¿Es una comercializadora municipal un instrumento útil para la transición energética?

El pasado 15 de julio, la prensa escrita de Barcelona publicaba la noticia de que la ciudad se disponía a crear una compañía eléctrica pública. En los medios digitales, fuera La Vanguardia o en El Periódico de la Energía, se personalizaba la iniciativa -y beneficio- de tal propuesta en Ada Colau, la alcaldesa.

Tengo observado que, tanto en Madrid como en Barcelona, ciudades en las que tenemos alcaldesas de fuera de los partidos políticos kosher, cuando las cosas no gustan o se ven estrambóticas, se tiende a utilizar el nombre propio para presentar cualquier iniciativa municipal que se anuncie, como una peculiar ocurrencia de «esas señoras» que ocupan el cargo. Esto, desde mi punto de vista, es una falta de respeto hacia la institución, hacia quiénes les han votado y, obviamente, hacia las mujeres que realizan servicio público.

Dicho esto, aunque me parece una gran noticia que el equipo municipal de la ciudad en la que yo resido se postule para ser uno de los pioneros en la realización -y logro- de una transición energética hacia un modelo, fuera del control del oligopolio eléctrico, 100% renovable, me parece que a la propuesta que se nos ha hecho, la falta un buen periodo de discusión y de maduración.

Esta propuesta fue presentada  el pasado 14 de julio por Janet Sanz, teniente de  Alcalde para cuestiones de ecología, urbanismo y movilidad, el concejal de Presidencia y energía, Eloi Badia, y la Comisionada de Ecología, Eva Herrero y, desde entonces, ha recibido unos cuantos elogios e infinidad de críticas; muchas de ellas provenientes de militantes del activismo energético.

Los elogios tienen mucho que ver con lo ya expresado: es fantástico que Barcelona encabece la lista de ciudades del mundo que apuestan por una ciudad energéticamente sostenible. Las críticas están más divididas, pero algunas de las que yo he escuchado, tienen que ver con la poca eficacia de la medida estrella de la propuesta, la creación de una compañía comercializadora, para el objetivo de la transición energética real.

Comparto ambas cosas, el elogio y la crítica. Desde mi modo de entender el problema de fondo de la propuesta municipal -al menos del borrador de la misma que cayó en mis manos- es la poca claridad de su planteamiento.

Por una parte se plantea que el objetivo es la transición energética de Barcelona, definida como la de una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials, amb una aposta clara per els recursos energétics renovables y, por otra se dice que estudis previs conclouen que l’eina que pot permetre, en el context energètic actual, una gestió integrada de la generació elèctrica i l’aprovisionament energètic és una comercialitzadora y que, por lo tanto, l’objectiu és poder tenir creada i en funcionament la comercialitzadora l’any 2018.

Planteados así el objetivo y el instrumento, se entiende que lluevan las críticas, pues es muy fácil pensar que lo que propone el Ayuntamiento de Barcelona, con la legislación vigente, es ilegal, ya que no hay manera de que la misma empresa comercialice aquello que ella misma genera. Aunque realmente no sea esto lo que dice el texto, pero su redacción excesivamente ambigua enmascara el contenido real. Por ejemplo, intuyo que para captar su significado sería apropiado reescribir  la frase  «una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials«, dejando muy claro que de lo que habla es de una ciudad en la que el uso final de energía de los edificios e instalaciones muncipales y residencial podría abastecerse con lo energía autogenerada en sus terrazas, tejados, cubiertas, jardines o patios.

Es más, también se entiende que lluevan las críticas de quienes se preguntan sobre la oportunidad de crear una comercializadora, puesto que: a) ya existen otras comercializadoras muy «políticamente correctas», como Som Energia, con las que el ayuntamiento podría firmar un contrato de suministro, sin necesidad de destinar nuevos recursos a la creación de un nuevo ente comercializador; sólo distinto por ser de propiedad municipal; e, b) intrínsecamente crear una comercializadora sólo es útil como forma de debilitar el poder del oligopolio eléctrico en el tramo de venta final al público, pero no realmente para transformar de raíz el modelo energético imperante.

Ante ello, yo también dudo de un proyecto que pone el foco en la creación de una comercializadora, como forma de avanzar hacia la transición energética. De hecho, al leerlo tiendo a pensar que se trata más de una medida destinada a paliar la pobreza energética que a cambiar de raíz el modelo energético .

¿Por qué apunto hacia esta hipótesis? Apunto hacia ella porque, leyendo entre líneas el borrador citado, tengo la sensación que se cree más en la comercializadora como una herramienta de política asistencial -o en el mejor de los casos redistributiva- que como la punta de lanza hacia la transición. De hecho, creo que es para este objetivo, el de poder suministrar electricidad a precio subvencionado o de forma gratuita, para lo que la creación de  comercializadora pública pudiera servir.

A día de hoy, en el conjunto de Estado español, con la ley actual, una comercializadora eléctrica sólo puede hacer de intermediario entre las empresas generadoras y los usuarios finales, pues  su función es comprar la electricidad que las empresas generadoras venden cada día en el mercado mayorista y venderla en el minorista. Por ello, por mucho que la ciudad generara energía propia, la nueva compañía municipal no la podría vender. Ante ello, coincido con aquellos y aquellas que han criticado esta mediada diciendo que ¿qué sentido podía tener una comercializadora, nueva, más? Pero si lo miro desde el punto de vista de combatir la pobreza energética, la medida podría tener un sentido, que intuyo alguno o alguna de las redactoras de la propuesta también le han visto.

Si la ciudad de Barcelona tuviera una comercializadora municipal, y por ello entiendo que pública, podría hacer algo que ninguna forma de empresa privada -sería discutible el cómo ya hasta qué punto de algunas cooperativas- puede hacer: limitarse a cubrir los costes, sin obtener beneficios, o incluso, operar con un déficit, que otras actividades o impuestos municipales cubrirían. Si así se entiende la función de la nueva comercializadora, podría tener sentido, pero insisto, un sentido de política asistencial o distributiva, pues la nueva compañía vendería electricidad a precio mayorista a los usuarios finales (incluido el municipio) o decidiría cobrar menos o no cobrar a determinados/as ciudadanos/as.

Desde este punto de vista la comercializadora no haría la competencia a otras que ya existen, que también están fuera del oligopolio y venden energía «verde», pues su objetivo y función serían completamente distintos.

Por mi parte, alabo este objetivo, pero considero que si éste es el que se pretendía lograr con la creación de la compañía comercializadora, así se debería de haber especificado. En este caso, el debate se alejaría de las cuestiones colaterales relativas a la transición para centrarse en los aspectos centrales relativos a la redistribución. Para mi, esta sería la principal virtud de la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa: ser una novedosa vía para paliar -que no acabar con el origen- la pobreza energética.

Por el contrario, si realmente el objetivo es el de la transición energética, considero que, al menos en su forma actual, proponer la creación de una comercializadora como herramienta para la gestión integrada de la transición es, efectivamente, un error.

En primer lugar, porque al introducir la propuesta de la comercializadora desvirtúa lo que hay de bueno en la propuesta, que básicamente es asumir que la legislación municipal, incluso con la legislación nacional vigente, tiene margen para introducir medidas que ayuden a avanzar en la buena dirección y que asumiendo como autoconsumo buena parte de la electricidad empleada en los equipamientos municipales, o incluso la iluminación pública, se podría adelantar mucho en el objetivo de generar energía local, quitando negocio al oligopolio eléctrico.

En segundo lugar, porque oculta otra cuestión, que sí que aparece en la propuesta, que es que el consumo energético de una ciudad también consiste en agua caliente o calefacción que en muchos casos sólo requieren de determinadas instalaciones o infraestructuras, que sin quebrantar ninguna ley podrían instalarse o implantarse desde ya.

En tercer lugar, porque existe una confusión entre fuentes y tecnología que lleva a pensar que detrás de esta propuesta no hay un diseño a largo plazo de los pasos necesarios para llevar a cabo la transición, más allá de la inmediatez o efectividad a corto plazo de algunas propuestas. En este sentido, en el borrador hay alguna frase alarmante, como la de que es prioritario crear un marco legal para  reduir el consum energètic global que es produeix a la ciutat, basat en resultats i no en solucions tecnològiques. En este caso, considero que el éxito a largo plazo de la transición dependerá de las soluciones tecnológicas que adoptemos hoy y de su adaptabilidad –resilencia, ya que el término gusta tanto- a las situaciones energéticas futuras.

Y, por último, en tercer lugar, porque desde el mismo momento en que, en el mundo de hoy, se propone algo tan «radical» como crear una empresa pública de suministro, es inevitable preguntarse ¿por qué no seremos radicales del todo y también nos ocuparemos de la gestión municipal de la red?

Más allá de estas cuestiones, personalmente, lo que más me ha decepcionado de esta propuesta es que no incluya realmente ningún aspecto político de verdad, pues como dije en la serie -incompleta, por ahora- de entradas sobre la cuestión de la financiación de la transición, que inicié el verano pasado, esta transición es la gran oportunidad, puesto que tendremos que ponernos de acuerdo sobre cómo financiarla, para redefinir un nuevo contrato social y para reinventar el espacio público.

Este es el debate que, como ciudadana de Barcelona, yo desearía que impulsara el equipo de gobierno municipal. Ahora, estoy muy disgustada, pues debido a lo poco elaborado de la propuesta actual y a sus ambigüedades e imprecisiones -que pueden ser necesarias para contentar a quién fuere nuestro o nuestra futura ministra de energía y al oligopolio de UNESA, pero son inapropiadas para entablar un debate- el documento ha desatado las críticas y enfados de quienes podían ayudar a llevar a cabo la transición energética hacia un modelo distribuido, democrático y 100% renovable.

Es cierto que, en el ámbito catalán, habrá quien pueda pensar que se está cometiendo una injusticia, pues mientras el también «etéreo» proyecto de Pacte Nacional de Transició Energética impulsado por la Generalitat de Catalunya recibió aplausos, el de l’Ajuntament de Barcelona, recibe críticas. Yo soy de las que barrunto que si el proyecto hubiera sido propuesto por otro equipo de gobierno, las críticas hubieran sido distintas, pero ello no quita que, a día de hoy, también piense que se ha malgastado una gran oportunidad y que nos han hecho un flaco favor a quienes apostábamos por una transición energética iniciada en el ámbito municipal.

 

Financiar la transición energética (III). Reinventar el espacio público energético

En la anterior entrada de esta serie, respondimos a la primera de las preguntas que se habían planteado: ¿cómo podemos hacer para acabar con el poder de los lobbies de la energía fósil?. En esta entrada, corresponde, empezar a responder a las siguientes: ¿Cómo reinventamos el sector y redefinimos el espacio público energético? y ¿Cómo generalizamos las formas de financiación éticas y no cortoplacistas? Ambas están entrelazadas.

En la Encíclica laudato si´, en su punto 178, hablando del drama del inmediatismo político se puede leer una frase que me ha gustado especialmente. Esta dice, se olvida así que el tiempo es superior al espacio, que siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder. Diría que esta es la clave de cualquier cambio, pero encuentro esta reflexión especialmente fértil si la aplicamos al caso de la transición energética. Desde el punto de vista del informe sobre Alternativas que elaboró el Seminari Taifa, del que soy miembro, hoy la alternativa es el proceso; un largo y profundo proceso que ha de iniciarse en el interior del capitalismo vigente ahora.

Todo ello nos conduce a tres cuestiones: a) que debemos iniciar la transición energética desde donde estamos ahora mismo; b) que ésta es un proceso y, por tanto, suceptible de tener etapas; y, c) que el espacio energético al que lleguemos vendrá definido por el proceso, y no al revés. Dicho de otro modo, como hay muchas formas posibles de organización políticas y territoriales detrás de la idea de un modelo energético 100% renovable, la que finalmente se acabe imponiendo dependerá del proceso -del camino recorrido- que hayamos realizado. De ahí la importancia de preocuparnos más por los procesos que de ocupar espacios de poder ya creados por procesos anteriores.

El proceso de la transición energética tiene varías etapas, que más que camino son como un juego de matrioskas que va desde la más pequeña, el ámbito doméstico, a la mayor, que en función de las preferencias será el ámbito local, provincial, regional, estatal o supraestatal. Lo que diferencia a la transición del juego de muñecas rusas es que, a medida que van cambiando de tamaño, el diseño de su vestido cambia, al añadir nuevas conexiones, servicios… También se diferencian en que no sólo es más caro financiar el juego entero que las muñecas pequeñas, sino que las formas de financiar a las más pequeñas y al resto son conceptualmente muy distintas.

En la entrada anterior quedó claro que el dinero para financiar la transición existe. En ella también se apuntó que si se lograra deslegitimar quién a día de hoy lo gestiona, el lobby energético internacional, sería posible iniciar la senda de la transición. De hecho, estoy segura de que a medida que la campaña de deslegitimación avance, cada vez será más fácil encontrar pequeños y medianos inversores, no especialmente codiciosos, que quieran que sus ahorros, sus fondos de inversión o de pensiones se inviertan en «energía verde» en vez de en «energía sucia.»  Es más, si a escala global discursos como el de Naomi Klein o del Papa Francisco consiguen calar, o a escala local iniciativas cooperativas se ven como fiables, cada vez más de esta misma gente que quiere invertir en energía verde, estará dispuesta no sólo a invertir en una fuente energética alternativa, sino en formas de gestión y de propiedad empresarial colectivas. A día de hoy, este sería un gran primer paso, que como leemos en Laudato sí´ (179) […] puede hacer una diferencia […] pues allí [donde se implante] puede generar una mayor responsabilida, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa […]. Además, obviamente, la diferencia vendrá por la construcción de una cultura mucho más participativa a medida que los inversores se den cuanta que la rentabilidad y la energía que obtienen está ligada a los recursos locales: al rio que fluye cerca de su casa, al sol que golpea su terraza o al viento que azota su localidad.

Así, desde mi punto de vista, esta primera etapa sería relativamente fácil -recuerdo, si previamente se logra deslegitimar al poder energético existente-, pues en esta fase, aunque lo cuestiona, ni rompe con el sistema ni nos obliga a plantearnos formas de organización político-territoriales alternativas. La muestra de lo que digo, es el éxito actual de la Energiewnede en Alemania; núcleo del capital europeo.

Mi pregunta aquí es si este proceso político – energético ya iniciado, será suficiente para lograr la transición energética global y democrática que yo imagino. El peligro aquí, como también plantea Naomi Klein es de amenaza de aislamiento y por tanto, el reto es hallar el modo de expandir los espacios públicos. Entiendo que esta idea de expansión, no es meramente una expansión cuantitativa de territorio, sino cualitativa de infraestructuras y de servicios (no sé si me acaban de convencer estas expresiones, pero por ahora bastará). Dicho de otro modo, cuando ya tengo asegurada la luz en mi casa, barrio o localidad, ¿cómo aseguraremos la red, su cuidado, el transporte, las comunicaciones…?, ¿qué ámbito cubrirá lo anterior? y ¿cómo lo querríamos financiar?.

En el anterior modelo, al menos en lo que llamamos Occidente, estas opciones se fueron definiendo desde los años de la Primera Guerra Mundial hasta la posguerra de la Segunda. La red eléctrica no se creó espontáneamente, tampoco un sistema integrado de ferrocarril ni de metro, ni la red de carreteras…. son el resultado de un determinado contrato social, basado en la consolidación de los Estados -nación- del bienestar. Por tanto, en algún momento de la historia se optó, por este tipo de espacio energético, que decidimos centralizado, nacional y sufragado públicamente, aunque no en todos los lugares tuviera el mismo alcance.

Como he dicho otras veces, la red eléctrica, por ejemplo, también formaba parte de una política redistributiva en los marcos nacionales, tanto por cómo colectivamente se financió, como por el acuerdo de que pagaba lo mismo el hogar cercano a una central nuclear que a un río. También, de facto, históricamente ha habido otras elecciones, como preferir financiar carreteras para coches cuyo combustible es la gasolina, que una buena red ferroviaria integrada para trenes eléctricos. Todas estas elecciones, en algún momento se han producido. De estas, recuerdo, pocas se han financiado con capital privado, y muchas con capital público.

Es en este contexto, en el que se enmarca la expresión de Naomi Klein de que lo que se tiene que hacer es reconstruir o reinventar al sector público. Expresión que yo he transformado en reinventar el espacio público energético. Para ello, no basta con generar energía a partir de fuentes renovables localmente, como no basta renacionalizar lo que ya se privatizó. Desde mi punto de vista, el reinventar el sector público es crear un nuevo sector público en el proceso de cambio de modelo energético. Para ello, ahora ya, cada día de proceso, para cada nueva cuestión la hemos de pensar desde tres puntos de vista: a) ¿se adaptará a una forma de generación, distribución y uso de energía renovable y distribuida?; b) ¿se corresponde con el modelo de sociedad -de organización política- que a mi me satisface?; y b) ¿qué nuevas formas de financiación podríamos pensar para sufragarlos?

Pongo un ejemplo, muy de actualidad, que aquellos que me conocen saben que me lleva de cabeza: lo que llamamos la nueva economía colaborativa, que se traduce en iniciativas como BlaBlacar, uber, airbnb….

Por ejemplo, las dos primeras, inciden directísimamente en el proceso de la transición energética. Mucha gente bienintencionada, progresista y de izquierdas ve estas iniciativas como el inicio de una nueva forma de economía. El pasado domingo en un artículo de opinión de El País -lamento no acordarme del nombre del autor- se decía que la mayoría de estas iniciativas no aportaban nada nuevo, ya que sólo conectaban lo que ya existía. Coinicido plenamente con esta opinión y, en términos del contenido de esta entrada, considero que destruyen el sector público, en vez de expandirlo y reinvertarlo.

Pensemos, por ejemplo en BlaBlaCar. Se trata de que yo tengo un coche, en el mejor de los casos híbrido, que a cambio de un módico precio, que teóricamente sirve para cubrir costes, pongo a disposición de otras personas para compartir el trayecto que yo hago. La gente está contenta, pues por un «módico» precio, viajo comodamente -como si yo tuviera coche- de un lugar a otro. Es evidente que es mejor, que cuatro vayan en un coche que que lo haga una sola, pero dicho esto, para mi, aquí se acaban las ventajas del BlaBlaCar. Primero, porque de partida es desigual, entre los que tienen coche y los que no; segundo, porque de hecho, hay un pago en especies a quién tiene el coche y, por tanto, contribuyo a un negocio individual; tercero, porque refuerza el modelo de transporte del coche; cuarto, porque si se extiende se considerará que se puede suprimir un tramo más de tren, un línea de autobús o el equivalente y quinto, aunque se deduce de todo lo anterior, porque es una «nueva» actividad que se escapa totalmente del ámbito de la financiación pública (no se declara, no se pagan impuestos, dejamos de pagar billetes de tren…) y por ello, revierte en la destrucción del mismo.

Para mi, BlaBlacar va en contra de la transición energética que yo imagino. Para algunos, con actuaciones de este tipo, para hacer la transición bastaría que pasáramos del coche de gasolina al eléctrico. Para otros, sin embargo, entre los que me cuento, lo que deberíamos hacer es imaginar otra forma de transporte pública y universal, que además estuviera basada en fuentes cercanas y renovables.

En los términos con los que empezábamos esta entrada, sólo cambiar de coche de gasolina a coche eléctrico es ocupar un espacio de poder (el de las petroleras por el de las eléctricas), para que todo siga igual, o peor; en cambio reivindicar una nueva organización del transporte renovable colectivo y público es el proceso. Proceso de transición y de expansión del sector público.

Si tenemos lo anterior claro, sólo nos faltará decididir cuán amplia ha de ser la red de transporte y qué infraestructuras necesitamos para su eficaz funcionamiento, lo que nos dará el nuevo espacio público energético, y cómo la financiamos colectivamente, lo que nos dará la nueva forma de contrato social.  Esto último, lo dejaré para la siguiente entrada, aunque avanzo, ya, que es a esta construcción a lo que deberíamos destinar el «ahorro» de no pagar la factura energética ciudadana de lo hablábamos en la entrada anterior.

Financiar la transición energética (II). Deslegitimizar al lobby fósil

Cuantas más vueltas le doy, más me convenzo de que el problema de la financiación de la transición no es de cantidad de dinero. Como reiteradamente hemos comentado en este blog, en los llamados países consumidores estamos pagando una factura energética exterior enorme, en España de más del 50% de las importaciones de bienes totales, por un combustible del que los ususarios finales sólo utilizamos, como media, un escaso 30%.

La factura energética exterior (FEE) no es algo abstracto, que un país o un estado paga a otro; es el resultado de la actividad de las empresas petroleras privadas en sus compras al exterior. Así, en España es el petróleo que, por ejemplo, Repsol o Cepsa compran para sus refinerías Petróleo que refinan y comercializan en el interior del país, o exportan como producto derivado. Por tanto, cuando los ciudadanos o las empresas no energéticas pagamos la factura energética, estamos pagando a estas empresas y, además, por un importe superior al de la FEE.

Ramon Sans, del colectivo CMES, acuñó el término de factura energéica ciudadana (FEC) para refererirse a ello. En la elaboración que de este concepto se está haciendo desde este colectivo, Josep Centelles define la FCE como aquella que engloba todo el gasto realizado en un año por personas y empresas de cualquier tipo. Así ásta incluye el gasto realizado en gasolina, gasoil, butano, gas ciudad….y los impuestos incoporados a estos productos. Ramon Sans calculó que la FCE es aproximadamente de 2,5 veces la factura energética exterior. Según sus cálculos, para Catalunya, un 4,2% de su PIB. Así que probablemente en España, como media, destinemos aproximadamente un 4% del PIB al pago del combustible fósil.

Basándome en estos mismos cálculos, estimo que la inversión que necesitáriamos para realizar la transición a un modelo 100% renovable es aproximadamente de un 0,15% de este mismo PIB. Aunque no haya contrastado este cálculo, sí que me creo que lo que deberíamos invertir es infínitamente menor que lo que ahora ya gastamos. Tanto más, si le sumáramos el dinero que los y las accionistas invierten en las empresas energéticas fósiles. Así,  por ejemplo, el capital social de una empresa como Repsol es de casi 1.375 millones de €. Así, ninguna duda, el dinero para pagar la transición energética existe.

Por ello, el problema de cómo financiar la transición se traduce en elaborar una estrategia para reorientar parte de este dinero al objetivo de la transición energética y en establecer, también, qué haremos con el más del 3% del PIB que ahorremos.

Sobre el papel, esta estrategia es muy sencilla, pero la realidad es que esta transición se debería desarrollar en sociedades en las que:

1. Quién gestiona el dinero de la energía son en primera instancia -exceptuándo la parte de impuestos- los monopolios energéticos privados, que gozan de un poder inmenso y serán los perdedores del cambio de sistema energético.
2. Ideológicamente hemos desprestigiado tanto lo colectivo, lo público y la política, que poca gente estará dispuesta a financiar, colectivamente, la transición energética mediante impuestos, tributos, cánones o cierto tipo de bonos: A la vez que somos una sociedad que nos hemos creído la magia del mercado y hemos renunciado a la planificación energética a largo plazo.
3. Vivimos en la «rapidación»; en el mundo de los beneficios y de los dividendos empresariales a corto plazo. Ello fomenta –como veíamos en la entrada anterior de esta serie– huídas hacia adelante de las empresas -avaladas por sus accionistas, no hay que olvidar-, para exprimir al máximo lo que ya se tiene, con el fin de «devolver» con beneficios el dinero que personas, fondos o bancos invierten o prestan a las empresas.

Estas tres cuestiones llevan a tres preguntas, que si respondiéramos adecuadamente nos abrirían el camino hacia la transición. La primera es ¿cómo podemos hacer para acabar con el poder de los lobbies de la energía fósil?; la segunda es ¿Cómo reinventamos el sector y redefinimos el espacio público energético?; y la tercera, ¿Cómo generalizamos las formas de financiación éticas y no cortoplacistas?

Responderemos aquí, a la primera; a las dos siguientes en la tercera entrega de esta serie sobre financiación.

A día de hoy, la respuesta a la primera pregunta es la más fácil de responder, aunque sea difícil de lograr. Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo que, como ya dije, es uno de los que inspira esta serie de entradas veraniegas, dice claramente que ese es el objetivo de la campaña de desinversión. Se trata de iniciar un proceso de desligitimación, cuya meta final es situar el estatus de las compañías petroleras en el mismo nivel que el de las empresas tabacaleras. Desde mi punto de vista, esta es la «buena» razón para apoyar una campaña de este tipo, además de, como ya dije, la de evitar una «burbuja fósil», alimentada por las inversiones en un recurso en extinción.

Creo que si esta deslegitimación triunfa, deberemos iniciar el siguiente paso; el de la desubvención, ya que según alguién tan poco dudoso de pertenecer al «mundo petrolero», como el economista jefe Faith Birol de la Agencia Internacional de la Energía, las subvenciones a los combustibles fósiles fueron de 550.000 millones de dólares en 2013 –más del cuádruple de las subvenciones a las energías renovables.

Apoyo la desubvención por tres razones. La primera, por el efecto que ello tendría sobre las cuentas y los precios finales de las empresas petroleras. Tal vez así los usuarios finales se convencieran de que hay opciones más baratas que el combustible fosil. La segunda, por la liberación de recursos públicos que ello representa (aproximadamente la mitad del PIB español). Y, la tercera, porque aunque coincido con todos aquellos que dicen que lo más justo es aplicar el principio de «quién contamina paga» para que las petroleras financien parte de la transición, tengo mis dudas de que lo logremos. Por tanto, por ahora, hasta que éstas no estén suficientemente debilitadas, como para conseguir este objetivo, me conformo con que dejemos de pagarles a ellas. Así que ya podemos empezar a presionar a nuestros gobiernos para que acaben con estas partidas. Por una vez, contribuiría de buen grado, al «adelgazamiento» del sector público.

Sinceramente, en el mundo de hoy, creo que sólo «cerrarles el grifo» puede tener algún efecto. Hasta que no debilitemos su poder, no reinventemos el sector público -o la política energética- y no generalicemos las formas alternativas de financiación, visto su actual poder, cualquier otro intento bienintencionado y conciliador como fijar una imposición más elevada a su actividad, legislar que parte de sus beneficios se reinverta en renovables o pedirles que lo que actualmente destinen a compra de combustible lo «den» al Estado a cambio de un suministro en renovables, será inútil.

Esta estrategia, llamémosle financiera, de deslegitimación hunde sus raíces en argumentos morales. Estos argumentos causan los conflictos en la Blockadia de Naomi Klein –una zona transnacional e itinerante de conflicto que está aflorando con frecuencia e intensidad crecientes allí donde se instalan proyectos extractivos- y están en el contenido de la Encíclica laudato si´ del Papa Francisco. De hecho, leyéndo paralelamente ambos textos, llama la atención que dos personas de procendencias tan distintas -una perdiodista y activista ambiental y, la otra, el Papa- contemporáneamente publiquen un texto con un discurso con argumentos similares y cuyo objetivo, es el mismo: la necesidad de una nueva ética para evitar la catástrofe climática, que será, como reza el subtítulo de este blog, una nueva ética energética. Así, ambos libros son base de argumentos para la deslegitimación de las prácticas inmorales del lobby energético, pero sinceramente, como creo yo que éste se encuentra más allá del bien y del mal, la desinversión y la desubvención me parecen instrumento ideal para doblegarlo.

Financiar la transición energética (I)

Llevo tiempo pensando que el cómo, el procedimiento, para financiar la transición energética será la clave de su éxito.

Creo que hoy en día, salvo los integristas, ultra liberales y negacionistas, poca gente discute la necesidad de transitar de una forma de producir energía intensiva en emisiones causantes del efecto invernadero a una que no lo sea; como creo que también hay consenso –se acepte públicamente o no- en que ya existe la tecnología para que esta transición sea posible ¿En qué, pues, no hay acuerdo? En si esta transición se puede efectuar dentro del paradigma –capitalista- actual o tendremos que cambiar nuestra visión del mundo.

El libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, nos da la respuesta a ello: la transición energética o será sistémica o no será. Parecida es, aunque ésta sea un tipo de argumentación con la que me siento mucho menos familiarizada, la conclusión de la ultra publicitada carta encíclica del Papa Francisco, Laudato si. Recomiendo la lectura de ambas, pero de cara a Septiembre, no ahora, padeciendo esta canícula agobiante, pues con su lectura simultánea la zozobra te acaba venciendo. Aunque les diga esto, este verano, para reactivar a nuevas cartografías de la energía, querría hacer una serie de entradas inspiradas en la lectura de ambos textos, entradas en la tríada cambio climático – transición energética – financiación.

El objetivo de esta serie veraniega es doble. Por una parte, pretendo dar argumentos que refuercen la idea de que, debido a la forma de financiación de la industria energética, el seguir contaminando y extrayendo fuentes fósiles del suelo y el subsuelo no es una opción para ésta, sino, como dice Naomi Klein, un imperativo estructural. Y, por otra, contribuir al debate con lo que es su corolario: sólo modificando las formas de financiación de las actividades e infraestructuras relacionadas con la generación, distribución y uso final de la energía, la transición energética será posible.

En entradas anteriores ya he ido introduciendo algunos aspectos de este debate. En concreto, si no recuerdo mal, he explicado lo siguiente:

• Que uno de los problemas económicos y financieros de la transición energética es que a las fuentes primarias dominantes (carbón, petróleo, gas y uranio), a partir de las que generamos energía útil, empleada en nuestras casas, transportes o fábricas, se les otorga un valor de cambio. Éste se refleja en el precio, que es independiente de la cantidad de energía final utilizable que se produzca con ellas. Dicho de forma fácil, aunque el precio del barril de petróleo suba o baje, la energía final útil que se genera a partir del mismo es igual.
• La razón por la que ello ocurre es porque las fuentes fósiles y el uranio son una mercancía apropiable, que se compra y se vende en mercados sin relación inmediata y directa con la energía útil final. Es claro que ello no ocurriría con el sol o el aire, pues no son apropiables y generan directa e inmediatamente electricidad aprovechable.
• Históricamente el grueso de los beneficios de las empresas de la industria energética internacional son el resultado de la renta “minera” que se genera en el segmento aguas arriba, es decir en el de la extracción y venta de petróleo crudo, gas natural o carbón (el uranio presenta algunas particularidades). De ahí, que en la lógica de estas empresas, las actividades relacionadas con la obtención y venta de derivados son secundarias, aunque formen parte de su estrategia de supervivencia monopolística. Por ejemplo, British Petroleum, sólo consideró seriamente el refino en el Reino Unido, como resultado de la nacionalización de sus activos en Irán.
• Como es lógico, el interés de la industria energética internacional, especialmente el de sus grandes compañías históricas (públicas, estatales y privadas), es mantener el negocio. En las circunstancias que acabamos de resumir, ello implica a tener cada vez más y mayor acceso a las reservas fósiles y/o que estas tengan el mayor precio posible. Como también explicamos, ello es lo que se logra con el poder del monopolio y con la construcción del discurso de la escasez.

Hay una última cuestión, que también planteamos al hablar de la burbuja financiera del fenómeno del fracking, pero que, en este blog, todavía no habíamos acabado de enlazar con los cuatro puntos anteriores: la necesaria huida hacia delante de la industria fósil.

Ello, lo expone de forma muy clara Naomi Klein en el cuarto capítulo de su libro, titulado (¡me encanta!), Planificar y prohibir. Palmetazo a la mano invisible.

Lo que nos cuenta esta activista ambiental es que las inversiones asociadas a la exploración, desarrollo y extracción de energía fósiles son tan costosas, que no se recuperaran nunca, salvo que se pueda seguir extrayendo combustible fósil durante décadas. Si ello no ocurriera así, las empresas del sector deberían anotar en sus balances un gran volumen de activos inmovilizados. De ahí, que en los mercados bursátiles, bajaría el precio de las acciones, y los accionistas (individuales, fondos de pensiones, fondos de inversión….) perderían la confianza en que estas empresas les seguirán aportando rentabilidades crecientes año tras año. Por ello, como escribe Klein, para que el valor de estas compañías permanezca estable o crezca, las empresas petroleras o gasistas deben estar siempre en disposición de demostrar a sus accionistas que cuentan con reservas de carbono frescas para explotar cuando se agoten las que están extrayendo actualmente.

De ahí, la idea de imperativo estructural ya apuntada, pues, es evidente que ninguna empresa capitalista –en este caso del tipo que fuere- renunciará voluntariamente a su principal fuente de beneficios; extraer energía fósil, en este caso. El quid de la cuestión aquí es que esta fuente de beneficios es finita –y además, en los últimos años se ha tenido que repartir con los nuevos llegados a la industria.

Imagínese usted que es un/a inversor/a o un pensionista que quiere comprar unas acciones para asegurarse una rentabilidad constante o creciente futura; ¿invertiría en una empresa cuya base del negocio es un recurso en extinción? La respuesta es, obviamente, no. Por esta razón, las empresas petroleras y gasistas, que son de las más poderosas del mundo, se ven abocadas a una huida hacia adelante, que tiene como objetivos, contradictorios y simultáneos, el convencer a los accionistas que el petróleo y el gas no se acaban (véase fracking y todas las formas de extracción de petróleo y gas no convencional), para que siga fluyendo hacia ellas el dinero de los inversores; mientras se azuza el discurso de la escasez, para que el precio del crudo y el gas aumente, asegurándoles así pingües dividendos.

Las consecuencias ambientales, sociales y políticas de esta huida hacia delante son bien conocidas, pero a pesar de ello se refuerza la hipertrofia fósil de la industria energética. Industria, que obligada por los compromisos con sus accionistas, no puede permitirse ninguna estrategia que no sea la del máximo beneficio en el corto plazo. Por lo tanto, este es el primer vínculo que se ha de romper.

Desde este punto de vista la proliferación de las campañas de desinversión en energía fósil, como las que iniciaron varias universidades anglosajonas y han seguido otros como el The Guardian, son extremadamente valiosas. Desgraciadamente, el sistema es tan perverso, que si estas campañas prosperan, la industria fósil acudirá a buscar la financiación de otros inversores todavía más codiciosos, inmorales, cortoplacistas y especulativos, que los anteriores. Por ello, afirmo que no hay otra salida que la de modificar cómo y con qué criterios financiamos al sector energético. Lo hablaremos en la próxima entrada.

Siguiendo con la parrilla ética de la transición energética

De alguna manera, como siempre he ido esbozando en este blog, y el subtítulo del mismo así lo atestigua, la transición energética es y ha de ser una transición política. De ahí, la necesidad de la ética de la transición.

En nuevas cartografías de la energía, creo que desde el inicio, dejamos claro que pasar a producir energía a partir de fuentes renovables, en sí mismo, no significaría la transición; significaría un cambio de fuentes energéticas -de energía fósil y nuclear a renovables-, pero no un cambio en el modelo energético, que es algo mucho más amplio y complejo. Dicho de otro modo, si los actuales monopolios energéticos, especialmente los eléctricos, controlaran mega instalaciones eólicas y solares, conectaran «sus» cables a ellos y nos vendieran, en sus condiciones, la electricidad; todo seguiría igual. Máxime si nos limitamos a hacer adaptaciones, sin crear cosas distintas. Por ejemplo, algo como cambiar el coche de motor de combustión por uno eléctrico.

En este caso, los tres cambios relevantes serían: a) la pérdida de relevancia de los territorios de los llamados países productores y, con ello, un cambio fundamental en la geopolítica del petróleo y en la definición de los espacios geo-energéticos mundiales; b) el traspaso de parte del poder de la industria petrolera internacional a la industria eléctrica o energética no fósil; y, c) la reducción sustancial de la factura energética exterior, que como ya es bien sabido en España significa en torno, en función de la evolución de los precios del crudo, unos 50.000 millones de € al año. Factura que para los ciudadanos, según calcula Ramon Sans del colectivo CMES, se traduce en unos 125.000 millones de € al año.

Fuente: ECF, Roadmap2050

Para algún@s, estos cambios ya supondrían una gran variación. Como decía un alumno mío, y que me perdone por utilizarlo aquí, «un cambio de este tipo, ya sería un óptimo de Pareto», pues la situación mejoraría, sin que nadie empeorara. Cierto, mejoraría a nivel climático, podría servir para la definición de nuevos espacios políticos, de nuevas territorialidades, e implicaría un gran ahorro en el pago de las fuentes energéticas.

Sin embargo, un cambio de este tipo, no alteraría para nada la esencia ni la estructura ni de las relaciones de poder actuales. Por ejemplo, si se produjera un cambio de este tipo, los municipios no verían alterado ninguna de sus actuales (no) competencias en política energética. Los pueblos y ciudades se conectarían a una red centralizada y externa, equivalente a la actual, por la que en vez de energía sucia fluiría energía «limpia».

Por ello, ahora que se acercan las elecciones municipales, mi consejo para aquellos partidos y formaciones que acuden a las elecciones con la voluntad de ser políticamente correctos, pero deseando que «todo siga igual», es que que apoyen una opción de este tipo. Esta es la opción fácil, pues no hay que hacer nada, sólo dejar que las eléctricas dirijan la transición.

Para las otras formaciones y partidos, aquellos que realmente quieren el cambio, la cuestión es mucho más difícil, pues es un largo proceso profundamente político.La política de la transición energética se inicia en el mismo momento en el que se ha de decidir qué modelo de renovables se quiere: uno centralizado como el que he esbozado o uno distribuido de autogeneración local, todavía por definir (piénsese que esta es una elección que con la energía fósil ni se tuvo ni se pudo hacer, pues las fuentes fósiles tienen localizaciones específicas, mientras las renovables son universales y distribuidas). Esto es lo primero y esencial que se debería plantear cualquiera que en su programa «llevara» el cambio energético. Es la decisión previa.

Como se ha dicho, si se opta por un modelo centralizado, ya no queda nada más que hacer, pero si la opción es la contraria, se abre un largo camino, pues la transición es un proceso; un camino con fecha de caducidad, pero largo, y en el cual se ha de mantener la estabilidad y la seguridad del suministro.

Para este camino, me atrevo a esbozar una pequeña hoja de ruta y una parrilla ética.

1) La meta es un modelo descentralizado, distribuido, 100% renovable, por ello cualquier medida de normativa municipal, inversión en la red… que se adopte ha de ir en esa dirección. Por ejemplo, si se hiciera una normativa de terrados, aunque no se instale nada en ellos, ya deberíamos prever que en el futuro lo haremos.

2) Si el el medio plazo se tuviera que optar por una tecnología de transición, opción híbrida o medida concreta, siempre se debería optar por aquella que no hipoteque ni materialmente ni financieramente, ni retrase, la opción de las renovables.

Pongo ejemplos de dos tipos. El primero, si se tuviera que hacer una nueva planta de generación y todavía no dispusieramos de una opción 100% renovable, mejor una de cogeneración de gas, a la que después se podría cambiar el gas por el hidrógeno que algún tipo de instalación que no podamos «reciclar».  El segundo, polémico y de gran actualidad, si se han de adoptar medidas para combatir la pobreza energética, no apostar por el bono social, que sólo es pagar -¿con nuestros impuestos?- a las empresas del viejo sistema para que sigan haciendo lo mismo; y apostar por financiar autogeneración doméstica renovable para todas aquellas familias que lo necesiten: será más barato, será renovable, se autofinanciará en poco tiempo y tendrá un potente efecto demostración.

3) Por las fuertes resistencias que vendrán del «mundo fósil» y porqué la involución es muy probable, la transición energética ha de ser necesariamente un proceso consensuado, participativo y de cooperación ciudadana. Caso contrario está condenado al fracaso.

Evidentemente, todavía hay muchas cuestiones para analizar, entre las cuales, la no menor de la financiación, pero me parece que esta idea de proceso es esencial. De hecho, el CMES, colectivo al que pertenezco, trabaja en esta línea: en pensar la transición en etapas.

Por ahora, como ya apunté en una entrada anterior, en la que criticaba los rickshaws turísticos que invaden mi barrio, mi preferencia para esta transición es que sea moralmente aceptable y recoja lo mejor de ambos mundos (del fósil y del renovable). Para pensar en ello, he elaborado una pequeña parrilla que nos sirva de brújula en el proceso.

Sería bueno, que cualquier opción se pasara por este tamiz. Así, pasando por esta parrilla cualquier megaproyecto de renovables, no pasa la «prueba del algodón», pues al menos favorece la concentración de poder, la mercantilización del suministro del sol o del aire y la exclusión (o la creación de pobres energéticos). En el otro extremo, el rickshaw tampoco pasa la prueba, pues un congénere es mi fuente de energía e implica trabajo (energético) humano. Entre ambas cosas, tendremos que encontrar el camino de la transición.

Ballena blanca, otra iniciativa en la buena línea

Ya hace un tiempo, mi amigo, el «de los recortes», me hablo de una nueva revista que acababa de salir. La revista se llama Ballena blanca y según reza en su portada es una revista de medio ambiente y economía.

 

Hace aproximadamente una semana, el número uno de la misma apareció milagrosamente en el buzón de mi casa. Así que respondiendo a este hecho prodigioso -de hecho, doblemente prodigioso, pues implicó que el cartero de la zona, se desplazara hasta «mi» finca, cosa que cada vez ocurre con menor frecuencia-, he decidido hacer una pequeña entrada sobre esta revista. Se trata de ayudar a dar a conocer otra iniciativa -pues a mi modo de entender también lo serían La Marea o Alternativas Económicas– que intenta tres cosas extremadamente difíciles, en este momento: a) dar información independiente, sería y fundada -en argumentos, se entiende- sobre cuestiones de actualidad, que aun siendo vitales para l@s ciudadan@s, no aparecen, o se tratan adecuadamente, en los medios mainstream; b) dar salida a ese patrimonio periodístico que, por partidismo, por gestión empresarial ingenieril y por la crisis, está siendo dilapidado; y c) buscar nuevos formatos para llegar a todos aquellos lectores de periódicos que, como yo, después de años de bajar cada día al kiosco para comprar la prensa del día, si lo siguen haciendo, sólo es por mantener con vida el puesto de la esquina. Además, las tres iniciativas, comparten ser y apoyar la economía cooperativa.

Hablo aquí de Ballena blanca, y no de las otras dos citadas, además por haberla hallado en el buzón, por ser una revista que fundamentalmente trata, aunque no sólo, temas energéticos y ambientales. Así, añadimos al  cooperativismo energético de nuestro país, otra pieza: un nuevo, todavía modesto, medio de comunicación.

La revista es en papel, aunque tengan una página web, integrada en las redes sociales y en la que además de la información habitual (quiénes somos, qué hacemos, cómo subscribirse…) hay colgado un divertido vídeo titulado «clandestinos solares», que llama a la acción. Para mi, que ya tengo una cierta edad, esta mezcla de papel y página web está muy bien, pues me leí la revista enterita, sin el ansia que me da ver un texto en una pantalla sin saber cuánto falta para el final, y encontré material multimedia complementario con el texto escrito en la web. De hecho, esta es la misma fórmula de una de las revistas más apetecible de los últimos años en Francia, la Revue XXI, que sobrevive, y bien, gracias a las suscripciones a la revista en papel.

Dicho todo esto, como todo proyecto nuevo, el contenido de la revista tiene claroscuros. En el lado positivo dos cuestiones me han gustado especialmente. Lo que más, la infografía, muy pedagógica y original. Por ejemplo en dos páginas, con unos amenos gráficos, me queda muy claro, si me objetivo es reducir las emisiones de CO2, qué marca de coche me he de comprar y cuál no; aunque confieso que cómo el coche que más emisiones genera es un Lamborghini Aventador LP 700-4 (el coche de CR7), éste nunca hubiere estado a mi alcance. Cómo también me ha gustado, por poco tratado, la selección de algunos temas; por ejemplo uno sobre la ‘fiebre’ de los minerales en España.

Sin embargo, reconozco que el conjunto de la revista me ha desconcertado un poco, la revista me ha parecido un doble híbrido, el de una revista de divulgación y una de formación del ‘consumidor’ responsable; y el de una revista de divulgación y una de información especializada. Entiendo, y con este objetivo escribo este párrafo, que en función de la respuesta que los iniciadores del proyecto tengan de otros lectores como yo, irán cincelando el perfil definitivo de la revista. Aunque, claro está, ésta es sólo mi opinión. En cualquier caso, y por ello, aquí lo escribo, creo que este es un proyecto a apoyar. Por mi parte, después del doble milagro postal, considero que me he de subscribir a la misma. Así, al menos, podré ir viendo cómo evoluciona.

Por hoy, nada más, sólo dar las gracias a fuera quién fuera que me mandara la revista, y la enhorabuena a sus aguerridos iniciadores e iniciadoras.

Mejor todos de la mano

Hoy, hace una semana, se celebró la asamblea general de Som Energia, una cooperativa de energía «verde», de la que ya he hablado, y a la que he alabado, en entradas anteriores. Sigo pensando, como creía, que esta es una iniciativa realmente prometedora, pero en la asamblea del otro día, vislumbré algunas sombras. Cuando, en febrero de 2012, califiqué a Som Energia de realmente prometedora, lo hice pensando en tres criterios: a) el de ser un instrumento de lucha contra los poderosísimos monopolios eléctricos que tenemos en el espacio energético de la Península Ibérica; b) el de ser una iniciativa, especialmente válida en tiempos de crisis, que promueve la inversión productiva -en vez del gasto energético- y los efectos de arrastre que de ella se deriven (nuevas actividades, oficios, tecnologías, empleos…), y, aunque condición para los anteriores, c) el promover un modelo energético, descentralizado y distribuido, frente a las hegemónicos centralizados. Viendo los resultados presentados en la asamblea, no puedo más que seguir aplaudiendo esta iniciativa, pues como su propia página web muestra en poco más de dos años se han logrado más de 8.000 socios cooperativistas; financiar con aportaciones de los socios unas inversiones productivas de más de 3,5 millones de euros; generar autónomamente 344.589 Kwh; y que 6.402 hogares contraten la luz fuera de los grandes oligopolios eléctricos y con certificado de garantía de energía verde. Cualquier persona con instinto emprendedor del mundo -ese instinto que nuestros gobernantes, dicen, quieren favorecer- elogiaría algo así, pero como dijo un celebérrimo ministro Spain is different y, añado yo, and Catalunya too. Así que, aquí, no sólo no se elogia, sino que se le ponen palos a las ruedas.

Mis amigos ingenieros del CMES, que calculan adecuadamente, me han ayudado a hacer lo que presento a continuación -que ellos me perdonen si no lo traslado adecuadamente; ya se sabe, los economistas…

En Catalunya, zona en la que Som Energia tiene el mayor número de cooperativistas, un hogar medio consume entre 4.000 y 5.000 KWeh (siendo la «e» de eléctricos) cada año. Es una barbaridad, pero es lo que nos dan las cifras. Por tanto, 6.402 hogares por -en la franja baja- 4.000 KWeh, significa una consumo de 25.608.000 KWeh/año. Si estos mismos KWeh se tuvieran que generar con petróleo (aunque el mix energético de generación eléctrica catalán es distinto), ello equivaldría a 48.316,98 barriles de petróleo. Está claro que no es mucho, y que dependerá del precio al que se cotice, pero en términos nominales, con el precio del barril brent (100,39$/br.) y el tipo de cambio euro-dólar (1,3006) de hoy, ello equivale a 3.729.464,57 de euros. A ello, le debemos añadir que esta cooperativa, hoy ya genera 344.589 Kwh, lo que, por ahora es muy poco, pero que si creciera significaría un no uso de fuentes fósiles y nucleares mucho mayor.

El debate, aquí no es si esto es mucho o poco dinero -aunque huelga decir que en un momento como el actual más de 3 millones de euros en un centro de sanidad o educativo sería como si les hubiere tocado «el gordo» de Navidad, ya que casi representan las nóminas anuales de 80 profesores titulares de universidad-, sino si esta cantidad de barriles de petróleo es necesaria y si podríamos ahorrarnos este dinero. La respuesta es evidente y afirmativa, pues el coste de todas las fuentes de energía primaria -no hablo de la generación- que comercializa Som Energia es cero. Ni el sol, ni el aire ni, por ahora, el agua, por ser libres, tienen precio monetario, mientras que sí lo tiene el petróleo -o gas o combustible nuclear- que importamos. Por tanto, que los usuarios finales -domésticos o industriales- apuesten por la electricidad generada a partir de fuentes renovables, implica que desaparece, de la cadena energética, el coste de la fuente de energía primaria. De hecho, una vez está instalada una placa solar o un aerogenerador, el coste de producir más KWeh es nulo (en economía diríamos que el coste marginal -el que supone producir una unidad adicional- es cero); mientras que en una central térmica, el coste de generar una unidad más de electricidad dependerá de cuánto cueste el barril de petróleo, el metro cúbico de gas o la tonelada de carbón. Es decir, éste es un dinero que podría no tener que pagarse.

Las opciones de lo que se pudiere hacer con ese dinero son variadas y van desde simplemente no gastarlo a invertirlo en un nuevo modelo descentralizado de generación y empleo de la energía, pasando por emplear el dinero -en divisas- que nos ahorramos a pagar las primas -en moneda local- a «nuestras» empresas. Sólo los 3.729.464,57 de euros que representarían la generación, a partir de petróleo, de los 25.608.000 KWeh/año, si no me equivoco, podría convertirse en una prima de 14 céntimos de euro por KWeh generado con fuentes renovables.

Por tanto, la simple existencia de una comercializadora – y productora- de energía renovable, siempre y cuando la generación de esa energía sea local, ahorra un coste que intrínsecamente no es necesario pagar. Suena a magia, pero es así. Si sólo unas 6.000 familias, permiten que se deje de emplear más de 48 mil barriles de petróleo al año y que se reduzca el déficit exterior en el equivalente a cerca de 5 millones de dólares, imagínense qué sería si todos nos pasáramos a las renovables….

Alguien podría considerar que este argumento es insolidario con los del «exterior», podría ser, pero personalmente tengo mis dudas. Tres son las razones para ello. En primer lugar porque, salvo la parte que se queda vía impuestos en los países productores, a quién le estamos pagando, de facto, ese dinero es a los grandes conglomerados transnacionales energéticos. En segundo lugar, porque la industria energética fósil -aunque esto no sea cierto en su faceta química e industrial- productora de combustible y generadora de electricidad es un sector obsoleto que ya genera muy pocos efectos de arrastre en la economía. Y, por último, porque en los llamados países productores el maná petrolero ha sido más una maldición que una bendición. Ni con los «milagros» recientes de casos como Qatar, se puede afirmar que el dinero del petróleo ha sido bien «invertido» en las economías petroleras, e, incluso, en algunos casos como Nigeria o Guinea sólo ha servido para generar más injusticia y miseria.

A esta iniciativa -y a las similares- yo sólo les veo ventajas. Creo, pues, que nuestros gobernantes deberían estar ayudándoles, ya que ahorran dinero al país, crean puestos de trabajo (sólo la cooperativa ha creado 7 de directos y algunos indirectos con la construcción y mantenimiento de las unidades generadoras), invierten en nuevas actividades de futuro, rehabilitadoras del territorio, y se han financiado con el dinero de los cooperativistas, y por tanto, sin presionar sobre el crédito, ni público ni privado. Sin embargo, éstas son las iniciativas que se intentan aplastar ¿Cómo? Muy fácil, haciendo una legislación que impide comercializar su propia energía, que impide una remuneración adecuada de la electricidad «gratis» que generan y obligándoles a que tengan que pasar por el aro de los grandes oligopolios eléctricos para poder comercializar energía. De hecho, tal como están las cosas, puede que los sucesivos cambios legislativos del ministro Soria acaben con Som Energia. No se crean, aunque sea una cooperativa creada en Cataluña, tampoco el gobierno local parece estar muy interesado en el tema… Creo que a un marciano se le cuenta esto y no lo entiende, pues cómo se va a comprender que en tiempos de profunda crisis, se aplaste a las pocas iniciativas locales creadoras de futuro sostenible.

Ante esta situación, considero que debemos redoblar nuestros esfuerzos para lograr la transición energética hacia un modelo distribuido, basado en renovables. Por esta razón, después de escuchar algunas intervenciones en la asamblea del pasado sábado, creo que no nos podemos despistar ni un momento y fomentar nuestra desunión. Nuestro enemigo es el oligopolio eléctrico que captura a todos los gobiernos de la Península Ibérica, no aquellas personas que viven a unos centenares de kilómetros de distancia. Hemos de ir todos juntos, con el mismo proyecto, que es el de lograr la generación universal de energía descentralizada. Por definición este es un único proyecto común que, intrínsecamente, por sus propias características se ha de implantar a nivel local. Si se lograra, entonces sería el momento de hablar de si la descentralización significa islas energéticas o redes federadas y distribuidas. Ya me gustaría estar en este debate, pero ese horizonte todavía es lejano, así que mientras llegamos a él, mejor todos de la mano, ¿no les parece?.

Pobreza energética, ¡suerte que España es un país cálido!

Hace unos días, a través del twitter, me llegó un informe de la Association for the Conservation of the Energy, titulado the Cold Man of Europe. Este informe empieza con la siguiente frase, fuel poverty is a major social crisis in the UK. There are over five million households in fuel poverty needing to spend more than 10% of their income on energy in order to keep warm. This number will increase significantly if gas prices rise as the Government expects.

Al leerlo me he ido a buscar los datos, pues lo que nos dice este informe es que en uno de los pocos productores de gas y petróleo europeos -además de carbón-, un porcentaje significativo de sus habitantes son pobres, energéticamente hablando. Es decir, están excluídos del uso que consideraríamos socialmente, «normal» de la energía.

Es cierto que desde inicios del Siglo XXI, la producción de petróleo y de gas en el Reino Unido ha decrecido sustancialmente, pero, a pesar de ello, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, en 2009, todavía tenían la capacidad de producir un 80% del total de la energía que se consumía en este país y, hoy en día, según los balances que ofrece la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, la producción autóctona sería suficiente para cubrir el 63% del consumo nacional. Puede parecer poco, pero si se miran los mismos datos para España, en el 2009, contando la energía nuclear como propia, no llegábamos ni al 24%, y en la actualidad esta cifra es bastante similar.

Ni un país ni una economía es, a priori, mejor o peor por los recursos energéticos que posee, pero he querido realizar esta comparativa, porque podría servir de lección para España. Los datos que acabo de mostrar nos dicen que, a pesar de la riqueza fósil del Reino Unido, sus habitantes pasan frío. De ahí que concluya que no hay una relación entre riqueza en fuentes primarias de energia y bienestar energético de la población.

Esta es la primera lección que extraemos del informe, pues éste muestra que un país puede ser pobre energéticamente aunque sea rico en energía fósil e, incluso, «tenga» alguna de las primeras empresas energéticas del mundo como British Petroleum. Así que, en España, seamos muy cautos a la hora de apostar por producciones supuestamente nacionales, como las que, se especula, tendremos gracias al uso de la técnica del fracking en la Penísula o a la extracción de petróleo convencional en las Islas Canarias. De hecho, el contra-ejemplo del Reino Unido pone en tela de juicio esta creencia.

En realidad, no se ha de ser muy list@ para saber por qué dicha relación no se produce:  en el Reino Unido hay pobreza energética, porque en el gasto de las familias, la factura energética representa un porcentaje excesivamente elevado para -según el informe- 5 millones de hogares. Ante ello sólo hay dos explicaciones posibles; o la industria cobra unos precios abusivos o las personas perciben unas ingresos insuficientes. Ambas cosas podrían ser verdad en el Reino Unido, pero seguro que lo son en España.

Desgraciadamente en el informe citado no se habla de España, pero leo en las estimaciones de la Unión Europea que, aquí, casi un 1,9 millones de hogares son «pobres energéticamente», lo que significa que, también, más del 10% de la población lo es. Estos datos son de un informe del 2010, por tanto, a día de hoy, con más de 6 millones de parados, la cifra se habrá disparado. A ello apunta el pionero informe realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales.

Teniendo en cuenta las causas de la pobreza energética en Inglaterra, es facil asumir que en un contexto como el Español, esta pobreza silenciada, también irá en aumento, salvo que el buen clima nos salve de ello. De hecho, es extraño que no aparezcamos ya, pues según datos del Departamento de Energía&Cambio Climático británico, los españoles pagamos una factura eléctrica mucho más elevada que la de los británicos.

Así, para España, la segunda lección de este informe es que si la pobreza energética no viene determinada por la cantidad de energía que se tenga, sino por la capacidad de los usuarios finales de acceder a la misma -lo que en economías «de mercado» como las nuestras, implica que la puedan pagar-, en esto, también, España va mal. Hoy ya, gracias, al extremo poder de monopolio de las compañías que operan en el país, los hogares  pagamos una de las facturas energéticas más elevadas (en términos absolutos y relativos) de la Unión Europea. Y, gracias a que importamos casi toda la energía primaria del exterior, el país paga una de las más abultadas facturas energéticas exteriores por importar crudo, gas y combustible nuclear. Sólo en hidrocarburos, según los últimos datos, en momento de crisis, unos 50.000 millones de euros.

Ya he comentado en otras entradas, el potencial que tendría convertir este gasto en combustible en una inversión, pero más allá de ello, hoy, no se ha de olvidar que esos miles de millones engrosan nuestro déficit exterior, y con ello -aunque sea indirectamente- nuestra deuda. Deuda que, ahora ya lo hemos aprendido, la pagamos recortando el trabajo, los derechos sociales y la vivienda de la población. Por tanto, de forma indirecta, por pagar nuestra factura exterior energetica, acabamos sin poder pagar la doméstica.

Una vez más, nada de esto tiene sentido -al menos «sentido común». Por ello, si no queremos sumar la pobreza energética a todas las que ya vamos teniendo, este informe nos da pistas del camino a seguir:

1) no entrar en quimeras sobre una hipotética mayor autonomía fósil en España

2) acabar con un poder de los monopolios energéticos, que se traduce en continuos e injustificados aumentos en nuestra factura eléctrica

3) invertir en la creación de una nueva forma de producir -y usar- energía, en vez de gastar estérilmente miles de millones de dólares en el exterior que, acaban empobreciendo a los españoles.

Visto que no lo hacemos, no debe ser fácil, pero en un día como hoy, en el que la EPA ha vuelto a caer como un mazazo encima de nuestras consciencias, creo que ha llegado el momento de probar algo nuevo ¡Atrevámonos!

España, ¿parcela del nuevo juego energético?

El pasado 22 de febrero Energía Diario publicaba la noticia titulada El Congreso rechaza, con los votos del PP, CiU y UPyD, prohibir el «fracking» hidráulico en España. Esta noticia relata exactamente lo que anuncia el titular, pero le añade alguna cosa. Nos habla de la plataforma Shale Gas España. Si ustedes introducen estas cuatro palabras en su buscador de internet, lo más probable es que lleguen a la siguiente página web. Ésta es una aséptica y limpia página web, con fondo blanco y pocos colores, en la que destaca un mapa de España con tres comunidades autónomas en color azul: Castilla-León, País Vasco y Cantabria. Como ya habrán adivinado estas tres comunidades son aquellas en las que ya se han autorizado permisos de investigación en determinados lotes de terrenos.

Fuente: burgos-dijital.blogspot.com

Según consta en la página web, estas autorizaciones están ya publicadas en el BOE o en los diarios oficiales de las comunidades citadas. Así que la cosa no debe ser una broma.

Quiénes conforman esta plataforma es un grupo de cinco empresas: BNK  Petroleum; Heyco Energy Group; R2 Energy; San Leon Energy y Hidrocarburos de Euskadi.

La primera es una compañía cuya sede principal está en Vancouver (Canadá) y cuya filial española se llama Trofogás; Heyco es una empresa familiar de Nuevo México (USA), miembro de la Independent Petroleum Association of America y que, según declara es un proud sponsor of Shale Gas España; R2 Energy, según su propia definición es un grupo de shale and financial experts con larga relación con Halliburton. San Leon Energy declara tener voluntad de convertirse en la principal compañía de gas no convencional en Europa e informa que sus dos principales accionistas son el Soros Fund Management LLC y uno de los principales fondos de inversión indio Blackrock Investment Management Ltd Y, por último los Hidrocarburos de Euskadi, que forman parte del Ente Vasco de Energía.

He estado buscando declaraciones convincentes sobre la razón por la que el Ministerio de Industria y las respectivas consejerías autonomas están dispuestas a autorizar estos permisos sobre determinados bloques de terreno en España. No las encuentro, más allá de las que cita Jordi Ortega en su blog y que realizo José Manuel Soria diciendo que defendía sin complejo prospecciones energética [fracking] y rectifica la disposición a prologar la vida útil de la nuclear… ningún tecnología sobra o las que se citan en la misma noticia de Energía Diario que inspira esta entrada: tanto el PP como UPyD justificaron su postura en que no se puede prohibir de forma generalizada la investigación de nuevas fuentes de energía, especialmente en la actual coyuntura económica y ante la alta dependencia energética de España.

De las que conozco estas últimas son mis preferidas, pues me gustaría saber en qué mejorará la coyuntura económica del país y su dependencia energética por extraer gas de «nuestras» pizarras y esquistos. De la plataforma Shale Gas que presiona para que se autoricen más concesiones en España y ya tiene concedidos determinados derechos en los yacimientos ya autorizados, y que me perdonen, lo más español es el Ente Vasco de Hidrocarburos. Por otra parte, visto quienes son el resto de inversores, pocos de ellos parecen tener intereses en el mercado del gas en España. Mercado que, me sabe mal recordarlo, pero está más que saturado con el exceso de gas que nos llega de Argelia y otros lugares del mundo y que, en la actualidad, ya nos cuesta darle uso.

Podría ser que la asociación de petroleros independientes de Estados Unidos, que es a la energía lo que la asociación del rifle es a las armas; que Halliburton que es a las infraestructuras energéticas, lo que son los intereses privados son al Pentágono; o que el «bueno» de George Soros estén genuinamente interesados en nuestro suministro energético, pero tengo mis dudas.  De hecho, mi pensamiento va en sentido inverso. Viendo el tipo de inversores que participan en la plataforma shale gas, creo que sin que el Gobierno español se haya dado cuenta, España se ha convertido en una pieza más de un juego global en el que el fracking is promoted as an «exit» strategy from the energy crises and a potential geopolitical «game changer» for some countries.

Esta cita que está sacada de un pequeño informe, Old Story, New Threat: Fracking and the global land grab, publicado por mi admirado Transnational Institute, del que ya les he citado otros documentos, que explica de forma sencilla dos cosas: a) el fenómeno fracking es un fenómeno reciente surgido del mundo petrolero made in USA, que se ha ido extendiendo, primero, al Mundo anglo-sajón (Canadá, Australia y Nueva Zelanda); después al Occidental y, por último a algunos de los países emergentes; y, b) la red de intereses que se ha ido tejiendo en torno al fracking tiene su origen en el núcleo duro del conglomerado energético de siempre, del que se van excluyendo algunas compañías petroleras nacionales, mientras algunas otras entran, pero sin comprometer su estructura -más que centenaria- básica.

Ante ello tiendo a pensar que más que ganar autonomía, España, al entrar en el mundo de las concesiones, se convierte, en la mente de industria energética internacional en un posible territorio rico en hidrocarburos. Es decir, se convierte en un país que cede lotes de territorio o del producto que se extraiga en él, a cambio de regalías  tasas o impuestos. Y, aquí entramos en el segundo argumento de la justificación, el que dice que en la actual coyuntura económica no podemos ignorar esta cuestión.

Ante este segundo argumento, dos preguntas. Primera, ¿en la actual coyuntura, de verdad sale más barato gastarse miles de millones en una tecnología cara y no suficientemente probada que seguir trayendo, con contratos a largo plazo, el gas de Argelia?. Segunda, ¿qué regalías, fiscalidad o bonnus está previsto que ingresen las compañías concesionarias a la hacienda española? Leo en el BOE que la empresa Trofogás, oferta una prima por encima del valor del canon de superficie de un 400%, es decir, 36.176,66 euros/año. La verdad, no me parece una gran cifra y, desde luego, casi de risa, si lo comparamos con la magnitud de la crisis que sobrellevamos.

No quiero ser paranoide -aunque reconozco que a estas alturas de la vida, muchas veces la realidad supera no lo que pensé, sino a lo que algún día pudiera pensar-, pero como ciudadana me siento muy desamparada. Nuestro ejecutivo es quién, apoyado en su invencible mayoría absoluta, vende nuestra tierra por un mísero puñado de dólares. Estarán contentos, porqué creen que vamos a jugar en la primera división de la liga energética, pero, me temo que no parecen comprender que éste es un juego de estrategia en el que España no es ni tan siquiera un peon, sólo es una de las cuadrículas del tablero: una de las muchas parcelas encima de las cuales las fichas jugarán.

¿un nuevo modelo del carbón?

Hoy, un joven amigo me ha mandado dos enlaces al The Economist, el primero habla del auge del carbón en China y de su declive en USA, mientras el segundo cuenta que la «nueva» política energética europea conducirá «al peor de los mundos posibles», al sustituir la energía nuclear por electricidad obtenida a partir del carbón.

Como algun@s de mis lectores sabrán, llevo tiempo apuntando la importancia que el carbón podría tener como fuente energética en el Siglo XXI. Es más, ya he citado alguna vez la frase de Jean Marie Martin-Amouroux en la que se dice que la fuente energética perdedora del Siglo XIX, parece ser la ganadora en el Siglo XXI. Este paso de casi doscientos años, sólo puede tener dos significados y, es en función de ellos, que debemos analizar el papel que el carbón podría tener en la actualidad.

Si el carbón vuelve a ser una de las fuentes energéticas hegemónicas a escala mundial, ello sólo puede indicar que o bien estamos regresando a un modelo energético como el del Siglo XIX -con todo lo que ello conlleva en las formas de producir y consumir- o que estamos creando un nuevo modelo energético con el carbón. Esto que a algunos les puede parecer una perogrullada, para mi no lo es tanto, si se aprehende en todo su significado lo que significa un modelo energético. Para ser breve, diré que, en cada momento de la historia, el modelo energético hegemónico es el que se adapta a lo que se produce, a cómo y donde se vive, a lo que pensamos y, sobre todo, a las relaciones de poder vigentes.

Así, en el Siglo XIX el carbón fue la base energética hegemónica, porque se adaptó a la sociedad del capitalismo manufacturero británico. Este matrimonio «carbón – forma de producir y de vivir» explica el poder que tuvo el Imperio Británico y explica, también, muchos aspectos del Reino Unido: Explica, esa dualidad espacial entre núcleos urbanos-industriales y la campiña británica; explica el tipo de infraestructuras que se desarrollaron -especialmente el ferrocarril- y explica el tipo de actividad industrial que se realizó, pues el carbón, la máquina de vapor, las manufacturas textiles y el desarrollo de la siderurgia son todo uno. Por ello, y como ilustré en alguna entrada anterior, por la necesidad de mineros y por favorecer un modelo productivo intensivo en mano de obra, el carbón también relata el nacimiento del movimiento obrero.

El carbón, desembrollaría muchas más cosas, pero con esto, por ahora, creo que es suficiente para seguir mi discurso.

Así siguiendo mi argumentación, si, hoy, el carbón se acabara imponiéndose, podría ser que se volviera a una situación equivalente a la a la del Manchester del Siglo XIX.

Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8072975/Chinese-anger-at-37-coal-mine-deaths.html#

Lo sé, suena raro, pero, a veces cuando veo imágenes de las minas en China o Mongolia; cuando leo sobre las condiciones de explotación laboral de las grandes manufacturas globales, y cuando sé del gran peso de la siderurgia en China o India, no puedo evitar pensar en Leeds, Manchester o… hacia 1840.

Sin embargo, es cierto, que hay otros factores que hacen pensar que el carbón se adaptará al Siglo XXI. Pero, ¿qué significa eso exactamente?. Bajo mi modo de ver, por la misma definición de modelo energético, ello significaría adaptar el carbón al capitalismo financiarizado y global en el que vivimos. Hoy, en relación a la Inglaterra decimonónica de referencia, además de dar una mayor diversificación a los usos finales del carbón, especialmente como fuente primaria de la electricidad ¿qué implicaría «modernizar el carbón»? Fundamentalmente dos cosas:

1. internacionalizar las relaciones energéticas del carbón. Es decir, crear un mercado de compra y negociación, cadenas de producción globales y una estructura de gobernanza global, como se hizo con el petróleo a lo largo del Siglo XX. Y,
2. convertir el carbón en aceptable -o «políticamente correcto»- es decir hacerlo aparecer como limpio

Ninguna de ambas cosas altera la esencia del carbón como fuente de energía, sólo modifica el tipo de actores -empresas, territorios, organizaciones carboníferas internacionales, tipos de capitales…- que intervendrán en el mundo de las relaciones carboníferas del Siglo XXI y, por ello, las relaciones de poder y la geo-política del carbón.

Hoy todavía estamos lejos de saber cómo será -e incluso si será- la escena carbonífera del futuro, sólo tenemos grandes consumidores de carbón en China, Estados Unidos, Rusia, Alemania…. que, en algunos casos adquieren el carbón en el exterior. Dicho esto, puestos a especular, coincido con la idea del segundo artículo del The Economist, cuando dice que en Europa vamos hacia el peor de los mundos posibles. Coincido en lo segundo, pero no en la primero. Si se opta por el carbón como fuente, sino hegemónica, al menos privilegiada de energía en el capitalismo del Siglo XXI, vamos al peor de los mundos posibles, pues hay indicios de que tendremos un capitalismo -global- manufacturero propio del Siglo XIX con unas estructuras monopolítisticas, jeraquizadas, verticales y transnacionales de poder propias del Siglo XXI. Y, además, viviremos en una nube negra. No coincido, sin embargo, con la idea que expresan los dos artículos citados. Es decir, que Europa va mal, mientras Estados Unidos lo hace mejor o China … En las condiciones actuales, si existe un modelo energético hegemónico, éste será el de todos, aunque en él estén los poderosos y los excluidos -como lo ha sido el caso para el petróleo.

Por lo que pueda venir, he mostrado, como recordatorio, las fotos de los mineros y he señalado el horror de las relaciones laborales del capitalismo primitivo. Puestos a hacer activismo energético, tal vez deberíamos empezar a pensar que cada vez que decimos que «los chinos nos hacen competencia», lo que estamos diciendo es que hacen la competencia a los obreros europeos de hace dos siglos. Dicho así, es absurdo. Es verdad; pero, yo, no me puedo sacar de la cabeza que el carbón ha vuelto a aparecer en escena, cuando globalmente hemos vuelto a reproducir un modelo de relaciones fabriles que creíamos olvidado. Son sólo pensamientos, pero a mi, al menos, me dan qué meditar.