Las insondables vías de la pobreza energética

Hace unos días, The Guardian destapó y denunció la esclavitud en la que viven los trabajadores nepalíes que están construyendo las instalaciones para el mundial de fútbol de 2022. En la misma línea va la Organización Internacional del Trabajo. El mundo va a peor. Lo sé, como sé que en determinadas partes del mundo –especialmente desde la Edad moderna- las cosas nunca fueron bien. Dicho esto, me parece indignante el hecho que relata The Guardian: una media de un muerto al día y unas condiciones de trabajo que más bien parecen las de la construcción de las pirámides del antiguo Egipto, que las del símbolo de la modernidad y el ocio del Siglo XXI. Les dejo que lean estas noticias, para que se hagan una idea de lo que en ellas se trata. Aquí, como siempre, nos referiremos a aquello relacionado con nuestro modelo energético.

Me llama la atención como en Occidente, al menos en algunos países europeos, hemos tratado acríticamente a Qatar. Nos parecía muy cool, frente al anacrónico, conservador y reaccionario Reino saudí. Tengo mis dudas sobre el fondo de estas diferencias, ya lo expresé en una entrada anterior, pues las formas de gobierno y la estructura del poder qatarí se asemeja mucho a la saudí. Para ser sincera, creo que los distintos somos nosotros, no ellos. En tiempos, ¿qué esperábamos de una economía como la saudí? Básicamente que nos proporcionara una fuente de energía primaria barata, para poder desarrollar nuestro modo de producción y consumo -el fordista y el del consumo de masas-; que nos compraran los bienes que “nosotros” producíamos y que dieran liquidez al sistema financiero internacional, el “nuestro”, cuando nos conviniera. Hoy, ¿qué les pedimos a los qataríes?. Una vez nos hemos cargado nuestro modo de producción y de consumo, ya no tenemos las mismas necesidades energéticas ni tenemos bienes qué vender; sólo quedan algunos grupos que codician su dinero. Así que, entre todo aquello que podemos ofrecer queda el patrimonio y los símbolos de nuestra cultura y forma de ser: el Louvre, Georgetown…. y, claro está, nuestro más preciado instrumento de cohesión social a nivel local, regional o nacional: el fútbol.

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A pesar de ser de Barcelona, no soy muy futbolera, pero en mi ciudad es casi imposible no tener algún tipo de relación emocional con este club. Desde que vi que el Barça dejaba de patrocinar UNICEF, para ser patrocinado por la Qatar Foundation, me siento intranquila. No me gusta; no, no me gusta nada.

Hasta hoy, les hubiera dado noñas razones razones para mi desagrado, pero, con la evidencia en mano de la esclavitud en Qatar, ya no tengo ninguna duda. Este perverso mix entre petróleo y fútbol es una inmoralidad. Me explico, empezando con el hecho de que los nacionales qataríes (el 10% de su población) son inmensamente ricos, gracias a que unos trabajadores inmigrantes, que trabajan en pésimas condiciones, extraen el gas de su territorio.

Seguimos diciendo que este ínfimo porcentaje de la población mundial recibe unas extraordinarias rentas, por que quién compra sus hidrocarburos son los conglomerados energéticos transnacionales que, por ejemplo en España, venden a precio de oro el gas y la electricidad que con él se genera. Ello, como los y las seguidoras de esta blog ya saben, genera pobreza energética en los mal llamados países consumidores, pues una proporción creciente de la población no puede pagar las facturas. Es más, es el gas de Qatar – y el de otras partes del mundo- el que debería llegar, si seguimos con el caso de España, a las centrales de ciclo combinado de las empresas de UNESA que son las causantes del déficit de tarifa, lo supone una gran transferencia de renta desde la buena parte de la población al oligopolio eléctrico español.

Así que ya llevamos tres vías hacia pobreza: la explotación de los trabajadores en los yacimientos, la miseria de los que no pueden pagar las facturas, y el expolio de renta que han supuesto las centrales de ciclo combinado o el equivalente ¿Sigo adelante? 

El dinero que llega a Qatar es excesivo para una escasa población que ya no sabe en qué gastárselo, así que se empaqueta bajo forma de fondos soberanos lo que alimenta la financiarización de la economía que, como desgraciadamente bien sabemos, ha catalizado la desproductivización y al destrucción de millones de puestos de trabajo en el mundo. En el otro extremo, el dinero que no llega a Qatar alimenta el otro extremo de la cadena energética, a los accionistas de las grandes empresas energéticas -al, menos de las occidentales. No hace falta decir quiénes son estos accionistas, pues son los mismos que nos están empobreciendo.

Fuente: TNI

Fuente: TNI

Llegados es este punto, parece claro que los cools qataries son el otro extremo de la cadena -energética- de los otrora yuppies occidentales. Los que desde que Margaret Tatcher, a inicios de los 1980s, dio el pistoletazo de salida no han hecho más que pavimentar nuestro camino hacia la penuria. La última parada en este trayecto es la mascarada del lujo qatarí. Lujo que se fundamenta sobre todas la facetas de una pobreza generada por una forma de producir energía que favorece la explotación en los yacimientos; la exclusión de los usuarios finales; el poder extremo de sus empresas y la financiarización -en todas sus facetas- de la energía.

Lo que ya va más allá de lo imaginable es que quienes gracias a este modelo energético han amasado cantidades indecentes de dinero, no sepan qué es la grandeza de los ganadores: ¿cómo se puede tener el PNB per cápita más alto del mundo y no pagar el salario justo? y ¿cómo pude ser que la FIFA lo tolere? Lo peor, de lo peor, es que cuando llegue 2022, nosotros los empobrecidos, jalearemos hasta la extenuación lo que en Qatar ocurra, como ya lo hacemos con el Barça.

Puede ser una idea muy peregrina, pero propongo que la próxima vez que se vaya al “campo” nos empecemos a quejar; alto y claro, para que se sepa que somos “pobres, pero honrados” y que no queremos ser los cómplices de un modelo energético elitista que conduce a la miseria y a la esclavitud. Si no nos atrevemos a hacerlo frente a “nuestros” ídolos, pensemos, al menos, que otro modelo energético es posible.

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La palabra y el término como legitimación de la explotación minera

El pasado 30 julio, The Guardian publicó un artículo titulado The tycoon, the dictator’s wife and the 2,5bn Guinea mining deal. En éste, se explica uno de los tantos expolios, con pelotazo incluido, que ha padecido África. En concreto, esta vez, en Guinea -Conackry. Sobre ello, más allá, en este caso, de la cuantía de la estafa -diría, yo, paralegal-, que desgraciadamente ya, casi, no nos llama la atención, lo más alarmante es el uso de algunos términos que los economistas hemos inventado para describir determinados fenómenos, cuando hablamos de explotación. En el citado artículo se puede leer The country is an almost textbook example of what some refer to as the “paradox of plenty”.
Para las que como yo, llevamos unos lustros dedicándonos a las cuestiones relativas a las economías petroleras y/o ricas en recursos naturales, hemos pasado por toda una serie de términos que van desde el síndrome holandés hasta la maldición de los recursos, pasando por la ya mencionada paradoja. Yo he usado reiteradamente estas expresiones. Incluso, en clase diciéndolas, me he reído con mis alumnos, mofándonos de la creatividad de los economistas, para inventar nombres. Lo cierto, sin embargo, es que nada de todo esto da ninguna risa. Si se piensa, es muy, pero que muy perverso.
Todos estos términos, describen de forma más o menos sofisticada el hecho de que economías de países, cuyos indicadores macroeconómicos presentan buenos resultados (elevados niveles de crecimiento del PIB, equilibrio en la balanza comercial, equilibrio en las cuentas públicas….), se mantienen, a pesar de su riqueza, en la senda del subdesarrollo. Es triste ser rico y “desgraciado”, pero es abyecto, definir este hecho, como si las personas fuéramos ajenas a él. Si se hiciera un recorrido semántico por todos estos términos veríamos que todos hacen referencia al “más allá”, no controlable ni solucionable: síndrome, maldición, paradoja…. Es decir fuera de la acción de los humanos.
Lo cierto es que lo que estos términos esconden, especialmente cuando se refieren a países del Tercer Mundo, es una relación de explotación en la que unas compañías, personas o gobiernos poderosos extraen y/o compran recursos naturales y mineros a otras compañías, personas o gobiernos en condiciones más ventajosas, para los primeros. Una relación, por otra parte, que los compradores o propietarios no quieren modificar, pues lo único que les interesa son los beneficios que ellos pueden lograr, revendiendo o transformando el recurso natural o energético. Para que me entiendan, por ejemplo, la economía de Arabia Saudí es un caso claro de la maldición de los recursos, pero esta “maldición” no era -aunque habrá quién me argumente que en el capitalismo sí que lo es- un destino trágico inevitable. Es una realidad que se forja cuando los intereses que agrupamos bajo el término países consumidores, deciden que sólo quieren el petróleo saudí, y que si los saudíes produjeran tecnología puntera, ésta no les interesaría (piensen, sino en los problemas que tienen Brasil y la India con sus patentes) y no la comprarían. Es cierto que a la familia al-Saud esta situación les conviene, pero ello no es óbice para que todos estos intereses y relaciones de poder, de los unos y de los otros, se camuflen bajo denominaciones etéreas y aparentemente neutras. No son síndromes, plagas o maldiciones que vienen de lo desconocido. Son el resultado de un determinado tipo de relaciones de poder, que en el capitalismo llevan, por la acción humana, a una determinada división internacional del trabajo -aunque este término esté en desuso.
Que quién lo escribiera, me perdone, pero decir que Guinea es un caso de manual, que ilustra la paradoja de la abundancia es de un cinismo sin límites. Lo que ilustra este caso es que los economistas hemos decidido llamar paradoja a la explotación y la codicia. No hay ninguna paradoja en decir que si uno explota a las personas y los territorios allende, él se va a enriquecer y los otros a empobrecer. Es la consecuencia lógica de la explotación. Lo que tal vez sea una paradoja es pensar que los “buenos” calvinistas, liberales, somos capaces de cometer tamañas atrocidades. Pero, esto no es una paradoja es una maldad o, si se prefiere, una inmoralidad.
Llamemos las cosas por su nombre. Ya que los economistas no sabemos solucionar nada, creo que haríamos un favor a la humanidad otorgándole mayor precisión a nuestro lenguaje. Es fácil y no cuesta dinero…¿o, sí?

Guest contribution: The Spanish electricity market – a critical review

Una contribución mía como autora invitada en Energy Vulnerability and Urban Transitions

Energy Vulnerability and Urban Transitions

Following the discussion started in our previous post about energy poverty in Spain, guest contributor Aurèlia Mañé Estrada (University of Barcelona) gives us her critical views about the failures of the Spanish electricity market and recent legislative proposals presented by the Spanish governments last June 19th. Professor Mañé Estrada holds a PhD degree from the University of Barcelona, where she currently teaches subjects related to economic policy and international energy systems and relations. She is is a member of the University of Barcelona’s Economic Transition Analysis Group (GATE) and the author of the blog Nuevas cartografías de la energía.

The Spanish electricity market – a critical review

Some days ago two new proposals of law dealing with both the renewable energy generation and self-consumption were presented for public discussion by the government in Spain. It is still too early to evaluate the actual aftermath of both proposals…

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Reformas en el sector eléctrico ¿Y si el infierno existiera?

Estos días el “mundo energético” está siendo sacudido por una serie de propuestas de Real Decreto, entre las que destacan las que regulan el autoconsumo y la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  Esta última propuesta me la hizo llegar un amigo de la blogosfera, trabajador del sector eléctrico renovable y muy preocupado por su futuro laboral y el de sus colegas. Él interpreta mejor que yo el significado contable de la propuesta, pero consideró que uno de mis comentarios sobre la exposición de motivos de la misma merecía una entrada en este blog. Así que allá voy. Aunque, honestamente, no tengo muy claro si lo que diré es cierto o es el fruto de la furia que una profesora de la materia siente por lo maltrecha que está la práctica de la política económica en nuestro mundo.

Mi anterior entrada ya versaba sobre el significado de algunas de las frases de la exposición de motivos de la Ley 54/1997. Esta versará sobre la propuesta que se hizo el pasado 16 de julio de 2013. En ésta, una vez más, se disimula la carga política e ideológica que hay detrás de la reforma, pues fundamentalmente se viste como un cambio en el régimen retributivo del sector de las renovables. Como si no se cambiara nada en el ámbito real, sólo que lo que antes se retribuía de una manera, ahora se retribuirá de otra. Otra, que se define como rentabilidad razonable. Anecdóticamente, concepto curioso éste, pues tal como está en la propuesta, la rentabilidad razonable es para los proyectos financiados con recursos propios (¿?) y que, por lo que se calcula, acabará proporcionando una rentabilidad de en torno al 7 o 7,5%. Efectivamente, una inversión que dé esa rentabilidad no está mal, es razonable, pero está claro que este no es el problema.

Uno de principales  problemas de esta propuesta, como ya ha señalado mucha gente, es que el cambio en las reglas del juego a mitad de partida, expulsará del sector a aquellos que habían realizado sus inversiones con los criterios anteriores, fundamentalmente los que invirtieron en las tecnologías más antiguas: fotovoltaica y eólica. A este respecto, incluso hay quien habla de expropiación encubierta.

Otro de los problemas es decir, como hace el texto, que …la nueva metodología establece una retribución a la inversión que se calcula en función de la potencia instalada y no la energía generada….. Dicho de otro modo, se pasará a remunerar en función de cuánto se ha invertido -de el potencial de oferta- en vez en función de cuánta electricidad real tendremos y en qué condiciones accederemos a ella los usuarios finales. En este nuevo criterio, la energía generada pasa a un plano secundario y lo relevante es la capacidad. Es decir, la propuesta de Real Decreto sustituye el sistema de tarifa vigente por el de incentivos a la inversión.

¿En qué contexto el legislador realiza este cambio? El escenario es el de la Ley 54/1997 en la que se nos dice que el suministro público deja de ser un servicio público y que ya no existirá planificación imperativa en el sector, y el principal actor del sector es un oligopolio articulado en torno a UNESAComo ya argumenté, ello es la causa de buena parte de los excesos de capacidad y extra-costes del sistema eléctrico de la Península Ibérica y, por ende, del déficit de tarifa.

Ante ello, mi lectura de la nueva propuesta de Real Decreto es que consolida un sistema eléctrico basado en las decisiones de los inversores privados, a los que, en primera instancia, se les remunera la inversión y no el servicio -antes público- que debieran prestar a la sociedad. Desde el punto de vista de la política económica ello significa que lo que aquí se está dirimiendo es quién decidirá la política energética del futuro. Primar la inversión en capacidad, en vez de el producto final, significa, si no hay consideración de servicio público ni planificación imperativa, fijar quiénes decidirán qué y cuánto producen, para quién y a qué precio. Es decir, establecer, quiénes lideran el futuro del sistema eléctrico de la Península Ibérica.

Conceptualmente, como le decía a mi amigo, hay una diferencia abismal entre regular la producción y el precio final de un bien (el antiguo sistema de tarifa) o regular la inversión en capacidad. No me gustan los términos, pero lo que se está pertrechando es un “mercado” en el que se remunera al oferente por serlo, pero no por lo que ofrece, que es casi el anatema del concepto mismo de mercado. La inversión -de capacidad de generación de electricidad- sólo determina quién puede -tiene la capacidad de- producir, pero no lo qué se produce ni en qué condiciones. En otras palabras, es cargarse el último vestigio de servicio público que tenía el ordenamiento de “nuestro” sistema eléctrico. Además, si lo que se asegura fundamentalmente es la rentabilidad razonable a la inversión y no a cuánto se cobrará -o pagará- la electricidad, ya ni les cuento.

En resumen, aunque no sea fácil ver la diferencia, este Real Decreto va más allá de expulsar a una potencial competencia -de UNESA- creada y consolidada al amparo del sistema de primas a las renovables; este Real Decreto acaba definitivamente con un ordenamiento en el que el uso de la electricidad se consideraba un derecho básico y en el que, por tanto, el ordenamiento se dirigía a asegurar el suministro a los ciudadanos -y empresas, claro-, porque la energía era considerada un servicio público.

Es claro que el Real Decreto no dice quiénes serán estos inversores, pues, a la luz de las fórmulas del Título V del mismo, son iguales los pequeños que los grandes, pero ahí sí que creo que nadie se lleva a engaño, pues en un sistema capturado como el nuestro, todos sabemos que UNESA siempre gana. Si este Real Decreto se llega a ratificar y aplicar, no habrá escapatoria posible, pues mientras éste regula quiénes van a estar dentro y quiénes fuera del sistema, su hermano gemelo -el que regula el autoconsumo- constriñe las soluciones alternativas individuales, colectivas, cooperativas o locales

¡Qué quede claro, nos están expulsando del sistema! Soñemos…. ¿que pasaría si el infierno existiera?

Filólogos del sector eléctrico y déficit de tarifa

Precio voluntario al pequeño consumidor, así es como gracias a la enésima, y prometen que última, reforma del sector eléctrico se pasará a llamar la actual Tarifa de Último Recurso (TUR). Como la TUR, hasta ahora, era la tarifa que te aplicaban las Comercializadoras de Último Recurso (CUR), entiendo que éstas, de aquí poco se convertirán en el voluntariado eléctrico. No sé, para mi que el mayor activo que tienen las eléctricas es un artista del lenguaje y de la palabra. No pensaba iniciar así esta entrada, pero es que la realidad supera la ficción ¿Cómo se atreven?, ¿precio voluntario al pequeño consumidor? Parece un chiste, salvo que por “voluntario” se entienda -y perdónenme la expresión- “el precio que les dé la gana”. Seguro; ha de ser esto, ya que lo contrario significa que, además de expoliarnos, se burlan de nosotros.

La pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cómo hemos creado unas estructuras de poder tan grandes que han logrado que las reformas del sector eléctrico, no se destinen a reformar a este sector, sino a consolidar el poder de las empresas que lo componen y a asegurar que los ciudadanos -que todavía podemos pagar la factura- les financiemos todos sus caprichos, veleidades y pelotazos. Piénsese que, por lo que se dice, todas las últimas reformas tienen como único propósito actuar sobre el déficit tarifario; pero ninguna de ellas tiene el objetivo de acabar con las causas del mismo.

A estas alturas, ya es conocido que en España hay un desfase entre los costes regulados del sector eléctrico, la tarifa y el precio al que las comercializadoras y generadoras pactan la compra de electricidad. Este desfase es el déficit de tarifa. Así que la cuestión es ¿por qué antes no existía déficit de tarifa, y ahora sí? La respuesta la dio Ana Marco, el pasado 29 de junio en una sesión de formación organizada por el Grup local de Barcelona de Som Energía. Ella, con una breve pincelada explicó lo que para mi, a día de hoy, es la interpretación más lógica y convincente que he oído sobre el por qué del déficit.

Legislativamente, el origen de todo este despropósito está en la Ley 54/1997 del Sector eléctrico. Esta ley es la traducción legislativa de la aceleración de las privatizaciones del sector que se produjeron a finales de los 1990, durante el primer gobierno de Aznar. En el preámbulo de esta ley se puede leer lo siguiente: … a diferencia de regulaciones anteriores. la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro su calidad y su coste no requiere (…) que el Estado se reserve para si el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro Así. se abandona la noción de servicio público, (…)  sustituyéndola por Ia expresa del suministro a todos los demandantes del servicio dentro del territorio nacional (…) el sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal desarrollado por el Estado (…) La gestión económica del sistema, por su parte, (….) abandona la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión (…), que es sustituida por una planificación indicativa (…) que puede facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos.

Perdonen que me haya extendido en la cita, pero es que tiene mucha miga. Lo primero y evidente es decir que el suministro eléctrico deja de ser un servicio público. Esta frase habla por sí sola, es clara y nada ambigua. Pero, lo segundo y lo tercero lo es menos. Decir que la noción de servicio público se sustituye por la de “suministro a los demandantes”, es una frase digna del mismo artista del lenguaje que hace un par de días, con la nueva reforma, nos regaló la perla del “precio voluntario”. Tal como yo interpreto esta frase, lo que nos dice el legislador es que lo que antes era un servicio público, ahora se traduce en la “obligación” de suministro al demandante. El demandante, no es el ciudadano o ciudadana, el demandante, en economía neoclásica, es el que accede al mercado y, por tanto el que tiene demanda efectiva. Traducido; el que tiene suficiente capacidad adquisitiva para estar en ese mercado. Por tanto, la Ley 54/1997, establece que el sistema eléctrico -¿las empresas?- deberán suministrar electricidad a quienes les puedan pagar. Piensen el alcance de ello en una estructura monopolista como la eléctrica.

La tercera cuestión que quería resaltar de este preámbulo de Ley es el significado del fin de la planificación determinante por la indicativa. Esta parte es la que más me impresionó de lo que nos contó Ana Marco. En términos de política energética esto quiere decir que, en el anterior sistema, en el de planificación determinante, se hacia una previsión estatal de cuánto producir, para quién y a qué coste. Ello se traducía en la construcción de más o menos plantas generadoras (térmicas fósiles, hidroeléctricas o nucleares), en una determinada red de transporte y distribución y en unas tarifas concretas. Estas plantas, podían ser privadas o públicas, pero si se construían era porque así “lo solicitaba” el ministerio de industria y energía y si “se paraban” lo mismo. De ahí, la justificación de conceptos como la moratoria nuclear, pues se asumía que el parón de las nucleares fue un “fallo” de previsión del planificador y que, por esta razón, se tenía que compensar a las empresas que realizaron las inversiones. O, de ahí, que se aceptara que pagáramos (en la factura o a través de Presupuestos Generales del Estado) un “exceso” de capacidad de algunas centrales térmicas, pues se consideraba -equivocadamente, o no- que era bueno tenerlas por si el sistema tenía algún fallo.

Así, en este sistema los usuarios finales de la energía, fuera a través de la factura o a través de distintas figuras impositivas, compensábamos a empresas del sector en aras al aceptado interés general (no tener nucleares, mantener puestos de trabajo en la minería del carbón…) o pagábamos un extra por tener mayor seguridad en el sistema.

Decir, como hace la Ley 54/1997, que la planificación será indicativa para que los agentes económicos (véase las empresas del sector) decidan las inversiones a realizar, en la práctica se ha traducido en que éstas realizan las inversiones que desean, aun a riesgo de que el sistema eléctrico tenga un exceso de capacidad. El ejemplo más claro lo tenemos con las centrales de ciclo combinado. Ya he hablado de ellas en entradas anteriores. Si no me equivoco, éstas empezaron a funcionar en el año 2002 (curioso, el año que empieza la deuda acumulada hacia las eléctricas), y si los datos que proporciona invertia son ciertos, han costado 13.161,8 mil millones de €. Gas Natural Fenosa y Endesa son, junto a Iberdrola, sus principales propietarias. Hoy, como también dije entradas anteriores, estas centrales están más que infrautilizadas y, según los informes de Red eléctrica española, la tendencia es a la baja ¿A qué se debe este despropósito? Muy sencillo a que cuando, la planificación del sistema eléctrico dejo de ser imperativa y paso a ser indicativa, las empresas del sector decidieron que se invirtiera esta millonada en un sistema en el que ya se tenían las nucleares, las térmicas y la energía hidroeléctrica; y, en coincidencia con el arranque de electricidad de origen eólico y la solar.

En coherencia con la Ley 54/1997, si el suministro de electricidad ha dejado de ser un servicio público y si son los agentes privados quienes deciden las inversiones para satisfacer la demanda, lo lógico sería que si no hay suficiente demanda, para el exceso de oferta -de capacidad- que se tiene, las empresas privadas asumieran el cierre de sus instalaciones. Pero no. En España nos inventamos el déficit de tarifa. Ya que he llegado a la conclusión que conceptualmente, el déficit de tarifa es, sobre todo, el exceso de costes fijos -de inversiones realizadas y capacidad excedente- en el sistema eléctrico español.

Para mi, a estas alturas, si dejamos de lado el transporte y la distribución, del que hablaremos otro día. Hay tres categorías de costes fijos: a) los heredados de la planificación anterior, nucleares y térmicas del carbón; b) el exceso de inversión en capacidad, que se da, sobre todo, en las centrales de ciclo combinado, y c) el de las inversiones en nuevas tecnologías dirigidas a realizar la transición energética hacia un modelo distribuido y renovable.

Las tres se confunden en ese paquete de costes regulados, peajes y pagos por capacidad que pagamos en nuestra factura y que, en muchos casos, inciden sobre el déficit, pero en términos de política energética significan tres cosas muy distintas. La categoría “a” forma parte de un modelo energético del pasado, que por razones diversas se decidió cambiar y, hasta donde sea razonable, se acordó que compensaríamos a los perdedores. La categoría “b” forma parte de un “no” modelo, fruto de la falta de política energética real, en la que un colectivo realizó unas inversiones equivocadas y capturó la actuación del ministerio de industria y energía, logrando que otros paguemos su error. Por último, la categoría “c” debería formar parte del nuevo modelo energético que queremos para el país, caso que volviéramos a tener algo que se le pudiera llamar, sin rubor, política energética.

Para mi, si se hace de forma clara y no abusiva, lo primero es justo que se pague; lo tercero debería pagarse; y lo segundo ha de desaparecer de la factura y/o de los presupuestos. Sin embargo me temo, que éste no es el mismo criterio del legislador, pues lo segundo es lo que engrosa, día a día, la deuda acumulada, engañándonos al hacernos creer que estamos pagando por una capacidad que se planificó, desde el gobierno, imperativamente. No. Esta capacidad no es fruto de una planificación y de una política energética, digna de tal nombre, es el fruto de cuando se dejó de considerar al suministro eléctrico un servicio público y de cuando aquél paso a dirigirse a los demandantes efectivos.

Pobreza energética, ¡suerte que España es un país cálido!

Hace unos días, a través del twitter, me llegó un informe de la Association for the Conservation of the Energy, titulado the Cold Man of Europe. Este informe empieza con la siguiente frase, fuel poverty is a major social crisis in the UK. There are over five million households in fuel poverty needing to spend more than 10% of their income on energy in order to keep warm. This number will increase significantly if gas prices rise as the Government expects.

Al leerlo me he ido a buscar los datos, pues lo que nos dice este informe es que en uno de los pocos productores de gas y petróleo europeos -además de carbón-, un porcentaje significativo de sus habitantes son pobres, energéticamente hablando. Es decir, están excluídos del uso que consideraríamos socialmente, “normal” de la energía.

Es cierto que desde inicios del Siglo XXI, la producción de petróleo y de gas en el Reino Unido ha decrecido sustancialmente, pero, a pesar de ello, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, en 2009, todavía tenían la capacidad de producir un 80% del total de la energía que se consumía en este país y, hoy en día, según los balances que ofrece la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, la producción autóctona sería suficiente para cubrir el 63% del consumo nacional. Puede parecer poco, pero si se miran los mismos datos para España, en el 2009, contando la energía nuclear como propia, no llegábamos ni al 24%, y en la actualidad esta cifra es bastante similar.

Ni un país ni una economía es, a priori, mejor o peor por los recursos energéticos que posee, pero he querido realizar esta comparativa, porque podría servir de lección para España. Los datos que acabo de mostrar nos dicen que, a pesar de la riqueza fósil del Reino Unido, sus habitantes pasan frío. De ahí que concluya que no hay una relación entre riqueza en fuentes primarias de energia y bienestar energético de la población.

Esta es la primera lección que extraemos del informe, pues éste muestra que un país puede ser pobre energéticamente aunque sea rico en energía fósil e, incluso, “tenga” alguna de las primeras empresas energéticas del mundo como British Petroleum. Así que, en España, seamos muy cautos a la hora de apostar por producciones supuestamente nacionales, como las que, se especula, tendremos gracias al uso de la técnica del fracking en la Penísula o a la extracción de petróleo convencional en las Islas Canarias. De hecho, el contra-ejemplo del Reino Unido pone en tela de juicio esta creencia.

En realidad, no se ha de ser muy list@ para saber por qué dicha relación no se produce:  en el Reino Unido hay pobreza energética, porque en el gasto de las familias, la factura energética representa un porcentaje excesivamente elevado para -según el informe- 5 millones de hogares. Ante ello sólo hay dos explicaciones posibles; o la industria cobra unos precios abusivos o las personas perciben unas ingresos insuficientes. Ambas cosas podrían ser verdad en el Reino Unido, pero seguro que lo son en España.

Desgraciadamente en el informe citado no se habla de España, pero leo en las estimaciones de la Unión Europea que, aquí, casi un 1,9 millones de hogares son “pobres energéticamente”, lo que significa que, también, más del 10% de la población lo es. Estos datos son de un informe del 2010, por tanto, a día de hoy, con más de 6 millones de parados, la cifra se habrá disparado. A ello apunta el pionero informe realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales.

Teniendo en cuenta las causas de la pobreza energética en Inglaterra, es facil asumir que en un contexto como el Español, esta pobreza silenciada, también irá en aumento, salvo que el buen clima nos salve de ello. De hecho, es extraño que no aparezcamos ya, pues según datos del Departamento de Energía&Cambio Climático británico, los españoles pagamos una factura eléctrica mucho más elevada que la de los británicos.

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Así, para España, la segunda lección de este informe es que si la pobreza energética no viene determinada por la cantidad de energía que se tenga, sino por la capacidad de los usuarios finales de acceder a la misma -lo que en economías “de mercado” como las nuestras, implica que la puedan pagar-, en esto, también, España va mal. Hoy ya, gracias, al extremo poder de monopolio de las compañías que operan en el país, los hogares  pagamos una de las facturas energéticas más elevadas (en términos absolutos y relativos) de la Unión Europea. Y, gracias a que importamos casi toda la energía primaria del exterior, el país paga una de las más abultadas facturas energéticas exteriores por importar crudo, gas y combustible nuclear. Sólo en hidrocarburos, según los últimos datos, en momento de crisis, unos 50.000 millones de euros.

Ya he comentado en otras entradas, el potencial que tendría convertir este gasto en combustible en una inversión, pero más allá de ello, hoy, no se ha de olvidar que esos miles de millones engrosan nuestro déficit exterior, y con ello -aunque sea indirectamente- nuestra deuda. Deuda que, ahora ya lo hemos aprendido, la pagamos recortando el trabajo, los derechos sociales y la vivienda de la población. Por tanto, de forma indirecta, por pagar nuestra factura exterior energetica, acabamos sin poder pagar la doméstica.

Una vez más, nada de esto tiene sentido -al menos “sentido común”. Por ello, si no queremos sumar la pobreza energética a todas las que ya vamos teniendo, este informe nos da pistas del camino a seguir:

1) no entrar en quimeras sobre una hipotética mayor autonomía fósil en España

2) acabar con un poder de los monopolios energéticos, que se traduce en continuos e injustificados aumentos en nuestra factura eléctrica

3) invertir en la creación de una nueva forma de producir -y usar- energía, en vez de gastar estérilmente miles de millones de dólares en el exterior que, acaban empobreciendo a los españoles.

Visto que no lo hacemos, no debe ser fácil, pero en un día como hoy, en el que la EPA ha vuelto a caer como un mazazo encima de nuestras consciencias, creo que ha llegado el momento de probar algo nuevo ¡Atrevámonos!