Doblete de tarifa elèctrica a la Directa

En el marc d’una col·laboració entre la Directa i el Seminari d’economia crítica Taifa, aquest medi està publicant una sèrie d’articles que donen a conèixer el contingut de l’Informe sobre la despossessió de la vida quotidiana. Per cert, amb unes fantàstiques il·lustracions

En els darrers mesos han publicat un parell d’articles, escrits per mi mateixa sobre com la tarifa elèctrica a Espanya ha passat de ser un dels mecanismes de redistribució de l’estat a ser un mecanisme de despossessió.

Si us interessa la seva lectura; el primer va ser publicat el darrer 3 d’abril amb el títol, Tarifa elèctrica: d’instrument de redistribució a mecanisme de despossessió, i el segon, el 7 de maig amb el títol Tarifa elèctrica: el misteri de la factura de la llum.

Desitjo que gaudiu de la lectura, i, a veure què decideixo aquestes vacances sobre la continuïtat d’aquest blog.

El déficit de tarifa como mecanismo de desposesión o Intentando entender la factura eléctrica (7)

Hace unas semanas, después de muchos meses de trabajo, el Seminario Taifa publicó su undécimo Informe de Economía. Éste, que se puede adquirir en papel o descargar en línea, se titula La desposesión de la vida cotidiana.

Es un trabajo colectivo en el que se pretende explicar cómo la crisis, y sobre todo cómo las estrategias del capital para salir de la misma, inciden en las cuestiones más básicas de nuestra vida cotidiana. Entre estas cuestiones, también se dedica un capítulo a la cuestión del llamado «déficit de tarifa».

La redacción de este capítulo (páginas 111-126 del pdf o singularizado en htlm), cuyo título reza ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? corrió de mi cuenta y en él se hace una interpretación de Economía política sobre el significado de la factura. Así, en el informe ésta se explica como el resultado de un conflicto de poder.

Para animar a la lectura del informe, presento aquí algunos highlights del citado capítulo, aunque releyendo el cómo me ha quedado, de tostón, esta entrada, estoy segura que la lectura directa del informe será más ligera, coherente, instructiva y amena.

¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se divide en cuatro grandes apartados.

En el primero, que coincide con la introducción, se realiza una breve explicación sobre la función política-económica- de la factura. En esta introducción se cuenta cuál debería ser la función de la tarifa eléctrica -que se refleja en la factura. Ésta, conceptualmente, está pensada como un instrumento de redistribución, para que en un espacio político determinado, sea un municipio, una región, un estado o una entidad supranacional, todo el mundo tenga el mismo derecho de uso de electricidad y al mismo precio. A partir de esta definición, se apunta a que, como otros instrumentos redistributivos en el mundo contemporáneo, la factura de la luz se puede acabar convirtiendo en un mecanismo para la transferencia de ingresos diversos (de recursos) desde el conjunto de la sociedad hacia el sector eléctrico.

El segundo apartado parte del gráfico que muestro a continuación. El objetivo del mismo es ilustrar sobre los elementos  que inciden el el sistema eléctrico y que, por ello, han de tener reflejo el el coste y precio final de la energía; el que se acaba reflejando en la factura.

Este gráfico es útil para visualizar que entre la factura que -y perdón por la redundancia- facturan las compañías eléctricas y los usuarios finales, hay todo «un mundo» de actividades y de potenciales conflictos entre quienes generan electricidad a partir de distintas fuentes (parte superior del gráfico), entre quienes realizan distintas actividades en la cadena eléctrica (parte central del gráfico) y entre los propietarios de las empresas, que quieren obtener el máximo posible de beneficios y la autoridad política distribuidora o reguladora.

De ahí, que en el texto se sostenga que el precio final de la electricidad será el resultado de cómo se acabe resolviendo el conflicto existente entre los distintos tipos  de agentes que intervienen en el sistema eléctrico (propietarios de empresas de diverso tipo, el regulador público y los usuarios finales).

La tercera parte de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se introduce con un gráfico, de Iberdrola -el mismo serviría para Endesa u otra empresa del oligopolio eléctrico de la Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA).

En este gráfico queda muy claro que menos del 40% de la factura se debe a los costes reales de generación, transporte, distribución y comercialización de la actividad. Por tanto, la pregunta que surge al mirar este «quesito» es obvia: ¡¿a qué se debe el más del 60% que las familias y empresas españolas pagamos mensualmente?!

La respuesta de Iberdrola  es que ese 60% «no va con ella», ya que en su opinión se trata de impuestos y recargos ajenos, debidos a la mano de los políticos y de los reguladores. Obviamente, esta no es la respuesta que el Seminario Taifa da a ese 60%.

Nuestra explicación es que ese «misterioso» porcentaje es el precio que en España se paga por un conflicto no resuelto: el que existe entre el oligopolio de UNESA  y el resto de la sociedad. Conflicto, extremadamente  asimétrico y cuyo resultado siempre favorece, en mayor o menor medida, al primero. Es decir a las empresas que históricamente -aunque posteriormente se añadiera la electricidad nuclear y al gas- han generado la electricidad a partir de grandes centrales hidroeléctricas o térmicas y que, además, han controlado el ciclo completo del proceso, desde la generación a la comercialización.

Con esta explicación en la mano, el informe entra de lleno a explicar los distintos componentes que, hoy, configuran el «misterioso» 60%. Argumentamos que éstos se corresponden a una compensación –regulada- que el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a UNESA, reclama a la administración ante el riesgo potencial de perdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio. Así, el 62% restante que, según Iberdrola es ajeno a ella, es una compensación que recibe el club de las eléctricas las eléctricas o el mecanismo financiero de adaptación de las empresas “históricas” a los cambios en la industria (aparición de nuevas técnicas de generación) y a los cambios en el sector (nuevos agentes competidores o cambios en el contenido y la regulación del “servicio público”).

Ante esta conclusión, se propone una nueva forma de clasificar los componentes de la factura eléctrica. Como verán aquellos y aquellas que se animen a leer el informe, esta nueva clasificación no explica por qué nuestra factura eléctrica es una de las más altas de Europa, sino por qué en ella se paga por partidas tan peculiares como -sin ser exhaustiva-«Pagos por Capacidad», «Contratos de interrumpibilidad», «Costes de Transición a la Competencia», «Pago Déficit de tarifa» o «Adquisición Régimen especial y Primas de Régimen especial».

Por último, en la parte final, el informe cuenta cómo la factura eléctrica, gracias al «invento» contable del déficit de tarifa se transforma en un formidable mecanismo de desposesión. Basten un par de cifras, para hacernos una idea de la magnitud de fenómeno.En 2002, la deuda reconocida por el déficit de tarifa era de unos 1.200 millones de euros (M€). En 2014, superaba los 30.000 M€. Es decir, en España contablemente, cada ciudadano/a debe más de 600 € a las eléctricas y, según parece, como resultado de su titulación, los devolveremos en 15 años a un tipo de interés del 4,76%. La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, es la que, finalmente, conduce a un proceso de doble desposesión.

La desposesión producida por una constante transferencia de renta desde los hogares y las empresas no energéticas españolas hacia los accionistas del sector eléctrico. Y, la desposesión producida por una transferencia de renta y de patrimonio natural (pantanos, vientos, sol y territorio) desde España a fondos de inversión extranjeros y soberanos del mundo, lo que también incide en un empobrecimiento relativo de este territorio a escala global.

Ante ello, el informe concluye citando a don Alberto Bosch, quién, en 1899, al apoyar en el Senado la proposición de Ley sobre la “Servidumbre forzosa de corriente eléctrica”, declaraba estar (…) convencido de que entre las desamortizaciones ninguna más provechosa que la desamortización de la Naturaleza (…).

No prometo nada, pero si después de este breve resumen, todavía hay ánimo para leer el texto completo de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? (así como el conjunto del undécimo Informe Económico del Seminario Taifa), puede que quien lo intente entienda un poco más el complicado mecanismo de fijación del precio de la electricidad en España.

Yo, al menos, al escribirlo me he clarificado mucho las ideas y creo que puedo decir que ya entiendo qué se esconde detrás de la factura eléctrica. Ha sido necesario el tiempo de siete entradas de este blog, la primera de las cuales está fechada en Marzo de 2012 y la que precede a esta, en la serie Intentando entender la factura eléctrica, de junio de 2013, para entender qué hay detrás de tan enmarañado documento. Creo que con el trabajo realizado en el Informe de Taifay esta séptima entrada, doy por cerrada la serie «Intentando entender la factura eléctrica».

 

¿Para quién legisla el Ministro Soria?

Aunque desde el 19 de agosto debo la cuarta entrada de la serie «Financiar la transición», en mi regreso voy a aprovechar la información que estoy recopilando para la elaboración colectiva de un nuevo informe del Seminario Taifa.

Estos días pasados se ha hablado mucho del nuevo cambio legislativo impulsado por el Ministro Soria con el fin de dificultar el llamado autoconsumo eléctrico. Es vox populi que este ministro, desde el inicio de su mandato, está promoviendo cambios en la ordenación del sistema eléctrico que favorecen a unas pocas; las pocas eléctricas agrupadas en UNESA y que constituyen el oligopoly. Ello es cierto, pero muy matizable.

Saskia Sassen en su libro Territorio, autoridad y derechos explica que la globalización consiste en que los estados nacionales desnacionalicen, ayudando a crear redes transfronterizas. que conectan piezas ubicadas en el interior del territorio de los países. en el marco de proyectos globales. Por ello, la globalización no implica la desparición del Estado, sólo supone que éste modifica su función: legisla para desnacionalizar lo que se construyó como nacional, asegurando, así, que dentro las fronteras del territorio se darán las condiciones para que determinadas actividades se integren en «lo global». Este nuevo tipo de estado, explica el auge del poder ejecutivo y la judiciciarización de la vida política, en detrimento de las cámaras legislativas (alta y baja).

Regresando a las eléctricas, y aplicando lo que nos cuenta Saskia Sassen a nuestra realidad, podemos empezar a responder a la pregunta que encabeza la presente entrada del blog. En España es bien sabido que la política energética está en manos del ejecutivo, pues mucho se lleva, en este país, legislando a «golpe» de decreto. Lo que está menos analizado es si estos decretos energéticos han servido para desnacionalizar el sector eléctrico nacional. Dicho de otro modo, ¿el Ministro legisla para UNESA o para que ésta se convierta en una pieza más -ubicada en territorio ibérico- de en un proyecto global más amplio?

Los datos que he estado mirando estos días lo indican. De forma precaria, imperfecta e imprecisa he estado analizando quienes son los propietarios, los accionistas, de las cinco empresas asociadas en UNESA: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP. Empresas, que en la actualidad tienen, según los datos de OMIE, el 65,45% de la cuota de la energía eléctrica en España.

La forma precaria, imperfecta e imprecisa de lograr esta información ha sido buscar la información, que sobre sus accionistas hay, en la base de datos AMADEUS (sólo quién pertenezca a una institución que la tenga contratada podrá acceder a ella). Esta información de pago, pero pública, no es exhaustiva, pues en muchos casos, aunque aparece el nombre, nacionalidad y tipo de accionista, no aparece su porcentaje de propiedad. Por otra parte, visto que. de partida, las empresas de UNESA, salvo aparentemente Iberdrola, pertenecen a una empresa extranjera (ENDESA a ENEL, Gas Natural Fenosa, en un 50% a ENI, Hidroeléctrica del Cantábrico a EDP y Viesgo a E.On), es difícil determinar con exactitud quién es accionista de quién. Así que he hecho lo que he podido para agrupar la información en dos categorías: a) el país en el que los accionistas registran su inversión, y b) el tipo de inversor que dicen ser.

Si la información que he recogido fuera representativa de la realidad,veríamos que «nuestro» Soria, que debería defender nuestro interés general, legisla para intereses particulares, financieros, allende nuestras fronteras. Veámoslo.

En los dos gráficos siguientes vemos de dónde y de qué categoría son los accionistas con participación directa en alguna de las empresas de UNESA.

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

A primera vista, queda claro. Casi tres cuartas partes de los accionistas directos de las empresas asociadas en UNESA  están registrados en el extranjero. Siendo, si exceptuámos el caso de Italia por el Ente Naziole Idrocarburi (ENI), Luxemburgo el segundo «gran» accionista de las asociadas de UNESA.

El tipo de accionistas de las eléctricas, como apunta el segundo gráfico, son fundamentalmente compañías del sector bancario, financiero o equivalente. De hecho, si se tiene en cuenta que buena parte de la categoría «S», correspondiente a inversión guberanamental o estatal, es inversión a través de los fondos soberanos, diremos que casi dos tercios de los accionistas pertenecen a estas categorías. Por otra parte, la categoría «C» es confusa, pues en ella podemos encontrar desde otras empresas energéticas como Repsol o ENI a fondos como Blackrock o Qatar Holding,

Los gráficos que siguen complementan esta información. Éstos reflejan la tipología de quienes poseen acciones de las empresas asociadas en UNESA, pero no son sus «propietarios» directos.

Fuente: base de datos AMDEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Estos gráficos refuerzan lo anterior. A destacar que los accionistas de Qatar aparecen como singularizados, por detrás de los luxemburgueses y que los inversores de Estados Unidos surgen con más fuerza. También confirman que los inversores financieros pesan más que los del sector productivo. Refuerza todavía más esta conclusión el hecho de que, aunque con filiales ubicadas en distintos países,  entre los principales inversores en Iberdrola y Endesa (a través de Enel) se cuentan los fondos soberanos de Qatar y los de BlackRock, una de las principales empresas privadas de gestión de inversiones europeas.

Por tanto, ¿qué nos dicen los datos acerca de para quién legisla el Ministro Soria?

Entendiendo que decir que el ministro legisla para la eléctricas, equivale a decir que legisla para sus propietarios -accionistas del sector bancario, financiero o propietarios de planes…- la conclusión es evidente: cada vez que el ministro promueve un decreto, lo hace  para engrandecer los dividendos de los bancos o la rentabilidad de inversores como BlackRock o como el holding qatarí domiciliado en Luxemburgo, pues esto es lo que hoy en día es UNESA.

Evidentemente a estos accionistas poco les importa si los ibéricos tenemos un buen o un mal servicio de electricidad, aunque mucho les interese la rentabilidad de los activos y actividades energéticos ubicados y desarrolladas en España y Portugal. Dicho de otro modo, el ejecutivo español promueve legislación para que del oligopolio eléctrico extraiga dividendos locales, que irán a parar a fondos de inversión globales. Si no es lo mismo, se parece mucho a lo que nos dijo Saskia Sassen.

Cuando España se enfrentaba a los monopolios confabuladores

Estos días, a ratos, he estado haciendo una somera incursión en la historia de la industria del petróleo en España. Como en tantas otras cuestiones, la historia de la creación de la industria petrolera en este país es poco atribulada, poco afortunada y curiosa.

En 1917, cuando el petróleo en España representaba el 0,3% en el uso final de energía, Joaquín Sánchez de Toca, ministro conservador de la época e hijo del médico que atendió en sus últimas horas al General Prim, escribió una pequeña obra titulada El Petróleo como artículo de primera necesidad para nuestra economía nacional. Según he leído en un artículo de Adrian Shubert, este escrito de Sánchez de Toca es el que inspiró, durante el gobierno de Primo de Ribera a su ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, para realizar la nacionalización del petróleo. Esta iniciativa se plasmó en el Real-Decreto Ley 1141 de 28 de junio de 1927, publicado en la Gazeta de 30 de junio de ese mismo año. En él, después de un “mono” parte sobre el buen estado de salud de la familia real de Alfonso XIII en Londres, se puede leer la exposición de motivos que el mismo Calvo Sotelo hace sobre la ley. En esta exposición se habla del problema del petróleo como uno en primera línea de todos los que modernamente interesan a todos los pueblos.

Fuente: http://www.repsol.com

En el texto se justifica la nacionalización del petróleo, que daría lugar a la creación de CAMPSA, por tres razones. Primero se entiende que la industria del petróleo, por sus efectos de arrastre sobre otros sectores, puede ser uno de los instrumentos para la industrialización del país; segundo se asume que el petróleo es un instrumento básico de la defensa nacional (entiendo que como combustible de la flota marina y aérea); y en tercer lugar, se le ve también como una fuente de ingresos fiscales. Estas tres razones conducen a una de las frases más graciosas del texto, en la que se dice que el nuevo monopolio no significa realmente una instauración, sino tan sólo sustitución; porque de hecho, en materia de petróleos vivimos en régimen de Monopolio en manos de muy pocas entidades privadas cuya confabulación, siempre posible y en derecho estricto difícilmente reprimible, sobre todo si aquellas se amparan en fuero de extranjería, podría ocasionar riesgos gravísimos al consumidor y al mismo Estado, impotentes para desbaratarla.

A tenor de lo que cuenta Adrian Shubert, al final estas entidades privadas, apoyadas por sus gobiernos respectivos, fueron las que desbarataron el proyecto inicial. Este proyecto inicial era crear una empresa petrolera integrada española (con capital y trabajo nacional), cuya participación del Estado había de ser del 30%. Para crear esta empresa, se tuvo que nacionalizar lo que ya existía en la Península Ibérica: Industrias Babel y Nervión, inicialmente de capital francés y comprada por la Standard Oil de Jersey (1925), la Sociedad Petrolífera Española, filial de la Royal Dutch Shell,y otras empresas menores, fundamentalmente francesas, así como integrar a la Sociedad de Petróleos Porto Pi, creada por Juan March en 1925 -cuya emblemática y arquitectónicamente maravillosa gasolinera puede verse todavía hoy en Madrid en la Calle Alberto Aguilera.

Fuente:http://pasionpormadrid.blogspot.com.es/

Ello culminó en una batalla sobredimensionada, vista la minúscula dimensión del mercado petrolífero español de la época (en 1927, sólo el 2,1% del consumo final total de energía tenía como origen el petróleo) y la poca importancia de la Península Ibérica en el juego petrolífero mundial, que no acabó con CAMPSA, pero costó un dineral al erario español y desvirtúo el proyecto inicial de tener una empresa petrolera nacional fuerte. Esta batalla perdida, históricamente tiene su gracia, pues contiene algunos ingredientes relevantes para el relato del devenir de la industria petrolera internacional.

Esta historia transcurre entre 1925 y 1927; año, el primero, en el que quedaron fijadas en Lausana las fronteras entre Turquía e Iraq, incluyendo la región de Mosul, y con ello las concesiones petrolíferas en Oriente Medio; y año, el segundo, previo a que las siete compañías petrolíferas más poderosas del mundo (según Calvo Sotelo, los monopolios privados confabuladores) se constituyeran en las Siete Hermanas y se repartieran, junto a la Compañía Francesa de Petróleo, el mercado mundial. Por ello este pequeño acto, cebollante, de creación de una compañía nacional fuera del ámbito de la gran industria petrolera internacional, pudo ser considerado, por parte de ésta, como un acto de rebeldía que no se debía tolerar. Máxime si se tiene en cuenta, que la única empresa petrolífera implicada en la historia, la de la Sociedad Petróleos Porto Pi, había logrado un acuerdo con las autoridades soviéticas para importar crudo desde la URSS, sólo tres años después de que en la Conferencia de Génova y subsiguientes, se limitaran sustancialmente las relaciones entre la incipiente industria petrolera soviética y la occidental. Ello, aunque ahora podamos pensar que no tenía futuro alguno, rompió la hegemonía de las “grandes” en España y debió ser visto como una disidencia a no permitir.

Es curioso, pero visto en perspectiva, éste debió de ser uno de los momentos de máxima actividad diplomática internacional en torno al sector petrolífero español. Se creó una campaña de boicot internacional y se desestabilizó, a la ya inestable, dictadura de Primo de Rivera. Parece increíble que un país atrasado como España, con un ínfimo consumo de petróleo, por querer crear una compañía de petróleos nacional con participación estatal, creara tal alboroto, pero la moraleja es evidente: el poder del monopolio no se logra por el buen hacer, sino por la exclusión de cualquier atisbo de competencia, por pequeña e inofensiva que esta sea. Esto fue así, cuando esta industria era incipiente, y lo es ahora, cuando está madura y obsoleta.

La diferencia es que, entonces, el gobierno intentó oponerse, en palabras de Calvo Sotelo, a ese poder privado que atenta contra el consumidor y el Estado, mientras que ahora, nuestros gobernantes favorecen su poder. Intuyo que esta debe ser la diferencia entre un conservadurismo nacional y uno globalizado, pues por lo demás, las distas ideológicas entre el gobierno de entonces y el de ahora, parecen pocas.

Contratos de congestión, red eléctrica y espacio político

El pasado 14 de agosto el New York Times publicaba un artículo titulado Traders Profit as Power Grid Is Overworked. Leyéndolo aprendí que existen los contratos de congestión. En el mundo en el que nos ha tocado vivir, ya se pueden imaginar que un contrato con ese nombre es algo malo. Efectivamente, estos contratos son unos instrumentos de cobertura (hedge) que las operadoras regionales subastan, para que los intermediarios se puedan proteger de las variaciones de los precios de la electricidad. Es decir en una red, dicha, liberalizada como la de los Estados Unidos, con diferencias en los precios de la electricidad entre una localidad y otra, los titulares de estos contratos de congestión pueden comprar y vender títulos en función de cómo evolucionen los precios, enriqueciéndose gracias a las diferencias de precios entre un punto y otro de la red.

Imaginemos que en la ciudad A, por las razones que fuere, la demanda de electricidad es superior a la oferta. Ocurrirán dos cosas: se transportará electricidad desde otra localidad y los precios aumentarán. En la situación inversa, en la ciudad B, ocurre lo contrario. Esta es la base par un «mercado de congestión», en el que se pueden comprar y vender títulos relacionados con el hecho de que hay unos agentes que compran la electricidad excedente en la ciudad B, para revenderla en la A. Ello proporciona un beneficio individual, basado en la diferencia de precios, y supuestamente reequilibra el precio en el mercado. En su forma más sencilla, los poseedores de estos títulos actúan como arbitrajistas que equilibran el mercado; en una forma más refinada, pueden actuar como especuladores, jugando sobre las probabilidades de que en un lugar u otro suba o baje el precio, e incluso «atacando» el precio del Kw/h de alguna localidad frente a la otra; y en un mundo financiarizado como el presente, se crea un mercado adicional de títulos derivados y/o colaterales para cubrirse de las posibles pérdidas de este juego. En estos mercados es donde se negocian los contratos de congestión.

A estas «alturas de la película» lo que me llamó la atención, no es que tales contratos existan, pues en el casino en el que vivimos es lo previsible. Lo que me interesó de la noticia fueron dos cosas: la crítica que tácitamente hace a los académicos que se prestan a tales juegos de probabilidades y algoritmos, y la pregunta de «¿y por qué no recibimos nosotros este dinero?» formulada por el Alcalde de Port Mayor, en el estado de Nueva York. Esta segunda pregunta me remite a una de mis múltiples «manías energéticas», que es la de la función política de la red eléctrica.

Stefan Bouzarovski, geógrafo de la Universidad de Manchester y uno de los impulsores del blog sobre vulnerabilidad energética y transiciones urbanas, escribió en 2008 que si uno se interrogaba sobre la función que las infraestructuras tenían en la creación del espacio, se podía pensar sobre the role of energy networks in the articulation of political and economic power across territory. Para mí, este ha de ser uno de los debates fundamentales de la transición energética.

Desde este punto de vista una red eléctrica es mucho más que una forma eficiente de transmitir electricidad de un lugar a otro. Una red eléctrica genera un espacio político, porque genera, en un determinado territorio -local, regional, nacional, transfronterizo o supranacional-, unas relaciones de poder -entre los que generan la energía, los que la emplean, los propietarios de los lugares en los que se genera, transporta y emplea, los distribuidores, etc.-, que se articulan de en función de una estructura de gobernanza. Evidentemente, los criterios que rigen el funcionamiento de esta estructura de gobernanza, tendrán que ver con los valores e ideología de la época. Por ejemplo, algo aparentemente tan banal como que todos los ciudadan@s de un país tengan acceso a la electricidad, al mismo precio, es una decisión política que, probablemente, más tiene que ver con la idea de bienestar y justicia social que una sociedad determinada tenga en un momento determinado, que con una cuestión de eficiencia económica o energética.

Hoy, el principio de una distribución igualitaria de la electricidad a escala nacional está quebrado por la retroalimentación entre tres factores:

a) la crisis del Estado-Nación, que lleva a cuestionar la necesidad de que la política energética sea uno de los pilares de la construcción y mantenimiento de los principios de ciudadanía de la nación, se llame cómo se llame la misma.

b) las políticas neoliberales, privatizadoras, que al dar al sector privado los activos y bienes energéticos, han privatizado de facto el espacio energético -y, por tanto, el político.

c) la mayor diversidad -y visibilidad- de fuentes de energía primaria en el mix energético,que ante la ausencia de una política energética inclusiva, esta propiciando que muchas personas empiecen a reclamar que si la energía que ellos consumen es más barata, porque proviene del aire, el agua o el sol, que la de las centrales de ciclo combinado (caso clarísimo en España), no entienden por qué tienen que pagar el aire al precio del gas.

Si los dos primeros factores, el «a» y el «b», no existieran, la respuesta a estas personas que no entienden por qué pagan una cosa al precio de otra, sería evidente: porque en la política energética, también hay un componente redistributivo territorial, que posibilita que aunque tu vecino viva en la localidad A donde la energía es más cara de generar o más escasa, el excedente -o el menor coste- de la localidad B se distribuye o -reinvierte- para que los habitantes de A, puedan tener el mismo nivel de bienestar energético que los de B. Esa es la razón básica de la construcción de la red eléctrica nacional a mediados del Siglo XX.

Cabe decir que en este esquema anterior, el quejoso Alcalde de Port Mayor, habría dispuesto de los ingresos, aunque fuera indirectamente en forma de suministro eléctrico. Pero, hoy, cuando nos han hecho creer que la forma de asegurar la competencia y liberalización del sector energético era segmentar y privatizar aquellas redes eléctricas que articulaban el poder político y económico a través del territorio, quien genera electricidad en la localidad A, en las condiciones de la misma, considera que el que genera electricidad en la localidad B es un competidor, en vez de alguien que pertenece a su mismo espacio energético. Es más, ambos son vistos como unos suministradores, de los que se puede extraer beneficio monetario, por quien transporta la electricidad entre ambos puntos. Y, todos ellos, son considerados una fuente de pingües dividendos por los fondos de inversión.

Me repito, lo sé, pues mantuve un discurso similar en la entrada Ciudadan@ energétic@ universal, pero el otro día mientras miraba un programa de televisión en el que de forma muy didáctica, con unas mezclas en unas probetas, se explicaba la factura eléctrica en España, volví a hacerme la misma reflexión. Comparto plenamente la reivindicación de que introducir más fuentes renovables en el mix energético abarata, y no encarece, la factura eléctrica, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más. Ha llegado el momento de definir y decir qué espacio político queremos crear con la transición a un modelo energético renovable, si no lo hacemos, en muy poco tiempo, veremos florecer los contratos de congestión, cuyos contratistas se enriquecerán a costa de nuestra buena voluntad; pues las diferencias de coste entre distintas formas de generar energía entre el punto A y B local, serán la base para la creación escandalosa de fortunas individuales.

Siento ser mal pensada, pero éste es mi estigma de economista.

Independentismo, nacionalismo y descentralización energética

Por razones que no acabo de adivinar, estos últimos días estoy falta de ideas e inspiración; tampoco hoy, éstas me sobran, pero, siendo ayer un día especialmente relevante en el lugar en que vivo, Cataluña, he decido introducir algunos elementos al debate independentista que está asolando esta pequeña parte del mundo.

Ayer, hubo cientos de miles de personas en Cataluña exteriorizando su deseo vivir en un estado independiente. Tal como lo siento en este momento, y no lo pensaba hace un tiempo, mucha de la gente que hoy está en cualquiera de las múltiples celebraciones que están sucediendo, lo único que siente es eso, un deseo, una emoción un sentimiento -contagiado, genuino, manipulado, madurado…, me da igual-de que legalmente su situación en el seno de la Península Ibérica cambie. En otras palabras, quieren una espacio en el que se pueda establecer un ordenamiento propio, con una autoridad propia. No tengo tan claro, sin embargo si toda esta gente, más allá del deseo, se imagina cómo será -caso que exista- este futuro espacio político propio.

Mi intuición es que se imaginan un fractal de un estado-nación más amplio, en el que todo será igual, salvo los símbolos nacionales. Mi opinión es que si la secesión de Cataluña llegara a producirse, en el ámbito energético, hay la posibilidad del uso de dos tipos de fuentes energéticas -renovables y fósiles-, que generen dos modelos energéticos -distintas formas de producir y usar la energía final, la centralizada y la descentralizada-, que se conformarían en tres posibles tipos de relación con España. Ante ello, ¿Cuáles podrían ser los escenarios energéticos para una Cataluña independiente? Se me ocurren tres posibles:

1) El escenario en el que no se cambia nada a la situación actual. Se sigue con las mismas empresas y la misma red y lo único que ocurre es que cuando la red pasa -en un sentido u otro- por Aragón o Valencia, cambia de país. En un contexto como el actual, en el que la «política energética», como ya venimos explicando en este blog, ha dejado de ser un servicio público y, por tanto no sujeta al «interés general», ello no debería suponer ningún tipo de problema, más allá de llegar a algunos acuerdos con los gestores de las redes, eléctricas y de hidrocarburos, pues, de facto, el significado del la Ley 54/1997, como ya expliqué, es que el «interés general» de los españoles desaparece. Recuerdo que en España, son las empresas privadas las que deciden. Así si las usuarios finales (desde el Govern al último hogar en Cataluña) tuvieren demanda efectiva -capacidad adquisitiva suficiente para pagar las facturas-, no debería haber ningún problema. De hecho, en parte, esta situación ya existe con Portugal. En este caso, tal vez Cataluña sería políticamente independiente, pero energéticamente tendríamos las mismas dependencias de los grandes lobbies eléctricos y petroleros y, por lo mismo que en España, no tendríamos una política energética que, en puridad, se pudiera llamar nacional; y, evidentemente, formaríamos parte de un modelo centralizado.

Así, si esta fuera la opción, la independencia política no traería nada distinto, ni bueno a los catalanes.

2) El segundo escenario sería no cuestionar el modelo, pero, junto con la independencia cercenar -real o metafóricamente- la red y expropiar el resto del instalaciones del sistema eléctrico-energético en el territorio. Este sería el caso, fractal puro: reproducir lo que ya existe a una escala más pequeña. En las circunstancias actuales, puesto que como muestra Carles Riba i Romeva, Cataluña es la zona de España que más depende de los hidrocarburos y de la energía nuclear, lo más probable sería que la situación energética de los catalanes empeorara todavía más. Perderíamos algunos de los aspectos positivos de las economías de escala que da un «mercado» más amplio; proporcionalmente la energía de origen fósil y nuclear sería más costosa y, seríamos la isla, dentro de la isla energética que ya es España, pues no veo razón para que Francia deje hacer a Cataluña -inter-conectarse e integrarse en la red europea- lo que nunca ha dejado hacer a España. Así, en este caso, la independencia política traería menor independencia energética -de las fuentes energéticas-; un cierto componente nacional, pues tal vez la petroquímica en Tarragona o la nuclear de Vandellós fueran de empresas de catalanes o gestionadas directamente por el Gobierno catalán, pero seguiríamos con muchos de los problemas de una estructura de la industria centralizada y verticalmente integrada. Por todo ello, puestos a escoger, esta opción es, desde mi punto de vista, peor que la anterior, aunque reconozco que si de verdad se pudieran crear unas empresas nacionales y estatales fuertes, las cosas, al menos para las usuarios finales, podrían ser mejores. Sin embargo, descarto esta opción porque en las circunstancias actuales me cuesta imaginar que las grandes transnacionales energéticas permitieran tal política nacional a la «antigua usanza».

3) El tercer escenario es que la independencia política trajera un nuevo modelo energético. Una secesión energética que creara un nuevo modelo, que por surgir de un territorio relativamente pequeño y sin otros recursos que el sol, el viento y el agua, lógicamente debería ser renovable y descentralizado. Como he argumentado y afirmado en varías de las entradas de este blog, esta es la mejor opción para tod@s los ciudadan@s del mundo. Este sería realmente el único modelo independiente -de las fuentes y de los monopolios energéticos-, local, distribuido y descentralizado. Sin embargo, como explicó Lewis Mumford, Armory Lovins y Hermann Scheer, por citar a algunos autores de referencia; y como defienden aquí cooperativas como Som Energia y el Col.lectiu per un nou model energétic i social sostenible (CMES), así como tantos otros, apostar por este tipo de modelo es apostar por un modelo político distinto, local, verdaderamente participativo y democrático. Ello, desde mi punto de vista, es sentar las bases para una nueva forma de hacer política basada en el profundo convencimiento que un o una ciudadana por el hecho de serlo es un sujeto político y de derecho; basada en el convencimiento que lo que garantiza nuestros derechos fundamentales es la forma de organización de la polis; y, basada en el convencimiento, que las democracias se construyen en horizontal y no en vertical. Todo ello, va mucho más allá del sentimiento nacional y tiene que ver con la razón.

Por tanto, después de ayer, donde quedó claro que, hoy, ese sentimiento existe para muchos, lo que nos queda es preguntar si seremos capaces de crear una forma política distinta de la actual. Para responder a ello podríamos empezar construyendo algo más «pequeño» como un nuevo modelo energético, local y descentralizado. Si la «política» ayuda a que los ciudadanos construyamos esta base para sostener la organización política del futuro, canalizar alguna especie de espacio político catalán, distinto del actual, podría merecer la pena. Caso contrario, mejor nos olvidamos, pues para vivir con lo mismo, pero con otro pasaporte, el calvario, sufrimiento y frustración que este proceso puede suponer a ambos lados de «la frontera», desde mi punto de vista, será vano.

Reformas en el sector eléctrico ¿Y si el infierno existiera?

Estos días el «mundo energético» está siendo sacudido por una serie de propuestas de Real Decreto, entre las que destacan las que regulan el autoconsumo y la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  Esta última propuesta me la hizo llegar un amigo de la blogosfera, trabajador del sector eléctrico renovable y muy preocupado por su futuro laboral y el de sus colegas. Él interpreta mejor que yo el significado contable de la propuesta, pero consideró que uno de mis comentarios sobre la exposición de motivos de la misma merecía una entrada en este blog. Así que allá voy. Aunque, honestamente, no tengo muy claro si lo que diré es cierto o es el fruto de la furia que una profesora de la materia siente por lo maltrecha que está la práctica de la política económica en nuestro mundo.

Mi anterior entrada ya versaba sobre el significado de algunas de las frases de la exposición de motivos de la Ley 54/1997. Esta versará sobre la propuesta que se hizo el pasado 16 de julio de 2013. En ésta, una vez más, se disimula la carga política e ideológica que hay detrás de la reforma, pues fundamentalmente se viste como un cambio en el régimen retributivo del sector de las renovables. Como si no se cambiara nada en el ámbito real, sólo que lo que antes se retribuía de una manera, ahora se retribuirá de otra. Otra, que se define como rentabilidad razonable. Anecdóticamente, concepto curioso éste, pues tal como está en la propuesta, la rentabilidad razonable es para los proyectos financiados con recursos propios (¿?) y que, por lo que se calcula, acabará proporcionando una rentabilidad de en torno al 7 o 7,5%. Efectivamente, una inversión que dé esa rentabilidad no está mal, es razonable, pero está claro que este no es el problema.

Uno de principales  problemas de esta propuesta, como ya ha señalado mucha gente, es que el cambio en las reglas del juego a mitad de partida, expulsará del sector a aquellos que habían realizado sus inversiones con los criterios anteriores, fundamentalmente los que invirtieron en las tecnologías más antiguas: fotovoltaica y eólica. A este respecto, incluso hay quien habla de expropiación encubierta.

Otro de los problemas es decir, como hace el texto, que …la nueva metodología establece una retribución a la inversión que se calcula en función de la potencia instalada y no la energía generada….. Dicho de otro modo, se pasará a remunerar en función de cuánto se ha invertido -de el potencial de oferta- en vez en función de cuánta electricidad real tendremos y en qué condiciones accederemos a ella los usuarios finales. En este nuevo criterio, la energía generada pasa a un plano secundario y lo relevante es la capacidad. Es decir, la propuesta de Real Decreto sustituye el sistema de tarifa vigente por el de incentivos a la inversión.

¿En qué contexto el legislador realiza este cambio? El escenario es el de la Ley 54/1997 en la que se nos dice que el suministro público deja de ser un servicio público y que ya no existirá planificación imperativa en el sector, y el principal actor del sector es un oligopolio articulado en torno a UNESA. Como ya argumenté, ello es la causa de buena parte de los excesos de capacidad y extra-costes del sistema eléctrico de la Península Ibérica y, por ende, del déficit de tarifa.

Ante ello, mi lectura de la nueva propuesta de Real Decreto es que consolida un sistema eléctrico basado en las decisiones de los inversores privados, a los que, en primera instancia, se les remunera la inversión y no el servicio -antes público- que debieran prestar a la sociedad. Desde el punto de vista de la política económica ello significa que lo que aquí se está dirimiendo es quién decidirá la política energética del futuro. Primar la inversión en capacidad, en vez de el producto final, significa, si no hay consideración de servicio público ni planificación imperativa, fijar quiénes decidirán qué y cuánto producen, para quién y a qué precio. Es decir, establecer, quiénes lideran el futuro del sistema eléctrico de la Península Ibérica.

Conceptualmente, como le decía a mi amigo, hay una diferencia abismal entre regular la producción y el precio final de un bien (el antiguo sistema de tarifa) o regular la inversión en capacidad. No me gustan los términos, pero lo que se está pertrechando es un «mercado» en el que se remunera al oferente por serlo, pero no por lo que ofrece, que es casi el anatema del concepto mismo de mercado. La inversión -de capacidad de generación de electricidad- sólo determina quién puede -tiene la capacidad de- producir, pero no lo qué se produce ni en qué condiciones. En otras palabras, es cargarse el último vestigio de servicio público que tenía el ordenamiento de «nuestro» sistema eléctrico. Además, si lo que se asegura fundamentalmente es la rentabilidad razonable a la inversión y no a cuánto se cobrará -o pagará- la electricidad, ya ni les cuento.

En resumen, aunque no sea fácil ver la diferencia, este Real Decreto va más allá de expulsar a una potencial competencia -de UNESA- creada y consolidada al amparo del sistema de primas a las renovables; este Real Decreto acaba definitivamente con un ordenamiento en el que el uso de la electricidad se consideraba un derecho básico y en el que, por tanto, el ordenamiento se dirigía a asegurar el suministro a los ciudadanos -y empresas, claro-, porque la energía era considerada un servicio público.

Es claro que el Real Decreto no dice quiénes serán estos inversores, pues, a la luz de las fórmulas del Título V del mismo, son iguales los pequeños que los grandes, pero ahí sí que creo que nadie se lleva a engaño, pues en un sistema capturado como el nuestro, todos sabemos que UNESA siempre gana. Si este Real Decreto se llega a ratificar y aplicar, no habrá escapatoria posible, pues mientras éste regula quiénes van a estar dentro y quiénes fuera del sistema, su hermano gemelo -el que regula el autoconsumo- constriñe las soluciones alternativas individuales, colectivas, cooperativas o locales

¡Qué quede claro, nos están expulsando del sistema! Soñemos…. ¿que pasaría si el infierno existiera?

Filólogos del sector eléctrico y déficit de tarifa

Precio voluntario al pequeño consumidor, así es como gracias a la enésima, y prometen que última, reforma del sector eléctrico se pasará a llamar la actual Tarifa de Último Recurso (TUR). Como la TUR, hasta ahora, era la tarifa que te aplicaban las Comercializadoras de Último Recurso (CUR), entiendo que éstas, de aquí poco se convertirán en el voluntariado eléctrico. No sé, para mi que el mayor activo que tienen las eléctricas es un artista del lenguaje y de la palabra. No pensaba iniciar así esta entrada, pero es que la realidad supera la ficción ¿Cómo se atreven?, ¿precio voluntario al pequeño consumidor? Parece un chiste, salvo que por «voluntario» se entienda -y perdónenme la expresión- «el precio que les dé la gana». Seguro; ha de ser esto, ya que lo contrario significa que, además de expoliarnos, se burlan de nosotros.

La pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cómo hemos creado unas estructuras de poder tan grandes que han logrado que las reformas del sector eléctrico, no se destinen a reformar a este sector, sino a consolidar el poder de las empresas que lo componen y a asegurar que los ciudadanos -que todavía podemos pagar la factura- les financiemos todos sus caprichos, veleidades y pelotazos. Piénsese que, por lo que se dice, todas las últimas reformas tienen como único propósito actuar sobre el déficit tarifario; pero ninguna de ellas tiene el objetivo de acabar con las causas del mismo.

A estas alturas, ya es conocido que en España hay un desfase entre los costes regulados del sector eléctrico, la tarifa y el precio al que las comercializadoras y generadoras pactan la compra de electricidad. Este desfase es el déficit de tarifa. Así que la cuestión es ¿por qué antes no existía déficit de tarifa, y ahora sí? La respuesta la dio Ana Marco, el pasado 29 de junio en una sesión de formación organizada por el Grup local de Barcelona de Som Energía. Ella, con una breve pincelada explicó lo que para mi, a día de hoy, es la interpretación más lógica y convincente que he oído sobre el por qué del déficit.

Legislativamente, el origen de todo este despropósito está en la Ley 54/1997 del Sector eléctrico. Esta ley es la traducción legislativa de la aceleración de las privatizaciones del sector que se produjeron a finales de los 1990, durante el primer gobierno de Aznar. En el preámbulo de esta ley se puede leer lo siguiente: … a diferencia de regulaciones anteriores. la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro su calidad y su coste no requiere (…) que el Estado se reserve para si el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro Así. se abandona la noción de servicio público, (…)  sustituyéndola por Ia expresa del suministro a todos los demandantes del servicio dentro del territorio nacional (…) el sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal desarrollado por el Estado (…) La gestión económica del sistema, por su parte, (….) abandona la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión (…), que es sustituida por una planificación indicativa (…) que puede facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos.

Perdonen que me haya extendido en la cita, pero es que tiene mucha miga. Lo primero y evidente es decir que el suministro eléctrico deja de ser un servicio público. Esta frase habla por sí sola, es clara y nada ambigua. Pero, lo segundo y lo tercero lo es menos. Decir que la noción de servicio público se sustituye por la de «suministro a los demandantes», es una frase digna del mismo artista del lenguaje que hace un par de días, con la nueva reforma, nos regaló la perla del «precio voluntario». Tal como yo interpreto esta frase, lo que nos dice el legislador es que lo que antes era un servicio público, ahora se traduce en la «obligación» de suministro al demandante. El demandante, no es el ciudadano o ciudadana, el demandante, en economía neoclásica, es el que accede al mercado y, por tanto el que tiene demanda efectiva. Traducido; el que tiene suficiente capacidad adquisitiva para estar en ese mercado. Por tanto, la Ley 54/1997, establece que el sistema eléctrico -¿las empresas?- deberán suministrar electricidad a quienes les puedan pagar. Piensen el alcance de ello en una estructura monopolista como la eléctrica.

La tercera cuestión que quería resaltar de este preámbulo de Ley es el significado del fin de la planificación determinante por la indicativa. Esta parte es la que más me impresionó de lo que nos contó Ana Marco. En términos de política energética esto quiere decir que, en el anterior sistema, en el de planificación determinante, se hacia una previsión estatal de cuánto producir, para quién y a qué coste. Ello se traducía en la construcción de más o menos plantas generadoras (térmicas fósiles, hidroeléctricas o nucleares), en una determinada red de transporte y distribución y en unas tarifas concretas. Estas plantas, podían ser privadas o públicas, pero si se construían era porque así «lo solicitaba» el ministerio de industria y energía y si «se paraban» lo mismo. De ahí, la justificación de conceptos como la moratoria nuclear, pues se asumía que el parón de las nucleares fue un «fallo» de previsión del planificador y que, por esta razón, se tenía que compensar a las empresas que realizaron las inversiones. O, de ahí, que se aceptara que pagáramos (en la factura o a través de Presupuestos Generales del Estado) un «exceso» de capacidad de algunas centrales térmicas, pues se consideraba -equivocadamente, o no- que era bueno tenerlas por si el sistema tenía algún fallo.

Así, en este sistema los usuarios finales de la energía, fuera a través de la factura o a través de distintas figuras impositivas, compensábamos a empresas del sector en aras al aceptado interés general (no tener nucleares, mantener puestos de trabajo en la minería del carbón…) o pagábamos un extra por tener mayor seguridad en el sistema.

Decir, como hace la Ley 54/1997, que la planificación será indicativa para que los agentes económicos (véase las empresas del sector) decidan las inversiones a realizar, en la práctica se ha traducido en que éstas realizan las inversiones que desean, aun a riesgo de que el sistema eléctrico tenga un exceso de capacidad. El ejemplo más claro lo tenemos con las centrales de ciclo combinado. Ya he hablado de ellas en entradas anteriores. Si no me equivoco, éstas empezaron a funcionar en el año 2002 (curioso, el año que empieza la deuda acumulada hacia las eléctricas), y si los datos que proporciona invertia son ciertos, han costado 13.161,8 mil millones de €. Gas Natural Fenosa y Endesa son, junto a Iberdrola, sus principales propietarias. Hoy, como también dije entradas anteriores, estas centrales están más que infrautilizadas y, según los informes de Red eléctrica española, la tendencia es a la baja ¿A qué se debe este despropósito? Muy sencillo a que cuando, la planificación del sistema eléctrico dejo de ser imperativa y paso a ser indicativa, las empresas del sector decidieron que se invirtiera esta millonada en un sistema en el que ya se tenían las nucleares, las térmicas y la energía hidroeléctrica; y, en coincidencia con el arranque de electricidad de origen eólico y la solar.

En coherencia con la Ley 54/1997, si el suministro de electricidad ha dejado de ser un servicio público y si son los agentes privados quienes deciden las inversiones para satisfacer la demanda, lo lógico sería que si no hay suficiente demanda, para el exceso de oferta -de capacidad- que se tiene, las empresas privadas asumieran el cierre de sus instalaciones. Pero no. En España nos inventamos el déficit de tarifa. Ya que he llegado a la conclusión que conceptualmente, el déficit de tarifa es, sobre todo, el exceso de costes fijos -de inversiones realizadas y capacidad excedente- en el sistema eléctrico español.

Para mi, a estas alturas, si dejamos de lado el transporte y la distribución, del que hablaremos otro día. Hay tres categorías de costes fijos: a) los heredados de la planificación anterior, nucleares y térmicas del carbón; b) el exceso de inversión en capacidad, que se da, sobre todo, en las centrales de ciclo combinado, y c) el de las inversiones en nuevas tecnologías dirigidas a realizar la transición energética hacia un modelo distribuido y renovable.

Las tres se confunden en ese paquete de costes regulados, peajes y pagos por capacidad que pagamos en nuestra factura y que, en muchos casos, inciden sobre el déficit, pero en términos de política energética significan tres cosas muy distintas. La categoría «a» forma parte de un modelo energético del pasado, que por razones diversas se decidió cambiar y, hasta donde sea razonable, se acordó que compensaríamos a los perdedores. La categoría «b» forma parte de un «no» modelo, fruto de la falta de política energética real, en la que un colectivo realizó unas inversiones equivocadas y capturó la actuación del ministerio de industria y energía, logrando que otros paguemos su error. Por último, la categoría «c» debería formar parte del nuevo modelo energético que queremos para el país, caso que volviéramos a tener algo que se le pudiera llamar, sin rubor, política energética.

Para mi, si se hace de forma clara y no abusiva, lo primero es justo que se pague; lo tercero debería pagarse; y lo segundo ha de desaparecer de la factura y/o de los presupuestos. Sin embargo me temo, que éste no es el mismo criterio del legislador, pues lo segundo es lo que engrosa, día a día, la deuda acumulada, engañándonos al hacernos creer que estamos pagando por una capacidad que se planificó, desde el gobierno, imperativamente. No. Esta capacidad no es fruto de una planificación y de una política energética, digna de tal nombre, es el fruto de cuando se dejó de considerar al suministro eléctrico un servicio público y de cuando aquél paso a dirigirse a los demandantes efectivos.

Intentando entender la factura eléctrica (6)

Escrito por alguien del sector. Claro, comprensible y honesto….Un folletín de Behind the Grids, en dos entradas sobre ¿qué pagamos con la factura de la luz? Véanse la parte 1 y la parte 2

La gaseosidad del gas en España

El pasado 6 y 7 de junio se celebró en Madrid el X Simposio Hispano-Ruso. En él, mi amigo y colega de la Universidad de Valencia, Antonio Sánchez Andrés, presentó una ponencia sobre la Política económica y elites en España: el caso de la política energética. Próximamente, esta ponencia será publicada, y por tanto, estará al alcance de todos, pero antes, le he pedido permiso para que me dejara comentar tres aspectos de la misma en el este blog.

El primero de ellos es la conclusión de la ponencia que, aunque es perfectamente conocida de todos, hasta que la situación no cambie, tenemos el deber moral de seguir recordándola día tras día: el resultado de la política energética que se está realizando en España, aunque se diga que su objetivo es cualquier otro, es mantener la situación de las elites -energéticas, se entiende- que le dan soporte. Y, como nos dice Sánchez Andrés, esos sectores y agentes económicos se transforman en grandes constreñidores de la salida de la crisis en España.

El segundo aspecto, que es el que inspira esta entrada, es la situación del gas en España. Hace unas semanas, como posteriormente relató Ignacio Cembrero en El País, corrían rumores sobre un cambio en las relaciones gasísticas entre España y Argelia. Este es un tema que siempre dispara alertas, pues, en esta parte norte del Mediterráneo, existe la percepción de que estamos a merced de los argelinos. Llevo años argumentando lo contrario, y lo divertido es que ésta vez la noticia iba en mi sentido, pues como explica Cembrero en Argelia hay preocupación por si España reduce las compras de gas que se hacen en el país vecino.

Para una defensora de las formas de producción de energía descentralizada, como yo, saber que se reduce el uso de una fuente de energía fósil, que da lugar a grandes unidades  generadoras y comercializadoras de gas, lo anterior sería una buena notica, pero como ya expresé en una entrada anterior, tal vez, antes de hacer algo así, deberíamos pararnos a pensar. Con la idea de que «una imagen vale más que mil palabras», vuelvo a adjuntar el mapa de la red gasística en España. En él se observa la magnitud de las infraestructuras gasísticas actuales: 6 plantas de regasificación (7 si se incluye Portugal), más tres en construcción, dos de ellas en las Islas Canarias, a lo que le debemos sumar dos gaseoductos que parten de Argelia y llegan a la Peninsula Ibérica, uno a través de Marruecos y otro, directamente a Almeria.

Fuente: CNE

Visto que, ya hoy, estas instalaciones están muy infrautilizadas, me pregunto, una vez más, si lo más sensato es cerrarlas para ir acrecentando los emplazamientos de ruinas energéticas.

Para mi, a día de hoy sólo hay dos argumentos para no cerrarlas: el enorme gasto realizado en algo que no vamos a utilizar, pues me parece indecente; y que, cuando de calefacción hablamos, el gas natural es una fuente energética que sufre poca transformación y que, por tanto, en términos físicos es muy eficiente, pues del gas que sale de Argelia, el 75% es empleado en casa.

Por lo demás, todo son argumentos en contra. Empezando, como nos muestran los itinerarios energéticos de Ramon Sans, porque esta eficiencia energética no se mantiene cuando hablamos de transformación de gas en electricidad, ya que, además de cara, en el proceso -en una central térmica de gas- derrochamos casi el 70% de la energía inicial del gas y, en una de ciclo combinado, el 55%. Y, acabando, por lo que se adivina en el mapa: el poder que subyace detrás de esta red de gas, pues muy pocas empresas son las que controlan este enjambre de tubos, instalaciones y plantas gasísticas.

Hemos hablado hasta la saciedad del monopolio eléctrico, que también participa en el «mundo del gas», pero pocas veces se habla del poder de las empresas gasísiticas en España. Aunque el «mundo del gas» sea más reducido que el de la electricidad; por lo que se refiere al gas -digamos el no eléctrico-, una sólo empresa acapara aproximadamente el 60% del mercado español: Gas Natural-Fenosa. Esto, se mire por donde se mire, es un monopolio, que además es verticalmente integrado, pues su actividad va desde los yacimientos en Argelia a los consumidores finales en cualquier localidad de la Península.

Los efectos de este poder son los que mi amigo Antonio Sánchez, intenta valorar. Él ha intentado cuantificar el porcentaje de las diversas actividades (desde la importación del gas hasta la comercialización al usuario final) en el precio del gas. Sus datos, hablan por si solos. En el año 2012, más del 55% del precio final del gas -antes de impuestos- se debe a la comercialización. Es decir, por cada 100 euros (antes de impuestos) que paga, un español, en la factura del gas, otorga una renta de monopolio de más de 55 euros a «nuestra» comercializadora. En Francia, país vecino, en el que existen esas empresas quasi-estales -criticadas por no estar sujetas a la competencia-, en el mismo tramo de actividad, los 55 euros de España, se convierten en 8 -y, sin posibles trampas del tipo de cambio. Por tanto, como dice mi amigo, esto pone de manifiesto una situación absolutamente irregular. Situación absolutamente irregular de la que poco se habla y, lo que es más grave, de la que históricamente se acusa, tácitamente, a los argelinos.

Esto tiene que ver con el tercer aspecto que quería destacar de la ponencia, pues la unión de una política energética dirigida a mantener el poder de las elites del sector y el poder de monopolio de las mismas, conlleva dos hechos: a) la transferencia de renta desde los usuarios finales -ciudadadanos y empresas no energéticas- hacia los accionistas y propietarios de las empresas energéticas, y b) como escribe el propio Sánchez Andrés, el encarecimiento de la segunda partida de costes de las empresas, la de los costes energéticos.

Lo primero, claramente, inicidirá en una disminución de la renta que los ciudadanos podríamos destinar al consumo y, las empresas, a la inversión productiva. Con ello, se añade un elemento más de ajuste y recesión a nuestra maltrecha economía, pues el resultado directo de la política energética del gobierno es reducir la demanda agregada y, de ahí, el producto interior bruto. Lo segundo, en cambio, incide directamente sobre la competitividad -al menos tal como la medimos hoy en día- de las empresas ubicadas en España. Aquí, si cabe, la cosa es todavía más perversa, pues mientras se hace una reforma laboral que tácitamente -o no tanto- sólo tiene como objetivo disminuir los costes salariales y aumentar la competitividad por esta vía, se hace una política energética que para el beneficio de muy pocos, incrementa los costes energéticos; contrarrestando lo «logrado» con la reforma laboral.

Me perdonarán, pero me desespero. No me puedo creer que nuestro Ministro de industria no sepa que la política energética es una política sectorial, con efectos transversales sobre todos los objetivos últimos de la política económica (crecimiento, empleo, inflación, equilibrio externo, distribución de la renta, medio ambiente), y no una política dirigida única y exclusivamente a favorecer las rentas monopolísticas de unos pocos. Por todo ello, pido a Bruselas, a la Troika, al FMI o a quién corresponda, que obligue a nuestro gobierno a hacer una política energética dirigida a reducir las rentas de monopolio, así tal vez podríamos acabar con una reforma laboral, cuyo único proposito es reducir las rentas salariales. Sé que es una demanda ingenua, pero nunca está de más probarlo.