La gaseosidad del gas en España

El pasado 6 y 7 de junio se celebró en Madrid el X Simposio Hispano-Ruso. En él, mi amigo y colega de la Universidad de Valencia, Antonio Sánchez Andrés, presentó una ponencia sobre la Política económica y elites en España: el caso de la política energética. Próximamente, esta ponencia será publicada, y por tanto, estará al alcance de todos, pero antes, le he pedido permiso para que me dejara comentar tres aspectos de la misma en el este blog.

El primero de ellos es la conclusión de la ponencia que, aunque es perfectamente conocida de todos, hasta que la situación no cambie, tenemos el deber moral de seguir recordándola día tras día: el resultado de la política energética que se está realizando en España, aunque se diga que su objetivo es cualquier otro, es mantener la situación de las elites -energéticas, se entiende- que le dan soporte. Y, como nos dice Sánchez Andrés, esos sectores y agentes económicos se transforman en grandes constreñidores de la salida de la crisis en España.

El segundo aspecto, que es el que inspira esta entrada, es la situación del gas en España. Hace unas semanas, como posteriormente relató Ignacio Cembrero en El País, corrían rumores sobre un cambio en las relaciones gasísticas entre España y Argelia. Este es un tema que siempre dispara alertas, pues, en esta parte norte del Mediterráneo, existe la percepción de que estamos a merced de los argelinos. Llevo años argumentando lo contrario, y lo divertido es que ésta vez la noticia iba en mi sentido, pues como explica Cembrero en Argelia hay preocupación por si España reduce las compras de gas que se hacen en el país vecino.

Para una defensora de las formas de producción de energía descentralizada, como yo, saber que se reduce el uso de una fuente de energía fósil, que da lugar a grandes unidades  generadoras y comercializadoras de gas, lo anterior sería una buena notica, pero como ya expresé en una entrada anterior, tal vez, antes de hacer algo así, deberíamos pararnos a pensar. Con la idea de que «una imagen vale más que mil palabras», vuelvo a adjuntar el mapa de la red gasística en España. En él se observa la magnitud de las infraestructuras gasísticas actuales: 6 plantas de regasificación (7 si se incluye Portugal), más tres en construcción, dos de ellas en las Islas Canarias, a lo que le debemos sumar dos gaseoductos que parten de Argelia y llegan a la Peninsula Ibérica, uno a través de Marruecos y otro, directamente a Almeria.

Fuente: CNE

Visto que, ya hoy, estas instalaciones están muy infrautilizadas, me pregunto, una vez más, si lo más sensato es cerrarlas para ir acrecentando los emplazamientos de ruinas energéticas.

Para mi, a día de hoy sólo hay dos argumentos para no cerrarlas: el enorme gasto realizado en algo que no vamos a utilizar, pues me parece indecente; y que, cuando de calefacción hablamos, el gas natural es una fuente energética que sufre poca transformación y que, por tanto, en términos físicos es muy eficiente, pues del gas que sale de Argelia, el 75% es empleado en casa.

Por lo demás, todo son argumentos en contra. Empezando, como nos muestran los itinerarios energéticos de Ramon Sans, porque esta eficiencia energética no se mantiene cuando hablamos de transformación de gas en electricidad, ya que, además de cara, en el proceso -en una central térmica de gas- derrochamos casi el 70% de la energía inicial del gas y, en una de ciclo combinado, el 55%. Y, acabando, por lo que se adivina en el mapa: el poder que subyace detrás de esta red de gas, pues muy pocas empresas son las que controlan este enjambre de tubos, instalaciones y plantas gasísticas.

Hemos hablado hasta la saciedad del monopolio eléctrico, que también participa en el «mundo del gas», pero pocas veces se habla del poder de las empresas gasísiticas en España. Aunque el «mundo del gas» sea más reducido que el de la electricidad; por lo que se refiere al gas -digamos el no eléctrico-, una sólo empresa acapara aproximadamente el 60% del mercado español: Gas Natural-Fenosa. Esto, se mire por donde se mire, es un monopolio, que además es verticalmente integrado, pues su actividad va desde los yacimientos en Argelia a los consumidores finales en cualquier localidad de la Península.

Los efectos de este poder son los que mi amigo Antonio Sánchez, intenta valorar. Él ha intentado cuantificar el porcentaje de las diversas actividades (desde la importación del gas hasta la comercialización al usuario final) en el precio del gas. Sus datos, hablan por si solos. En el año 2012, más del 55% del precio final del gas -antes de impuestos- se debe a la comercialización. Es decir, por cada 100 euros (antes de impuestos) que paga, un español, en la factura del gas, otorga una renta de monopolio de más de 55 euros a «nuestra» comercializadora. En Francia, país vecino, en el que existen esas empresas quasi-estales -criticadas por no estar sujetas a la competencia-, en el mismo tramo de actividad, los 55 euros de España, se convierten en 8 -y, sin posibles trampas del tipo de cambio. Por tanto, como dice mi amigo, esto pone de manifiesto una situación absolutamente irregular. Situación absolutamente irregular de la que poco se habla y, lo que es más grave, de la que históricamente se acusa, tácitamente, a los argelinos.

Esto tiene que ver con el tercer aspecto que quería destacar de la ponencia, pues la unión de una política energética dirigida a mantener el poder de las elites del sector y el poder de monopolio de las mismas, conlleva dos hechos: a) la transferencia de renta desde los usuarios finales -ciudadadanos y empresas no energéticas- hacia los accionistas y propietarios de las empresas energéticas, y b) como escribe el propio Sánchez Andrés, el encarecimiento de la segunda partida de costes de las empresas, la de los costes energéticos.

Lo primero, claramente, inicidirá en una disminución de la renta que los ciudadanos podríamos destinar al consumo y, las empresas, a la inversión productiva. Con ello, se añade un elemento más de ajuste y recesión a nuestra maltrecha economía, pues el resultado directo de la política energética del gobierno es reducir la demanda agregada y, de ahí, el producto interior bruto. Lo segundo, en cambio, incide directamente sobre la competitividad -al menos tal como la medimos hoy en día- de las empresas ubicadas en España. Aquí, si cabe, la cosa es todavía más perversa, pues mientras se hace una reforma laboral que tácitamente -o no tanto- sólo tiene como objetivo disminuir los costes salariales y aumentar la competitividad por esta vía, se hace una política energética que para el beneficio de muy pocos, incrementa los costes energéticos; contrarrestando lo «logrado» con la reforma laboral.

Me perdonarán, pero me desespero. No me puedo creer que nuestro Ministro de industria no sepa que la política energética es una política sectorial, con efectos transversales sobre todos los objetivos últimos de la política económica (crecimiento, empleo, inflación, equilibrio externo, distribución de la renta, medio ambiente), y no una política dirigida única y exclusivamente a favorecer las rentas monopolísticas de unos pocos. Por todo ello, pido a Bruselas, a la Troika, al FMI o a quién corresponda, que obligue a nuestro gobierno a hacer una política energética dirigida a reducir las rentas de monopolio, así tal vez podríamos acabar con una reforma laboral, cuyo único proposito es reducir las rentas salariales. Sé que es una demanda ingenua, pero nunca está de más probarlo.