Castor, una nueva agresión a la democracia y a la tarifa energética.

Una de las noticias de la semana es la hibernación de Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) cuya actividad se ha relacionado con movimientos sísmicos en la zona. Esta decisión, adoptada en el Consejo de Ministros del pasado viernes 3 de octubre, viene después de que vecinos y diversos movimientos ecologistas se manifestaran reiteradamente contra tal proyecto.

El almacenamiento Castor estaba recogido dentro de la Planificación Estratégica de los Sectores de Electricidad y el Gas 2008-2016 del Ministerio de Industria con la máxima categoría (A Urgente), como proyecto «necesario y prioritario» para el sistema gasista español, y básicamente pretendía ser una reserva de gas, para cubrir aproximadamente un cuarto de la demanda de gas en España para unos 50 días. Con las operaciones de inyección del llamado «gas colchón» se iniciaron los temblores y la alarma de los vecinos, hasta que en el mes de septiembre, después de que se produjera un seísmo de magnitud 4,2 en la escala de Richter, el gobierno ordenara el cese de la actividad.

Fuente: http://jramosgarcia.wordpress.com/

Ello, que podría ser una buena noticia para los vecinos y los ecologistas, se ha transformado en un nuevo ataque a la ciudadanía. Por lo que informa la prensa, para compensar de las pérdidas que ello pueda reportar a la empresa privada concesionaria, Escal UGS (participada en un 67% por ACS), saldrán de los bolsillos de los ciudadanos 1.350 millones de €, que iremos pagando en la factura del gas, a tenor de unos 100 millones al año.

Puede que yo sea de otro planeta y no entienda nada, pero si interpretara adecuadamente, al menos a la vista de los resultados, los hechos son que se construyeron unas infraestructuras energéticas que no cumplieron todos los requisitos de seguridad. Como siempre ocurre, estas instalaciones se «vistieron» de una necesaria inversión pública en aras al cumplimiento del un supuesto interés general, pero las realizaron empresas privadas con el objetivo de obtener beneficios privados. La mayoría de la ciudadanía no opinó sobre la cuestión, aunque sí que existieron ciertos colectivos que (activistas y movimientos ecológicos y energéticos) se opusieron a ella. Los hechos les han dado la razón a ellos. Sin embargo, una vez más, el gobierno de España da la razón y compensa a las empresas del sector y nos obliga a los ciudadanos a pagarles su mal hacer.

Por tanto, si entiendo bien, en este país cuando una empresa privada no hace bien su trabajo, los ciudadanos somos quienes les tenemos que indemnizar, pagando un plus en una factura.

Tal como van las cosas, me temo que lo mismo ocurrirá en Canarias. Allí, si las prospecciones de Repsol causaran alguna tragedia ambiental, ahuyentan al turismo o cualquier otra cuestión, los canarios que activamente se están oponiendo a ello, les tendrían que indemnizar; o, lo que en el momento actual parece probable, si las demandas de los canarios lograran que se pararan las prospecciones, podrían acabar reclamando a los isleños o a sus compatriotas peninsulares que indemnizáramos a Repsol, pues tal como soplan los vientos, podría ser que en poco tiempo los europeos tuviéramos que indemnizar a las empresas que tenían previsto hacer un negocio, cuando éste se viera truncado por oposición de la población, de las autoridades ambientales o sanitarias o por cualquier cambio de legislación.

Esto, que ya ha ocurrido en el caso de algunas empresas tabacaleras, que han logrado indemnizaciones después de la aplicación de determinadas legislaciones anti-tabaco, se podría extender al conjunto de actividades, evidentemente las energéticas, si las negociaciones que en la actualidad se están llevando a cabo entre la Unión Europea y Estados Unidos, para la firma del Acuerdo Transatlántico del Comercio y la Inversión (TTIP en su acrónimo en inglés), prosperan.

Sobre este acuerdo habla el último informe del Seminari Taifa, y sobre él discutimos en pasado sábado. Aquí de él quiero destacar que de sus tres patas, liberalización comercial, regulaciones y creación de tribunales de arbitraje, la última parece especialmente preocupante, pues es el fin del de la posibilidad de alegar interés público en el arbitraje de inversor a Estado. Se trata de establecer tribunales de arbitrajes privados (ISDS), que darán a los inversores el mismo estatus que a los gobiernos. Los ISDS permitirán reivindicar a los inversores sus derechos ante tribunales privados, en los que abogados del sector privado podrán tomar decisiones que obliguen a los gobiernos a pagar indemnizaciones ilimitadas a los inversores sin apelación. Esto es gravísimo y atenta seriamente contra los fundamentos democráticos de cualquier sociedad, pues es mucho más propio de una república bananera que de un estado liberal, moderno y democrático.

Dicho esto, y en clave de humor, lamento que los «pobres» concesionarios de Castor no lo pensaran antes, pues de haberlo sabido, esperando un poquito, podrían haber recibido «legalmente» una indemnización mayor, logrando, así, que los ciudadanos tuviéramos una deuda de por vida con ellos. Es trágico; es horrible; y es inmoral, pero entra en el umbral de lo posible y probable. Espero y deseo que no lo tengamos que ver en Canarias.

Contratos de congestión, red eléctrica y espacio político

El pasado 14 de agosto el New York Times publicaba un artículo titulado Traders Profit as Power Grid Is Overworked. Leyéndolo aprendí que existen los contratos de congestión. En el mundo en el que nos ha tocado vivir, ya se pueden imaginar que un contrato con ese nombre es algo malo. Efectivamente, estos contratos son unos instrumentos de cobertura (hedge) que las operadoras regionales subastan, para que los intermediarios se puedan proteger de las variaciones de los precios de la electricidad. Es decir en una red, dicha, liberalizada como la de los Estados Unidos, con diferencias en los precios de la electricidad entre una localidad y otra, los titulares de estos contratos de congestión pueden comprar y vender títulos en función de cómo evolucionen los precios, enriqueciéndose gracias a las diferencias de precios entre un punto y otro de la red.

Imaginemos que en la ciudad A, por las razones que fuere, la demanda de electricidad es superior a la oferta. Ocurrirán dos cosas: se transportará electricidad desde otra localidad y los precios aumentarán. En la situación inversa, en la ciudad B, ocurre lo contrario. Esta es la base par un «mercado de congestión», en el que se pueden comprar y vender títulos relacionados con el hecho de que hay unos agentes que compran la electricidad excedente en la ciudad B, para revenderla en la A. Ello proporciona un beneficio individual, basado en la diferencia de precios, y supuestamente reequilibra el precio en el mercado. En su forma más sencilla, los poseedores de estos títulos actúan como arbitrajistas que equilibran el mercado; en una forma más refinada, pueden actuar como especuladores, jugando sobre las probabilidades de que en un lugar u otro suba o baje el precio, e incluso «atacando» el precio del Kw/h de alguna localidad frente a la otra; y en un mundo financiarizado como el presente, se crea un mercado adicional de títulos derivados y/o colaterales para cubrirse de las posibles pérdidas de este juego. En estos mercados es donde se negocian los contratos de congestión.

A estas «alturas de la película» lo que me llamó la atención, no es que tales contratos existan, pues en el casino en el que vivimos es lo previsible. Lo que me interesó de la noticia fueron dos cosas: la crítica que tácitamente hace a los académicos que se prestan a tales juegos de probabilidades y algoritmos, y la pregunta de «¿y por qué no recibimos nosotros este dinero?» formulada por el Alcalde de Port Mayor, en el estado de Nueva York. Esta segunda pregunta me remite a una de mis múltiples «manías energéticas», que es la de la función política de la red eléctrica.

Stefan Bouzarovski, geógrafo de la Universidad de Manchester y uno de los impulsores del blog sobre vulnerabilidad energética y transiciones urbanas, escribió en 2008 que si uno se interrogaba sobre la función que las infraestructuras tenían en la creación del espacio, se podía pensar sobre the role of energy networks in the articulation of political and economic power across territory. Para mí, este ha de ser uno de los debates fundamentales de la transición energética.

Desde este punto de vista una red eléctrica es mucho más que una forma eficiente de transmitir electricidad de un lugar a otro. Una red eléctrica genera un espacio político, porque genera, en un determinado territorio -local, regional, nacional, transfronterizo o supranacional-, unas relaciones de poder -entre los que generan la energía, los que la emplean, los propietarios de los lugares en los que se genera, transporta y emplea, los distribuidores, etc.-, que se articulan de en función de una estructura de gobernanza. Evidentemente, los criterios que rigen el funcionamiento de esta estructura de gobernanza, tendrán que ver con los valores e ideología de la época. Por ejemplo, algo aparentemente tan banal como que todos los ciudadan@s de un país tengan acceso a la electricidad, al mismo precio, es una decisión política que, probablemente, más tiene que ver con la idea de bienestar y justicia social que una sociedad determinada tenga en un momento determinado, que con una cuestión de eficiencia económica o energética.

Hoy, el principio de una distribución igualitaria de la electricidad a escala nacional está quebrado por la retroalimentación entre tres factores:

a) la crisis del Estado-Nación, que lleva a cuestionar la necesidad de que la política energética sea uno de los pilares de la construcción y mantenimiento de los principios de ciudadanía de la nación, se llame cómo se llame la misma.

b) las políticas neoliberales, privatizadoras, que al dar al sector privado los activos y bienes energéticos, han privatizado de facto el espacio energético -y, por tanto, el político.

c) la mayor diversidad -y visibilidad- de fuentes de energía primaria en el mix energético,que ante la ausencia de una política energética inclusiva, esta propiciando que muchas personas empiecen a reclamar que si la energía que ellos consumen es más barata, porque proviene del aire, el agua o el sol, que la de las centrales de ciclo combinado (caso clarísimo en España), no entienden por qué tienen que pagar el aire al precio del gas.

Si los dos primeros factores, el «a» y el «b», no existieran, la respuesta a estas personas que no entienden por qué pagan una cosa al precio de otra, sería evidente: porque en la política energética, también hay un componente redistributivo territorial, que posibilita que aunque tu vecino viva en la localidad A donde la energía es más cara de generar o más escasa, el excedente -o el menor coste- de la localidad B se distribuye o -reinvierte- para que los habitantes de A, puedan tener el mismo nivel de bienestar energético que los de B. Esa es la razón básica de la construcción de la red eléctrica nacional a mediados del Siglo XX.

Cabe decir que en este esquema anterior, el quejoso Alcalde de Port Mayor, habría dispuesto de los ingresos, aunque fuera indirectamente en forma de suministro eléctrico. Pero, hoy, cuando nos han hecho creer que la forma de asegurar la competencia y liberalización del sector energético era segmentar y privatizar aquellas redes eléctricas que articulaban el poder político y económico a través del territorio, quien genera electricidad en la localidad A, en las condiciones de la misma, considera que el que genera electricidad en la localidad B es un competidor, en vez de alguien que pertenece a su mismo espacio energético. Es más, ambos son vistos como unos suministradores, de los que se puede extraer beneficio monetario, por quien transporta la electricidad entre ambos puntos. Y, todos ellos, son considerados una fuente de pingües dividendos por los fondos de inversión.

Me repito, lo sé, pues mantuve un discurso similar en la entrada Ciudadan@ energétic@ universal, pero el otro día mientras miraba un programa de televisión en el que de forma muy didáctica, con unas mezclas en unas probetas, se explicaba la factura eléctrica en España, volví a hacerme la misma reflexión. Comparto plenamente la reivindicación de que introducir más fuentes renovables en el mix energético abarata, y no encarece, la factura eléctrica, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más. Ha llegado el momento de definir y decir qué espacio político queremos crear con la transición a un modelo energético renovable, si no lo hacemos, en muy poco tiempo, veremos florecer los contratos de congestión, cuyos contratistas se enriquecerán a costa de nuestra buena voluntad; pues las diferencias de coste entre distintas formas de generar energía entre el punto A y B local, serán la base para la creación escandalosa de fortunas individuales.

Siento ser mal pensada, pero éste es mi estigma de economista.

A vueltas por las Cuencas Mineras de Teruel

Estos días he regresado a Castel de Cabra. No es la primera vez y, probablemente, no sea la última. No me ha producido la impresión de mi primer viaje, además, el verano siempre amabiliza los pueblos olvidados de la Península Ibérica. A pesar de ello, siempre que allí acudo, me sobrecojo.

Castel de Cabra es uno de los 30 municipios de las Cuencas Mineras, en la provincia de Teruel. Estas comarcas, ocupan unos 1.407 Km2 y son habitadas por unas 9.500 personas. Ello da una bajísima densidad de población que se puede explicar por su orografía y por que su economía fue periferia de la tardía industrialización de España; ya pulverizada. Ambas cosas configuran un muy particular paisaje, en el que de unos fondos abisales de un mar desaparecido, hace millones de años, surgen montes pelados por la deforestación y castilletes en ruinas que indican la entrada a minas que hace tiempo se cerraron.

http://www.mtiblog.com/2008/12/mina-mara-castel-de-cabra-teruel.html

Me cuentan que algunos de esos montes pelados, como el Puerto de las Traviesas, se deforestaron para tallar los travesaños de la línea del ferrocarril que unió Madrid con Barcelona. Entiendo que, por proximidad, debía ser la línea MZA (Madrid-Zaragoza y Alicante), proyectada a mediados del XIX y que, después de vicisitudes varias, acabaría siendo uno de los ejes sobre los que se trazaría la red de ferrocarriles actual. Las Cuencas Mineras, poco se beneficiaron de este tren, pues allí no llegó, pero los restos en su paisaje todavía perduran: montes pelados y recuerdos de pequeñas ventas cada 25 o 30 kilómetros -que era el máximo trayecto que las carretas con las traviesas, tiradas por bueyes, podían hacer en un día. Seguro que, entonces, en la segunda mitad del XIX, el ferrocarril que se construía en otra parte, dinamizó la zona, probablemente plagada de contratistas, aserraderos y mano de obra local que realizaría el trabajo físico.

Unos años más tarde, según me dijeron, ya en las postrimerías del Siglo XIX y en los albores del XX, se inició la actividad minera en la región. Relativamente pequeñas minas de lignito -algunas parece que tan bellas, que se podían encontrar en ellas los árboles fosilizados- que fueron el corazón de la actividad económica -y de la vida político – social- de la zona, hasta que en 2003 se cerró la última mina. Como hoy ya no queda nada de esa actividad, las Cuencas Mineras se están erigiendo en un gran parque temático del pasado: Dinópolis, que muestra y explica los fósiles y restos de todos esos seres que moraron los mares turolenses en el pasado, y museos como el minero de Escucha, en la Mina Severá, y el anejo Centro de interpretación de la minera Pozo del Pilar, que muestra la historia de todos esos seres que habitaron esos túneles en un pasado más reciente, eso sí.

Mina la severá

Esta vez visitamos el museo minero. El museo minero, que según nos dijeron, es el único que recorre una mina de verdad, es la visita y la recreación de la mina y de su actividad. Esta mina se cerró en 1968, y posteriormente sirvió como túneles de ventilación del Pozo Pilar; cerrada, a su vez, en los 1990s.

La visita conmueve. Y, eso que la guía es estupenda y amena, los túneles están limpios y iluminados y, como nos dijo un antiguo minero, «lo que allí visteis es como el ‘ir vestido de domingo’ de la mina». Después de ello, la misma persona me dejó una grabación de cuatro horas, sin editar, del trabajo en esa mina en los 1990s. Estas imágenes ya no se parecen a Germinal. El trabajo, en buena mediada estaba mecanizado y las condiciones de seguridad parecían buenas. A pesar de ello, la esencia del trabajo es la misma y, con quién hablé, me dijo que incluso ahora, años después de que las minas cerraran y le pre-jubilaran, se levanta cada mañana preguntándose cómo pudo trabajar allí casi 30 años. Tres décadas bajo tierra, sin luz del día, con ciertos riesgos de accidente y con un trabajo físico agotador, para perforar y perforar la tierra, cada día unos metros de más. De hecho, esa es buena parte de su trabajo, pues los mineros trabajaban a destajo, y la unidad de paga es el metro horadado y/o la carretilla de carbón subida a la superficie.

Ahora que la mina está cerrada y todos aquellos que no sufrieron un accidente letal, cosa que en cada familia de la región, a lo largo de un siglo, ocurrió, disfrutan de una temprana y relativamente bien remunerada jubilación. Esta es una cuestión que he estado discutiendo con mis amigos estos días.

Por alguna razón que desconozco, algunas personas consideran que los mineros son unos privilegiados, muchos se jubilaron entre los 40 y los 50 años, con la pensión máxima. De hecho, hace un par de años, a raíz de la marcha de los mineros que hubo en España, varios medios, aparentemente indignados, escribían titulares haciéndose eco de esta situación. El mensaje subyacente era «¿cómo se pueden manifestar personas que les prejubilan a los 40 y cobrarán 2.100 euros al mes?» Otra cifra que salía en esas fechas era cuánto costaban esas prejubilaciones a los españoles. Según ABC, el coste medio de cada jubilación anticipada —soportado por los Presupuestos Generales del Estado— ha sido de 433.000 euros en el período 2006-2010. Si lo entiendo bien, ese «despropósito» de las jubilaciones de las mineros, en cuatro años costaron menos que comprar un solo piso decente en el centro de Barcelona o Madrid. No quiero caer en lo fácil y maniqueo, pero algo va mal en nuestra sociedad cuando se hacen este tipo de discursos.

Lo que me sobrecoge de las Cuencas Mineras de Teruel es que estas -como otras- aportaron sus bosques vivos y fósiles, que ayudaron a dos de las cosas que más influyeron en la tardía industrialización de España, el transporte por ferrocarril y la electrificación del país. A cambio, su paisaje cambió, se pelaron las superficies de los montes y se horadaron sus subsuelos, mientras fósiles y ruinas industriales poblaban el territorio; a cambio, también, la vida de las familias y de las poblaciones pasaron a ser gobernadas por el advenir de la mina, de la vida bajo tierra.

Hoy, de todo ello, queda un paisaje bello, pero estremecedor, y unos núcleos de población que no han desaparecido del todo gracias a las pensiones de los mineros, pues ahora también, se desvanecen los huertos solares y las abejas.

Contemplando todo esto, una vez más, me preguntaba sobre el progreso. Estas Cuencas Mineras, reconvertidas, como buena parte del país, en parque temático dieron sus árboles -vivos y fósiles-, montes -en superficie y subsuelo- y gentes para la modernización e industrialización de otras regiones de España. A cambio, poco recibieron. Quedaron la memoria, los vestigios y las rentas del trabajo. En estos asombrosos tiempos en los que nos ha tocado vivir, algunos piensan que también tenemos que suprimir lo último, así sólo quedará la memoria y los vestigios para nutrir parques temáticos.

Soy de las que creo que las minas se han de cerrar; por cuestiones ambientales, esta claro; por favorecer sistemas de producción de energía centralizada, pero, por encima de todo, porque creo que un sistema que para lograr su bienestar requiere del trabajo infrahumano de los otros, es un fracaso. Dicho esto, también pienso que gracias a que determinadas zonas dieron sus bosques, riquezas naturales y mano de obra, muchos, en España, progresamos en bienestar y democracia. Como nos dijo una guía del Museo de la Ciencia y la Industria de Manchester, mientras nos contaba la vida entre telares, «trabajar aquí era horrible, pero también trajo cosas buenas como el progreso, los derechos laborales y los sindicatos».

Personas como yo, nos hemos beneficiado, y mucho, de ello. Esta es la razón por la que me estremece esta parte de Teruel, pues su paisaje es la otra cara de mi bienestar, de mis queridos viajes en tren, de la luz con la que he leído tan a gusto y, seguramente, de una parte de la riqueza del lugar en el que nací y sigo viviendo, y de los derechos que he tenido hasta ahora. Me da mucho coraje pensar que el fin de este expolio y bregar en la mina sea convertir a la comarca en un parque temático. Pero, está claro que en una sociedad como la nuestra, pocas otras opciones quedan. Es una pena, pero será así.

 

Dos transiciones paralelas

Ayer, Juan Carlos I abdicó. Para personas de mi generación, hijos e hijas del tardofraquismo, este es acontecimiento extremadamente relevante. Y, estando en el extranjero, gozo del privilegio de poder pensar, en vez de decidir si tengo, o no, que bajar a la calle. En mi caso, predominan los sentimientos encontrados y, desde ayer, estoy intentando hacer un balance mental razonado y sereno, pues siento que en este momento he de tener las ideas muy claras.

Como no podía ser de otra manera en el aluvión de recuerdos que hoy siento, me ha venido en mente la famosa campaña de «Ahorre energía, aunque usted pueda pagarla, España no puede» (lástima que no haya encontrado el vídeo con el anuncio televisado)

No recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo ver esta campaña institucional de publicidad en el único televisor de la familia, el que mi abuela tenía en Reus. Hoy, veo que esta es una campaña de 1976, de unos meses después de que Juan Carlos I fuera proclamado Rey de España.

En esos años iniciaban su andadura ambas transiciones, la española y la energética. En España el fin de la dictadura y del petróleo, casi ocurrieron a la par. Aunque la llamada primera crisis del petróleo ocurrió en agosto de 1973, en «nuestra» parte de la Península Ibérica no nos dimos cuenta de ella, hasta que llegó el Rey. En España la onda expansiva del shock del petróleo, tardó tres años en llegar y nosotros, sus ciudadanos, vivimos los efectos de la misma, al tiempo que votábamos por primera vez, nos convertíamos en una monarquía y entrábamos en la antesala de la dolorosísima reconversión industrial.

Mirando los datos de la extraodinaria base de datos elaborada por algunos de los miembros de proyecto de Global History of Energy del Joint Center for History and Economics (Harvard University, University of Cambridge and University of East Anglia), una constata que, cuantitativamente, la transición energética en España se inició a la vez que la política.

Fuente: Historical Energy Data, http://www.energyhistory.org

Aunque es evidente que entonces se empleaba mucha menos energía que hoy en día, en 1976, del total de energía, el 67,9% tenía su origen en el petróleo. En 1985, un año antes del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), esta misma cifra era ya del 50,5%. Desde entonces, hasta ahora, el peso del petróleo ha ido disminuyendo paulatinamente.

Sin embargo, la mayor diversidad en el uso de fuentes energéticas, no ha ido asociada a una mayor democratización de las relaciones energéticas. Al contrario, se ha producido una concentración de la propiedad, que ha generado el llamado oligopoly. Oilgopoly que, como ya está en boca de tod@s, ha capturado al Estado y a algunos de instituciones y representantes, para beneficio propio. Ante ello, y ante leyes tan injustas como la del pasado mes de diciembre de 2013, parte de la población está reivindicando desengancharse de la red eléctrica nacional. Aunque, en el contexto actual, simpatice con este mensaje, como también apunté, detrás de cualquier proyecto de red eléctrica, hay un proyecto político de construcción de un espacio común. Por ello, simbólicamente, desengacharse de la red, sería desligarse de ese proyecto político común. Así,se podría hacer un paralelismo entre lo que ocurre en el mundo energético español y lo que ocurre en el mundo político.

Desde 1976 hay una mayor diversidad de partidos políticos, pero ello no ha supuesto una democratización real. Tenemos una concentración de propiedad política, el oligopoly – PP, PSOE y CiU-, que ha capturado las Cortes Generales, en beneficio propio, e intenta copar el poder judicial, para que se relicen leyes injustas. Por ello, se cuestiona el espacio político común que creamos en la transición: hoy, las calles y, hace una semana, las urnas estuvieron llenas de gente que dice querer desengancharse del proyecto político común que construímos con la transición, del que, para bien, o para mal, la Monarquía ha formado parte de él.

En esta analogía, sin embargo, hay un pequeño detalle que me parece relevante. Si se hiciera un breve recorrido por la historia del movimiento energético alternativo, veríamos que mientras la reivindicación fue la de las energías renovables -completar la transición energética que se inició en el 1976-, el desenganche se produce porque el oligopoly se quiere apropiar de todo el espectro energético, para tener el poder absoluto en él. No es una cuestión de fuentes, sino de poder.

Aunqué sé que es llevar al límite la comparación -y yo misma le veo los fallos-, como forma de boutade pido que por un momento se piense lo siguiente si la Monarquía fuera al sistema político lo que el petróleo es al sistema energético ¿qué deberíamos priorizar?, el cambio en las fuentes o el cambio en el funcionamiento de las estructuras del poder. Con las sucesivas reformas energéticas ya nos metieron un gol. Un gol tan grande, que si no lo paramos nos privatizarán el sol y el aire. Tengo miedo de que no caigamos en lo mismo. No fuera caso que cambiáramos la fuente (de Rey a Presidente/a) y creáramos el poder absoluto.

La transición energética del Siglo XXI

Por primera vez en más de dos años, me he estado más de un mes sin hacer ni una sola entrada del blog. Han sido unas, laboralmente y geográficamente, movidas semanas, que me han tenido un poco apartada de todo. También de este blog. A pesar de ello, en este tiempo me he leído un par de libros, de los cuales he redactado sendas reseñas. Hoy, hablaré del proyecto que cuenta uno de ellos, cuya reseña completa podrá leerse en el próximo número de la Revista de Economía Crítica. El proyecto es la transición energética del Siglo XXI, la TE21, que Ramon Sans Rovira y Elisa Pulla Escobar -ambos miembros del CMES, Col.lectiu per un Nou Model Energètic i Social Sostenible– presentan en un libro de la Editorial Octaedro. La TE21 es extremadamente sugerente.

El proyecto es intrínsecamente sugerente, pues, para empezar, está anclado en algo que viéndolo, resulta evidente, pero que hasta donde yo sé, no forma parte de los cálculos y narrativas habituales sobre la transición energética. El libro cuenta de que de cada barril de petróleo, cada tonelada de carbón o metro cúbico de gas que consumimos sólo empleamos de forma útil un tercio –si de producir electricidad, se trata- o una quinta parte, cuando hablamos de movilidad. En otras palabras, en el mejor de los casos –con la excepción de las centrales de ciclo combinado- tiramos a la basura más del 66% de unos recursos que nos han sido dados y que no se podrán reponer. Ello, que en sí mismo es ya una barbaridad, se convierte en pecado si se piensa que existen otras fuentes de energía como el sol o el aire, ilimitadas y libres, que con el estado actual de la técnica y la tecnología permiten generar directamente ese mismo tercio o quinto de energía térmica, motriz y eléctrica -convertibles, cada una en las otras- que los seres humanos empleamos cotidianamente.

Esta forma de contar, desmonta los cálculos de todos aquellos y aquellas que contabilizan una hipotética transición energética en términos de barriles equivalentes de petróleo, pues realmente lo que se ha de cambiar no es el “barril de petróleo”, es la energía útil que, a partir de éste, se genera. Es decir, sólo una proporción del mismo.. Pep Puig i Boix, en uno de los tres micro prólogos del libro expresa esta cuestión a la perfección, cuando dice que se suele practicar, consciente o inconscientemente, un cierto confusionismo, pues se confunden las necesidades de energía que tiene la sociedad con la denominada energía primaria, cuando la sociedad, lo que requiere en realidad, es energía final disponible para su uso en la provisión de servicios.

A partir de aquí, la TE21, sin ambages ni ambigüedades, propone, basándose en la tecnología y equipo que ya está funcionando “en el mercado”, realizar una transición energética viable hacia un modelo distribuido y descentralizado, 100% renovable. ¿En qué difiere ello de otras propuestas de transición energética, que hoy en día están sobre la mesa, como el Roadmap2050 o el Desertec? A mi modo de ver, la TE21, difiere fundamentalmente en 5 aspectos.

En primer lugar, como acabamos de explicar, la TE21 es distinta de otros propuestas en que plantea, y justifica adecuadamente, que el objetivo de la transición energética no es en sí mismo sustituir las fuentes energéticas (petróleo, carbón…), sino lo que de ellas los seres humanos somos capaces de utilizar, de ellas. Corolario de ello es que la transición energética hacia un modelo de renovables requiere menos energía primaria de la que se suele calcular. Por tanto, menos instalaciones y espacio físico del que se solía plantear y, por lo tanto también, la transición, también, es menos costosa de lo que otras propuestas plantean. Para que se entienda, esta propuesta deja claro que no es más “barato” pagar un barril de petróleo para tirar a la basura entre dos tercios o cuatro quintos de él, que aprovechar el tercio o quinto útil del sol, el aire o el agua, que además, pequeño detalle, son fuentes gratuitas.

El segundo aspecto en el que difiere es que en esta propuesta se propone transformar sólo la energía final que se emplea y aprovechar las fuentes energéticas cercanas, acercando así el espacio de generación al de uso final. Desde este punto de vista, la propuesta es una propuesta universal –todos los territorios del mundo tienen riqueza en una u otra fuente renovable-, pero de aplicación local – a cada lugar le convendrá tener un mix energético distinto. Desde este punto de vista, se apuesta por una industria energética cercana, local y descentralizada. Es decir, de facto, apuesta por la democratización de las relaciones energéticas.

Diría que la propuesta va incluso más allá, pues al definir el disfrute de la energía como un derecho y explicar que éste es un bien social y estratégico sobre el que –a los ciudadanos y ciudadanas- se nos ha quitado el control, el libro no sólo plantea una transición energética económica y técnicamente viable, sino que apunta hacia una transformación política y social. Así, la TE21, es una propuesta que merece mucha más consideración y apoyo que otras consideradas equivalentes, como el Roadmap2050 o el Desertec, ya que, aunque éstas expresen apostar por las renovables, política y socialmente están en las antípodas de la que reseñamos

La tercera de las ventajas de la TE21 es que entra un debate semántico-conceptual que es cardinal: la diferencia entre consumo y aprovechamiento energético. En parte por un cierto imperialismo economicista y, en parte, porque el modelo energético hegemónico ha sido, desde la Revolución Industrial, el de la energía fósil, nos hemos acostumbrado a hablar de consumo energético. En términos de política energética el constante uso de “consumo” ha sido muy perjudicial. Para empezar, porque ha llevado a asimilar al usuario final de la energía con un consumidor y, de ahí, con un demandante. Y, para acabar, porque tácitamente ello nos ha llevado a valorar la eficiencia energética de las renovables de forma negativa.

La cuarta cuestión es que el libro deja muy claro qué son y qué no son las fuentes de energía renovables. No cae en las falacias de la descarbonización, de definir energía limpia como aquella que no emite CO2 o de generar una confusión terminológica entre lo que es energía renovable, limpia, verde y sostenible. En esto, también la TE21 se distingue de otras propuestas como las ya citadas y de muchas de las políticas energéticas –aplicadas especialmente en Occidente- derivadas de los Protocolos de Kyoto.

Por último, la quinta cuestión que merece mucho debate son algunos de los aspectos económicos vinculados a la propuesta. Desde este punto de vista, su principal aportación es entender que la factura energética exterior (cuánto estamos pagando en petróleo, gas y uranio importado) es un gasto excesivo e innecesario, mientras que su propuesta sería una inversión, que además de ahorrarnos la factura energética, tendría considerables efectos arrastre sobre el conjunto de la economía. Así, al plantear que la TE21 es económicamente viable, están proponiendo también una línea de actuación en la construcción de una alternativa económica viable a la crisis.

Por todo ello, la transición energética del Siglo XXI es una buena propuesta que, además, está justificada, razonada y cuantificada. En el el libro aunque en él se sugiera, falta todo lo que vendría después. Creo, sin embargo, que este libro está para esto. Para construir a partir de él. El proyecto que presenta es el necesario primer paso. Aquellos y aquellas que lo lean, pueden empezar a construir los siguientes.

No me resisto a añadir un post scriptum a esta entrada, aunque sé que mucho no estarán de acuerdo con ello, el libro también muestra que esta nueva sociedad podrá disfrutar de unos estándares de bienestar material equivalentes –aunque se insiste en la idea de eficiencia y ahorro energético- a los de hoy en día. En este sentido el libro es, también una apuesta por la bondad y el progreso implícito en la técnica y la tecnología. Estas propuestas “ilustradas” me llenan de satisfacción, pues una de las cuestiones que más me preocupa del debate energético –ecológico y ambiental de los últimos tiempos es la creciente percepción de que hay un antagonismo entre la ingeniería, el avance científico-técnico y el medio ambiente y que la Enciclopedia hizo más mal que bien a la humanidad. Personalmente entre lo que subyace a algunas de las propuestas de decrecimiento y lo que subyace a la TE21, me quedo con lo segundo.

Vilopriu 30 años: de la alegalidad a la ilegalidad

Ayer, sábado 22 de Marzo 2014, si la información no me ha llegado mal, en Vilopriu, província de Girona, se celebraron los 30 años de la instalación del primer aerogenerador en Cataluña por parte de la cooperativa Ecotècnia. Entonces, ese aérogenerador tenía una potencia nominal de 15kW y se conectó de forma alegal a la red, pues no había ningún tipo de legislación al respecto. Unos años después, en 1984, cerca de allí, en la entrañable localidad de Garriguella, se instaló el primer parque eólico del Estado. Contaba con cinco molinos de potencia nominal de 24 kW cada uno, y sus promotores fueron ENHER y la Generalitat de Catalunya.

Fuente: parcseolics.wordpress.com

¿Qué ha cambiado desde entonces, hasta ahora? Pues no pocas cosas.

El proyecto, del que se celebran sus 30 años, fue un caso de entrepeneurship avant la page. Según se puede ver en el blog creado para tal efemérides, los impulsores del proyecto eran diez, presumo todos ingenieros, ataviados según la moda progre de la época y casi todos con barba, que se aunaron en 1981 en torno a una pequeña cooperativa, con un capital inicial de 80.000 pesetas (el equivalente a 480 euros). En vez del típico garage made in USA, alquilaron una habitación en un piso de la Ciutat Comptal, y desde allí no sólo crearon el prototipo que en 1984 se instalaría en Vilopriu. Con el tiempo, exportaron su tecnología por todo el mundo, incluso tuvieron un contrato de transferencia de tecnología con la empresa japonesa Hitachi Zosen, hasta que en 2007 Alstom adquirió la compañía por 350 millones de euros; lo que ocasionó que Ecotècnia S. Coop. se convirtiera en Alstom Wind. Una empresa que, hasta donde yo sé, tiene la sede en Barcelona, y que ha «poblado» la Península Ibérica de aerogeneradores.

Si Catalunya y España no fueran como son, este sería un caso del que oiríamos hablar en todas las escuelas de negocios del país, pero me temo que no debe ser así. Aunque han sido galardonados con un buen número de premios internacionales, aquí, ¿Para qué vamos a alabar y ayudar a los «nuestros», cuando realizan satisfactoriamente los valores en los que supuestamente creemos?…. Casi no queda memoria de la pequeña empresa de éxito, rentable e innovadora, que protagonizó el acontecimiento -aunque sus fundadores siguen siendo muy activos-, como, si no se remedia, acabará ocurriendo con la parte industrial del Grupo Mondragon, holding cooperativo al que Ecotècnia estuvo asociado desde sus inicios.

Algunos de sus miembros que, entonces desarrollaron un aerogenerador de 15 kW de potencia nominal, que proporcionaba electricidad a unos 60 hogares, hoy participan en la creación de los modernos ECO100, capaces de generar 3MW, para unas 2.500 familias. De hecho, algunos de sus miembros son los impulsores de la interesante iniciativa EOLPOP, Viure de l’aire del cel, que es un proyecto cuyo principal objetivo, siguiendo el modelo alemán, es establecer un procedimiento para la participación ciudadana en la propiedad, gestión y uso de la electricidad eólica. Si les interesa, en su página WEB encontrarán toda la información necesaria.

Probablemente la multiplicación de iniciativas de este tipo, pequeños proyectos de generación y uso de energía, de propiedad compartida o cooperativa, como he expresado en un buen número de entradas de este blog, sería una de las claves de la recuperación y regeneración de la «España democrática», en todos sus sentidos. Pero, me temo que una vez más, ello no será. De hecho, unos párrafos más arriba preguntaba ¿qué ha cambiado en los últimos 30 años? Por lo dicho, ya está claro que ha desaparecido de nuestra memoria la «pequeña» Ecotècnia; como está claro que la tecnología de hoy permite  mejores y más potentes y eficientes aerogeneradores, pero lo que no he dicho es que lo que entonces fue alegal, hoy probablemente, sería ilegal.

Desde este punto de vista, recordar los 30 años del aerogenerador de Vilopriu me parece muy ilustrativo. Nos recuerda que lo que hace tres décadas fue posible, ahora, con la Ley en la mano, ya no lo es; pero nos ha de recordar también que se hizo. Es más, desde entonces el prototipo se ha convertido en un potente, rentable, eficiente, y estilizado molino de viento capaz de suministrar electricidad a localidades enteras. Así que no nos engañemos, todo está mejor que hace 30 años, la técnica y la tecnología han mejorado, se ha probado que una iniciativa así podía ser comercial, se ha demostrado que no hacen falta inversiones faraónicas ni grandes empresas y, por si fuera poco, la experiencia se implantó con éxito. Entonces, ¿por qué prohibir experiencias similares?

Muy fácil, el problema no es la energía eólica es que mientras las grandes compañías energéticas nunca creyeron en el futuro de las renovables – o son tan listas que dejaron que otros les hicieran la tarea de investigación y prospección-, pequeños cooperativas y empresas apostaron por ella. Ahora, 30 años después, cuando la tecnología está probada y su rentabilidad certificada, el oligopolio eléctrico ha decidido quedarse con lo que otros hicieron, expulsándoles, para que todos sigamos dependiendo de su enercracia. Nos quieren sometidos. Por ello, han aprovechado este autoritario, pero débil, gobierno para que les haga una ley según la cuál unos o unas jóvenes emprendedoras, hoy, por innovar y por demostrar la viabilidad comercial de su actividad, estarían fuera de la ley.

Se trata de convertir lo que en un tiempo fue posible, e ilusión, en acto ilegal y/o criminal. Esto, es en lo que hemos convertido a la democracia. Hemos transformado el Estado de Derecho en  Imperio de la Ley, por un mal uso del concepto -mal traducido del inglés- de rule of law. Pero, está claro que hay una diferencia fundamental entre Estado e Imperio, pues el primero presupone contrato social y el segundo imposición; como hay una diferencia fundamental entre Derecho y Ley, pues el primero implica derechos y el segundo es «el yugo».

Esto es lo que nos recuerda Vilopriu, más allá de hecho energético, es una pequeña metáfora de nuestra involución ideológica, política y social. Puede que ustedes no le vean la relación, pero el otro día leí una columna de opinión de George Montbiot que decía que si George Orwell y Laurie Lee were to return from the Spanish civil war today, they would be arrested under section five of the Terrorism Act 2006. If convicted of fighting abroad with a «political, ideological, religious or racial motive» – a charge they would find hard to contest – they would face a maximum sentence of life in prison (…) They would go down as terrorists. 

Desgraciadamente, creo que todo va de lo mismo, pero supongo que sólo es un reflejo de mi enfado y amargura. Que me perdonen los organizadores del acto de ayer. El hecho de que la celebración de ayer fuera un éxito es esperanzador. Ojalá sirva para recordar que lo que entonces era posible y fue, ha de seguir siendo.

Tránsito de petróleo y fronteras mentales o sobre el Keystone XL

El pasado viernes 31 de enero, The New York Times, en una de sus noticias de portada, informaba sobre la probable posibilidad de que la Administración Obama acabe aprobando el proyecto del megaoleducto Keystone XL, que ha de transportar el petróleo bituminoso de Canadá hasta los Estados Unidos de América. En el mapa adjunto pueden ver su recorrido.

Fuente: Transcanada

Según los datos oficiales, el petróleo canadiense circulará poco menos de 2.000 kilómetros, hasta el Océano Atlántico, y el coste previsto del Keystone XL es de 5.300 millones de $USA. Dejo a su apreciación si este coste es «excesivo» o no, pero personalmente, una vez más creo que nos hallamos frente a otra prueba de que el coste no es el determinante a la hora de escoger entre distintas opciones energéticas. De hecho, en la misma página donde encontramos los datos, esta idea se confirma. Pues en ella se puede leer que este oleoducto es a critical infrastructure project for the energy security of the United States and for strengthening the American economy. Es decir, la primera razón para abogar por el Keystone XL es la seguridad y, sólo después se habla de razones económicas; aunque esta referencia a la economía americana, tenga otras lecturas, más allá de los costes.

Este nuevo informe que podría hacer cambiar de opinión al Presidente Obama, llega después de unos cinco años de fuerte oposición al proyecto. Lo asombroso de las conclusiones de esta última evaluación, según cita el NYT, es que el oleoducto no empeorará sustancialmente las emisones de CO2, ya que  if it were not built, carbon-heavy oil would still be extracted at the same rate from pristine Alberta forest and transported to refineries by rail instead. Por lo tanto, como ya damos por hecho que el petróleo se extraerá y comercializará de una manera u otra, mejor gastarnos 5,3 mil millobes de dólares en facilitar la tarea.

La lógica de este razonamiento es aplastante: si medimos el impacto ambiental en términos de CO2 y si lo que aumenta las emisiones de CO2 es el quemar el petróleo, cosa que se hará de todas maneras, construir, o no, el oleoducto no altera significativamente este nivel de emisiones, por tanto no tiene impacto ambiental. Siendo yo una persona amante de la lógica, en este caso el razonamiento no me convence.

Primero, porque si construir, o no, no altera sustancialmente la situación, también cabe la posibilidad de no hacerlo. Dicho esto, en mi opinión, lo más grave tiene que ver con otras cuestiones.

Hoy estaba leyendo un artículo de Laura Nader del año 1981, titulado Barriers to Thinking New About Energy. La profesora Nader es una antropologa de la Universidad de Berkeley (California), que en los 1970s participó como experta en el Committee on Nuclear and Alternative Energy Sistems, impusado por el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos. En este artículo relata su estupor como antropologa en el seno de estas reuniones, en las que según ella te puedes expresar libremente, siempre y cuando te mantengas dentro del ámbito del pensamiento compartido. Para que me entiendan, ella cita una frase de uno de los asistentes que venía a decir que como «esto» (construir un determinado tipo de reactores) es lo que vamos a hacer, hemos traído aquí dos expertos para que discutan la cuestión…»

Ante ello, Laura Nader niega la mayor: ¿Por qué ya es un hecho que «esto» se va a hacer? ¿Por qué nadie se lo cuestiona?. La respuesta a esta pregunta está implicita en el título de su artículo: el «esto» se da como un hecho y no se cuestiona porque el pensamiento energético tiene barreras, siempre se ubica dentro del territorio de los «expertos» energéticos, que son los que trabajan en y/o para la industria. El paradigma obliga a un pensamiento normal, a el habitual. Siguiendo el hilo de este razonamiento, la profesora acaba diciendo que la dificultad de los tiempos presentes (en los primeros 1980s, después de los dos shocks del petróleo y del accidente nuclear de Three Mile Island) no se debe a la escasez de recursos naturales, sino a la ausencia de nuevas ideas. Así -y esto lo añado yo, aunque está implícito en el texto- la crisis energética vendrá no por la escasez de fuentes fósiles, sino por la escasez de ideas.

Algo así barrunté el pasado viernes, cuando leí la noticia que inspira esta entrada. Pues la tristeza de lo que ésta relata, no es que se vaya a realizar otra nueva mega-infraestructura energética, sino el cómo ello se justifica. Aquí también, el «esto» no se cuestiona, pues en Estados Unidos, y cada vez se tienen más pruebas de ello, la percepción de que su función en el mundo pasa por ser capaz de controlar en propio territorio -o muy amigo, como el de Canadá- los recursos fósiles, al coste y precio que sea. En esa idea coinciden amplios sectores de la sociedad, y por ello, no cabe esparar ninguna nueva propuesta sobre cuestiones energéticas, ni de un Presidente tan supuestamente «moderno» como Obama. Los problemas que esta decisión conlleve no serán debidos a la escasez de petróleo, sino a que se optó por él, por no pensar de forma distinta.

Un aspecto que me ha divertido del texto de Laura Nader es cuando cuenta que le pidió a un filólogo que le acompañara a las reuniones para valorar con precisión lo que allí escuchaba. Quiénes sigan este blog, ya sabrán que esta es otra de mis fijaciones, pero, ya me perdonarán, no puedo evitarlo, cuando leo ciertas cosas.

Según el NYT, Obama basará su decisión en un dato: el de las emisiones de CO2. Piénsenlo una decisión que afectará la vida -el ecosistema- de casi todo el largo de Estados Unidos de América, se define como límpia, porque los «expertos» aportan un número.No quiero frivolizar sobre el efecto ambiental de las emisiones de CO2, pero lo implícito de esta forma de pensar es: a) la única forma -oficial- de valorar la contaminación son las emisiones directas de CO2, y b) el dato emisión de CO2 se acepta como indicador sintético de los efectos -sean los que fueren- de cualquier política energética.

La primera consecuencia de ello es que pasamos a definir como «energía límpia», cualquiera que se considere que no emite directamente CO2. Ese es el stándard de la sostenibilidad. Así vemos como la energía nuclear, la fósil con instrumentos de captura de carbono, o cualquiera de las infraestructuras asociadas a ellas, pasan a ser formas de generar y emplear energía límpias y, por tanto, sostenibles. Un corolario de ello, es que se pasa a valorar las políticas energéticas-ambientales, en función de una cifra -que además, pequeño detalle, vendemos en los mercados de CO2- y no de las complejas relaciones de poder que subyacen detrás de cualquier opción energética. Si se acaba aprobando en Keystone XL, lo de menos será cuanto más o menos CO2 se emitirá, y lo de más, cuántas más personas dependerán para sus necesidades básicas del acceso a una fuente de energía centralizada, cuánto territorio hemos hipotecado, cuánta población se ha desplazado…

Por otra parte, al reducir el impacto de las políticas a una cifra, ya no es necesario dar argumentos ni a favor ni en contra de una u otra política energética, pues la bondad o maldad de la misma se reduce a eso, un simple número. En el límite del mismo, podemos dejar de razonar.

En definitiva, una combinación letal en la que los arteros filólogos del sector definen como límpio lo que no lo es, en la que los taimados expertos convierten en una cifra lo que no quieren o no saben explicar y en la que los mediocres políticos se sienten más cómodos siguiendo el dicatado de un dato que interpretando la voluntad popular.

Ideología (neoliberal) en estado puro

Me dice mi madre, que como se pueden imaginar, es mi mayor seguidora, «hija esta entrada está muy bien, pero no te la va a leer nadie». El nadie no es tal, pues siempre hay alguien al otro lado. Pero cierto es que, cuando lo dice, las estadísticas de visitas son menores. La entrada de hace un par de días fue una de esas, así que voy a probar con otra cosa más actual. Ayer leí una noticia que me dejó helada. Helada, porque parecía banal, pero que leída entre líneas era ideología neoliberal en estado puro. Me recordó una de las frases que más me impactó de la película 12 years a slave, en la que el amo dice, mientras fustiga sin piedad a una mujer, «no cometo ningún pecado, es mi propiedad y con ella puedo hacer lo que quiera». Como, de hecho, hace. Bueno, pues David Cameron, aunque aparentemente con menor violencia, debe pensar lo mismo. Si el shale gas se encuentra debajo de «un solar» de alguien, como éste es de su propiedad, podrá hacer lo que quiera con él. Así, si se fija un precio, el o la propietaria podrán decidir entre «vender» o no -si dejar perforar o no. Eso es lo racional, escoger en función del precio, entre fracking o no fracking en el «jardín de tu propia casa». Digo esto, porque parece que David Cameron, el primer ministro británico, ha tildado de irracionales a los que están en contra del fracking. No sé si irracionales, porque no quieren entrar en ese juego de libre elección o, irracionales, porque no se ha atrevido a llamarles estúpidos. Sea lo que fuere, lo encuentro tremendo, pues el premier británico está llamando irracionales a buena parte de la población del Reino Unido, que, huelga decir, él debería representar y proteger. Al hacer una afirmación de este tipo, se olvida de que él es el representante de todos, de los «irracionales» y de los otros. Da igual, si son muchos o pocos. Desde el momento en que ganas unas elecciones, pasas a ser el gobernante de todos. Por ello, que Cameron haga partidismo en vez de velar por el Interés general, no es de recibo. Pero, todavía me parece más alarmante que su argumento para defender «su» opción sea un descalificativo, dirigido a los que piensan distinto de él. En definitiva, el anatema del contrato social rousseauniano.

Pero, la cosa no acaba aquí. David Cameron, según relata la notica, después de decir estas lindezas abogó para que cada hogar sea compensado individualmente por los inconvenientes que les pudiera causar la extracción de gas cerca de su casa. Es decir, el ministro favorece que cada persona, puede vender «su parcela» al precio que se acorde. Es decir, optar o no, individualmente, por el shale gas, resultado de una decisión individual entre «alquilar» o no. Es decir, dejemos que el mercado decida libremente. Lo que nos lleva a pensar que la política energética del Reino Unido, como sospecho que fue la de inicios del Siglo XX, dependerá fundamentalmente de la necesidad, codicia o principios de cada uno. Y no de lo que sería deseable para todos..

Otra perla del plan que anunció Cameron es que éste prevé que las autoridades locales retengan el 100% de los beneficios que pudieran surgir por la explotación del shale gas y, además, el ministro querría establecer trusts comunitarios para gestión de estos fondos. Es decir, no sé si conscientemente o no, pero el ministro postula por acabar con la equidad territorial y por la privatización de la descentralización: que gestionen los recursos conglomerados financieros, en vez de ayuntamientos y otros gobiernos locales ¿Qué les voy a decir?, pues que ¡tremendo, también! Claro que, si una lo piensa, después de haberse cargado el pacto social y de haber individualizado la política energética, supongo que ya, esto último, debe ser lo de menos.

Hoy, sin embargo, para mi satisfacción, le ha llegado el tirón de orejas de los de su bando:  British Petroleum en su último informe afirma que el shale gas poco contribuirá a la reducción del cambio climático. Sé que esto no es estar en contra del shale gas, pero también creo que muchos de los que se han creído que el gas, mientras no llega Eldorado, es la mejor de las opciones posible, puedan ver tambalear sus creencias. Esto podría ser un batacazo a Cameron y cuadrilla. Me pregunto si, ahora, ¿éste también tildará de irracional a BP?

La estafa de la factura del gas

Creo que es la primera vez que hago una entrada delegada en este blog. Ésta responde a la faceta de denuncia de Nuevas Cartografías de la Energía y pretende llamar la atención sobre un fenómeno que algunos activistas como Manuel Fernández están empezando a denunciar.

Se trata de la factura del gas, un problema tanto o más grave que el de la factura eléctrica, pero que está siendo enmascarado por la mayor vistosidad de las actuaciones del oligopolio eléctrico que, dicho sea de paso, son «amiguitos» de los del gas. Ya publiqué una entrada dedicada a este asunto. En ella, siguiendo la información que mi colega, António Sánchez Andrés, de la Universitat de València me había proporcionado, explicaba que, en España, el 55% del precio final del gas se debe a la comercialización. Porcentaje que, si se compara con el de nuestros vecinos, es escandaloso. Ello, entre otras cosas, porque en el caso del gas nos enfrentamos, directamente, al «gran» monopolio, pues sólo una empresa, Gas Natural-Fenosa, controla el 60% del mercado español.

A lo largo de mis entradas, ya he ido mencionando otras cosas «sucias» relacionas con el gas, ya que, sobre la base de que ésta es la energía fósil más «limpia», se ha creado en el mundo una industria que directa o indirectamente favorece que surja el terrorismo en lugares como Argelia, alimenta la pobreza energética, y la esclavitud en Qatar; mientras, que en España, ocasiona el «famoso» déficit de tarifa, pues la innecesaria construcción de un exceso de capacidad, ha llevado a que las compañías consideren que los ciudadanos somos los que hemos de pagar.

Por si todo ello pareciera poco, me ha sido transmitido un informe elaborado por Manuel Fernández, un ingeniero, que tras haber asesorado a varias comunidades de vecinos, tal como él mismo cuenta, ha llegado a la conclusión de que se está produciendo una sobre-facturación del gas; siendo, además, el servicio suministrado peor de lo prometido, pues en los periodos de gran demanda energética por bajas temperaturas, las calderas funcionando a tope a veces no alcanzan las potencias nominales y no son capaces de proporcionar el confort esperado. Él sostiene que el origen de ello se debe a que la medición de consumo de gas se efectúa, en los contadores, por volumen del gas consumido, mientras la factura nos cobra KWh empleados.

Para hacer esta transformación, el Gestor de la Red (ENAGAS) calcula un coeficiente de conversión, pero éste se calcula en determinados puntos de la red de distribución y en determinadas condiciones de presión y temperatura que no tienen porqué coincidir con las que se dan en los puntos de consumo final de los usuarios. De hecho, Manuel cuenta que cuando el frío arrecia, y las calefacciones van a tope,se produce una disminución en la presión del suministro que, fuere por que el volumen (densidad) de gas que llega a nuestras casas baja -lo que debería reducir el factor de conversión- o fuere porque para compensar la pérdida de presión se introduce aire sin poder calorífico, conduce a facturaciones por encima de lo debido.

Ante todo ello, el hombre, ha intentado denunciarlo en la OCU, de la cual es socio, y ha intentado que Jordi Évole dedicara un Salvados a la cuestión, pero, por ahora, no ha tenido éxito. La prueba más evidente es que lo estoy denunciando yo en este, más que modesto, blog. Pero, nunca se sabe, tal vez entre alguno o alguna de mis lectores o seguidoras, alguien le podrá ayudar. La verdad es que la causa es justa. Como lo son todas las relacionadas con la lucha contra la arbitrariedad del oligopolio energético. Ocurre en España, pero también en otros lugares. Aquí, en el Reino Unido, ayer el periódico nos contaba que las Big Six ya han cobrado a sus clientes más de mil millones de Libras esterlinas por unas reformas que no han realizado. Estas medidas iban destinadas a aislar las casas para hacerlas energéticamente más eficientes, especialmente la de aquellas familias con mayor riesgo de padecer pobreza energética. El chollo, para ellas ha sido cobrarlo en la factura, pero no realizarlo.

Entre este escandaloso caso y los de España sólo hay una diferencia, que las puertas giratorias en el Reino Unido no parecen estar tan engrasadas como allí, pues afortunadamente destacados parlamentarios lo han denunciado, y lo mismo ha hecho John Major que, hace unos días, para horror de su sucesor de partido en el 10 de Downing Street, declaró que no podía ser que los británicos tuvieran que escoger entre comer o calentarse. Ojalá, alguno de «los nuestros» fuera igual, pues para mi el horror no es que las empresas usen el poder que tienen, la ignominia es que se les ponga la alfombra roja para hacerlo.

Ciudadan@ energétic@ universal

Llevo varios días leyendo sobre las discusiones previas a la creación de la red eléctrica en el Reino Unido. Esta lectura me ha vuelto a suscitar un problema que mentalmente no tengo resuelto, aunque creo que en un momento como el actual, en el que por diversas razones la estructura de la organización política del Estado-nación vigesimonónico está en crisis; y en un momento en que son crecientes las voces -entre ellas la mía- contra el actual un modelo energético, hay un debate político que no se puede postergar. Este es, ¿cómo será el futuro espacio político asociado a un nuevo modelo energético renovable y descentralizado?

Expresaré mi duda de otra manera. Estoy a favor del autoconsumo energético; más que a favor de la re-municipalización de las formas de generar y emplear energía final, y, a favor, de cualquier forma «energética» descentralizada y horizontal. Lo he expresado en casi todas las entradas de este blog. Estoy a favor por dos razones: porque favorecen estructuras de organización política más democráticas y porque van en contra del poder de los monopolios privados energéticos. Sin embargo, siento miedo cuando pienso que, tal vez, apoyando este tipo de transición energética, esté apoyando la medievalización -la segmentación- de los espacios políticos ¿Cómo aseguramos que si «mi» ciudad, pueblo, zona, barrio, región… tiene energía suficiente, la del lado también la va a tener? Y, ¿cómo aseguramos que mi vecina va a tener un suministro equivalente al mío?

En nuestro pasado, relativamente próximo, esto último se aseguró creando una red pública nacional, que financiamos de común acuerdo por dos vías unas tarifas energéticas «políticas» e impuestos. Esta red se podía limitar a interconectar las diferentes «regiones energéticas», creando una red bidireccional distribuida, como parece ser fue el caso del Reino Unido, al menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial; o crear ex-novo una red unidireccional centralizada (en diversos grados), como fue el caso de los estados de los Estados Unidos de América, el de algunos países de Europa continental, y, claramente, el de la URSS. Pero, detrás de cada una de estas creaciones había un proyecto político de construcción de un espacio común. Proyecto que, hasta recientemente, había tenido como uno de sus pilares la «universalización» del acceso a la energía necesaria para que tod@s los ciudadan@s pudieran desarrollar con toda normalidad sus actividades cotidianas.

Es cierto que en un modelo de energía fósil, las distancias entre los lugares en los que se encuentra el carbón o el petróleo y en los que se emplea finalmente son mucho mayores que en un modelo en el que la energía del sol, el aire o el agua se usa localmente. Lo que podría llevar a alguien a argumentar que en el primer caso, en el de la energía fósil, sí que era necesario un espacio político (un espacio supranacional, un espacio nacional o un gobierno local) que asegurara el suministro universal, mientras que en el segundo, ello no es tan evidente. Puede ser cierto, pero ello no quita que nos tendremos que poner de acuerdo sobre cuáles serán los usos públicos de la energía y sobre cómo vamos a asegurarlos, financiarlos y gestionarlos. Esto puede parecer banal, pero remite a pensar que detrás de cualquier forma de generar y utilizar energía -detrás de cualquier modelo energético- tiene que haber una idea de lo consideramos espacio público y de cómo nos querríamos organizar políticamente en él.

En otras palabras:

1) cuando ya tengamos asegurado el suministro energético en «nuestra casa», ¿cuál será nuestro espació público energético?: ¿el suministro energético de nuestra calle, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra área metropolitana, de nuestra provincia, de nuestra….?

2) ¿cómo nos organizaremos -políticamente- en ese espacio para asegurar físicamente y económicamente el suministro en todo ese espacio público?

3) ¿aceptaremos o dirimiremos las diferencias con aquellos que quedan fuera de nuestro espacio público energético?

Mi pobre imaginación me da pocas respuestas a ello, pues sigo pensando que la única solución es la creación de una red pública. Mi preferencia va hacia una red distribuida y bi-direccional (que podamos dar y nos puedan dar electricidad en función de las necesidades); y, mi preferencia, va también hacia la construcción de una red lo más amplia posible (pues, por ejemplo, a mi me sublevó que ciudadanos del mismo espacio político que yo, sólo que viviendo un poco más al este, se quedaran sin suministro hace unos años y «nosotros» ni nos inmutáramos). Para mi, el problema, según mi forma de ver el mundo, es que para lograr esto nos hace falta algún tipo de nuevo contrato social. En este momento de la historia, podemos empezar con poco, pero podríamos valorar la posibilidad la existencia del ciudadano energético universal -el que acordamos que tendrá como derecho fundamental el acceso a la energía y como deber básico financiar, en la medida de sus posibilidades, el espacio energético público común. No es fácil imaginarlo ¿verdad?, pues de alguna manera debería existir un sentimiento de fraternidad, que hasta ahora lo hemos vinculado a la pertenencia a un colectivo, en muchos casos nacional. Sin embargo, lo cierto es que en nuestra historia ya recorrimos medio camino, pues aceptamos ser ciudadanos energéticos por formar parte de un espacio político. En este caso, definido por nuestras fronteras. Ahora, sin tener ya clara la vigencia del Estado nación, al menos como lo conocimos, es más difícil de articular, pero tal vez, sólo se trate de pensar que vamos a hacer lo mismo, que ya hicimos, no por el que tiene el mismo pasaporte que nosotros, sino por cualquiera, esté donde esté. Suena un poco ingenuo, lo sé, pero intuitivamente sé que esta es la vía. Decir más, ahora, sería caer en el buenismo de más baja estofa. Pero, soñar es gratis, así que si se lograra algo así, se sentarían las bases para nuevas formas de organización política descentralizadas ancladas en estructuras solidarias comunes. No sé si algo así, será posible, pero fuere lo que fuere, no hay que el olvidar que el gran reto de la transición energética es la transición política que conlleva.