad. Es decir, la propuesta de Real Decreto sustituye el sistema de tarifa vigente por el de incentivos a la inversión.

¿En qué contexto el legislador realiza este cambio? El escenario es el de la Ley 54/1997 en la que se nos dice que el suministro público deja de ser un servicio público y que ya no existirá planificación imperativa en el sector, y el principal actor del sector es un oligopolio articulado en torno a UNESAComo ya argumenté, ello es la causa de buena parte de los excesos de capacidad y extra-costes del sistema eléctrico de la Península Ibérica y, por ende, del déficit de tarifa.

Ante ello, mi lectura de la nueva propuesta de Real Decreto es que consolida un sistema eléctrico basado en las decisiones de los inversores privados, a los que, en primera instancia, se les remunera la inversión y no el servicio -antes público- que debieran prestar a la sociedad. Desde el punto de vista de la política económica ello significa que lo que aquí se está dirimiendo es quién decidirá la política energética del futuro. Primar la inversión en capacidad, en vez de el producto final, significa, si no hay consideración de servicio público ni planificación imperativa, fijar quiénes decidirán qué y cuánto producen, para quién y a qué precio. Es decir, establecer, quiénes lideran el futuro del sistema eléctrico de la Península Ibérica.

Conceptualmente, como le decía a mi amigo, hay una diferencia abismal entre regular la producción y el precio final de un bien (el antiguo sistema de tarifa) o regular la inversión en capacidad. No me gustan los términos, pero lo que se está pertrechando es un “mercado” en el que se remunera al oferente por serlo, pero no por lo que ofrece, que es casi el anatema del concepto mismo de mercado. La inversión -de capacidad de generación de electricidad- sólo determina quién puede -tiene la capacidad de- producir, pero no lo qué se produce ni en qué condiciones. En otras palabras, es cargarse el último vestigio de servicio público que tenía el ordenamiento de “nuestro” sistema eléctrico. Además, si lo que se asegura fundamentalmente es la rentabilidad razonable a la inversión y no a cuánto se cobrará -o pagará- la electricidad, ya ni les cuento.

En resumen, aunque no sea fácil ver la diferencia, este Real Decreto va más allá de expulsar a una potencial competencia -de UNESA- creada y consolidada al amparo del sistema de primas a las renovables; este Real Decreto acaba definitivamente con un ordenamiento en el que el uso de la electricidad se consideraba un derecho básico y en el que, por tanto, el ordenamiento se dirigía a asegurar el suministro a los ciudadanos -y empresas, claro-, porque la energía era considerada un servicio público.

Es claro que el Real Decreto no dice quiénes serán estos inversores, pues, a la luz de las fórmulas del Título V del mismo, son iguales los pequeños que los grandes, pero ahí sí que creo que nadie se lleva a engaño, pues en un sistema capturado como el nuestro, todos sabemos que UNESA siempre gana. Si este Real Decreto se llega a ratificar y aplicar, no habrá escapatoria posible, pues mientras éste regula quiénes van a estar dentro y quiénes fuera del sistema, su hermano gemelo -el que regula el autoconsumo- constriñe las soluciones alternativas individuales, colectivas, cooperativas o locales

¡Qué quede claro, nos están expulsando del sistema! Soñemos…. ¿que pasaría si el infierno existiera?

Filólogos del sector eléctrico y déficit de tarifa

Precio voluntario al pequeño consumidor, así es como gracias a la enésima, y prometen que última, reforma del sector eléctrico se pasará a llamar la actual Tarifa de Último Recurso (TUR). Como la TUR, hasta ahora, era la tarifa que te aplicaban las Comercializadoras de Último Recurso (CUR), entiendo que éstas, de aquí poco se convertirán en el voluntariado eléctrico. No sé, para mi que el mayor activo que tienen las eléctricas es un artista del lenguaje y de la palabra. No pensaba iniciar así esta entrada, pero es que la realidad supera la ficción ¿Cómo se atreven?, ¿precio voluntario al pequeño consumidor? Parece un chiste, salvo que por “voluntario” se entienda -y perdónenme la expresión- “el precio que les dé la gana”. Seguro; ha de ser esto, ya que lo contrario significa que, además de expoliarnos, se burlan de nosotros.

La pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cómo hemos creado unas estructuras de poder tan grandes que han logrado que las reformas del sector eléctrico, no se destinen a reformar a este sector, sino a consolidar el poder de las empresas que lo componen y a asegurar que los ciudadanos -que todavía podemos pagar la factura- les financiemos todos sus caprichos, veleidades y pelotazos. Piénsese que, por lo que se dice, todas las últimas reformas tienen como único propósito actuar sobre el déficit tarifario; pero ninguna de ellas tiene el objetivo de acabar con las causas del mismo.

A estas alturas, ya es conocido que en España hay un desfase entre los costes regulados del sector eléctrico, la tarifa y el precio al que las comercializadoras y generadoras pactan la compra de electricidad. Este desfase es el déficit de tarifa. Así que la cuestión es ¿por qué antes no existía déficit de tarifa, y ahora sí? La respuesta la dio Ana Marco, el pasado 29 de junio en una sesión de formación organizada por el Grup local de Barcelona de Som Energía. Ella, con una breve pincelada explicó lo que para mi, a día de hoy, es la interpretación más lógica y convincente que he oído sobre el por qué del déficit.

Legislativamente, el origen de todo este despropósito está en la Ley 54/1997 del Sector eléctrico. Esta ley es la traducción legislativa de la aceleración de las privatizaciones del sector que se produjeron a finales de los 1990, durante el primer gobierno de Aznar. En el preámbulo de esta ley se puede leer lo siguiente: … a diferencia de regulaciones anteriores. la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro su calidad y su coste no requiere (…) que el Estado se reserve para si el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro Así. se abandona la noción de servicio público, (…)  sustituyéndola por Ia expresa del suministro a todos los demandantes del servicio dentro del territorio nacional (…) el sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal desarrollado por el Estado (…) La gestión económica del sistema, por su parte, (….) abandona la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión (…), que es sustituida por una planificación indicativa (…) que puede facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos.

Perdonen que me haya extendido en la cita, pero es que tiene mucha miga. Lo primero y evidente es decir que el suministro eléctrico deja de ser un servicio público. Esta frase habla por sí sola, es clara y nada ambigua. Pero, lo segundo y lo tercero lo es menos. Decir que la noción de servicio público se sustituye por la de “suministro a los demandantes”, es una frase digna del mismo artista del lenguaje que hace un par de días, con la nueva reforma, nos regaló la perla del “precio voluntario”. Tal como yo interpreto esta frase, lo que nos dice el legislador es que lo que antes era un servicio público, ahora se traduce en la “obligación” de suministro al demandante. El demandante, no es el ciudadano o ciudadana, el demandante, en economía neoclásica, es el que accede al mercado y, por tanto el que tiene demanda efectiva. Traducido; el que tiene suficiente capacidad adquisitiva para estar en ese mercado. Por tanto, la Ley 54/1997, establece que el sistema eléctrico -¿las empresas?- deberán suministrar electricidad a quienes les puedan pagar. Piensen el alcance de ello en una estructura monopolista como la eléctrica.

La tercera cuestión que quería resaltar de este preámbulo de Ley es el significado del fin de la planificación determinante por la indicativa. Esta parte es la que más me impresionó de lo que nos contó Ana Marco. En términos de política energética esto quiere decir que, en el anterior sistema, en el de planificación determinante, se hacia una previsión estatal de cuánto producir, para quién y a qué coste. Ello se traducía en la construcción de más o menos plantas generadoras (térmicas fósiles, hidroeléctricas o nucleares), en una determinada red de transporte y distribución y en unas tarifas concretas. Estas plantas, podían ser privadas o públicas, pero si se construían era porque así “lo solicitaba” el ministerio de industria y energía y si “se paraban” lo mismo. De ahí, la justificación de conceptos como la moratoria nuclear, pues se asumía que el parón de las nucleares fue un “fallo” de previsión del planificador y que, por esta razón, se tenía que compensar a las empresas que realizaron las inversiones. O, de ahí, que se aceptara que pagáramos (en la factura o a través de Presupuestos Generales del Estado) un “exceso” de capacidad de algunas centrales térmicas, pues se consideraba -equivocadamente, o no- que era bueno tenerlas por si el sistema tenía algún fallo.

Así, en este sistema los usuarios finales de la energía, fuera a través de la factura o a través de distintas figuras impositivas, compensábamos a empresas del sector en aras al aceptado interés general (no tener nucleares, mantener puestos de trabajo en la minería del carbón…) o pagábamos un extra por tener mayor seguridad en el sistema.

Decir, como hace la Ley 54/1997, que la planificación será indicativa para que los agentes económicos (véase las empresas del sector) decidan las inversiones a realizar, en la práctica se ha traducido en que éstas realizan las inversiones que desean, aun a riesgo de que el sistema eléctrico tenga un exceso de capacidad. El ejemplo más claro lo tenemos con las centrales de ciclo combinado. Ya he hablado de ellas en entradas anteriores. Si no me equivoco, éstas empezaron a funcionar en el año 2002 (curioso, el año que empieza la deuda acumulada hacia las eléctricas), y si los datos que proporciona invertia son ciertos, han costado 13.161,8 mil millones de €. Gas Natural Fenosa y Endesa son, junto a Iberdrola, sus principales propietarias. Hoy, como también dije entradas anteriores, estas centrales están más que infrautilizadas y, según los informes de Red eléctrica española, la tendencia es a la baja ¿A qué se debe este despropósito? Muy sencillo a que cuando, la planificación del sistema eléctrico dejo de ser imperativa y paso a ser indicativa, las empresas del sector decidieron que se invirtiera esta millonada en un sistema en el que ya se tenían las nucleares, las térmicas y la energía hidroeléctrica; y, en coincidencia con el arranque de electricidad de origen eólico y la solar.

En coherencia con la Ley 54/1997, si el suministro de electricidad ha dejado de ser un servicio público y si son los agentes privados quienes deciden las inversiones para satisfacer la demanda, lo lógico sería que si no hay suficiente demanda, para el exceso de oferta -de capacidad- que se tiene, las empresas privadas asumieran el cierre de sus instalaciones. Pero no. En España nos inventamos el déficit de tarifa. Ya que he llegado a la conclusión que conceptualmente, el déficit de tarifa es, sobre todo, el exceso de costes fijos -de inversiones realizadas y capacidad excedente- en el sistema eléctrico español.

Para mi, a estas alturas, si dejamos de lado el transporte y la distribución, del que hablaremos otro día. Hay tres categorías de costes fijos: a) los heredados de la planificación anterior, nucleares y térmicas del carbón; b) el exceso de inversión en capacidad, que se da, sobre todo, en las centrales de ciclo combinado, y c) el de las inversiones en nuevas tecnologías dirigidas a realizar la transición energética hacia un modelo distribuido y renovable.

Las tres se confunden en ese paquete de costes regulados, peajes y pagos por capacidad que pagamos en nuestra factura y que, en muchos casos, inciden sobre el déficit, pero en términos de política energética significan tres cosas muy distintas. La categoría “a” forma parte de un modelo energético del pasado, que por razones diversas se decidió cambiar y, hasta donde sea razonable, se acordó que compensaríamos a los perdedores. La categoría “b” forma parte de un “no” modelo, fruto de la falta de política energética real, en la que un colectivo realizó unas inversiones equivocadas y capturó la actuación del ministerio de industria y energía, logrando que otros paguemos su error. Por último, la categoría “c” debería formar parte del nuevo modelo energético que queremos para el país, caso que volviéramos a tener algo que se le pudiera llamar, sin rubor, política energética.

Para mi, si se hace de forma clara y no abusiva, lo primero es justo que se pague; lo tercero debería pagarse; y lo segundo ha de desaparecer de la factura y/o de los presupuestos. Sin embargo me temo, que éste no es el mismo criterio del legislador, pues lo segundo es lo que engrosa, día a día, la deuda acumulada, engañándonos al hacernos creer que estamos pagando por una capacidad que se planificó, desde el gobierno, imperativamente. No. Esta capacidad no es fruto de una planificación y de una política energética, digna de tal nombre, es el fruto de cuando se dejó de considerar al suministro eléctrico un servicio público y de cuando aquél paso a dirigirse a los demandantes efectivos.