El déficit de tarifa como mecanismo de desposesión o Intentando entender la factura eléctrica (7)

Hace unas semanas, después de muchos meses de trabajo, el Seminario Taifa publicó su undécimo Informe de Economía. Éste, que se puede adquirir en papel o descargar en línea, se titula La desposesión de la vida cotidiana.

Es un trabajo colectivo en el que se pretende explicar cómo la crisis, y sobre todo cómo las estrategias del capital para salir de la misma, inciden en las cuestiones más básicas de nuestra vida cotidiana. Entre estas cuestiones, también se dedica un capítulo a la cuestión del llamado “déficit de tarifa”.

La redacción de este capítulo (páginas 111-126 del pdf o singularizado en htlm), cuyo título reza ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? corrió de mi cuenta y en él se hace una interpretación de Economía política sobre el significado de la factura. Así, en el informe ésta se explica como el resultado de un conflicto de poder.

Para animar a la lectura del informe, presento aquí algunos highlights del citado capítulo, aunque releyendo el cómo me ha quedado, de tostón, esta entrada, estoy segura que la lectura directa del informe será más ligera, coherente, instructiva y amena.

¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se divide en cuatro grandes apartados.

En el primero, que coincide con la introducción, se realiza una breve explicación sobre la función política-económica- de la factura. En esta introducción se cuenta cuál debería ser la función de la tarifa eléctrica -que se refleja en la factura. Ésta, conceptualmente, está pensada como un instrumento de redistribución, para que en un espacio político determinado, sea un municipio, una región, un estado o una entidad supranacional, todo el mundo tenga el mismo derecho de uso de electricidad y al mismo precio. A partir de esta definición, se apunta a que, como otros instrumentos redistributivos en el mundo contemporáneo, la factura de la luz se puede acabar convirtiendo en un mecanismo para la transferencia de ingresos diversos (de recursos) desde el conjunto de la sociedad hacia el sector eléctrico.

El segundo apartado parte del gráfico que muestro a continuación. El objetivo del mismo es ilustrar sobre los elementos  que inciden el el sistema eléctrico y que, por ello, han de tener reflejo el el coste y precio final de la energía; el que se acaba reflejando en la factura.

Electricas

Este gráfico es útil para visualizar que entre la factura que -y perdón por la redundancia- facturan las compañías eléctricas y los usuarios finales, hay todo “un mundo” de actividades y de potenciales conflictos entre quienes generan electricidad a partir de distintas fuentes (parte superior del gráfico), entre quienes realizan distintas actividades en la cadena eléctrica (parte central del gráfico) y entre los propietarios de las empresas, que quieren obtener el máximo posible de beneficios y la autoridad política distribuidora o reguladora.

De ahí, que en el texto se sostenga que el precio final de la electricidad será el resultado de cómo se acabe resolviendo el conflicto existente entre los distintos tipos  de agentes que intervienen en el sistema eléctrico (propietarios de empresas de diverso tipo, el regulador público y los usuarios finales).

La tercera parte de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se introduce con un gráfico, de Iberdrola -el mismo serviría para Endesa u otra empresa del oligopolio eléctrico de la Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA).

grafico23

En este gráfico queda muy claro que menos del 40% de la factura se debe a los costes reales de generación, transporte, distribución y comercialización de la actividad. Por tanto, la pregunta que surge al mirar este “quesito” es obvia: ¡¿a qué se debe el más del 60% que las familias y empresas españolas pagamos mensualmente?!

La respuesta de Iberdrola  es que ese 60% “no va con ella”, ya que en su opinión se trata de impuestos y recargos ajenos, debidos a la mano de los políticos y de los reguladores. Obviamente, esta no es la respuesta que el Seminario Taifa da a ese 60%.

Nuestra explicación es que ese “misterioso” porcentaje es el precio que en España se paga por un conflicto no resuelto: el que existe entre el oligopolio de UNESA  y el resto de la sociedad. Conflicto, extremadamente  asimétrico y cuyo resultado siempre favorece, en mayor o menor medida, al primero. Es decir a las empresas que históricamente -aunque posteriormente se añadiera la electricidad nuclear y al gas- han generado la electricidad a partir de grandes centrales hidroeléctricas o térmicas y que, además, han controlado el ciclo completo del proceso, desde la generación a la comercialización.

Con esta explicación en la mano, el informe entra de lleno a explicar los distintos componentes que, hoy, configuran el “misterioso” 60%. Argumentamos que éstos se corresponden a una compensación –regulada- que el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a UNESA, reclama a la administración ante el riesgo potencial de perdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio. Así, el 62% restante que, según Iberdrola es ajeno a ella, es una compensación que recibe el club de las eléctricas las eléctricas o el mecanismo financiero de adaptación de las empresas “históricas” a los cambios en la industria (aparición de nuevas técnicas de generación) y a los cambios en el sector (nuevos agentes competidores o cambios en el contenido y la regulación del “servicio público”).

Ante esta conclusión, se propone una nueva forma de clasificar los componentes de la factura eléctrica. Como verán aquellos y aquellas que se animen a leer el informe, esta nueva clasificación no explica por qué nuestra factura eléctrica es una de las más altas de Europa, sino por qué en ella se paga por partidas tan peculiares como -sin ser exhaustiva-“Pagos por Capacidad”, “Contratos de interrumpibilidad”, “Costes de Transición a la Competencia”, “Pago Déficit de tarifa” o “Adquisición Régimen especial y Primas de Régimen especial”.

Por último, en la parte final, el informe cuenta cómo la factura eléctrica, gracias al “invento” contable del déficit de tarifa se transforma en un formidable mecanismo de desposesión. Basten un par de cifras, para hacernos una idea de la magnitud de fenómeno.En 2002, la deuda reconocida por el déficit de tarifa era de unos 1.200 millones de euros (M€). En 2014, superaba los 30.000 M€. Es decir, en España contablemente, cada ciudadano/a debe más de 600 € a las eléctricas y, según parece, como resultado de su titulación, los devolveremos en 15 años a un tipo de interés del 4,76%. La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, es la que, finalmente, conduce a un proceso de doble desposesión.

La desposesión producida por una constante transferencia de renta desde los hogares y las empresas no energéticas españolas hacia los accionistas del sector eléctrico. Y, la desposesión producida por una transferencia de renta y de patrimonio natural (pantanos, vientos, sol y territorio) desde España a fondos de inversión extranjeros y soberanos del mundo, lo que también incide en un empobrecimiento relativo de este territorio a escala global.

Ante ello, el informe concluye citando a don Alberto Bosch, quién, en 1899, al apoyar en el Senado la proposición de Ley sobre la “Servidumbre forzosa de corriente eléctrica”, declaraba estar (…) convencido de que entre las desamortizaciones ninguna más provechosa que la desamortización de la Naturaleza (…).

No prometo nada, pero si después de este breve resumen, todavía hay ánimo para leer el texto completo de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? (así como el conjunto del undécimo Informe Económico del Seminario Taifa), puede que quien lo intente entienda un poco más el complicado mecanismo de fijación del precio de la electricidad en España.

Yo, al menos, al escribirlo me he clarificado mucho las ideas y creo que puedo decir que ya entiendo qué se esconde detrás de la factura eléctrica. Ha sido necesario el tiempo de siete entradas de este blog, la primera de las cuales está fechada en Marzo de 2012 y la que precede a esta, en la serie Intentando entender la factura eléctrica, de junio de 2013, para entender qué hay detrás de tan enmarañado documento. Creo que con el trabajo realizado en el Informe de Taifay esta séptima entrada, doy por cerrada la serie “Intentando entender la factura eléctrica”.

 

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¿Es una comercializadora municipal un instrumento útil para la transición energética?

El pasado 15 de julio, la prensa escrita de Barcelona publicaba la noticia de que la ciudad se disponía a crear una compañía eléctrica pública. En los medios digitales, fuera La Vanguardia o en El Periódico de la Energía, se personalizaba la iniciativa -y beneficio- de tal propuesta en Ada Colau, la alcaldesa.

Tengo observado que, tanto en Madrid como en Barcelona, ciudades en las que tenemos alcaldesas de fuera de los partidos políticos kosher, cuando las cosas no gustan o se ven estrambóticas, se tiende a utilizar el nombre propio para presentar cualquier iniciativa municipal que se anuncie, como una peculiar ocurrencia de “esas señoras” que ocupan el cargo. Esto, desde mi punto de vista, es una falta de respeto hacia la institución, hacia quiénes les han votado y, obviamente, hacia las mujeres que realizan servicio público.

Dicho esto, aunque me parece una gran noticia que el equipo municipal de la ciudad en la que yo resido se postule para ser uno de los pioneros en la realización -y logro- de una transición energética hacia un modelo, fuera del control del oligopolio eléctrico, 100% renovable, me parece que a la propuesta que se nos ha hecho, la falta un buen periodo de discusión y de maduración.

Esta propuesta fue presentada  el pasado 14 de julio por Janet Sanz, teniente de  Alcalde para cuestiones de ecología, urbanismo y movilidad, el concejal de Presidencia y energía, Eloi Badia, y la Comisionada de Ecología, Eva Herrero y, desde entonces, ha recibido unos cuantos elogios e infinidad de críticas; muchas de ellas provenientes de militantes del activismo energético.

Los elogios tienen mucho que ver con lo ya expresado: es fantástico que Barcelona encabece la lista de ciudades del mundo que apuestan por una ciudad energéticamente sostenible. Las críticas están más divididas, pero algunas de las que yo he escuchado, tienen que ver con la poca eficacia de la medida estrella de la propuesta, la creación de una compañía comercializadora, para el objetivo de la transición energética real.

Comparto ambas cosas, el elogio y la crítica. Desde mi modo de entender el problema de fondo de la propuesta municipal -al menos del borrador de la misma que cayó en mis manos- es la poca claridad de su planteamiento.

Por una parte se plantea que el objetivo es la transición energética de Barcelona, definida como la de una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials, amb una aposta clara per els recursos energétics renovables y, por otra se dice que estudis previs conclouen que l’eina que pot permetre, en el context energètic actual, una gestió integrada de la generació elèctrica i l’aprovisionament energètic és una comercialitzadora y que, por lo tanto, l’objectiu és poder tenir creada i en funcionament la comercialitzadora l’any 2018.

Planteados así el objetivo y el instrumento, se entiende que lluevan las críticas, pues es muy fácil pensar que lo que propone el Ayuntamiento de Barcelona, con la legislación vigente, es ilegal, ya que no hay manera de que la misma empresa comercialice aquello que ella misma genera. Aunque realmente no sea esto lo que dice el texto, pero su redacción excesivamente ambigua enmascara el contenido real. Por ejemplo, intuyo que para captar su significado sería apropiado reescribir  la frase  “una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials“, dejando muy claro que de lo que habla es de una ciudad en la que el uso final de energía de los edificios e instalaciones muncipales y residencial podría abastecerse con lo energía autogenerada en sus terrazas, tejados, cubiertas, jardines o patios.

Es más, también se entiende que lluevan las críticas de quienes se preguntan sobre la oportunidad de crear una comercializadora, puesto que: a) ya existen otras comercializadoras muy “políticamente correctas”, como Som Energia, con las que el ayuntamiento podría firmar un contrato de suministro, sin necesidad de destinar nuevos recursos a la creación de un nuevo ente comercializador; sólo distinto por ser de propiedad municipal; e, b) intrínsecamente crear una comercializadora sólo es útil como forma de debilitar el poder del oligopolio eléctrico en el tramo de venta final al público, pero no realmente para transformar de raíz el modelo energético imperante.

Ante ello, yo también dudo de un proyecto que pone el foco en la creación de una comercializadora, como forma de avanzar hacia la transición energética. De hecho, al leerlo tiendo a pensar que se trata más de una medida destinada a paliar la pobreza energética que a cambiar de raíz el modelo energético .

¿Por qué apunto hacia esta hipótesis? Apunto hacia ella porque, leyendo entre líneas el borrador citado, tengo la sensación que se cree más en la comercializadora como una herramienta de política asistencial -o en el mejor de los casos redistributiva- que como la punta de lanza hacia la transición. De hecho, creo que es para este objetivo, el de poder suministrar electricidad a precio subvencionado o de forma gratuita, para lo que la creación de  comercializadora pública pudiera servir.

A día de hoy, en el conjunto de Estado español, con la ley actual, una comercializadora eléctrica sólo puede hacer de intermediario entre las empresas generadoras y los usuarios finales, pues  su función es comprar la electricidad que las empresas generadoras venden cada día en el mercado mayorista y venderla en el minorista. Por ello, por mucho que la ciudad generara energía propia, la nueva compañía municipal no la podría vender. Ante ello, coincido con aquellos y aquellas que han criticado esta mediada diciendo que ¿qué sentido podía tener una comercializadora, nueva, más? Pero si lo miro desde el punto de vista de combatir la pobreza energética, la medida podría tener un sentido, que intuyo alguno o alguna de las redactoras de la propuesta también le han visto.

Si la ciudad de Barcelona tuviera una comercializadora municipal, y por ello entiendo que pública, podría hacer algo que ninguna forma de empresa privada -sería discutible el cómo ya hasta qué punto de algunas cooperativas- puede hacer: limitarse a cubrir los costes, sin obtener beneficios, o incluso, operar con un déficit, que otras actividades o impuestos municipales cubrirían. Si así se entiende la función de la nueva comercializadora, podría tener sentido, pero insisto, un sentido de política asistencial o distributiva, pues la nueva compañía vendería electricidad a precio mayorista a los usuarios finales (incluido el municipio) o decidiría cobrar menos o no cobrar a determinados/as ciudadanos/as.

Desde este punto de vista la comercializadora no haría la competencia a otras que ya existen, que también están fuera del oligopolio y venden energía “verde”, pues su objetivo y función serían completamente distintos.

Por mi parte, alabo este objetivo, pero considero que si éste es el que se pretendía lograr con la creación de la compañía comercializadora, así se debería de haber especificado. En este caso, el debate se alejaría de las cuestiones colaterales relativas a la transición para centrarse en los aspectos centrales relativos a la redistribución. Para mi, esta sería la principal virtud de la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa: ser una novedosa vía para paliar -que no acabar con el origen- la pobreza energética.

Por el contrario, si realmente el objetivo es el de la transición energética, considero que, al menos en su forma actual, proponer la creación de una comercializadora como herramienta para la gestión integrada de la transición es, efectivamente, un error.

En primer lugar, porque al introducir la propuesta de la comercializadora desvirtúa lo que hay de bueno en la propuesta, que básicamente es asumir que la legislación municipal, incluso con la legislación nacional vigente, tiene margen para introducir medidas que ayuden a avanzar en la buena dirección y que asumiendo como autoconsumo buena parte de la electricidad empleada en los equipamientos municipales, o incluso la iluminación pública, se podría adelantar mucho en el objetivo de generar energía local, quitando negocio al oligopolio eléctrico.

En segundo lugar, porque oculta otra cuestión, que sí que aparece en la propuesta, que es que el consumo energético de una ciudad también consiste en agua caliente o calefacción que en muchos casos sólo requieren de determinadas instalaciones o infraestructuras, que sin quebrantar ninguna ley podrían instalarse o implantarse desde ya.

En tercer lugar, porque existe una confusión entre fuentes y tecnología que lleva a pensar que detrás de esta propuesta no hay un diseño a largo plazo de los pasos necesarios para llevar a cabo la transición, más allá de la inmediatez o efectividad a corto plazo de algunas propuestas. En este sentido, en el borrador hay alguna frase alarmante, como la de que es prioritario crear un marco legal para  reduir el consum energètic global que es produeix a la ciutat, basat en resultats i no en solucions tecnològiques. En este caso, considero que el éxito a largo plazo de la transición dependerá de las soluciones tecnológicas que adoptemos hoy y de su adaptabilidad –resilencia, ya que el término gusta tanto- a las situaciones energéticas futuras.

Y, por último, en tercer lugar, porque desde el mismo momento en que, en el mundo de hoy, se propone algo tan “radical” como crear una empresa pública de suministro, es inevitable preguntarse ¿por qué no seremos radicales del todo y también nos ocuparemos de la gestión municipal de la red?

Más allá de estas cuestiones, personalmente, lo que más me ha decepcionado de esta propuesta es que no incluya realmente ningún aspecto político de verdad, pues como dije en la serie -incompleta, por ahora- de entradas sobre la cuestión de la financiación de la transición, que inicié el verano pasado, esta transición es la gran oportunidad, puesto que tendremos que ponernos de acuerdo sobre cómo financiarla, para redefinir un nuevo contrato social y para reinventar el espacio público.

Este es el debate que, como ciudadana de Barcelona, yo desearía que impulsara el equipo de gobierno municipal. Ahora, estoy muy disgustada, pues debido a lo poco elaborado de la propuesta actual y a sus ambigüedades e imprecisiones -que pueden ser necesarias para contentar a quién fuere nuestro o nuestra futura ministra de energía y al oligopolio de UNESA, pero son inapropiadas para entablar un debate- el documento ha desatado las críticas y enfados de quienes podían ayudar a llevar a cabo la transición energética hacia un modelo distribuido, democrático y 100% renovable.

Es cierto que, en el ámbito catalán, habrá quien pueda pensar que se está cometiendo una injusticia, pues mientras el también “etéreo” proyecto de Pacte Nacional de Transició Energética impulsado por la Generalitat de Catalunya recibió aplausos, el de l’Ajuntament de Barcelona, recibe críticas. Yo soy de las que barrunto que si el proyecto hubiera sido propuesto por otro equipo de gobierno, las críticas hubieran sido distintas, pero ello no quita que, a día de hoy, también piense que se ha malgastado una gran oportunidad y que nos han hecho un flaco favor a quienes apostábamos por una transición energética iniciada en el ámbito municipal.

 

Energía comercial

Es increíble, desde hace meses no dejo de escribir cosas relacionadas con la energía, pero el tiempo no me da para las entradas del blog. En cartera tengo varios fragmentos, pero veremos cuando saldrán a la luz. A ver si 2016 es propicio para ello.

Hoy, mientras leía un capítulo de Paolo Malanima sobre la Historia de la Energía, me he topado con la siguiente frase: con cerca de 4,9 toneladas de petróleo equivalente (TPE) por año, un habitante de las economías más avanzadas consume 9 veces más de energía comercial que los habitantes de los países más pobres. Estas diferencias tan abismales no existían antes de la edad moderna. Sólo las diferencias en el clima y no las de riqueza explicaban entonces las diferencias en el consumo (uso final de energía).

Esta frase va acompañada de una tabla, que nos muestra qué territorios son los productores de energía comercial. Sus datos no llegan hasta el siglo XXI, pero éstos muestran que en el siglo XIX casi el 100% de la energía que se compra y vende se producía en Europa y que en el siglo XX el grueso de ésta tenía un origen occidental (casi 88% en 1950 y casi 69% a mediados de los 1980s).

Creo que es la primera vez que leo un texto en el que no se habla de consumo o producción de energía “a secas”, sino de energía comercial. De energía que se genera para ser vendida y comprada o para hacer negocio. Encuentro brillante considerar esta acepción de energía ¿Saben por qué?

En primer lugar, porque sus datos nos enseñan una geografía de la energía del siglo XX , y por lo tanto una geo-energía, totalmente distinta de la que se nos tiene acostumbrados. Aquella en la que el foco se pone en los países de la OPEP -y otros territorios extractores de crudo- y en Oriente Medio.

En segundo lugar, aunque ya esté implícito en lo anterior, porque estos datos apuntan a que el grueso de la industria energética en el mundo, al menos en el siglo pasado, estuvo en manos de -o controlada por- empresas occidentales y sus intercambios se realizaron entre empresas y personas ubicadas en territorio OCDE.

En tercer lugar, porque nos dice que cuando la energía pasó a ser fundamentalmente comercializable -que fue cuando los humanos empezamos a emplear masivamente la energía fósil- aumentó la desigualdad en el mundo

Y, en cuarto lugar, porque el término energía comercial lleva implícito el hecho de que debe existir otra categoría de energía, la no comercial. Recuerdan aquella frase de Jean Baptiste Say que dice  […] heureusement personne n’a pu dire : le vent et le soleil m’appartiennent, et le service qu’ils rendent doit m’être payé. Pues eso…

Pobreza energética, cinismo y peleles

Llevo tiempo preguntándome por qué mi ritmo de entradas en este blog ha disminuido considerablemente. Creo que una de las razones, no la única, es que ya no sé como denunciar que alguien es malo de forma razonada y bien educada. Tiendo al insulto y no me gusta.

Esta mañana he escuchado en la SER la noticia de que Hipólito Fariñas, en nombre Partido Popular de Galicia, ha rechazado incluir la pobreza energética en la Ley de protección general que en su Parlamento se votaba.

La visión de la cuestión que destila la explicación del diputado Fariñas, ya es muy significativa. El PP cree que para el concepto de “pobreza energética”, ya existe otra figura contemplada en la ley gallega “más amplia”, la del “consumidor vulnerable” y que, por ello, no requiere una ley específica. Así, no sé si de forma consciente, el diputado ubica el ámbito de la energía en el del consumo. Por ello, según esta acepción, calentarse en casa es consumir, encender una luz es consumir o ducharse con agua caliente es consumir. Lo dejo aquí.

Todo ello me lleva a algo que ya pensé, cuando en Catalunya el Govern presentó la propuesta de Fondo de Solidaridad Energética para paliar, también, la pobreza energética. Este fondo, que no acaba de arrancar, sería de unos 40 millones de euros y según la nota de prensa de la propia Generalitat de Catalunya debería dotarse, también, con dinero proveniente de las compañías suministradoras de servicios básicos u otras empresas privadas.

Ambas propuestas nos dan una idea muy clara de cómo nuestros gobernantes -y, por ello entiendo, buena parte de la sociedad- ve la cuestión de la pobreza energética. En primer lugar, la pobreza es “culpa” de los consumidores que se han quedado sin medios de pago. En segundo lugar, en función de las filiaciones, quien “siente pena”, piensa que la forma de solución del problema es la caridad -solidaridad, en políticamente correcto-, pues sólo se trata de dar ayudas a quien no tiene. Y, en tercer lugar, fuera de la real solidaridad, que es la fiscal, se deja al arbitrio de los donantes el que se dote, o no, tal fondo.

¡Qué cinismo, por Dios! En primer lugar la pobreza es por exclusión. Ésta es culpa de un conglomerado de intereses liderado por los monopolios energéticos, sus accionistas y que se concreta en una determinada legislación que permite a unos pocos decidir quién puede estar conectado a la red (los consumidores de una cierta capacidad adquisitiva), a la vez que limita cualquier opción fuera de ella (autogenearación, pequeños productores, etc.).

En segundo lugar, dar caridad no es la función ni de las administraciones del Estado ni del sector público. Al menos, no, en un país que considera tener un estado moderno y democrático. La caridad, se mire como se mire, no entra en ninguna de las acepciones de interés general.  Y, en tercer lugar, se apuesta por una actuación que está fuera de cualquiera de los instrumentos estándar de la política económica “tradicional”, pues en vez de contrarrestar la injusticia cometida por un grupúsculo de empresas sobre los ciudadanos, a través de medidas impositivas, políticas de precios o de control de los monopolios, se pretende que los mismos que ocasionan la injusticia, muestren su responsabilidad social, dando morralla a la morralla.

De todo ello, a quién menos entiendo es a nuestros representantes. No me entra en la cabeza cómo una persona de inteligencia media no entienda que si aquí hay pobreza energética es porque se ha creado un sistema que permite que unos pocos -los monopolios energéticos- decidan quién podrá calentar su casa, o tener luz en ella, y  en qué condiciones. Parecerá un matiz, pero ello es sustancialmente distinto de decir que hay pobreza, porque hay pobres. Una tautología que, como todos sabemos, no puede ser explicativa de nada.

Menos entiendo que se fabule con que los mismos que han creado este fenómeno, lo van a solucionar. Es absurdo. Supongo que realmente, los diputados y diputadas no lo deben pensar. Ello, si me apuran es peor, pues querría decir que sabiendo quién genera la pobreza energética y por qué, no tienen ninguna intención de corregirlo, y van a seguir señalando al “consumidor” como causante de su propia desgracia (“te mueres de frío porqué no puedes pagar la luz”). Es trágico.

Siento decir esto, pero diputados como los del partido popular gallego, y quienes pensaron que crear el fondo de solidaridad de la pobreza energética era una buena idea, son unos peleles. No son el amo. Son los títeres de él. Ellos, aunque no se lo quieran creer, también son esos consumidores vulnerables. Es una pena su ceguera, pues si lo entendieran, tendríamos mejores leyes y políticas.

Lo peor de todo. El tal diputado Fariñas antes de entrar en política era maestro. La verdad, visto así, mejor en el parlamento que en el colegio.

La estafa de la factura del gas

Creo que es la primera vez que hago una entrada delegada en este blog. Ésta responde a la faceta de denuncia de Nuevas Cartografías de la Energía y pretende llamar la atención sobre un fenómeno que algunos activistas como Manuel Fernández están empezando a denunciar.

Se trata de la factura del gas, un problema tanto o más grave que el de la factura eléctrica, pero que está siendo enmascarado por la mayor vistosidad de las actuaciones del oligopolio eléctrico que, dicho sea de paso, son “amiguitos” de los del gas. Ya publiqué una entrada dedicada a este asunto. En ella, siguiendo la información que mi colega, António Sánchez Andrés, de la Universitat de València me había proporcionado, explicaba que, en España, el 55% del precio final del gas se debe a la comercialización. Porcentaje que, si se compara con el de nuestros vecinos, es escandaloso. Ello, entre otras cosas, porque en el caso del gas nos enfrentamos, directamente, al “gran” monopolio, pues sólo una empresa, Gas Natural-Fenosa, controla el 60% del mercado español.

A lo largo de mis entradas, ya he ido mencionando otras cosas “sucias” relacionas con el gas, ya que, sobre la base de que ésta es la energía fósil más “limpia”, se ha creado en el mundo una industria que directa o indirectamente favorece que surja el terrorismo en lugares como Argelia, alimenta la pobreza energética, y la esclavitud en Qatar; mientras, que en España, ocasiona el “famoso” déficit de tarifa, pues la innecesaria construcción de un exceso de capacidad, ha llevado a que las compañías consideren que los ciudadanos somos los que hemos de pagar.

Por si todo ello pareciera poco, me ha sido transmitido un informe elaborado por Manuel Fernández, un ingeniero, que tras haber asesorado a varias comunidades de vecinos, tal como él mismo cuenta, ha llegado a la conclusión de que se está produciendo una sobre-facturación del gas; siendo, además, el servicio suministrado peor de lo prometido, pues en los periodos de gran demanda energética por bajas temperaturas, las calderas funcionando a tope a veces no alcanzan las potencias nominales y no son capaces de proporcionar el confort esperado. Él sostiene que el origen de ello se debe a que la medición de consumo de gas se efectúa, en los contadores, por volumen del gas consumido, mientras la factura nos cobra KWh empleados.

Para hacer esta transformación, el Gestor de la Red (ENAGAS) calcula un coeficiente de conversión, pero éste se calcula en determinados puntos de la red de distribución y en determinadas condiciones de presión y temperatura que no tienen porqué coincidir con las que se dan en los puntos de consumo final de los usuarios. De hecho, Manuel cuenta que cuando el frío arrecia, y las calefacciones van a tope,se produce una disminución en la presión del suministro que, fuere por que el volumen (densidad) de gas que llega a nuestras casas baja -lo que debería reducir el factor de conversión- o fuere porque para compensar la pérdida de presión se introduce aire sin poder calorífico, conduce a facturaciones por encima de lo debido.

Ante todo ello, el hombre, ha intentado denunciarlo en la OCU, de la cual es socio, y ha intentado que Jordi Évole dedicara un Salvados a la cuestión, pero, por ahora, no ha tenido éxito. La prueba más evidente es que lo estoy denunciando yo en este, más que modesto, blog. Pero, nunca se sabe, tal vez entre alguno o alguna de mis lectores o seguidoras, alguien le podrá ayudar. La verdad es que la causa es justa. Como lo son todas las relacionadas con la lucha contra la arbitrariedad del oligopolio energético. Ocurre en España, pero también en otros lugares. Aquí, en el Reino Unido, ayer el periódico nos contaba que las Big Six ya han cobrado a sus clientes más de mil millones de Libras esterlinas por unas reformas que no han realizado. Estas medidas iban destinadas a aislar las casas para hacerlas energéticamente más eficientes, especialmente la de aquellas familias con mayor riesgo de padecer pobreza energética. El chollo, para ellas ha sido cobrarlo en la factura, pero no realizarlo.

Entre este escandaloso caso y los de España sólo hay una diferencia, que las puertas giratorias en el Reino Unido no parecen estar tan engrasadas como allí, pues afortunadamente destacados parlamentarios lo han denunciado, y lo mismo ha hecho John Major que, hace unos días, para horror de su sucesor de partido en el 10 de Downing Street, declaró que no podía ser que los británicos tuvieran que escoger entre comer o calentarse. Ojalá, alguno de “los nuestros” fuera igual, pues para mi el horror no es que las empresas usen el poder que tienen, la ignominia es que se les ponga la alfombra roja para hacerlo.

Ciudadan@ energétic@ universal

Llevo varios días leyendo sobre las discusiones previas a la creación de la red eléctrica en el Reino Unido. Esta lectura me ha vuelto a suscitar un problema que mentalmente no tengo resuelto, aunque creo que en un momento como el actual, en el que por diversas razones la estructura de la organización política del Estado-nación vigesimonónico está en crisis; y en un momento en que son crecientes las voces -entre ellas la mía- contra el actual un modelo energético, hay un debate político que no se puede postergar. Este es, ¿cómo será el futuro espacio político asociado a un nuevo modelo energético renovable y descentralizado?

Expresaré mi duda de otra manera. Estoy a favor del autoconsumo energético; más que a favor de la re-municipalización de las formas de generar y emplear energía final, y, a favor, de cualquier forma “energética” descentralizada y horizontal. Lo he expresado en casi todas las entradas de este blog. Estoy a favor por dos razones: porque favorecen estructuras de organización política más democráticas y porque van en contra del poder de los monopolios privados energéticos. Sin embargo, siento miedo cuando pienso que, tal vez, apoyando este tipo de transición energética, esté apoyando la medievalización -la segmentación- de los espacios políticos ¿Cómo aseguramos que si “mi” ciudad, pueblo, zona, barrio, región… tiene energía suficiente, la del lado también la va a tener? Y, ¿cómo aseguramos que mi vecina va a tener un suministro equivalente al mío?

En nuestro pasado, relativamente próximo, esto último se aseguró creando una red pública nacional, que financiamos de común acuerdo por dos vías unas tarifas energéticas “políticas” e impuestos. Esta red se podía limitar a interconectar las diferentes “regiones energéticas”, creando una red bidireccional distribuida, como parece ser fue el caso del Reino Unido, al menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial; o crear ex-novo una red unidireccional centralizada (en diversos grados), como fue el caso de los estados de los Estados Unidos de América, el de algunos países de Europa continental, y, claramente, el de la URSS. Pero, detrás de cada una de estas creaciones había un proyecto político de construcción de un espacio común. Proyecto que, hasta recientemente, había tenido como uno de sus pilares la “universalización” del acceso a la energía necesaria para que tod@s los ciudadan@s pudieran desarrollar con toda normalidad sus actividades cotidianas.

Es cierto que en un modelo de energía fósil, las distancias entre los lugares en los que se encuentra el carbón o el petróleo y en los que se emplea finalmente son mucho mayores que en un modelo en el que la energía del sol, el aire o el agua se usa localmente. Lo que podría llevar a alguien a argumentar que en el primer caso, en el de la energía fósil, sí que era necesario un espacio político (un espacio supranacional, un espacio nacional o un gobierno local) que asegurara el suministro universal, mientras que en el segundo, ello no es tan evidente. Puede ser cierto, pero ello no quita que nos tendremos que poner de acuerdo sobre cuáles serán los usos públicos de la energía y sobre cómo vamos a asegurarlos, financiarlos y gestionarlos. Esto puede parecer banal, pero remite a pensar que detrás de cualquier forma de generar y utilizar energía -detrás de cualquier modelo energético- tiene que haber una idea de lo consideramos espacio público y de cómo nos querríamos organizar políticamente en él.

En otras palabras:

1) cuando ya tengamos asegurado el suministro energético en “nuestra casa”, ¿cuál será nuestro espació público energético?: ¿el suministro energético de nuestra calle, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra área metropolitana, de nuestra provincia, de nuestra….?

2) ¿cómo nos organizaremos -políticamente- en ese espacio para asegurar físicamente y económicamente el suministro en todo ese espacio público?

3) ¿aceptaremos o dirimiremos las diferencias con aquellos que quedan fuera de nuestro espacio público energético?

Mi pobre imaginación me da pocas respuestas a ello, pues sigo pensando que la única solución es la creación de una red pública. Mi preferencia va hacia una red distribuida y bi-direccional (que podamos dar y nos puedan dar electricidad en función de las necesidades); y, mi preferencia, va también hacia la construcción de una red lo más amplia posible (pues, por ejemplo, a mi me sublevó que ciudadanos del mismo espacio político que yo, sólo que viviendo un poco más al este, se quedaran sin suministro hace unos años y “nosotros” ni nos inmutáramos). Para mi, el problema, según mi forma de ver el mundo, es que para lograr esto nos hace falta algún tipo de nuevo contrato social. En este momento de la historia, podemos empezar con poco, pero podríamos valorar la posibilidad la existencia del ciudadano energético universal -el que acordamos que tendrá como derecho fundamental el acceso a la energía y como deber básico financiar, en la medida de sus posibilidades, el espacio energético público común. No es fácil imaginarlo ¿verdad?, pues de alguna manera debería existir un sentimiento de fraternidad, que hasta ahora lo hemos vinculado a la pertenencia a un colectivo, en muchos casos nacional. Sin embargo, lo cierto es que en nuestra historia ya recorrimos medio camino, pues aceptamos ser ciudadanos energéticos por formar parte de un espacio político. En este caso, definido por nuestras fronteras. Ahora, sin tener ya clara la vigencia del Estado nación, al menos como lo conocimos, es más difícil de articular, pero tal vez, sólo se trate de pensar que vamos a hacer lo mismo, que ya hicimos, no por el que tiene el mismo pasaporte que nosotros, sino por cualquiera, esté donde esté. Suena un poco ingenuo, lo sé, pero intuitivamente sé que esta es la vía. Decir más, ahora, sería caer en el buenismo de más baja estofa. Pero, soñar es gratis, así que si se lograra algo así, se sentarían las bases para nuevas formas de organización política descentralizadas ancladas en estructuras solidarias comunes. No sé si algo así, será posible, pero fuere lo que fuere, no hay que el olvidar que el gran reto de la transición energética es la transición política que conlleva.

¿Energía fósil?: sólo es una cuestión de poder

Estos días estoy leyendo a los economistas clásicos, excavando los fundamentos, a ver si consigo entender cómo hemos dejado que nuestro modelo energético se convirtiera en una dictadura tal.

Ayer, leyendo el prefacio de The Coal Question (1885) de William Stanley Jevons, di con una cita de John Tyndall (1820-1893) que “lo dice todo”. Se trata de una carta que éste le escribió al primero y se refiere, como toda esta obra de Jevons, a la posición -al poder relativo- que ha alcanzado el Reino Unido, a mediados del Siglo XIX, gracias a la disponibilidad y uso del carbón. Tyndall dice, no veo porvenir a ningún sustituto, del carbón como energía motriz, que se pudiera encontrar. Se tienen, es cierto, vientos, ríos y olas; y se tienen rayos y el sol. Pero, éstos están al alcance a todo el mundo. No se puede ejercer ningún liderazgo frente a una nación que, además de estas fuentes de energía, posee la energía -the power- del carbón …. gozaremos de mucha de su energía física e intelectual, sin embargo seguiremos sin estar a la altura ante aquellos que poseen carbón en abundancia.

Leyendo esta cita, no hay duda que se nos está diciendo que el carbón fue el que dio ese plus de poder al Reino Unido, frente a otros países europeos. Frente a un hecho como este, hay dos actitudes posibles. Una, que es la que parece plantear Jevons -y otros de sus paisanos coetáneos-, que nos dice que por alguna razón, más divina que humana, la riqueza material del Reino Unido es el fruto de la Providencia; siendo “pecado” no emplearla correctamente -de forma moralmente correcta. Otra, es pensar, como yo lo hago, que hay una grado de elección en optar por desarrollar el uso de esta fuente de energía frente a las otras. La razón de ello: porque ésta da un poder que las otras no dan.

Hay un poder -el geo-político, mundial- que es fácil de entender, pues basta pensar que gracias a la potencia del carbón -y a la explotación de los trabajadores-, el Reino Unido -como después ocurrió con el petróleo en Estados Unidos- logró multiplicar la producción y la renta nacional hasta convertirse en la primera economía del mundo.

Más allá de ello, llama la atención que ello se justifique por la Providencia. Piénsese, por ejemplo, que en España la misma Providencia, nos ha otorgado una inaudita cantidad de horas de sol al día (de energía) que en vez de poder, nos ha traído turismo. Ya se ve por donde voy, ¿no? Lo dicen muchos con los que Jevons compartió disciplina. El francés Jean Baptiste Say (1767-1832) -por cierto, el precursor de la economía de la oferta- escribió, afortunadamente nadie ha podido nunca decir que el sol o el viento le pertenecen y que, por tanto, el servicio que me proporcionan ha de ser pagado. De hecho, esta frase es empleada por Thomas Malthus (1766-1834) en su definición de lo que es un monopolio natural: … es un regalo de la naturaleza al hombre, pero a diferencia del sol y del aire -esto no lo dice Malthus- es un regalo al que le podemos establecer derechos de propiedad. De ahí que podamos crear un monopolio. Si seguimos la lógica del discurso -aunque soy consciente que es caricatura del mismo-, acabaríamos diciendo que la Providencia a algunos les da un pedazo de tierra o una mina, mientras que a otros no. Es claro que sobre -o debajo- ese pedazo de tierra se pueden obtener rentas y/o beneficios, pues la categoría de propietarios da derecho a decir “esto es mío y si quieres lo que de ello se obtiene, tendrás que pagar por ello” o peor “…tendrás que trabajar en ello, para poder pagarlo”.

Tiendo a pensar que en lo que acabo de decir subyacen algunas de las razones por las que el mundo de la energía se fosilizó, en vez de renovarse. Una historia distinta, que iré desgranando en sucesivas entradas, es cómo los economistas, desde entonces hasta ahora, hemos ayudado a dar carta de naturalidad a este modelo energético.