Doblete de tarifa elèctrica a la Directa

En el marc d’una col·laboració entre la Directa i el Seminari d’economia crítica Taifa, aquest medi està publicant una sèrie d’articles que donen a conèixer el contingut de l’Informe sobre la despossessió de la vida quotidiana. Per cert, amb unes fantàstiques il·lustracions

En els darrers mesos han publicat un parell d’articles, escrits per mi mateixa sobre com la tarifa elèctrica a Espanya ha passat de ser un dels mecanismes de redistribució de l’estat a ser un mecanisme de despossessió.

Si us interessa la seva lectura; el primer va ser publicat el darrer 3 d’abril amb el títol, Tarifa elèctrica: d’instrument de redistribució a mecanisme de despossessió, i el segon, el 7 de maig amb el títol Tarifa elèctrica: el misteri de la factura de la llum.

Desitjo que gaudiu de la lectura, i, a veure què decideixo aquestes vacances sobre la continuïtat d’aquest blog.

Mala transición energética

Esta mañana me dirigía a una de las primeras celebraciones navideñas del año, con un jamón debajo del brazo, y al llegar al Paseo de Gracia, casi tocando a Plaza Cataluña (en Barcelona), he hecho la foto que aquí les muestro.

Ya ven de qué se trata. Es un cargador para vehículos eléctricos, que pone al servicio de los ciudadanos y ciudadanas l’Ajuntament de Barcelona, en el marco del proyecto de convertir a la Ciudad Condal en una Smart City. Cargador que, a día de hoy, creo que gratuito.

Así, la parte izquierda de la foto es la buena; la que muestra el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno municipal para favorecer el cambio al coche eléctrico. La parte derecha, en su parte superior, sin embargo, es la mala. Allí es donde vemos quién suministra la electricidad al ingenio; ¡Endesa!

Ha sido al ver esto, cuando he decidido parar, hacer marcha atrás, bajarme a la calzada, hacer un pequeño equilibrio con el jamón y disparar la fotografía. Primero he pensado en simplemente hacer un tweet con ella, pero, como ya me ocurrió con la entrada anterior, después he pensado que aunque hiciera una breve y percipitada entrada, el comentario requería algo más que 140 carácteres.

Acabo de mirar lo que escribí cuando inaguré nuevas cartografías de la energía. Entre otras cosas, en el apartado «sobre este blog» se puede leer que éste no pretende hablar de fuentes energéticas, sino de relaciones energéticas y que en el blog, el criterio de favorable o desfavorable se adoptará en función de en qué sentido cada una de las cuestiones tratadas incide en la transformación de las relaciones económicas, sociales y políticas. Al ver hoy el cargador eléctrico de Plaza Cataluña, he pensado que con este criterio, y a a la luz de esta electrinera, la apuesta por el coche eléctrico que se está haciendo -no sólo- en Barcelona es de tipo «mala».

Apostar por un coche eléctrico que se ha de cargar en unos artefactos conectados al sistema eléctrico que controlan las grandes empresas monopolítsicas eléctricas, es una pésima opción. Pues si bien, puede que implique un cambio de fuente energética -y está por ver, porque podría muy bien ser la electricidad se genere con carbón, uranio, gas o petróleo-, no modificará sustancialmente las relaciones -de poder- energéticas actuales.  Es más, la situación incluso puede empeorar, pues deberemos sumar a nuestro consumo doméstico o empresarial, el del transporte. Por ello, considero que este tipo de iniciativas son nocivas, pues no incidirán favorablemente ni en una mayor democratización de las relaciones energéticas ni en la transformación de las relaciones económicas, sociales y políticas.

Para mi este es un ejemplo de cómo no se debe enfocar la transición. Tengo, ya, grandes dudas si la «gran» apuesta que se está haciendo desde el ámbito municipal -en muchas ciudades europeas, no sólo Barcelona- por el coche eléctrico es la adecuada, pues tiendo a pensar que la apuesta correcta sería favorecer, al menos en el espacio urbano, el transporte público colectivo, en vez del coche de uso individual -o de dos, tres o cuatro pasajeros; pero sobre lo que no tengo ninguna duda es que, si se sigue apostando por el coche eléctrico, su forma de carga bajo ningún concepto  debería depender de unas infraestructuras y un cable, al final del cual, centenares de kilómetros allá, nos encontráramos una gran central eléctrica de una gran compañía idem.

Creo, y sé que lo que diré es un poco fuerte, que mientras no seamos capaces de asegurar lo anterior, las ciudades no deberían apostar por el coche eléctrico. Como he dicho otras veces, a estas alturas, estoy convencida de que la transición energética -en mayor o menor grado- hacia un modelo eléctrico y renovable se va a producir, y por ello, la cuestión  ya no es esta. La cuestión es cómo será este modelo, si ¿uno distribuido y decentralizado? o ¿uno centralizado?, pues de ello dependerá que esta transición nos conduzca, o no, hacia un nuevo modelo, político y social, más democrático. Por esta razón, y para mi hoy, este es el verdadero reto que hemos de afrontar.

 

 

 

¿Es una comercializadora municipal un instrumento útil para la transición energética?

El pasado 15 de julio, la prensa escrita de Barcelona publicaba la noticia de que la ciudad se disponía a crear una compañía eléctrica pública. En los medios digitales, fuera La Vanguardia o en El Periódico de la Energía, se personalizaba la iniciativa -y beneficio- de tal propuesta en Ada Colau, la alcaldesa.

Tengo observado que, tanto en Madrid como en Barcelona, ciudades en las que tenemos alcaldesas de fuera de los partidos políticos kosher, cuando las cosas no gustan o se ven estrambóticas, se tiende a utilizar el nombre propio para presentar cualquier iniciativa municipal que se anuncie, como una peculiar ocurrencia de «esas señoras» que ocupan el cargo. Esto, desde mi punto de vista, es una falta de respeto hacia la institución, hacia quiénes les han votado y, obviamente, hacia las mujeres que realizan servicio público.

Dicho esto, aunque me parece una gran noticia que el equipo municipal de la ciudad en la que yo resido se postule para ser uno de los pioneros en la realización -y logro- de una transición energética hacia un modelo, fuera del control del oligopolio eléctrico, 100% renovable, me parece que a la propuesta que se nos ha hecho, la falta un buen periodo de discusión y de maduración.

Esta propuesta fue presentada  el pasado 14 de julio por Janet Sanz, teniente de  Alcalde para cuestiones de ecología, urbanismo y movilidad, el concejal de Presidencia y energía, Eloi Badia, y la Comisionada de Ecología, Eva Herrero y, desde entonces, ha recibido unos cuantos elogios e infinidad de críticas; muchas de ellas provenientes de militantes del activismo energético.

Los elogios tienen mucho que ver con lo ya expresado: es fantástico que Barcelona encabece la lista de ciudades del mundo que apuestan por una ciudad energéticamente sostenible. Las críticas están más divididas, pero algunas de las que yo he escuchado, tienen que ver con la poca eficacia de la medida estrella de la propuesta, la creación de una compañía comercializadora, para el objetivo de la transición energética real.

Comparto ambas cosas, el elogio y la crítica. Desde mi modo de entender el problema de fondo de la propuesta municipal -al menos del borrador de la misma que cayó en mis manos- es la poca claridad de su planteamiento.

Por una parte se plantea que el objetivo es la transición energética de Barcelona, definida como la de una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials, amb una aposta clara per els recursos energétics renovables y, por otra se dice que estudis previs conclouen que l’eina que pot permetre, en el context energètic actual, una gestió integrada de la generació elèctrica i l’aprovisionament energètic és una comercialitzadora y que, por lo tanto, l’objectiu és poder tenir creada i en funcionament la comercialitzadora l’any 2018.

Planteados así el objetivo y el instrumento, se entiende que lluevan las críticas, pues es muy fácil pensar que lo que propone el Ayuntamiento de Barcelona, con la legislación vigente, es ilegal, ya que no hay manera de que la misma empresa comercialice aquello que ella misma genera. Aunque realmente no sea esto lo que dice el texto, pero su redacción excesivamente ambigua enmascara el contenido real. Por ejemplo, intuyo que para captar su significado sería apropiado reescribir  la frase  «una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials«, dejando muy claro que de lo que habla es de una ciudad en la que el uso final de energía de los edificios e instalaciones muncipales y residencial podría abastecerse con lo energía autogenerada en sus terrazas, tejados, cubiertas, jardines o patios.

Es más, también se entiende que lluevan las críticas de quienes se preguntan sobre la oportunidad de crear una comercializadora, puesto que: a) ya existen otras comercializadoras muy «políticamente correctas», como Som Energia, con las que el ayuntamiento podría firmar un contrato de suministro, sin necesidad de destinar nuevos recursos a la creación de un nuevo ente comercializador; sólo distinto por ser de propiedad municipal; e, b) intrínsecamente crear una comercializadora sólo es útil como forma de debilitar el poder del oligopolio eléctrico en el tramo de venta final al público, pero no realmente para transformar de raíz el modelo energético imperante.

Ante ello, yo también dudo de un proyecto que pone el foco en la creación de una comercializadora, como forma de avanzar hacia la transición energética. De hecho, al leerlo tiendo a pensar que se trata más de una medida destinada a paliar la pobreza energética que a cambiar de raíz el modelo energético .

¿Por qué apunto hacia esta hipótesis? Apunto hacia ella porque, leyendo entre líneas el borrador citado, tengo la sensación que se cree más en la comercializadora como una herramienta de política asistencial -o en el mejor de los casos redistributiva- que como la punta de lanza hacia la transición. De hecho, creo que es para este objetivo, el de poder suministrar electricidad a precio subvencionado o de forma gratuita, para lo que la creación de  comercializadora pública pudiera servir.

A día de hoy, en el conjunto de Estado español, con la ley actual, una comercializadora eléctrica sólo puede hacer de intermediario entre las empresas generadoras y los usuarios finales, pues  su función es comprar la electricidad que las empresas generadoras venden cada día en el mercado mayorista y venderla en el minorista. Por ello, por mucho que la ciudad generara energía propia, la nueva compañía municipal no la podría vender. Ante ello, coincido con aquellos y aquellas que han criticado esta mediada diciendo que ¿qué sentido podía tener una comercializadora, nueva, más? Pero si lo miro desde el punto de vista de combatir la pobreza energética, la medida podría tener un sentido, que intuyo alguno o alguna de las redactoras de la propuesta también le han visto.

Si la ciudad de Barcelona tuviera una comercializadora municipal, y por ello entiendo que pública, podría hacer algo que ninguna forma de empresa privada -sería discutible el cómo ya hasta qué punto de algunas cooperativas- puede hacer: limitarse a cubrir los costes, sin obtener beneficios, o incluso, operar con un déficit, que otras actividades o impuestos municipales cubrirían. Si así se entiende la función de la nueva comercializadora, podría tener sentido, pero insisto, un sentido de política asistencial o distributiva, pues la nueva compañía vendería electricidad a precio mayorista a los usuarios finales (incluido el municipio) o decidiría cobrar menos o no cobrar a determinados/as ciudadanos/as.

Desde este punto de vista la comercializadora no haría la competencia a otras que ya existen, que también están fuera del oligopolio y venden energía «verde», pues su objetivo y función serían completamente distintos.

Por mi parte, alabo este objetivo, pero considero que si éste es el que se pretendía lograr con la creación de la compañía comercializadora, así se debería de haber especificado. En este caso, el debate se alejaría de las cuestiones colaterales relativas a la transición para centrarse en los aspectos centrales relativos a la redistribución. Para mi, esta sería la principal virtud de la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa: ser una novedosa vía para paliar -que no acabar con el origen- la pobreza energética.

Por el contrario, si realmente el objetivo es el de la transición energética, considero que, al menos en su forma actual, proponer la creación de una comercializadora como herramienta para la gestión integrada de la transición es, efectivamente, un error.

En primer lugar, porque al introducir la propuesta de la comercializadora desvirtúa lo que hay de bueno en la propuesta, que básicamente es asumir que la legislación municipal, incluso con la legislación nacional vigente, tiene margen para introducir medidas que ayuden a avanzar en la buena dirección y que asumiendo como autoconsumo buena parte de la electricidad empleada en los equipamientos municipales, o incluso la iluminación pública, se podría adelantar mucho en el objetivo de generar energía local, quitando negocio al oligopolio eléctrico.

En segundo lugar, porque oculta otra cuestión, que sí que aparece en la propuesta, que es que el consumo energético de una ciudad también consiste en agua caliente o calefacción que en muchos casos sólo requieren de determinadas instalaciones o infraestructuras, que sin quebrantar ninguna ley podrían instalarse o implantarse desde ya.

En tercer lugar, porque existe una confusión entre fuentes y tecnología que lleva a pensar que detrás de esta propuesta no hay un diseño a largo plazo de los pasos necesarios para llevar a cabo la transición, más allá de la inmediatez o efectividad a corto plazo de algunas propuestas. En este sentido, en el borrador hay alguna frase alarmante, como la de que es prioritario crear un marco legal para  reduir el consum energètic global que es produeix a la ciutat, basat en resultats i no en solucions tecnològiques. En este caso, considero que el éxito a largo plazo de la transición dependerá de las soluciones tecnológicas que adoptemos hoy y de su adaptabilidad –resilencia, ya que el término gusta tanto- a las situaciones energéticas futuras.

Y, por último, en tercer lugar, porque desde el mismo momento en que, en el mundo de hoy, se propone algo tan «radical» como crear una empresa pública de suministro, es inevitable preguntarse ¿por qué no seremos radicales del todo y también nos ocuparemos de la gestión municipal de la red?

Más allá de estas cuestiones, personalmente, lo que más me ha decepcionado de esta propuesta es que no incluya realmente ningún aspecto político de verdad, pues como dije en la serie -incompleta, por ahora- de entradas sobre la cuestión de la financiación de la transición, que inicié el verano pasado, esta transición es la gran oportunidad, puesto que tendremos que ponernos de acuerdo sobre cómo financiarla, para redefinir un nuevo contrato social y para reinventar el espacio público.

Este es el debate que, como ciudadana de Barcelona, yo desearía que impulsara el equipo de gobierno municipal. Ahora, estoy muy disgustada, pues debido a lo poco elaborado de la propuesta actual y a sus ambigüedades e imprecisiones -que pueden ser necesarias para contentar a quién fuere nuestro o nuestra futura ministra de energía y al oligopolio de UNESA, pero son inapropiadas para entablar un debate- el documento ha desatado las críticas y enfados de quienes podían ayudar a llevar a cabo la transición energética hacia un modelo distribuido, democrático y 100% renovable.

Es cierto que, en el ámbito catalán, habrá quien pueda pensar que se está cometiendo una injusticia, pues mientras el también «etéreo» proyecto de Pacte Nacional de Transició Energética impulsado por la Generalitat de Catalunya recibió aplausos, el de l’Ajuntament de Barcelona, recibe críticas. Yo soy de las que barrunto que si el proyecto hubiera sido propuesto por otro equipo de gobierno, las críticas hubieran sido distintas, pero ello no quita que, a día de hoy, también piense que se ha malgastado una gran oportunidad y que nos han hecho un flaco favor a quienes apostábamos por una transición energética iniciada en el ámbito municipal.

 

¿Para quién legisla el Ministro Soria?

Aunque desde el 19 de agosto debo la cuarta entrada de la serie «Financiar la transición», en mi regreso voy a aprovechar la información que estoy recopilando para la elaboración colectiva de un nuevo informe del Seminario Taifa.

Estos días pasados se ha hablado mucho del nuevo cambio legislativo impulsado por el Ministro Soria con el fin de dificultar el llamado autoconsumo eléctrico. Es vox populi que este ministro, desde el inicio de su mandato, está promoviendo cambios en la ordenación del sistema eléctrico que favorecen a unas pocas; las pocas eléctricas agrupadas en UNESA y que constituyen el oligopoly. Ello es cierto, pero muy matizable.

Saskia Sassen en su libro Territorio, autoridad y derechos explica que la globalización consiste en que los estados nacionales desnacionalicen, ayudando a crear redes transfronterizas. que conectan piezas ubicadas en el interior del territorio de los países. en el marco de proyectos globales. Por ello, la globalización no implica la desparición del Estado, sólo supone que éste modifica su función: legisla para desnacionalizar lo que se construyó como nacional, asegurando, así, que dentro las fronteras del territorio se darán las condiciones para que determinadas actividades se integren en «lo global». Este nuevo tipo de estado, explica el auge del poder ejecutivo y la judiciciarización de la vida política, en detrimento de las cámaras legislativas (alta y baja).

Regresando a las eléctricas, y aplicando lo que nos cuenta Saskia Sassen a nuestra realidad, podemos empezar a responder a la pregunta que encabeza la presente entrada del blog. En España es bien sabido que la política energética está en manos del ejecutivo, pues mucho se lleva, en este país, legislando a «golpe» de decreto. Lo que está menos analizado es si estos decretos energéticos han servido para desnacionalizar el sector eléctrico nacional. Dicho de otro modo, ¿el Ministro legisla para UNESA o para que ésta se convierta en una pieza más -ubicada en territorio ibérico- de en un proyecto global más amplio?

Los datos que he estado mirando estos días lo indican. De forma precaria, imperfecta e imprecisa he estado analizando quienes son los propietarios, los accionistas, de las cinco empresas asociadas en UNESA: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP. Empresas, que en la actualidad tienen, según los datos de OMIE, el 65,45% de la cuota de la energía eléctrica en España.

La forma precaria, imperfecta e imprecisa de lograr esta información ha sido buscar la información, que sobre sus accionistas hay, en la base de datos AMADEUS (sólo quién pertenezca a una institución que la tenga contratada podrá acceder a ella). Esta información de pago, pero pública, no es exhaustiva, pues en muchos casos, aunque aparece el nombre, nacionalidad y tipo de accionista, no aparece su porcentaje de propiedad. Por otra parte, visto que. de partida, las empresas de UNESA, salvo aparentemente Iberdrola, pertenecen a una empresa extranjera (ENDESA a ENEL, Gas Natural Fenosa, en un 50% a ENI, Hidroeléctrica del Cantábrico a EDP y Viesgo a E.On), es difícil determinar con exactitud quién es accionista de quién. Así que he hecho lo que he podido para agrupar la información en dos categorías: a) el país en el que los accionistas registran su inversión, y b) el tipo de inversor que dicen ser.

Si la información que he recogido fuera representativa de la realidad,veríamos que «nuestro» Soria, que debería defender nuestro interés general, legisla para intereses particulares, financieros, allende nuestras fronteras. Veámoslo.

En los dos gráficos siguientes vemos de dónde y de qué categoría son los accionistas con participación directa en alguna de las empresas de UNESA.

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

A primera vista, queda claro. Casi tres cuartas partes de los accionistas directos de las empresas asociadas en UNESA  están registrados en el extranjero. Siendo, si exceptuámos el caso de Italia por el Ente Naziole Idrocarburi (ENI), Luxemburgo el segundo «gran» accionista de las asociadas de UNESA.

El tipo de accionistas de las eléctricas, como apunta el segundo gráfico, son fundamentalmente compañías del sector bancario, financiero o equivalente. De hecho, si se tiene en cuenta que buena parte de la categoría «S», correspondiente a inversión guberanamental o estatal, es inversión a través de los fondos soberanos, diremos que casi dos tercios de los accionistas pertenecen a estas categorías. Por otra parte, la categoría «C» es confusa, pues en ella podemos encontrar desde otras empresas energéticas como Repsol o ENI a fondos como Blackrock o Qatar Holding,

Los gráficos que siguen complementan esta información. Éstos reflejan la tipología de quienes poseen acciones de las empresas asociadas en UNESA, pero no son sus «propietarios» directos.

Fuente: base de datos AMDEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Estos gráficos refuerzan lo anterior. A destacar que los accionistas de Qatar aparecen como singularizados, por detrás de los luxemburgueses y que los inversores de Estados Unidos surgen con más fuerza. También confirman que los inversores financieros pesan más que los del sector productivo. Refuerza todavía más esta conclusión el hecho de que, aunque con filiales ubicadas en distintos países,  entre los principales inversores en Iberdrola y Endesa (a través de Enel) se cuentan los fondos soberanos de Qatar y los de BlackRock, una de las principales empresas privadas de gestión de inversiones europeas.

Por tanto, ¿qué nos dicen los datos acerca de para quién legisla el Ministro Soria?

Entendiendo que decir que el ministro legisla para la eléctricas, equivale a decir que legisla para sus propietarios -accionistas del sector bancario, financiero o propietarios de planes…- la conclusión es evidente: cada vez que el ministro promueve un decreto, lo hace  para engrandecer los dividendos de los bancos o la rentabilidad de inversores como BlackRock o como el holding qatarí domiciliado en Luxemburgo, pues esto es lo que hoy en día es UNESA.

Evidentemente a estos accionistas poco les importa si los ibéricos tenemos un buen o un mal servicio de electricidad, aunque mucho les interese la rentabilidad de los activos y actividades energéticos ubicados y desarrolladas en España y Portugal. Dicho de otro modo, el ejecutivo español promueve legislación para que del oligopolio eléctrico extraiga dividendos locales, que irán a parar a fondos de inversión globales. Si no es lo mismo, se parece mucho a lo que nos dijo Saskia Sassen.

Financiar la transición energética (III). Reinventar el espacio público energético

En la anterior entrada de esta serie, respondimos a la primera de las preguntas que se habían planteado: ¿cómo podemos hacer para acabar con el poder de los lobbies de la energía fósil?. En esta entrada, corresponde, empezar a responder a las siguientes: ¿Cómo reinventamos el sector y redefinimos el espacio público energético? y ¿Cómo generalizamos las formas de financiación éticas y no cortoplacistas? Ambas están entrelazadas.

En la Encíclica laudato si´, en su punto 178, hablando del drama del inmediatismo político se puede leer una frase que me ha gustado especialmente. Esta dice, se olvida así que el tiempo es superior al espacio, que siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder. Diría que esta es la clave de cualquier cambio, pero encuentro esta reflexión especialmente fértil si la aplicamos al caso de la transición energética. Desde el punto de vista del informe sobre Alternativas que elaboró el Seminari Taifa, del que soy miembro, hoy la alternativa es el proceso; un largo y profundo proceso que ha de iniciarse en el interior del capitalismo vigente ahora.

Todo ello nos conduce a tres cuestiones: a) que debemos iniciar la transición energética desde donde estamos ahora mismo; b) que ésta es un proceso y, por tanto, suceptible de tener etapas; y, c) que el espacio energético al que lleguemos vendrá definido por el proceso, y no al revés. Dicho de otro modo, como hay muchas formas posibles de organización políticas y territoriales detrás de la idea de un modelo energético 100% renovable, la que finalmente se acabe imponiendo dependerá del proceso -del camino recorrido- que hayamos realizado. De ahí la importancia de preocuparnos más por los procesos que de ocupar espacios de poder ya creados por procesos anteriores.

El proceso de la transición energética tiene varías etapas, que más que camino son como un juego de matrioskas que va desde la más pequeña, el ámbito doméstico, a la mayor, que en función de las preferencias será el ámbito local, provincial, regional, estatal o supraestatal. Lo que diferencia a la transición del juego de muñecas rusas es que, a medida que van cambiando de tamaño, el diseño de su vestido cambia, al añadir nuevas conexiones, servicios… También se diferencian en que no sólo es más caro financiar el juego entero que las muñecas pequeñas, sino que las formas de financiar a las más pequeñas y al resto son conceptualmente muy distintas.

En la entrada anterior quedó claro que el dinero para financiar la transición existe. En ella también se apuntó que si se lograra deslegitimar quién a día de hoy lo gestiona, el lobby energético internacional, sería posible iniciar la senda de la transición. De hecho, estoy segura de que a medida que la campaña de deslegitimación avance, cada vez será más fácil encontrar pequeños y medianos inversores, no especialmente codiciosos, que quieran que sus ahorros, sus fondos de inversión o de pensiones se inviertan en «energía verde» en vez de en «energía sucia.»  Es más, si a escala global discursos como el de Naomi Klein o del Papa Francisco consiguen calar, o a escala local iniciativas cooperativas se ven como fiables, cada vez más de esta misma gente que quiere invertir en energía verde, estará dispuesta no sólo a invertir en una fuente energética alternativa, sino en formas de gestión y de propiedad empresarial colectivas. A día de hoy, este sería un gran primer paso, que como leemos en Laudato sí´ (179) […] puede hacer una diferencia […] pues allí [donde se implante] puede generar una mayor responsabilida, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa […]. Además, obviamente, la diferencia vendrá por la construcción de una cultura mucho más participativa a medida que los inversores se den cuanta que la rentabilidad y la energía que obtienen está ligada a los recursos locales: al rio que fluye cerca de su casa, al sol que golpea su terraza o al viento que azota su localidad.

Así, desde mi punto de vista, esta primera etapa sería relativamente fácil -recuerdo, si previamente se logra deslegitimar al poder energético existente-, pues en esta fase, aunque lo cuestiona, ni rompe con el sistema ni nos obliga a plantearnos formas de organización político-territoriales alternativas. La muestra de lo que digo, es el éxito actual de la Energiewnede en Alemania; núcleo del capital europeo.

Mi pregunta aquí es si este proceso político – energético ya iniciado, será suficiente para lograr la transición energética global y democrática que yo imagino. El peligro aquí, como también plantea Naomi Klein es de amenaza de aislamiento y por tanto, el reto es hallar el modo de expandir los espacios públicos. Entiendo que esta idea de expansión, no es meramente una expansión cuantitativa de territorio, sino cualitativa de infraestructuras y de servicios (no sé si me acaban de convencer estas expresiones, pero por ahora bastará). Dicho de otro modo, cuando ya tengo asegurada la luz en mi casa, barrio o localidad, ¿cómo aseguraremos la red, su cuidado, el transporte, las comunicaciones…?, ¿qué ámbito cubrirá lo anterior? y ¿cómo lo querríamos financiar?.

En el anterior modelo, al menos en lo que llamamos Occidente, estas opciones se fueron definiendo desde los años de la Primera Guerra Mundial hasta la posguerra de la Segunda. La red eléctrica no se creó espontáneamente, tampoco un sistema integrado de ferrocarril ni de metro, ni la red de carreteras…. son el resultado de un determinado contrato social, basado en la consolidación de los Estados -nación- del bienestar. Por tanto, en algún momento de la historia se optó, por este tipo de espacio energético, que decidimos centralizado, nacional y sufragado públicamente, aunque no en todos los lugares tuviera el mismo alcance.

Como he dicho otras veces, la red eléctrica, por ejemplo, también formaba parte de una política redistributiva en los marcos nacionales, tanto por cómo colectivamente se financió, como por el acuerdo de que pagaba lo mismo el hogar cercano a una central nuclear que a un río. También, de facto, históricamente ha habido otras elecciones, como preferir financiar carreteras para coches cuyo combustible es la gasolina, que una buena red ferroviaria integrada para trenes eléctricos. Todas estas elecciones, en algún momento se han producido. De estas, recuerdo, pocas se han financiado con capital privado, y muchas con capital público.

Es en este contexto, en el que se enmarca la expresión de Naomi Klein de que lo que se tiene que hacer es reconstruir o reinventar al sector público. Expresión que yo he transformado en reinventar el espacio público energético. Para ello, no basta con generar energía a partir de fuentes renovables localmente, como no basta renacionalizar lo que ya se privatizó. Desde mi punto de vista, el reinventar el sector público es crear un nuevo sector público en el proceso de cambio de modelo energético. Para ello, ahora ya, cada día de proceso, para cada nueva cuestión la hemos de pensar desde tres puntos de vista: a) ¿se adaptará a una forma de generación, distribución y uso de energía renovable y distribuida?; b) ¿se corresponde con el modelo de sociedad -de organización política- que a mi me satisface?; y b) ¿qué nuevas formas de financiación podríamos pensar para sufragarlos?

Pongo un ejemplo, muy de actualidad, que aquellos que me conocen saben que me lleva de cabeza: lo que llamamos la nueva economía colaborativa, que se traduce en iniciativas como BlaBlacar, uber, airbnb….

Por ejemplo, las dos primeras, inciden directísimamente en el proceso de la transición energética. Mucha gente bienintencionada, progresista y de izquierdas ve estas iniciativas como el inicio de una nueva forma de economía. El pasado domingo en un artículo de opinión de El País -lamento no acordarme del nombre del autor- se decía que la mayoría de estas iniciativas no aportaban nada nuevo, ya que sólo conectaban lo que ya existía. Coinicido plenamente con esta opinión y, en términos del contenido de esta entrada, considero que destruyen el sector público, en vez de expandirlo y reinvertarlo.

Pensemos, por ejemplo en BlaBlaCar. Se trata de que yo tengo un coche, en el mejor de los casos híbrido, que a cambio de un módico precio, que teóricamente sirve para cubrir costes, pongo a disposición de otras personas para compartir el trayecto que yo hago. La gente está contenta, pues por un «módico» precio, viajo comodamente -como si yo tuviera coche- de un lugar a otro. Es evidente que es mejor, que cuatro vayan en un coche que que lo haga una sola, pero dicho esto, para mi, aquí se acaban las ventajas del BlaBlaCar. Primero, porque de partida es desigual, entre los que tienen coche y los que no; segundo, porque de hecho, hay un pago en especies a quién tiene el coche y, por tanto, contribuyo a un negocio individual; tercero, porque refuerza el modelo de transporte del coche; cuarto, porque si se extiende se considerará que se puede suprimir un tramo más de tren, un línea de autobús o el equivalente y quinto, aunque se deduce de todo lo anterior, porque es una «nueva» actividad que se escapa totalmente del ámbito de la financiación pública (no se declara, no se pagan impuestos, dejamos de pagar billetes de tren…) y por ello, revierte en la destrucción del mismo.

Para mi, BlaBlacar va en contra de la transición energética que yo imagino. Para algunos, con actuaciones de este tipo, para hacer la transición bastaría que pasáramos del coche de gasolina al eléctrico. Para otros, sin embargo, entre los que me cuento, lo que deberíamos hacer es imaginar otra forma de transporte pública y universal, que además estuviera basada en fuentes cercanas y renovables.

En los términos con los que empezábamos esta entrada, sólo cambiar de coche de gasolina a coche eléctrico es ocupar un espacio de poder (el de las petroleras por el de las eléctricas), para que todo siga igual, o peor; en cambio reivindicar una nueva organización del transporte renovable colectivo y público es el proceso. Proceso de transición y de expansión del sector público.

Si tenemos lo anterior claro, sólo nos faltará decididir cuán amplia ha de ser la red de transporte y qué infraestructuras necesitamos para su eficaz funcionamiento, lo que nos dará el nuevo espacio público energético, y cómo la financiamos colectivamente, lo que nos dará la nueva forma de contrato social.  Esto último, lo dejaré para la siguiente entrada, aunque avanzo, ya, que es a esta construcción a lo que deberíamos destinar el «ahorro» de no pagar la factura energética ciudadana de lo hablábamos en la entrada anterior.

Siguiendo con la parrilla ética de la transición energética

De alguna manera, como siempre he ido esbozando en este blog, y el subtítulo del mismo así lo atestigua, la transición energética es y ha de ser una transición política. De ahí, la necesidad de la ética de la transición.

En nuevas cartografías de la energía, creo que desde el inicio, dejamos claro que pasar a producir energía a partir de fuentes renovables, en sí mismo, no significaría la transición; significaría un cambio de fuentes energéticas -de energía fósil y nuclear a renovables-, pero no un cambio en el modelo energético, que es algo mucho más amplio y complejo. Dicho de otro modo, si los actuales monopolios energéticos, especialmente los eléctricos, controlaran mega instalaciones eólicas y solares, conectaran «sus» cables a ellos y nos vendieran, en sus condiciones, la electricidad; todo seguiría igual. Máxime si nos limitamos a hacer adaptaciones, sin crear cosas distintas. Por ejemplo, algo como cambiar el coche de motor de combustión por uno eléctrico.

En este caso, los tres cambios relevantes serían: a) la pérdida de relevancia de los territorios de los llamados países productores y, con ello, un cambio fundamental en la geopolítica del petróleo y en la definición de los espacios geo-energéticos mundiales; b) el traspaso de parte del poder de la industria petrolera internacional a la industria eléctrica o energética no fósil; y, c) la reducción sustancial de la factura energética exterior, que como ya es bien sabido en España significa en torno, en función de la evolución de los precios del crudo, unos 50.000 millones de € al año. Factura que para los ciudadanos, según calcula Ramon Sans del colectivo CMES, se traduce en unos 125.000 millones de € al año.

Fuente: ECF, Roadmap2050

Para algún@s, estos cambios ya supondrían una gran variación. Como decía un alumno mío, y que me perdone por utilizarlo aquí, «un cambio de este tipo, ya sería un óptimo de Pareto», pues la situación mejoraría, sin que nadie empeorara. Cierto, mejoraría a nivel climático, podría servir para la definición de nuevos espacios políticos, de nuevas territorialidades, e implicaría un gran ahorro en el pago de las fuentes energéticas.

Sin embargo, un cambio de este tipo, no alteraría para nada la esencia ni la estructura ni de las relaciones de poder actuales. Por ejemplo, si se produjera un cambio de este tipo, los municipios no verían alterado ninguna de sus actuales (no) competencias en política energética. Los pueblos y ciudades se conectarían a una red centralizada y externa, equivalente a la actual, por la que en vez de energía sucia fluiría energía «limpia».

Por ello, ahora que se acercan las elecciones municipales, mi consejo para aquellos partidos y formaciones que acuden a las elecciones con la voluntad de ser políticamente correctos, pero deseando que «todo siga igual», es que que apoyen una opción de este tipo. Esta es la opción fácil, pues no hay que hacer nada, sólo dejar que las eléctricas dirijan la transición.

Para las otras formaciones y partidos, aquellos que realmente quieren el cambio, la cuestión es mucho más difícil, pues es un largo proceso profundamente político.La política de la transición energética se inicia en el mismo momento en el que se ha de decidir qué modelo de renovables se quiere: uno centralizado como el que he esbozado o uno distribuido de autogeneración local, todavía por definir (piénsese que esta es una elección que con la energía fósil ni se tuvo ni se pudo hacer, pues las fuentes fósiles tienen localizaciones específicas, mientras las renovables son universales y distribuidas). Esto es lo primero y esencial que se debería plantear cualquiera que en su programa «llevara» el cambio energético. Es la decisión previa.

Como se ha dicho, si se opta por un modelo centralizado, ya no queda nada más que hacer, pero si la opción es la contraria, se abre un largo camino, pues la transición es un proceso; un camino con fecha de caducidad, pero largo, y en el cual se ha de mantener la estabilidad y la seguridad del suministro.

Para este camino, me atrevo a esbozar una pequeña hoja de ruta y una parrilla ética.

1) La meta es un modelo descentralizado, distribuido, 100% renovable, por ello cualquier medida de normativa municipal, inversión en la red… que se adopte ha de ir en esa dirección. Por ejemplo, si se hiciera una normativa de terrados, aunque no se instale nada en ellos, ya deberíamos prever que en el futuro lo haremos.

2) Si el el medio plazo se tuviera que optar por una tecnología de transición, opción híbrida o medida concreta, siempre se debería optar por aquella que no hipoteque ni materialmente ni financieramente, ni retrase, la opción de las renovables.

Pongo ejemplos de dos tipos. El primero, si se tuviera que hacer una nueva planta de generación y todavía no dispusieramos de una opción 100% renovable, mejor una de cogeneración de gas, a la que después se podría cambiar el gas por el hidrógeno que algún tipo de instalación que no podamos «reciclar».  El segundo, polémico y de gran actualidad, si se han de adoptar medidas para combatir la pobreza energética, no apostar por el bono social, que sólo es pagar -¿con nuestros impuestos?- a las empresas del viejo sistema para que sigan haciendo lo mismo; y apostar por financiar autogeneración doméstica renovable para todas aquellas familias que lo necesiten: será más barato, será renovable, se autofinanciará en poco tiempo y tendrá un potente efecto demostración.

3) Por las fuertes resistencias que vendrán del «mundo fósil» y porqué la involución es muy probable, la transición energética ha de ser necesariamente un proceso consensuado, participativo y de cooperación ciudadana. Caso contrario está condenado al fracaso.

Evidentemente, todavía hay muchas cuestiones para analizar, entre las cuales, la no menor de la financiación, pero me parece que esta idea de proceso es esencial. De hecho, el CMES, colectivo al que pertenezco, trabaja en esta línea: en pensar la transición en etapas.

Por ahora, como ya apunté en una entrada anterior, en la que criticaba los rickshaws turísticos que invaden mi barrio, mi preferencia para esta transición es que sea moralmente aceptable y recoja lo mejor de ambos mundos (del fósil y del renovable). Para pensar en ello, he elaborado una pequeña parrilla que nos sirva de brújula en el proceso.

Sería bueno, que cualquier opción se pasara por este tamiz. Así, pasando por esta parrilla cualquier megaproyecto de renovables, no pasa la «prueba del algodón», pues al menos favorece la concentración de poder, la mercantilización del suministro del sol o del aire y la exclusión (o la creación de pobres energéticos). En el otro extremo, el rickshaw tampoco pasa la prueba, pues un congénere es mi fuente de energía e implica trabajo (energético) humano. Entre ambas cosas, tendremos que encontrar el camino de la transición.

Construyendo el discurso de la escasez

Una cuestión que siempre me llamó la atención es cómo el discurso del fin de los recursos se acaba realizando en términos de costes económicos. Sobre ello quiero hablar en esta entrada, aunque ésta tenga muchos puntos para convertirse en una de aquellas sobre las que mi madre opina diciendo, «hija esto está muy bien, pero no te lo va a leer nadie». En este caso, incluso puede que la cosa se quede en «…no te lo va a leer nadie».

Hace unos cuantos años, Robert Mabro escribió una pequeña boutade sobre el fin del petróleo. En este provocativo divertimento, él sostenía que hablar del fin del petróleo es tautológico, pues es evidente que si un recurso es finito, tarde o temprano se acabará. De ahí que este articulito apuntara a que cuando hablamos del fin de los recursos, debemos estar hablando de otra cosa. Pues bien, ¡es verdad! ,los economistas hablamos de otra cosa.

Inspirada por el trabajo de Paul Warde sobre la narrativa de la escasez, con mis alumn@s, en este curso, hemos reconstruido históricamente cómo el pensamiento económico ha influido en la construcción de un determinado discurso sobre el fin de los recursos; así como sobre cuáles son las consecuencias del mismo para el funcionamiento de la industria energética.

En este discurso se entremezclan varios elementos, que a mi modo de entender son los que marcan el desarrollo de la industria energética fósil hasta la actualidad.

En el Siglo XVIII, Jean Baptiste Say, en un fragmento que convirtió en célebre Robert T. Malthus nos dice que […] la tierra […] no es el único agente de la naturaleza que tiene un poder productivo; pero es el único o casi, sobre el que el hombre puede ejercer la propiedad privada y exclusiva y, por ello, el beneficio de un individuo se transforma en exclusión del otro. El agua de los ríos y el mar, por la facultad de poner en movimiento nuestras máquinas, de transportar nuestros barcos o alimentarnos con sus peces, también tiene un poder productivo. El viento, que mueve nuestros molinos, e incluso el calor del sol trabajan para nosotros; pero, afortunadamente, nadie puede decir, ni que el viento y el sol son míos ni que el servicio que prestan me ha de ser pagado […].

Entre ambas cosas hay una diferencia esencial: la última es inagotable y el servicio que proporciona a una persona no impide que otra se beneficie de un servicio igual […] Sólo la tierra […] gracias a que nos la podemos apropiar, se cultiva y es productiva, generando, así, una especie de abundancia […] (la traducción es mía).

Este fragmento, me parece fascinante, pues nos dice tres cosas: a) desde el Siglo XVIII reconoce que el sol, el agua y el aire son fuente de energía (movimiento y calor), pero que no son válidas para el sistema por no ser susceptibles de apropiación ; b) que es la propiedad -de la tierra- la que genera abundancia y no la libre disposición de los factores y, c) que esta propiedad es origen de la desigualdad: el beneficio del uno y la exclusión del otro.

Malthus, a caballo del Siglo XIX, utilizó parte de este fragmento para explicar que las mejores tierras -el monopolio natural- son las que dan mejores rentas, pero le añadió un fragmento, tan fascinante como el anterior, al escribir […] ¿no debe admitirse que la renta es el resultado natural de una cualidad inapreciable del suelo que Dios ha concedido al hombre […]? ¿Y no es una parte […] de ese excedente general de producción de la tierra, de que se ha dicho acertadamente que es la fuente de todo poder o disfrute, y sin el cual no habría ciudades, ni poder militar o naval, ni artes, ni saber, ninguna de las más refinadas manufacturas, ninguna de las cosas conveniente y lujos de los países extranjeros, ni esta sociedad culta y pulida que no sólo eleva y dignifica a los individuos, sino también extiende su beneficiosa influencia a toda la masa de habitantes?

Aquí, aunque posteriormente David Ricardo le discutiera que la renta sea fuente de excedente, Malthus sienta las bases para tres cosas: a) si uno es afortunado de tener una «buena» tierra es gracias a la Providencia; b) ello es la base del poder y, c) el fundamento de la civilización. Así, si sumamos Malthus a Say, el discurso económico se convierte en que la propiedad es positiva pues es fuente de abundancia, aunque sea fuente de desigualdad. La desigualdad es el resultado del destino, y gracias a sus frutos se obtiene el poder y se edifica la civilización.

Con este discurso, se entiende que pudiera tener más éxito una fuente energética fruto de la tierra que una como el sol, el aire o el agua, sobre las que «afortunadamente» no podemos establecer los derechos de propiedad. David Ricardo, considerado como el padre del concepto de la renta del subsuelo o minera, introdujo la última pieza a este discurso, pues de manera muy clara explica dos cuestiones. En primer lugar que si hay abundancia no hay renta (el producto de la tierra que se paga al terrateniente). Y, en segundo lugar, que es el ingreso del capital en la mina más pobre [el que regula] la renta de todas las rentas más productivas.

Siguiendo con el discurso anterior, la aportación de Ricardo nos conduce a pensar que para que los frutos de la Providencia sean efectivos  (la abundancia de las mejores tierras), no basta con que tus tierras sean buenas, si no que han de existir las malas, pues éstas son las que convertirán a las tuyas en fuente de riqueza (de renta). Así, lo que David Ricardo nos dice es que cuanto peores sean las tierras,las minas o los yacimientos, más renta obtendrán aquellos cuyas tierras, minas o yacimientos son mejores.

Por todo ello, a veces una piensa que hay algo intrínsecamente perverso en escoger como base energética del sistema un recurso finito, pues si a mayor escasez, mayor renta  para los que tienen las minas o los yacimientos de mejor calidad, el discurso de la escasez pasa a ser un instrumento para mantener el poder y una determinada forma de «civilización».

De hecho, llegando a la mitad del Siglo XIX, con la Revolución Industrial en marcha, desde visiones opuestas, John Stuart Mill y William Stanley Jevons, nos permiten entender esta cuestión. El primero especifica que […] el principal caso en el que la escasez incrementa el coste de producción es el de los recursos naturales […]. Y, el segundo es el que recogiendo todo lo anterior construye el discurso contemporáneo de la escasez. De hecho Jevons, es de los pocos, si no el único, economistas que tiene un libro dedicado a una fuente energética, el titulado The Coal Question.

Este texto, que creo que tiene muchas lecturas, introduce la idea de escasez, como algo relativo y no absoluto. La escasez se define como el fin del carbón barato. Es más, según Jevons, no es que se acabe el carbón, sino que el hecho de que en otra localidad, en otro país u otra economía, haya una abundancia de carbón conducirá a la decadencia del poder y de la civilización británica, ya que […] la grandeza de Inglaterra depende en gran manera de la superioridad de su carbón, en precio y calidad, frente a otras naciones […]. En los términos de Jevons, el problema de la escasez no es que se acabe el carbón, es la pérdida de competitividad que puede experimentar el Reino Unido frente al emergente Estados Unidos, aunque Jevons, realmente, por lo que teme es por […] our moral and intellectual capabilities.

Piénsenlo, este es el mismo discurso que el del «fin del petróleo barato»: es la pérdida de la competitividad, la perdida de la hegemonía y la pérdida de una «civilización».

Ante todo ello, ver la función que el fracking cumple en el sistema tiene su gracia. En primer lugar, en un mundo como el que describe Say, nos sentimos más cómodos con una fuente fósil del subsuelo sobre la que podemos establecer derechos de propiedad y sobre la que se puede realizar negocio. En segundo lugar, siguiendo las explicaciones de Ricardo, la industria petrolera «tradicional», aunque no participe de esta forma de extracción, ha de estar encantada, pues a más fracking en los yacimientos malos, más renta en los yacimientos buenos. En tercer lugar, siguiendo a Malthus, no hay un cuestionamiento moral de fondo sobre este fenómeno, pues la Providencia ha querido que estos yacimientos estén localizados en el mundo de los poderosos. Pero, hay un cuarto argumento que ya no es tan evidente..

Jevons decía que la escasez de carbón, acabaría con […] the mainspring of modern material civilization y haría peligrar our moral. Creo que mucha gente piensa lo mismo con el petróleo. Tememos su desaparición porque forma parte de nuestra forma de vida. Sin embargo, entonces había un argumento que no ahora no existe; el de que en otro lugar del mundo podría haber abundante petróleo barato. Hoy, lo que hay sobre la mesa, es la posibilidad de un modelo -renovable- totalmente nuevo. Hoy, como Jevons hizo entonces, muchos hablan de […] plausible fallacies about the economy of fuel, and the discovery of substitutes of coal, which at present obscure the critical nature of […], pero lo que yo pienso es que no es cierto. Lo que da miedo de verdad de las las renovables no tiene nada que ver ni con los costes ni con la competitividad, pues todo serían argumentos a su favor; el miedo es, como dijo Say, que […] heureusement personne n’a pu dire : le vent et le soleil m’appartiennent, et le service qu’ils rendent doit m’être payé.

Pobreza energética, cinismo y peleles

Llevo tiempo preguntándome por qué mi ritmo de entradas en este blog ha disminuido considerablemente. Creo que una de las razones, no la única, es que ya no sé como denunciar que alguien es malo de forma razonada y bien educada. Tiendo al insulto y no me gusta.

Esta mañana he escuchado en la SER la noticia de que Hipólito Fariñas, en nombre Partido Popular de Galicia, ha rechazado incluir la pobreza energética en la Ley de protección general que en su Parlamento se votaba.

La visión de la cuestión que destila la explicación del diputado Fariñas, ya es muy significativa. El PP cree que para el concepto de “pobreza energética”, ya existe otra figura contemplada en la ley gallega “más amplia”, la del “consumidor vulnerable” y que, por ello, no requiere una ley específica. Así, no sé si de forma consciente, el diputado ubica el ámbito de la energía en el del consumo. Por ello, según esta acepción, calentarse en casa es consumir, encender una luz es consumir o ducharse con agua caliente es consumir. Lo dejo aquí.

Todo ello me lleva a algo que ya pensé, cuando en Catalunya el Govern presentó la propuesta de Fondo de Solidaridad Energética para paliar, también, la pobreza energética. Este fondo, que no acaba de arrancar, sería de unos 40 millones de euros y según la nota de prensa de la propia Generalitat de Catalunya debería dotarse, también, con dinero proveniente de las compañías suministradoras de servicios básicos u otras empresas privadas.

Ambas propuestas nos dan una idea muy clara de cómo nuestros gobernantes -y, por ello entiendo, buena parte de la sociedad- ve la cuestión de la pobreza energética. En primer lugar, la pobreza es «culpa» de los consumidores que se han quedado sin medios de pago. En segundo lugar, en función de las filiaciones, quien «siente pena», piensa que la forma de solución del problema es la caridad -solidaridad, en políticamente correcto-, pues sólo se trata de dar ayudas a quien no tiene. Y, en tercer lugar, fuera de la real solidaridad, que es la fiscal, se deja al arbitrio de los donantes el que se dote, o no, tal fondo.

¡Qué cinismo, por Dios! En primer lugar la pobreza es por exclusión. Ésta es culpa de un conglomerado de intereses liderado por los monopolios energéticos, sus accionistas y que se concreta en una determinada legislación que permite a unos pocos decidir quién puede estar conectado a la red (los consumidores de una cierta capacidad adquisitiva), a la vez que limita cualquier opción fuera de ella (autogenearación, pequeños productores, etc.).

En segundo lugar, dar caridad no es la función ni de las administraciones del Estado ni del sector público. Al menos, no, en un país que considera tener un estado moderno y democrático. La caridad, se mire como se mire, no entra en ninguna de las acepciones de interés general.  Y, en tercer lugar, se apuesta por una actuación que está fuera de cualquiera de los instrumentos estándar de la política económica «tradicional», pues en vez de contrarrestar la injusticia cometida por un grupúsculo de empresas sobre los ciudadanos, a través de medidas impositivas, políticas de precios o de control de los monopolios, se pretende que los mismos que ocasionan la injusticia, muestren su responsabilidad social, dando morralla a la morralla.

De todo ello, a quién menos entiendo es a nuestros representantes. No me entra en la cabeza cómo una persona de inteligencia media no entienda que si aquí hay pobreza energética es porque se ha creado un sistema que permite que unos pocos -los monopolios energéticos- decidan quién podrá calentar su casa, o tener luz en ella, y  en qué condiciones. Parecerá un matiz, pero ello es sustancialmente distinto de decir que hay pobreza, porque hay pobres. Una tautología que, como todos sabemos, no puede ser explicativa de nada.

Menos entiendo que se fabule con que los mismos que han creado este fenómeno, lo van a solucionar. Es absurdo. Supongo que realmente, los diputados y diputadas no lo deben pensar. Ello, si me apuran es peor, pues querría decir que sabiendo quién genera la pobreza energética y por qué, no tienen ninguna intención de corregirlo, y van a seguir señalando al «consumidor» como causante de su propia desgracia («te mueres de frío porqué no puedes pagar la luz»). Es trágico.

Siento decir esto, pero diputados como los del partido popular gallego, y quienes pensaron que crear el fondo de solidaridad de la pobreza energética era una buena idea, son unos peleles. No son el amo. Son los títeres de él. Ellos, aunque no se lo quieran creer, también son esos consumidores vulnerables. Es una pena su ceguera, pues si lo entendieran, tendríamos mejores leyes y políticas.

Lo peor de todo. El tal diputado Fariñas antes de entrar en política era maestro. La verdad, visto así, mejor en el parlamento que en el colegio.

Vías romanas y gasoductos, una curiosidad para la noche de Reyes

Como todos los años, aunque nos olvidemos sistemáticamente, el periodo de festividades navideñas, es de lo más atareado. Es casi un milagro de Navidad tener dos o tres horas libres para una misma. Quería hacer esta entrada, desde que en una de esas actividades previas a las festividades como son los aperitivos, cenas u otros menesteres, un compañero de trabajo, después de que yo le contara una de mis fantasías, como tal nunca realizada, de escribir una guía turística de las principales vías romanas secundarias de Hispania, me espetó, «pues yo tengo unos amigos que han escrito un artículo sobre ello y las han cartografiado todas. Mañana te mando el artículo». Como así fue.

Vía Romana en el Puerto del Pico, Sierra de Gredos

Espero que mi colega no se moleste por aparecer en este blog, pero le estoy muy agradecida. El artículo en cuestión es de Pau de Soto y César Carreras Montfort y se titula, La movilidad en época romana en Hispania. Aplicaciones de análisis de redes (SIG) para el estudio diacrónico de las infraestructuras de transporte y se puede leer en libre acceso. Es uno de esos artículos que dan endivia, de esos que al verlos piensas, que de mayor es a lo que te quisieras dedicar. Me encanta ver que el estudio de épocas remotas y de la Roma clásica tiene aplicaciones contemporáneas.

Este último comentario, y que me perdonen los lectores, se lo tenía guardado al Conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalnya, Sr. Boi Ruíz, que en algún momento declaró, el que no pot ser és que la universitat formi gent amb diners públics, com filòlegs clàssics, que no podran anar al mercat (Sic!). Bueno, pues aunque creo que Pau Soto y César Carreras son arqueólogos, y no filólogos, que le valga este artículo al Conseller para ir reflexionando antes de hacer declaraciones tan temerarias sobre determinadas carreras universitarias, ya que las conclusiones que arroja el artículo son argumentos de peso, es decir científicos, que ayudarían a apoyar algo tan cacareado por el gobierno del que él forma parte: el corredor de mercancías mediterráneo. Pues, el artículo concluye diciendo que … a mediados del siglo XIX cuando comienzan a construirse las infraestructuras ferroviarias, Manuel Duran Bas apoye una propuesta del Sr. Lujan de crear una red en forma de H que vincule los principales centros económicos de la Península y los puertos franceses, del este al oeste con dos ejes […] con dos viales: uno Barcelona-Figueres-Francia y el otro Pamplona-Irún-Francia, entendiendo que esta estructura favorecería una mayor movilidad y rapidez en las comunicaciones. Resulta sorprendente que esta estructura en forma de H tenga una mayor similitud con la red viaria romano que con cualquier otra posterior. 

Para mi, otra cosa sorprendente de este artículo es que al ver uno de los mapas, que estos dos arqueólogos han elaborado, no pude evitar recordar la red de gasoductos de la Península Ibérica, pues salvo por los ramales que, para traer el gas del Norte de África hacia Madrid y la Cornisa Cantábrica, de Sur a Norte atraviesan el centro de la misma, el trazado del transporte del gas en España parece calcado del de la movilidad romana.

Fuente: Soto y Carreras (2009, Fig. 3, p.310

Deseo que a los autores del artículo no les moleste que emplee una de sus imágenes para ilustrar tal hallazgo, pero es que me encantó. No sólo por haber encontrado una aplicación adicional a su estudio, sino por ilustrar a la perfección la riqueza de la pluridisciplinariedad. Dos cosas me parecen extraordinarias del artículo, el que se haga un análisis económico, cuya justificación se remonte a los caminos de Roma, y que en él quede claro que las infraestructuras son instrumentos para crear espacios políticos, por ello su realización pocas veces se debe estrictamente a razones económicas.

Una lectura de estos mapas nos dice que cuando la capital del Imperio era Roma, el criterio del coste en el transporte de mercancías y personas era esencial, pues fundamentalmente los caminos en Hispania eran lugares de tránsito desde y hacia lugares del Imperio. Cosa que ya no es la estructura de carreteras y ferrocarril en España, cuyo objetivo era comunicar la capital con el resto de localidades. Sin embargo, bizarramente, la estructura de gasoductos sí que remite a esa antigua comunicación en el marco de lo que fue el Imperio romano. Observando que la actual cartografía del gas en la Península Ibérica se asemeja más a la antigua cartografía romana, me vuelvo a preguntar lo mismo de siempre: ¿para qué queremos tantas infraestructuras gasísticas, si éstas no llevan a ninguna parte más allá de los Pirineos?

Sería demasiado largo responder a esta pregunta, más para alguien como yo que ha pasado de defender que la Península Ibérica debía de ser un territorio del tránsito del gas y de la electricidad generada con el mismo, desde África hacia Europa central, a ser alguien que, a la luz del extremo e inmoral poder de los monopolios energéticos, se ha convertido a la causa de los modelos de producción de energía descentralizados y de red distribuida, donde la red de gas a la romana actual no tendría cabida. Dicho esto, sigo pensando que la creación de infraestructuras es una de las bases para la construcción de espacios políticos, de territorio y de territorialidad. Por ello, artículos como el que aquí presento también nos han de servir para tomar decisiones sobre nuestra política energética.

Cuando España se enfrentaba a los monopolios confabuladores

Estos días, a ratos, he estado haciendo una somera incursión en la historia de la industria del petróleo en España. Como en tantas otras cuestiones, la historia de la creación de la industria petrolera en este país es poco atribulada, poco afortunada y curiosa.

En 1917, cuando el petróleo en España representaba el 0,3% en el uso final de energía, Joaquín Sánchez de Toca, ministro conservador de la época e hijo del médico que atendió en sus últimas horas al General Prim, escribió una pequeña obra titulada El Petróleo como artículo de primera necesidad para nuestra economía nacional. Según he leído en un artículo de Adrian Shubert, este escrito de Sánchez de Toca es el que inspiró, durante el gobierno de Primo de Ribera a su ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, para realizar la nacionalización del petróleo. Esta iniciativa se plasmó en el Real-Decreto Ley 1141 de 28 de junio de 1927, publicado en la Gazeta de 30 de junio de ese mismo año. En él, después de un “mono” parte sobre el buen estado de salud de la familia real de Alfonso XIII en Londres, se puede leer la exposición de motivos que el mismo Calvo Sotelo hace sobre la ley. En esta exposición se habla del problema del petróleo como uno en primera línea de todos los que modernamente interesan a todos los pueblos.

Fuente: http://www.repsol.com

En el texto se justifica la nacionalización del petróleo, que daría lugar a la creación de CAMPSA, por tres razones. Primero se entiende que la industria del petróleo, por sus efectos de arrastre sobre otros sectores, puede ser uno de los instrumentos para la industrialización del país; segundo se asume que el petróleo es un instrumento básico de la defensa nacional (entiendo que como combustible de la flota marina y aérea); y en tercer lugar, se le ve también como una fuente de ingresos fiscales. Estas tres razones conducen a una de las frases más graciosas del texto, en la que se dice que el nuevo monopolio no significa realmente una instauración, sino tan sólo sustitución; porque de hecho, en materia de petróleos vivimos en régimen de Monopolio en manos de muy pocas entidades privadas cuya confabulación, siempre posible y en derecho estricto difícilmente reprimible, sobre todo si aquellas se amparan en fuero de extranjería, podría ocasionar riesgos gravísimos al consumidor y al mismo Estado, impotentes para desbaratarla.

A tenor de lo que cuenta Adrian Shubert, al final estas entidades privadas, apoyadas por sus gobiernos respectivos, fueron las que desbarataron el proyecto inicial. Este proyecto inicial era crear una empresa petrolera integrada española (con capital y trabajo nacional), cuya participación del Estado había de ser del 30%. Para crear esta empresa, se tuvo que nacionalizar lo que ya existía en la Península Ibérica: Industrias Babel y Nervión, inicialmente de capital francés y comprada por la Standard Oil de Jersey (1925), la Sociedad Petrolífera Española, filial de la Royal Dutch Shell,y otras empresas menores, fundamentalmente francesas, así como integrar a la Sociedad de Petróleos Porto Pi, creada por Juan March en 1925 -cuya emblemática y arquitectónicamente maravillosa gasolinera puede verse todavía hoy en Madrid en la Calle Alberto Aguilera.

Fuente:http://pasionpormadrid.blogspot.com.es/

Ello culminó en una batalla sobredimensionada, vista la minúscula dimensión del mercado petrolífero español de la época (en 1927, sólo el 2,1% del consumo final total de energía tenía como origen el petróleo) y la poca importancia de la Península Ibérica en el juego petrolífero mundial, que no acabó con CAMPSA, pero costó un dineral al erario español y desvirtúo el proyecto inicial de tener una empresa petrolera nacional fuerte. Esta batalla perdida, históricamente tiene su gracia, pues contiene algunos ingredientes relevantes para el relato del devenir de la industria petrolera internacional.

Esta historia transcurre entre 1925 y 1927; año, el primero, en el que quedaron fijadas en Lausana las fronteras entre Turquía e Iraq, incluyendo la región de Mosul, y con ello las concesiones petrolíferas en Oriente Medio; y año, el segundo, previo a que las siete compañías petrolíferas más poderosas del mundo (según Calvo Sotelo, los monopolios privados confabuladores) se constituyeran en las Siete Hermanas y se repartieran, junto a la Compañía Francesa de Petróleo, el mercado mundial. Por ello este pequeño acto, cebollante, de creación de una compañía nacional fuera del ámbito de la gran industria petrolera internacional, pudo ser considerado, por parte de ésta, como un acto de rebeldía que no se debía tolerar. Máxime si se tiene en cuenta, que la única empresa petrolífera implicada en la historia, la de la Sociedad Petróleos Porto Pi, había logrado un acuerdo con las autoridades soviéticas para importar crudo desde la URSS, sólo tres años después de que en la Conferencia de Génova y subsiguientes, se limitaran sustancialmente las relaciones entre la incipiente industria petrolera soviética y la occidental. Ello, aunque ahora podamos pensar que no tenía futuro alguno, rompió la hegemonía de las “grandes” en España y debió ser visto como una disidencia a no permitir.

Es curioso, pero visto en perspectiva, éste debió de ser uno de los momentos de máxima actividad diplomática internacional en torno al sector petrolífero español. Se creó una campaña de boicot internacional y se desestabilizó, a la ya inestable, dictadura de Primo de Rivera. Parece increíble que un país atrasado como España, con un ínfimo consumo de petróleo, por querer crear una compañía de petróleos nacional con participación estatal, creara tal alboroto, pero la moraleja es evidente: el poder del monopolio no se logra por el buen hacer, sino por la exclusión de cualquier atisbo de competencia, por pequeña e inofensiva que esta sea. Esto fue así, cuando esta industria era incipiente, y lo es ahora, cuando está madura y obsoleta.

La diferencia es que, entonces, el gobierno intentó oponerse, en palabras de Calvo Sotelo, a ese poder privado que atenta contra el consumidor y el Estado, mientras que ahora, nuestros gobernantes favorecen su poder. Intuyo que esta debe ser la diferencia entre un conservadurismo nacional y uno globalizado, pues por lo demás, las distas ideológicas entre el gobierno de entonces y el de ahora, parecen pocas.