Vías romanas y gasoductos, una curiosidad para la noche de Reyes

Como todos los años, aunque nos olvidemos sistemáticamente, el periodo de festividades navideñas, es de lo más atareado. Es casi un milagro de Navidad tener dos o tres horas libres para una misma. Quería hacer esta entrada, desde que en una de esas actividades previas a las festividades como son los aperitivos, cenas u otros menesteres, un compañero de trabajo, después de que yo le contara una de mis fantasías, como tal nunca realizada, de escribir una guía turística de las principales vías romanas secundarias de Hispania, me espetó, «pues yo tengo unos amigos que han escrito un artículo sobre ello y las han cartografiado todas. Mañana te mando el artículo». Como así fue.

Vía Romana en el Puerto del Pico, Sierra de Gredos

Espero que mi colega no se moleste por aparecer en este blog, pero le estoy muy agradecida. El artículo en cuestión es de Pau de Soto y César Carreras Montfort y se titula, La movilidad en época romana en Hispania. Aplicaciones de análisis de redes (SIG) para el estudio diacrónico de las infraestructuras de transporte y se puede leer en libre acceso. Es uno de esos artículos que dan endivia, de esos que al verlos piensas, que de mayor es a lo que te quisieras dedicar. Me encanta ver que el estudio de épocas remotas y de la Roma clásica tiene aplicaciones contemporáneas.

Este último comentario, y que me perdonen los lectores, se lo tenía guardado al Conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalnya, Sr. Boi Ruíz, que en algún momento declaró, el que no pot ser és que la universitat formi gent amb diners públics, com filòlegs clàssics, que no podran anar al mercat (Sic!). Bueno, pues aunque creo que Pau Soto y César Carreras son arqueólogos, y no filólogos, que le valga este artículo al Conseller para ir reflexionando antes de hacer declaraciones tan temerarias sobre determinadas carreras universitarias, ya que las conclusiones que arroja el artículo son argumentos de peso, es decir científicos, que ayudarían a apoyar algo tan cacareado por el gobierno del que él forma parte: el corredor de mercancías mediterráneo. Pues, el artículo concluye diciendo que … a mediados del siglo XIX cuando comienzan a construirse las infraestructuras ferroviarias, Manuel Duran Bas apoye una propuesta del Sr. Lujan de crear una red en forma de H que vincule los principales centros económicos de la Península y los puertos franceses, del este al oeste con dos ejes […] con dos viales: uno Barcelona-Figueres-Francia y el otro Pamplona-Irún-Francia, entendiendo que esta estructura favorecería una mayor movilidad y rapidez en las comunicaciones. Resulta sorprendente que esta estructura en forma de H tenga una mayor similitud con la red viaria romano que con cualquier otra posterior. 

Para mi, otra cosa sorprendente de este artículo es que al ver uno de los mapas, que estos dos arqueólogos han elaborado, no pude evitar recordar la red de gasoductos de la Península Ibérica, pues salvo por los ramales que, para traer el gas del Norte de África hacia Madrid y la Cornisa Cantábrica, de Sur a Norte atraviesan el centro de la misma, el trazado del transporte del gas en España parece calcado del de la movilidad romana.

Fuente: Soto y Carreras (2009, Fig. 3, p.310

Deseo que a los autores del artículo no les moleste que emplee una de sus imágenes para ilustrar tal hallazgo, pero es que me encantó. No sólo por haber encontrado una aplicación adicional a su estudio, sino por ilustrar a la perfección la riqueza de la pluridisciplinariedad. Dos cosas me parecen extraordinarias del artículo, el que se haga un análisis económico, cuya justificación se remonte a los caminos de Roma, y que en él quede claro que las infraestructuras son instrumentos para crear espacios políticos, por ello su realización pocas veces se debe estrictamente a razones económicas.

Una lectura de estos mapas nos dice que cuando la capital del Imperio era Roma, el criterio del coste en el transporte de mercancías y personas era esencial, pues fundamentalmente los caminos en Hispania eran lugares de tránsito desde y hacia lugares del Imperio. Cosa que ya no es la estructura de carreteras y ferrocarril en España, cuyo objetivo era comunicar la capital con el resto de localidades. Sin embargo, bizarramente, la estructura de gasoductos sí que remite a esa antigua comunicación en el marco de lo que fue el Imperio romano. Observando que la actual cartografía del gas en la Península Ibérica se asemeja más a la antigua cartografía romana, me vuelvo a preguntar lo mismo de siempre: ¿para qué queremos tantas infraestructuras gasísticas, si éstas no llevan a ninguna parte más allá de los Pirineos?

Sería demasiado largo responder a esta pregunta, más para alguien como yo que ha pasado de defender que la Península Ibérica debía de ser un territorio del tránsito del gas y de la electricidad generada con el mismo, desde África hacia Europa central, a ser alguien que, a la luz del extremo e inmoral poder de los monopolios energéticos, se ha convertido a la causa de los modelos de producción de energía descentralizados y de red distribuida, donde la red de gas a la romana actual no tendría cabida. Dicho esto, sigo pensando que la creación de infraestructuras es una de las bases para la construcción de espacios políticos, de territorio y de territorialidad. Por ello, artículos como el que aquí presento también nos han de servir para tomar decisiones sobre nuestra política energética.

Castor, una nueva agresión a la democracia y a la tarifa energética.

Una de las noticias de la semana es la hibernación de Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) cuya actividad se ha relacionado con movimientos sísmicos en la zona. Esta decisión, adoptada en el Consejo de Ministros del pasado viernes 3 de octubre, viene después de que vecinos y diversos movimientos ecologistas se manifestaran reiteradamente contra tal proyecto.

El almacenamiento Castor estaba recogido dentro de la Planificación Estratégica de los Sectores de Electricidad y el Gas 2008-2016 del Ministerio de Industria con la máxima categoría (A Urgente), como proyecto «necesario y prioritario» para el sistema gasista español, y básicamente pretendía ser una reserva de gas, para cubrir aproximadamente un cuarto de la demanda de gas en España para unos 50 días. Con las operaciones de inyección del llamado «gas colchón» se iniciaron los temblores y la alarma de los vecinos, hasta que en el mes de septiembre, después de que se produjera un seísmo de magnitud 4,2 en la escala de Richter, el gobierno ordenara el cese de la actividad.

Fuente: http://jramosgarcia.wordpress.com/

Ello, que podría ser una buena noticia para los vecinos y los ecologistas, se ha transformado en un nuevo ataque a la ciudadanía. Por lo que informa la prensa, para compensar de las pérdidas que ello pueda reportar a la empresa privada concesionaria, Escal UGS (participada en un 67% por ACS), saldrán de los bolsillos de los ciudadanos 1.350 millones de €, que iremos pagando en la factura del gas, a tenor de unos 100 millones al año.

Puede que yo sea de otro planeta y no entienda nada, pero si interpretara adecuadamente, al menos a la vista de los resultados, los hechos son que se construyeron unas infraestructuras energéticas que no cumplieron todos los requisitos de seguridad. Como siempre ocurre, estas instalaciones se «vistieron» de una necesaria inversión pública en aras al cumplimiento del un supuesto interés general, pero las realizaron empresas privadas con el objetivo de obtener beneficios privados. La mayoría de la ciudadanía no opinó sobre la cuestión, aunque sí que existieron ciertos colectivos que (activistas y movimientos ecológicos y energéticos) se opusieron a ella. Los hechos les han dado la razón a ellos. Sin embargo, una vez más, el gobierno de España da la razón y compensa a las empresas del sector y nos obliga a los ciudadanos a pagarles su mal hacer.

Por tanto, si entiendo bien, en este país cuando una empresa privada no hace bien su trabajo, los ciudadanos somos quienes les tenemos que indemnizar, pagando un plus en una factura.

Tal como van las cosas, me temo que lo mismo ocurrirá en Canarias. Allí, si las prospecciones de Repsol causaran alguna tragedia ambiental, ahuyentan al turismo o cualquier otra cuestión, los canarios que activamente se están oponiendo a ello, les tendrían que indemnizar; o, lo que en el momento actual parece probable, si las demandas de los canarios lograran que se pararan las prospecciones, podrían acabar reclamando a los isleños o a sus compatriotas peninsulares que indemnizáramos a Repsol, pues tal como soplan los vientos, podría ser que en poco tiempo los europeos tuviéramos que indemnizar a las empresas que tenían previsto hacer un negocio, cuando éste se viera truncado por oposición de la población, de las autoridades ambientales o sanitarias o por cualquier cambio de legislación.

Esto, que ya ha ocurrido en el caso de algunas empresas tabacaleras, que han logrado indemnizaciones después de la aplicación de determinadas legislaciones anti-tabaco, se podría extender al conjunto de actividades, evidentemente las energéticas, si las negociaciones que en la actualidad se están llevando a cabo entre la Unión Europea y Estados Unidos, para la firma del Acuerdo Transatlántico del Comercio y la Inversión (TTIP en su acrónimo en inglés), prosperan.

Sobre este acuerdo habla el último informe del Seminari Taifa, y sobre él discutimos en pasado sábado. Aquí de él quiero destacar que de sus tres patas, liberalización comercial, regulaciones y creación de tribunales de arbitraje, la última parece especialmente preocupante, pues es el fin del de la posibilidad de alegar interés público en el arbitraje de inversor a Estado. Se trata de establecer tribunales de arbitrajes privados (ISDS), que darán a los inversores el mismo estatus que a los gobiernos. Los ISDS permitirán reivindicar a los inversores sus derechos ante tribunales privados, en los que abogados del sector privado podrán tomar decisiones que obliguen a los gobiernos a pagar indemnizaciones ilimitadas a los inversores sin apelación. Esto es gravísimo y atenta seriamente contra los fundamentos democráticos de cualquier sociedad, pues es mucho más propio de una república bananera que de un estado liberal, moderno y democrático.

Dicho esto, y en clave de humor, lamento que los «pobres» concesionarios de Castor no lo pensaran antes, pues de haberlo sabido, esperando un poquito, podrían haber recibido «legalmente» una indemnización mayor, logrando, así, que los ciudadanos tuviéramos una deuda de por vida con ellos. Es trágico; es horrible; y es inmoral, pero entra en el umbral de lo posible y probable. Espero y deseo que no lo tengamos que ver en Canarias.

Contratos de congestión, red eléctrica y espacio político

El pasado 14 de agosto el New York Times publicaba un artículo titulado Traders Profit as Power Grid Is Overworked. Leyéndolo aprendí que existen los contratos de congestión. En el mundo en el que nos ha tocado vivir, ya se pueden imaginar que un contrato con ese nombre es algo malo. Efectivamente, estos contratos son unos instrumentos de cobertura (hedge) que las operadoras regionales subastan, para que los intermediarios se puedan proteger de las variaciones de los precios de la electricidad. Es decir en una red, dicha, liberalizada como la de los Estados Unidos, con diferencias en los precios de la electricidad entre una localidad y otra, los titulares de estos contratos de congestión pueden comprar y vender títulos en función de cómo evolucionen los precios, enriqueciéndose gracias a las diferencias de precios entre un punto y otro de la red.

Imaginemos que en la ciudad A, por las razones que fuere, la demanda de electricidad es superior a la oferta. Ocurrirán dos cosas: se transportará electricidad desde otra localidad y los precios aumentarán. En la situación inversa, en la ciudad B, ocurre lo contrario. Esta es la base par un «mercado de congestión», en el que se pueden comprar y vender títulos relacionados con el hecho de que hay unos agentes que compran la electricidad excedente en la ciudad B, para revenderla en la A. Ello proporciona un beneficio individual, basado en la diferencia de precios, y supuestamente reequilibra el precio en el mercado. En su forma más sencilla, los poseedores de estos títulos actúan como arbitrajistas que equilibran el mercado; en una forma más refinada, pueden actuar como especuladores, jugando sobre las probabilidades de que en un lugar u otro suba o baje el precio, e incluso «atacando» el precio del Kw/h de alguna localidad frente a la otra; y en un mundo financiarizado como el presente, se crea un mercado adicional de títulos derivados y/o colaterales para cubrirse de las posibles pérdidas de este juego. En estos mercados es donde se negocian los contratos de congestión.

A estas «alturas de la película» lo que me llamó la atención, no es que tales contratos existan, pues en el casino en el que vivimos es lo previsible. Lo que me interesó de la noticia fueron dos cosas: la crítica que tácitamente hace a los académicos que se prestan a tales juegos de probabilidades y algoritmos, y la pregunta de «¿y por qué no recibimos nosotros este dinero?» formulada por el Alcalde de Port Mayor, en el estado de Nueva York. Esta segunda pregunta me remite a una de mis múltiples «manías energéticas», que es la de la función política de la red eléctrica.

Stefan Bouzarovski, geógrafo de la Universidad de Manchester y uno de los impulsores del blog sobre vulnerabilidad energética y transiciones urbanas, escribió en 2008 que si uno se interrogaba sobre la función que las infraestructuras tenían en la creación del espacio, se podía pensar sobre the role of energy networks in the articulation of political and economic power across territory. Para mí, este ha de ser uno de los debates fundamentales de la transición energética.

Desde este punto de vista una red eléctrica es mucho más que una forma eficiente de transmitir electricidad de un lugar a otro. Una red eléctrica genera un espacio político, porque genera, en un determinado territorio -local, regional, nacional, transfronterizo o supranacional-, unas relaciones de poder -entre los que generan la energía, los que la emplean, los propietarios de los lugares en los que se genera, transporta y emplea, los distribuidores, etc.-, que se articulan de en función de una estructura de gobernanza. Evidentemente, los criterios que rigen el funcionamiento de esta estructura de gobernanza, tendrán que ver con los valores e ideología de la época. Por ejemplo, algo aparentemente tan banal como que todos los ciudadan@s de un país tengan acceso a la electricidad, al mismo precio, es una decisión política que, probablemente, más tiene que ver con la idea de bienestar y justicia social que una sociedad determinada tenga en un momento determinado, que con una cuestión de eficiencia económica o energética.

Hoy, el principio de una distribución igualitaria de la electricidad a escala nacional está quebrado por la retroalimentación entre tres factores:

a) la crisis del Estado-Nación, que lleva a cuestionar la necesidad de que la política energética sea uno de los pilares de la construcción y mantenimiento de los principios de ciudadanía de la nación, se llame cómo se llame la misma.

b) las políticas neoliberales, privatizadoras, que al dar al sector privado los activos y bienes energéticos, han privatizado de facto el espacio energético -y, por tanto, el político.

c) la mayor diversidad -y visibilidad- de fuentes de energía primaria en el mix energético,que ante la ausencia de una política energética inclusiva, esta propiciando que muchas personas empiecen a reclamar que si la energía que ellos consumen es más barata, porque proviene del aire, el agua o el sol, que la de las centrales de ciclo combinado (caso clarísimo en España), no entienden por qué tienen que pagar el aire al precio del gas.

Si los dos primeros factores, el «a» y el «b», no existieran, la respuesta a estas personas que no entienden por qué pagan una cosa al precio de otra, sería evidente: porque en la política energética, también hay un componente redistributivo territorial, que posibilita que aunque tu vecino viva en la localidad A donde la energía es más cara de generar o más escasa, el excedente -o el menor coste- de la localidad B se distribuye o -reinvierte- para que los habitantes de A, puedan tener el mismo nivel de bienestar energético que los de B. Esa es la razón básica de la construcción de la red eléctrica nacional a mediados del Siglo XX.

Cabe decir que en este esquema anterior, el quejoso Alcalde de Port Mayor, habría dispuesto de los ingresos, aunque fuera indirectamente en forma de suministro eléctrico. Pero, hoy, cuando nos han hecho creer que la forma de asegurar la competencia y liberalización del sector energético era segmentar y privatizar aquellas redes eléctricas que articulaban el poder político y económico a través del territorio, quien genera electricidad en la localidad A, en las condiciones de la misma, considera que el que genera electricidad en la localidad B es un competidor, en vez de alguien que pertenece a su mismo espacio energético. Es más, ambos son vistos como unos suministradores, de los que se puede extraer beneficio monetario, por quien transporta la electricidad entre ambos puntos. Y, todos ellos, son considerados una fuente de pingües dividendos por los fondos de inversión.

Me repito, lo sé, pues mantuve un discurso similar en la entrada Ciudadan@ energétic@ universal, pero el otro día mientras miraba un programa de televisión en el que de forma muy didáctica, con unas mezclas en unas probetas, se explicaba la factura eléctrica en España, volví a hacerme la misma reflexión. Comparto plenamente la reivindicación de que introducir más fuentes renovables en el mix energético abarata, y no encarece, la factura eléctrica, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más. Ha llegado el momento de definir y decir qué espacio político queremos crear con la transición a un modelo energético renovable, si no lo hacemos, en muy poco tiempo, veremos florecer los contratos de congestión, cuyos contratistas se enriquecerán a costa de nuestra buena voluntad; pues las diferencias de coste entre distintas formas de generar energía entre el punto A y B local, serán la base para la creación escandalosa de fortunas individuales.

Siento ser mal pensada, pero éste es mi estigma de economista.

La transición energética del Siglo XXI

Por primera vez en más de dos años, me he estado más de un mes sin hacer ni una sola entrada del blog. Han sido unas, laboralmente y geográficamente, movidas semanas, que me han tenido un poco apartada de todo. También de este blog. A pesar de ello, en este tiempo me he leído un par de libros, de los cuales he redactado sendas reseñas. Hoy, hablaré del proyecto que cuenta uno de ellos, cuya reseña completa podrá leerse en el próximo número de la Revista de Economía Crítica. El proyecto es la transición energética del Siglo XXI, la TE21, que Ramon Sans Rovira y Elisa Pulla Escobar -ambos miembros del CMES, Col.lectiu per un Nou Model Energètic i Social Sostenible– presentan en un libro de la Editorial Octaedro. La TE21 es extremadamente sugerente.

El proyecto es intrínsecamente sugerente, pues, para empezar, está anclado en algo que viéndolo, resulta evidente, pero que hasta donde yo sé, no forma parte de los cálculos y narrativas habituales sobre la transición energética. El libro cuenta de que de cada barril de petróleo, cada tonelada de carbón o metro cúbico de gas que consumimos sólo empleamos de forma útil un tercio –si de producir electricidad, se trata- o una quinta parte, cuando hablamos de movilidad. En otras palabras, en el mejor de los casos –con la excepción de las centrales de ciclo combinado- tiramos a la basura más del 66% de unos recursos que nos han sido dados y que no se podrán reponer. Ello, que en sí mismo es ya una barbaridad, se convierte en pecado si se piensa que existen otras fuentes de energía como el sol o el aire, ilimitadas y libres, que con el estado actual de la técnica y la tecnología permiten generar directamente ese mismo tercio o quinto de energía térmica, motriz y eléctrica -convertibles, cada una en las otras- que los seres humanos empleamos cotidianamente.

Esta forma de contar, desmonta los cálculos de todos aquellos y aquellas que contabilizan una hipotética transición energética en términos de barriles equivalentes de petróleo, pues realmente lo que se ha de cambiar no es el “barril de petróleo”, es la energía útil que, a partir de éste, se genera. Es decir, sólo una proporción del mismo.. Pep Puig i Boix, en uno de los tres micro prólogos del libro expresa esta cuestión a la perfección, cuando dice que se suele practicar, consciente o inconscientemente, un cierto confusionismo, pues se confunden las necesidades de energía que tiene la sociedad con la denominada energía primaria, cuando la sociedad, lo que requiere en realidad, es energía final disponible para su uso en la provisión de servicios.

A partir de aquí, la TE21, sin ambages ni ambigüedades, propone, basándose en la tecnología y equipo que ya está funcionando “en el mercado”, realizar una transición energética viable hacia un modelo distribuido y descentralizado, 100% renovable. ¿En qué difiere ello de otras propuestas de transición energética, que hoy en día están sobre la mesa, como el Roadmap2050 o el Desertec? A mi modo de ver, la TE21, difiere fundamentalmente en 5 aspectos.

En primer lugar, como acabamos de explicar, la TE21 es distinta de otros propuestas en que plantea, y justifica adecuadamente, que el objetivo de la transición energética no es en sí mismo sustituir las fuentes energéticas (petróleo, carbón…), sino lo que de ellas los seres humanos somos capaces de utilizar, de ellas. Corolario de ello es que la transición energética hacia un modelo de renovables requiere menos energía primaria de la que se suele calcular. Por tanto, menos instalaciones y espacio físico del que se solía plantear y, por lo tanto también, la transición, también, es menos costosa de lo que otras propuestas plantean. Para que se entienda, esta propuesta deja claro que no es más “barato” pagar un barril de petróleo para tirar a la basura entre dos tercios o cuatro quintos de él, que aprovechar el tercio o quinto útil del sol, el aire o el agua, que además, pequeño detalle, son fuentes gratuitas.

El segundo aspecto en el que difiere es que en esta propuesta se propone transformar sólo la energía final que se emplea y aprovechar las fuentes energéticas cercanas, acercando así el espacio de generación al de uso final. Desde este punto de vista, la propuesta es una propuesta universal –todos los territorios del mundo tienen riqueza en una u otra fuente renovable-, pero de aplicación local – a cada lugar le convendrá tener un mix energético distinto. Desde este punto de vista, se apuesta por una industria energética cercana, local y descentralizada. Es decir, de facto, apuesta por la democratización de las relaciones energéticas.

Diría que la propuesta va incluso más allá, pues al definir el disfrute de la energía como un derecho y explicar que éste es un bien social y estratégico sobre el que –a los ciudadanos y ciudadanas- se nos ha quitado el control, el libro no sólo plantea una transición energética económica y técnicamente viable, sino que apunta hacia una transformación política y social. Así, la TE21, es una propuesta que merece mucha más consideración y apoyo que otras consideradas equivalentes, como el Roadmap2050 o el Desertec, ya que, aunque éstas expresen apostar por las renovables, política y socialmente están en las antípodas de la que reseñamos

La tercera de las ventajas de la TE21 es que entra un debate semántico-conceptual que es cardinal: la diferencia entre consumo y aprovechamiento energético. En parte por un cierto imperialismo economicista y, en parte, porque el modelo energético hegemónico ha sido, desde la Revolución Industrial, el de la energía fósil, nos hemos acostumbrado a hablar de consumo energético. En términos de política energética el constante uso de “consumo” ha sido muy perjudicial. Para empezar, porque ha llevado a asimilar al usuario final de la energía con un consumidor y, de ahí, con un demandante. Y, para acabar, porque tácitamente ello nos ha llevado a valorar la eficiencia energética de las renovables de forma negativa.

La cuarta cuestión es que el libro deja muy claro qué son y qué no son las fuentes de energía renovables. No cae en las falacias de la descarbonización, de definir energía limpia como aquella que no emite CO2 o de generar una confusión terminológica entre lo que es energía renovable, limpia, verde y sostenible. En esto, también la TE21 se distingue de otras propuestas como las ya citadas y de muchas de las políticas energéticas –aplicadas especialmente en Occidente- derivadas de los Protocolos de Kyoto.

Por último, la quinta cuestión que merece mucho debate son algunos de los aspectos económicos vinculados a la propuesta. Desde este punto de vista, su principal aportación es entender que la factura energética exterior (cuánto estamos pagando en petróleo, gas y uranio importado) es un gasto excesivo e innecesario, mientras que su propuesta sería una inversión, que además de ahorrarnos la factura energética, tendría considerables efectos arrastre sobre el conjunto de la economía. Así, al plantear que la TE21 es económicamente viable, están proponiendo también una línea de actuación en la construcción de una alternativa económica viable a la crisis.

Por todo ello, la transición energética del Siglo XXI es una buena propuesta que, además, está justificada, razonada y cuantificada. En el el libro aunque en él se sugiera, falta todo lo que vendría después. Creo, sin embargo, que este libro está para esto. Para construir a partir de él. El proyecto que presenta es el necesario primer paso. Aquellos y aquellas que lo lean, pueden empezar a construir los siguientes.

No me resisto a añadir un post scriptum a esta entrada, aunque sé que mucho no estarán de acuerdo con ello, el libro también muestra que esta nueva sociedad podrá disfrutar de unos estándares de bienestar material equivalentes –aunque se insiste en la idea de eficiencia y ahorro energético- a los de hoy en día. En este sentido el libro es, también una apuesta por la bondad y el progreso implícito en la técnica y la tecnología. Estas propuestas “ilustradas” me llenan de satisfacción, pues una de las cuestiones que más me preocupa del debate energético –ecológico y ambiental de los últimos tiempos es la creciente percepción de que hay un antagonismo entre la ingeniería, el avance científico-técnico y el medio ambiente y que la Enciclopedia hizo más mal que bien a la humanidad. Personalmente entre lo que subyace a algunas de las propuestas de decrecimiento y lo que subyace a la TE21, me quedo con lo segundo.

En Davos, ni las crónicas son buenas

Hoy he leído una cosa que me ha dejado helada, y no por el frío que estos días hace en esta ciudad, sino por lo que en el artículo se dice y, sobre todo, por quién lo dice. Por un momento me he dicho a mi misma, «no hay nada que hacer, la batalla está perdida». Pero no; no ha de ser.

El artículo en cuestión es una crónica de Daniel Yergin desde Davos. Se titula US vs. Europe: Energy battle heats up y en ella se sostiene que EE.UU. ha ganado la batalla de la competitividad a Europa, gracias a la «revolución energética», que en el otro lado del Atlántico ha supuesto el shale gas. Yergin nos dice que Estados Unidos va bien por su abundancia en gas low cost, mientras que en Europa, por causa de las renovables, los costes son elevados y no se crean puestos de trabajo. Que esto lo diga un neocon de un think tank de quinta, vale, pero que lo diga un prominente miembro del IHS Cambridge Energy Research Associates, además de ganador de un Pulitzer y autor de una de las historias del petróleo, The Prize, más vendidas y citadas del mundo, tiene tela (Por cierto, que si no quieren leer unas 1000 páginas, se puede ver la versión cinematográfica en YouTube). Eso es lo que da miedo, que una de las personas que más sabe del monopolio, poder, marrullerías y perversidades de la industria petrolera internacional, acabe definiendo lo que ocurre con el shale gas -que sin yo tener su talla y fama, sigo pensando que es un bluf– como una «revolución energética». Es más, no contento con ello, apunta otras lindezas como que la energiewende alemana puede llevar a Alemania a una «dramática desindustrialización». Supongo que sólo pareja a la extraordinaria re-industrialización de los Estados Unidos (Sic!)

Lo dicho, no doy crédito. Durante dos años, en este mismo blog, he argumentado porqué ese debate de los costes es artero; cómo he dicho que no me vale que me digan que el shale gas, como Yergin dice, ha creado 2,1 millones de puestos de trabajo, si no me dicen también cuántos se hubieran creado con una alternativa y si no se comparan las categorías laborales y la calidad de las tareas en ambos casos. No hace falta recordar que no es lo mismo trabajar como extractor en una mina, yacimiento o pozo de un recurso fósil, que ser un técnico, un ingeniero o un instalador; como tampoco es igual el valor añadido que se genera en un caso u otro. Pero, supongo que para Yergin entrar en esos «pequeños matices sin importancia», sería una pérdida de tiempo que sacaría fuerza a su discurso.

Estoy muy enfadada. Pero, si digo la verdad, creo que estoy más asustada que enfadada. Si alguien como Daniel Yergin dice estas cosas, sólo hay dos posibles explicaciones: o se cayó del caballo, pero dándose un golpe en la cabeza que lo dejó sin sentido; o fue abducido por aquellos que durante años observó. La verdad, da miedo. En mi caso, lo primero es imposible, pues no sé montar a caballo, así que es difícil que me suba a uno de ellos; pero lo segundo…nadie está libre de la tentación.

Puede que no caiga en ella, pero si lo hiciera poco sería el impacto. En cambio, el efecto legitimador, para «la industria» y para nuestros gobernantes, de las palabras de un Pulitzer como Yergin será funesto. En fin, un golpe bajo o malos tiempos para la lírica…

Cien años de industria «libre», petrolera y occidental

Ahora que se acerca 2014, año en el que se celebrará la efemérides del inicio de la “Gran Guerra”, he estado buscando información sobre cómo cambió energéticamente el mundo, entonces. Es curioso, para una persona de mi generación, el mundo del petróleo es el de después de la Segunda Guerra Mundial. En mi mente, este mundo era un universo occidental, cuyo espacio abarcaba, en horizontal desde el Ecuador hasta el paralelo 66, y en vertical desde el meridiano 165 a algún punto entre el 45 y el 60, dejando fuera, claro está, a los territorios europeos del Bloque soviético. En este mundo, exceptuando a Estados Unidos, el Sur, desde el Ecuador hasta el paralelo 30, aproximadamente, era el de los territorios productores; el resto el de los consumidores. Todo aquellos territorios fuera de este recuadro, no formaban parte de la escena energética internacional.

Ante ello, una se pregunta, ¿cuándo se creó este espacio energético, que considerábamos universal? Para mi, su germen se creó en la Primera Guerra Mundial. Antes de ella, la incipiente industria petrolera internacional, de una manera u otra, formaba parte de los tres imperios que desaparecieron en los años de la Gran Guerra. Desde la segunda mitad del Siglo XIX, la industria del petróleo, que hoy llamaríamos internacional, estaba en el Cáucaso Ruso, especialmente en Bakú, donde la familia Nobel y la rama francesa de la familia Rothschild, tenían prósperas compañías petroleras. Entonces, estos dos grupos empresariales eran la gran competencia de la Standard Oil de Rockefeller, todavía muy centrada en Estados Unidos.

Rothschild & Nobel in Baku

Con el tiempo, y  favorecidas por la apertura del Canal de Suez (1869), se desarrollarían dos empresas que comercializarían el petróleo de, y en, el lejano Este -la Royal Dutch y la Shell. Éstas acabarían convertidas en una única empresa anglo-holandesa. La actual British Petroleum no surgió hasta el inicio del Siglo XX, cuando, a resultas de la extravagante concesión que el Sha de Persia concediera en 1901 a William Knox d’Arcy, surgió su antecesora, la Anglo-Persian Oil Company.

Años después, casi sobre las cenizas del Imperio Otomano, se creó la última compañía en discordia, la Compañía Turca de Petróleo (TPC,1912), predecesora de la Compañía Iraquí de Petróleo, bajo la dirección del carismático Calouste Gulbenkian (Mr. 5%), y participada por los otomanos y empresas alemanas y británicas.

Estos eran los jugadores de la industria del petróleo antes de la Primera Guerra Mundial. Estos conformaban una industria floreciente, pero incipiente, que se desarrolló a la luz del keroseno y que, gracias a la revolución en el transporte que supuso el motor de combustión interna, salió como una de las grandes vencedoras de la contienda bélica. Pero, aunque la industria ganó, no lo hicieron por igual todos sus jugadores. De hecho, en pocos años, los tratados de después de la Primera Guerra Mundial, cambiaron el panorama y sentaron las bases de lo sería la industria petrolera internacional del Siglo XX.

La revolución soviética, y la Conferencia de Génova (abril-mayo 1922), «acabaron» con el petróleo de Bakú, pues éste salió del mercado internacional, mientras los soviéticos privilegiaban los yacimientos de Siberia Occidental; el Tratado de Versalles (1919) y los Conferencia de San Remo (1920) repartieron los activos petroleros entre los ganadores de la contienda bélica, expulsando a alemanes y turcos del juego, para dar entrada a la Compañía Francesa de Petróleo (actual TOTAL); el Tratado de Sèvres (1920) repartió los despojos del Imperio Otomano, despedazando a la TPC y cediendo Iraq y Siria al Reino Unido y a Francia; y, por último, aunque ocurriera antes, la Conferencia de París (1919), impuso el «principio de puertas abiertas», que favoreció que las empresas estadounidenses entraran en Arabia Saudí, lo que en pocos años catalizó la creación de ARAMCO (Arabian America Company of Oil)

Desde entonces, hasta la Segunda Guerra Mundial, sólo quedarían los ajustes en las participaciones y el reparto de cuotas entres estas pocas empresas y las estadounidenses, pero ya quedó establecido qué empresas venderían productos derivados del petróleo y cuáles serían los territorios de los que se extraería el petróleo. La Segunda Guerra Mundial, sólo añadió quienes serían los consumidores: los países de la OCDE.

Mirado con cierta retrospectiva, aunque es cierto que se han producido ciertos cambios de propiedad y de régimen, se podría decir que el primer cambio significativo experimentado la industria petrolera internacional en el último siglo es el de la ampliación del espacio petrolero fuera del recuadro que se ha esbozado al inicio. Es decir, lo que en entradas anteriores he calificado de la desatlantización de la relaciones energéticas internacionales. Este cambio, en sí mismo, es una cuestión a pensar. Pero, para mi, la moraleja de esta entrada es que, si todo lo que digo es cierto, se hace patente las «grandes ayudas» que han recibido las empresas y la industria petrolera para sobrevivir tantos años. Lo dicho, otras veces, poco natural me parece a mí, este monopolio.

Fue necesaria una guerra, años de negociaciones de alto nivel y varios tratados, para que una empresas privadas obtuvieran acceso al suministro energético y a las rutas de transporte y comercialización del mismo. Por lo mismo, otras, que eran tan «competitivas» como estas, las de los hermanos Nobel o de los Rothschild, fueron expulsadas del «mercado». El coste de todo ello, en vidas humanas, años, injusticias, impuestos y dinero invertido es incalculable. Huelga decir que esto es lo más alejado a las supuestas virtudes de la empresa privada y del mercado, que nos podamos imaginar. Así cuando se nos dice que tal o cual forma de capturar, generar y emplear energía es o no «rentable» o «competitiva», deberíamos recordar nuestra historia, pues lo que ocurrió entonces, son los fundamentos de la actual industria energética.  

Sinceramente, no creo que nadie entonces se preguntara si era más eficiente una cosa u otra, pues se estaba construyendo un «nuevo» mundo  y un orden asociado a él. Así que se ayudó y protegió a aquellos que más lo podían favorecer. Como siempre ha sido. Por tanto, hoy que este «nuevo» mundo del Siglo XX está desapareciendo, esto es lo que hoy deberíamos pensar, qué mundo queremos y qué tipo de industria energética lo puede favorecer. Todo lo demás, son pamplinas o estrategias de resistencia de aquellos que se sienten amenazados por lo que podría ser el «novísimo» mundo. 

El declive del imperio petrolero occidental

Con un título tan pomposo, inicio la celebración del segundo aniversario de este blog. Sí, dos años ya. Años que vienen marcados por la celebérrima onomástica de la medusa y de servidora. De hecho, este blog fue un regalo recibido en la que fue la tradicional fabada en homenaje a nuestra común Santa, hasta que, después de unos 40 años de servicio al barrio, el Mesón del Jamón cerrara sus puertas.

¡Cuántas cosas están cambiado para todos nosotros! En fin, este tsunami capitalista que nos va barriendo a todos, podría estar amenazando también a las grandes compañías petroleras internacionales privadas transnacionales, conocidas en la jerga como International Oil Companies, cuyo acrónimo es IOC.

Llevo unos días buscando algo relativamente impactante y novedoso para celebrar este aniversario. Empecé esta búsqueda, leyendo un artículo académico, intelectualmente estimulante, de Gavin Bridge y Andrew Wood, titulado  Less is more: Spectres of scarcity and the politics of resource access in the upstream oil sector, que fue el que me dió la pista, pues en él, entre otras cosas, se afirma que las grandes, entre las grandes petroleras, estructuralmente, tienen problemas serios. Según estos autores, esta fragilidad se debe, y creo que tienen razón, a que su principal fuente de negocio es la extracción y venta de petróleo crudo. En el contexto actual, ello está amenazando su sostenibilidad a largo plazo, pues roto el mundo en el que las IOC y la OPEP eran las dos caras de la misma moneda; y roto el mundo en el que ellas eran las únicas compradoras del «mercado» internacional, parece que están teniendo problemas para asegurarse el acceso a «nuevas» reservas acordes con su modelo de negocio: petróleo de calidad, relativamente fácil de extraer, con un coste por debajo de los 15$ el barril.

Después de leer estas ideas, decidí buscar datos que muestren la cuestión. Pero, entre las cosas que también han cambiado en estos dos años, la Energy Information Administración estadounidense, después de tunear su página web, ha cancelado alguno de los servicios que ofrecía. Entre ellos, el que yo en algún momento de mi vida consulté más, los informes financieros de las grandes productoras de energía estadounidense. Así que, desgraciadamente, se acabaron las series homogéneas y gratuitas sobre las compañías petroleras. Los últimos datos, se corresponden con el informe de 2011, y se refieren a 2009. Soy una persona poco proclive a creer en confabulaciones y complots, pero la desaparición de tales estadísticas, en un momento en que ocurren cosas inexplicables en el sector energético estadounidense, es un pelín mosqueante. En fin, como la vida misma, tiraremos adelante con lo que tenemos…

Acabar en 2009 las estadísticas es fatal, pues este es un año poco significativo por ser el de mayor impacto de la crisis fuera de nuestra Europa meridional y por ser un año de bajos precios de petróleo: en términos reales se situaron en torno a unos 60$ del barril, entre un antes y un después, en torno a los 100$/br. Sea como fuere, los datos de conjunto que tenemos hasta ese año, muestran lo siguiente:

1) Las grandes empresas petroleras son muy rentables para sus accionistas, de hecho salvo en los años de grandes descensos del precio del crudo, recientemente 1998-99 y 2009, la rentabilidad de este tipo de empresas, al menos para los accionistas e inversores, es mucho mayor que la del resto de empresas productoras-manufactureras. De hecho, pasado el bache de 2009, los datos de Shell, ExxonMobil, Chevron, Total y British Petroleum (BP), muestran que los accionistas siguen cobrando buenos dividendos por acción.

2) En los primeros años del Siglo XXI estas empresas han tenido unos ingresos -y unos beneficios- excepcionales, que a la luz de los datos que nos ofrecen los informes anuales de las compañías citadas, parecen haberse recuperado y han vuelto a iniciar una tendencia creciente.

3) La principal fuente de estos ingresos es el segmento upstream (extracción y venta de petróleo o gas natural). Es asombroso ver, que en casi todas las grandes las ventas por este concepto representan en torno a un 85% del total, y que en algunos casos como el de Chevron, en los últimos tres años, ha sido de más del 90%.

Por tanto, y aunque parezca extraño, casi se podría decir que estas empresas son tan rentistas como las economías petroleras, pues su principal fuente de negocio son los ingresos que obtienen por la venta del producto del subsuelo, y mucho menos las ventas de bienes finales elaborados. De hecho, sin llegar a tener una relación tan exacta, como en el caso de las economías de los países exportadores de petróleo, los buenísimos años de estas empresas son los de altos precios del petróleo, mientras que los menos buenos, los de bajos precios.

Ante esta forma de negocio, que se basa en capturar el máximo posible de la renta del subsuelo, el dato preocupante, al que se refiere el artículo de Bridge y Wood, es la evolución de las reservas y la producción de estas compañías.

Fuente: EIA (2011)

En este gráfico se observan, en primer lugar que, hasta 1998-99, estas compañías fueron perdiendo volumen de reservas. En segundo lugar, cuando éstas se empiezan a recuperar, el petróleo pierde peso dentro de ellas. Desde entonces, representan un 11% menos. Y, lo que es más grave, si a estas reservas le descontamos las arenas bituminosas de Canadá, el efecto todavía es más impactante. En total, hoy en día, las GPE, tienen más o menos el mismo volumen de reservas que antes, pero de peor calidad: las bituminosas de Canadá y el shale gas en Estados Unidos. Acorde con estos datos, los costes asociados a la extracción (en $2009/boe.) del petróleo y del gas, en los mismos años, casi se han triplicado.

Fuente, EIA (2011)

En resumen, menos acceso al petróleo y más costoso. Sin entrar, ahora, en discusiones sobre si el petróleo se acaba, o no, lo que es evidente es que para unas empresas en las que, como media, entre el 85 y el 90% del negocio es su venta, se enfrentan a un problema muy serio, salvo que consigan seguir sacando el máximo de una, cada vez, menor cantidad: la renta minera de la que ya hemos hablado en otras ocasiones.

Por ello, a estas grandes compañías les interesa que el precio del petróleo -el gas es un poco distinto- se mantenga alto. A ello están ayudando los mercados financieros. De forma alarmante, mientras el futuro real -el negocio del petróleo físico- de estas compañías parece nublarse, el de sus operaciones a futuros, va viento en popa. En el NYMEX, una de las plazas en las que se negocian contratos para entregas futuras de petróleo o títulos derivados, se ha pasado de unas 400 operaciones al día a principios de Siglo a casi 2000, en la actualidad. Y, lo que es peor, se ha acelerado la relación entre ganancias en el NYMEX e inversiones en otros activos financieros. Por tanto, cada vez hay más agentes que tienen un título vinculado -aunque sea remotamente- con el hecho de que en algún momento podrán comprar o vender tantos barriles de petróleo a tal precio ¿Les suena, no? En algún momento de la historia, alguien -o algún fondo de inversión- preguntará si puede hacer efectivo su título. Y, entonces, ¿qué pasará? Tal vez no habrá reservas para todos, serán de mucha peor calidad de lo esperado -reservas subprime– o ese día el petróleo real se venderá a un precio muy distinto del pactado.

Mientras, nadie diga nada, nada pasará. Pero, sin alarmar, la cosa pinta mal, pues las empresas más poderosas del mundo, las que en buena mediada han marcado la geopolítica y las relaciones internacionales del Siglo XX, se están quedando rezagadas. Aunque, siguen ahí, agazapadas, escondidas detrás de la forma menos evolucionada y primitiva de su negocio -exprimir al máximo la renta minera-, ayudadas por los ilusos que van a la búsqueda del nuevo Eldorado petrolero y los mercados financieros.

Ante ello, ya no sé lo que quiero. Si se destapa la historia, cuando vean que no se pueden realizar los beneficios que prometieron, nos exprimirán un poco más, para extraernos, la rentabilidad que prometieron y que el petróleo ya no les puede dar. Y, si no se destapa, pues ustedes mismos….

Y pensar que de pequeña no callé hasta que me regalaron el petropolis, la versión petrolera del monopoly. No me acuerdo, pero puede que mis «pobres» padres, resignados, me lo regalaran en ocasión, también, de uno de mis santos. Ironías de la vida….

Ciudadan@ energétic@ universal

Llevo varios días leyendo sobre las discusiones previas a la creación de la red eléctrica en el Reino Unido. Esta lectura me ha vuelto a suscitar un problema que mentalmente no tengo resuelto, aunque creo que en un momento como el actual, en el que por diversas razones la estructura de la organización política del Estado-nación vigesimonónico está en crisis; y en un momento en que son crecientes las voces -entre ellas la mía- contra el actual un modelo energético, hay un debate político que no se puede postergar. Este es, ¿cómo será el futuro espacio político asociado a un nuevo modelo energético renovable y descentralizado?

Expresaré mi duda de otra manera. Estoy a favor del autoconsumo energético; más que a favor de la re-municipalización de las formas de generar y emplear energía final, y, a favor, de cualquier forma «energética» descentralizada y horizontal. Lo he expresado en casi todas las entradas de este blog. Estoy a favor por dos razones: porque favorecen estructuras de organización política más democráticas y porque van en contra del poder de los monopolios privados energéticos. Sin embargo, siento miedo cuando pienso que, tal vez, apoyando este tipo de transición energética, esté apoyando la medievalización -la segmentación- de los espacios políticos ¿Cómo aseguramos que si «mi» ciudad, pueblo, zona, barrio, región… tiene energía suficiente, la del lado también la va a tener? Y, ¿cómo aseguramos que mi vecina va a tener un suministro equivalente al mío?

En nuestro pasado, relativamente próximo, esto último se aseguró creando una red pública nacional, que financiamos de común acuerdo por dos vías unas tarifas energéticas «políticas» e impuestos. Esta red se podía limitar a interconectar las diferentes «regiones energéticas», creando una red bidireccional distribuida, como parece ser fue el caso del Reino Unido, al menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial; o crear ex-novo una red unidireccional centralizada (en diversos grados), como fue el caso de los estados de los Estados Unidos de América, el de algunos países de Europa continental, y, claramente, el de la URSS. Pero, detrás de cada una de estas creaciones había un proyecto político de construcción de un espacio común. Proyecto que, hasta recientemente, había tenido como uno de sus pilares la «universalización» del acceso a la energía necesaria para que tod@s los ciudadan@s pudieran desarrollar con toda normalidad sus actividades cotidianas.

Es cierto que en un modelo de energía fósil, las distancias entre los lugares en los que se encuentra el carbón o el petróleo y en los que se emplea finalmente son mucho mayores que en un modelo en el que la energía del sol, el aire o el agua se usa localmente. Lo que podría llevar a alguien a argumentar que en el primer caso, en el de la energía fósil, sí que era necesario un espacio político (un espacio supranacional, un espacio nacional o un gobierno local) que asegurara el suministro universal, mientras que en el segundo, ello no es tan evidente. Puede ser cierto, pero ello no quita que nos tendremos que poner de acuerdo sobre cuáles serán los usos públicos de la energía y sobre cómo vamos a asegurarlos, financiarlos y gestionarlos. Esto puede parecer banal, pero remite a pensar que detrás de cualquier forma de generar y utilizar energía -detrás de cualquier modelo energético- tiene que haber una idea de lo consideramos espacio público y de cómo nos querríamos organizar políticamente en él.

En otras palabras:

1) cuando ya tengamos asegurado el suministro energético en «nuestra casa», ¿cuál será nuestro espació público energético?: ¿el suministro energético de nuestra calle, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra área metropolitana, de nuestra provincia, de nuestra….?

2) ¿cómo nos organizaremos -políticamente- en ese espacio para asegurar físicamente y económicamente el suministro en todo ese espacio público?

3) ¿aceptaremos o dirimiremos las diferencias con aquellos que quedan fuera de nuestro espacio público energético?

Mi pobre imaginación me da pocas respuestas a ello, pues sigo pensando que la única solución es la creación de una red pública. Mi preferencia va hacia una red distribuida y bi-direccional (que podamos dar y nos puedan dar electricidad en función de las necesidades); y, mi preferencia, va también hacia la construcción de una red lo más amplia posible (pues, por ejemplo, a mi me sublevó que ciudadanos del mismo espacio político que yo, sólo que viviendo un poco más al este, se quedaran sin suministro hace unos años y «nosotros» ni nos inmutáramos). Para mi, el problema, según mi forma de ver el mundo, es que para lograr esto nos hace falta algún tipo de nuevo contrato social. En este momento de la historia, podemos empezar con poco, pero podríamos valorar la posibilidad la existencia del ciudadano energético universal -el que acordamos que tendrá como derecho fundamental el acceso a la energía y como deber básico financiar, en la medida de sus posibilidades, el espacio energético público común. No es fácil imaginarlo ¿verdad?, pues de alguna manera debería existir un sentimiento de fraternidad, que hasta ahora lo hemos vinculado a la pertenencia a un colectivo, en muchos casos nacional. Sin embargo, lo cierto es que en nuestra historia ya recorrimos medio camino, pues aceptamos ser ciudadanos energéticos por formar parte de un espacio político. En este caso, definido por nuestras fronteras. Ahora, sin tener ya clara la vigencia del Estado nación, al menos como lo conocimos, es más difícil de articular, pero tal vez, sólo se trate de pensar que vamos a hacer lo mismo, que ya hicimos, no por el que tiene el mismo pasaporte que nosotros, sino por cualquiera, esté donde esté. Suena un poco ingenuo, lo sé, pero intuitivamente sé que esta es la vía. Decir más, ahora, sería caer en el buenismo de más baja estofa. Pero, soñar es gratis, así que si se lograra algo así, se sentarían las bases para nuevas formas de organización política descentralizadas ancladas en estructuras solidarias comunes. No sé si algo así, será posible, pero fuere lo que fuere, no hay que el olvidar que el gran reto de la transición energética es la transición política que conlleva.

Filólogos del sector eléctrico y déficit de tarifa

Precio voluntario al pequeño consumidor, así es como gracias a la enésima, y prometen que última, reforma del sector eléctrico se pasará a llamar la actual Tarifa de Último Recurso (TUR). Como la TUR, hasta ahora, era la tarifa que te aplicaban las Comercializadoras de Último Recurso (CUR), entiendo que éstas, de aquí poco se convertirán en el voluntariado eléctrico. No sé, para mi que el mayor activo que tienen las eléctricas es un artista del lenguaje y de la palabra. No pensaba iniciar así esta entrada, pero es que la realidad supera la ficción ¿Cómo se atreven?, ¿precio voluntario al pequeño consumidor? Parece un chiste, salvo que por «voluntario» se entienda -y perdónenme la expresión- «el precio que les dé la gana». Seguro; ha de ser esto, ya que lo contrario significa que, además de expoliarnos, se burlan de nosotros.

La pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cómo hemos creado unas estructuras de poder tan grandes que han logrado que las reformas del sector eléctrico, no se destinen a reformar a este sector, sino a consolidar el poder de las empresas que lo componen y a asegurar que los ciudadanos -que todavía podemos pagar la factura- les financiemos todos sus caprichos, veleidades y pelotazos. Piénsese que, por lo que se dice, todas las últimas reformas tienen como único propósito actuar sobre el déficit tarifario; pero ninguna de ellas tiene el objetivo de acabar con las causas del mismo.

A estas alturas, ya es conocido que en España hay un desfase entre los costes regulados del sector eléctrico, la tarifa y el precio al que las comercializadoras y generadoras pactan la compra de electricidad. Este desfase es el déficit de tarifa. Así que la cuestión es ¿por qué antes no existía déficit de tarifa, y ahora sí? La respuesta la dio Ana Marco, el pasado 29 de junio en una sesión de formación organizada por el Grup local de Barcelona de Som Energía. Ella, con una breve pincelada explicó lo que para mi, a día de hoy, es la interpretación más lógica y convincente que he oído sobre el por qué del déficit.

Legislativamente, el origen de todo este despropósito está en la Ley 54/1997 del Sector eléctrico. Esta ley es la traducción legislativa de la aceleración de las privatizaciones del sector que se produjeron a finales de los 1990, durante el primer gobierno de Aznar. En el preámbulo de esta ley se puede leer lo siguiente: … a diferencia de regulaciones anteriores. la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro su calidad y su coste no requiere (…) que el Estado se reserve para si el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro Así. se abandona la noción de servicio público, (…)  sustituyéndola por Ia expresa del suministro a todos los demandantes del servicio dentro del territorio nacional (…) el sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal desarrollado por el Estado (…) La gestión económica del sistema, por su parte, (….) abandona la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión (…), que es sustituida por una planificación indicativa (…) que puede facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos.

Perdonen que me haya extendido en la cita, pero es que tiene mucha miga. Lo primero y evidente es decir que el suministro eléctrico deja de ser un servicio público. Esta frase habla por sí sola, es clara y nada ambigua. Pero, lo segundo y lo tercero lo es menos. Decir que la noción de servicio público se sustituye por la de «suministro a los demandantes», es una frase digna del mismo artista del lenguaje que hace un par de días, con la nueva reforma, nos regaló la perla del «precio voluntario». Tal como yo interpreto esta frase, lo que nos dice el legislador es que lo que antes era un servicio público, ahora se traduce en la «obligación» de suministro al demandante. El demandante, no es el ciudadano o ciudadana, el demandante, en economía neoclásica, es el que accede al mercado y, por tanto el que tiene demanda efectiva. Traducido; el que tiene suficiente capacidad adquisitiva para estar en ese mercado. Por tanto, la Ley 54/1997, establece que el sistema eléctrico -¿las empresas?- deberán suministrar electricidad a quienes les puedan pagar. Piensen el alcance de ello en una estructura monopolista como la eléctrica.

La tercera cuestión que quería resaltar de este preámbulo de Ley es el significado del fin de la planificación determinante por la indicativa. Esta parte es la que más me impresionó de lo que nos contó Ana Marco. En términos de política energética esto quiere decir que, en el anterior sistema, en el de planificación determinante, se hacia una previsión estatal de cuánto producir, para quién y a qué coste. Ello se traducía en la construcción de más o menos plantas generadoras (térmicas fósiles, hidroeléctricas o nucleares), en una determinada red de transporte y distribución y en unas tarifas concretas. Estas plantas, podían ser privadas o públicas, pero si se construían era porque así «lo solicitaba» el ministerio de industria y energía y si «se paraban» lo mismo. De ahí, la justificación de conceptos como la moratoria nuclear, pues se asumía que el parón de las nucleares fue un «fallo» de previsión del planificador y que, por esta razón, se tenía que compensar a las empresas que realizaron las inversiones. O, de ahí, que se aceptara que pagáramos (en la factura o a través de Presupuestos Generales del Estado) un «exceso» de capacidad de algunas centrales térmicas, pues se consideraba -equivocadamente, o no- que era bueno tenerlas por si el sistema tenía algún fallo.

Así, en este sistema los usuarios finales de la energía, fuera a través de la factura o a través de distintas figuras impositivas, compensábamos a empresas del sector en aras al aceptado interés general (no tener nucleares, mantener puestos de trabajo en la minería del carbón…) o pagábamos un extra por tener mayor seguridad en el sistema.

Decir, como hace la Ley 54/1997, que la planificación será indicativa para que los agentes económicos (véase las empresas del sector) decidan las inversiones a realizar, en la práctica se ha traducido en que éstas realizan las inversiones que desean, aun a riesgo de que el sistema eléctrico tenga un exceso de capacidad. El ejemplo más claro lo tenemos con las centrales de ciclo combinado. Ya he hablado de ellas en entradas anteriores. Si no me equivoco, éstas empezaron a funcionar en el año 2002 (curioso, el año que empieza la deuda acumulada hacia las eléctricas), y si los datos que proporciona invertia son ciertos, han costado 13.161,8 mil millones de €. Gas Natural Fenosa y Endesa son, junto a Iberdrola, sus principales propietarias. Hoy, como también dije entradas anteriores, estas centrales están más que infrautilizadas y, según los informes de Red eléctrica española, la tendencia es a la baja ¿A qué se debe este despropósito? Muy sencillo a que cuando, la planificación del sistema eléctrico dejo de ser imperativa y paso a ser indicativa, las empresas del sector decidieron que se invirtiera esta millonada en un sistema en el que ya se tenían las nucleares, las térmicas y la energía hidroeléctrica; y, en coincidencia con el arranque de electricidad de origen eólico y la solar.

En coherencia con la Ley 54/1997, si el suministro de electricidad ha dejado de ser un servicio público y si son los agentes privados quienes deciden las inversiones para satisfacer la demanda, lo lógico sería que si no hay suficiente demanda, para el exceso de oferta -de capacidad- que se tiene, las empresas privadas asumieran el cierre de sus instalaciones. Pero no. En España nos inventamos el déficit de tarifa. Ya que he llegado a la conclusión que conceptualmente, el déficit de tarifa es, sobre todo, el exceso de costes fijos -de inversiones realizadas y capacidad excedente- en el sistema eléctrico español.

Para mi, a estas alturas, si dejamos de lado el transporte y la distribución, del que hablaremos otro día. Hay tres categorías de costes fijos: a) los heredados de la planificación anterior, nucleares y térmicas del carbón; b) el exceso de inversión en capacidad, que se da, sobre todo, en las centrales de ciclo combinado, y c) el de las inversiones en nuevas tecnologías dirigidas a realizar la transición energética hacia un modelo distribuido y renovable.

Las tres se confunden en ese paquete de costes regulados, peajes y pagos por capacidad que pagamos en nuestra factura y que, en muchos casos, inciden sobre el déficit, pero en términos de política energética significan tres cosas muy distintas. La categoría «a» forma parte de un modelo energético del pasado, que por razones diversas se decidió cambiar y, hasta donde sea razonable, se acordó que compensaríamos a los perdedores. La categoría «b» forma parte de un «no» modelo, fruto de la falta de política energética real, en la que un colectivo realizó unas inversiones equivocadas y capturó la actuación del ministerio de industria y energía, logrando que otros paguemos su error. Por último, la categoría «c» debería formar parte del nuevo modelo energético que queremos para el país, caso que volviéramos a tener algo que se le pudiera llamar, sin rubor, política energética.

Para mi, si se hace de forma clara y no abusiva, lo primero es justo que se pague; lo tercero debería pagarse; y lo segundo ha de desaparecer de la factura y/o de los presupuestos. Sin embargo me temo, que éste no es el mismo criterio del legislador, pues lo segundo es lo que engrosa, día a día, la deuda acumulada, engañándonos al hacernos creer que estamos pagando por una capacidad que se planificó, desde el gobierno, imperativamente. No. Esta capacidad no es fruto de una planificación y de una política energética, digna de tal nombre, es el fruto de cuando se dejó de considerar al suministro eléctrico un servicio público y de cuando aquél paso a dirigirse a los demandantes efectivos.

Intentando entender la factura eléctrica (6)

Escrito por alguien del sector. Claro, comprensible y honesto….Un folletín de Behind the Grids, en dos entradas sobre ¿qué pagamos con la factura de la luz? Véanse la parte 1 y la parte 2