Doblete de tarifa elèctrica a la Directa

En el marc d’una col·laboració entre la Directa i el Seminari d’economia crítica Taifa, aquest medi està publicant una sèrie d’articles que donen a conèixer el contingut de l’Informe sobre la despossessió de la vida quotidiana. Per cert, amb unes fantàstiques il·lustracions

En els darrers mesos han publicat un parell d’articles, escrits per mi mateixa sobre com la tarifa elèctrica a Espanya ha passat de ser un dels mecanismes de redistribució de l’estat a ser un mecanisme de despossessió.

Si us interessa la seva lectura; el primer va ser publicat el darrer 3 d’abril amb el títol, Tarifa elèctrica: d’instrument de redistribució a mecanisme de despossessió, i el segon, el 7 de maig amb el títol Tarifa elèctrica: el misteri de la factura de la llum.

Desitjo que gaudiu de la lectura, i, a veure què decideixo aquestes vacances sobre la continuïtat d’aquest blog.

Mala transición energética

Esta mañana me dirigía a una de las primeras celebraciones navideñas del año, con un jamón debajo del brazo, y al llegar al Paseo de Gracia, casi tocando a Plaza Cataluña (en Barcelona), he hecho la foto que aquí les muestro.

Ya ven de qué se trata. Es un cargador para vehículos eléctricos, que pone al servicio de los ciudadanos y ciudadanas l’Ajuntament de Barcelona, en el marco del proyecto de convertir a la Ciudad Condal en una Smart City. Cargador que, a día de hoy, creo que gratuito.

Así, la parte izquierda de la foto es la buena; la que muestra el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno municipal para favorecer el cambio al coche eléctrico. La parte derecha, en su parte superior, sin embargo, es la mala. Allí es donde vemos quién suministra la electricidad al ingenio; ¡Endesa!

Ha sido al ver esto, cuando he decidido parar, hacer marcha atrás, bajarme a la calzada, hacer un pequeño equilibrio con el jamón y disparar la fotografía. Primero he pensado en simplemente hacer un tweet con ella, pero, como ya me ocurrió con la entrada anterior, después he pensado que aunque hiciera una breve y percipitada entrada, el comentario requería algo más que 140 carácteres.

Acabo de mirar lo que escribí cuando inaguré nuevas cartografías de la energía. Entre otras cosas, en el apartado «sobre este blog» se puede leer que éste no pretende hablar de fuentes energéticas, sino de relaciones energéticas y que en el blog, el criterio de favorable o desfavorable se adoptará en función de en qué sentido cada una de las cuestiones tratadas incide en la transformación de las relaciones económicas, sociales y políticas. Al ver hoy el cargador eléctrico de Plaza Cataluña, he pensado que con este criterio, y a a la luz de esta electrinera, la apuesta por el coche eléctrico que se está haciendo -no sólo- en Barcelona es de tipo «mala».

Apostar por un coche eléctrico que se ha de cargar en unos artefactos conectados al sistema eléctrico que controlan las grandes empresas monopolítsicas eléctricas, es una pésima opción. Pues si bien, puede que implique un cambio de fuente energética -y está por ver, porque podría muy bien ser la electricidad se genere con carbón, uranio, gas o petróleo-, no modificará sustancialmente las relaciones -de poder- energéticas actuales.  Es más, la situación incluso puede empeorar, pues deberemos sumar a nuestro consumo doméstico o empresarial, el del transporte. Por ello, considero que este tipo de iniciativas son nocivas, pues no incidirán favorablemente ni en una mayor democratización de las relaciones energéticas ni en la transformación de las relaciones económicas, sociales y políticas.

Para mi este es un ejemplo de cómo no se debe enfocar la transición. Tengo, ya, grandes dudas si la «gran» apuesta que se está haciendo desde el ámbito municipal -en muchas ciudades europeas, no sólo Barcelona- por el coche eléctrico es la adecuada, pues tiendo a pensar que la apuesta correcta sería favorecer, al menos en el espacio urbano, el transporte público colectivo, en vez del coche de uso individual -o de dos, tres o cuatro pasajeros; pero sobre lo que no tengo ninguna duda es que, si se sigue apostando por el coche eléctrico, su forma de carga bajo ningún concepto  debería depender de unas infraestructuras y un cable, al final del cual, centenares de kilómetros allá, nos encontráramos una gran central eléctrica de una gran compañía idem.

Creo, y sé que lo que diré es un poco fuerte, que mientras no seamos capaces de asegurar lo anterior, las ciudades no deberían apostar por el coche eléctrico. Como he dicho otras veces, a estas alturas, estoy convencida de que la transición energética -en mayor o menor grado- hacia un modelo eléctrico y renovable se va a producir, y por ello, la cuestión  ya no es esta. La cuestión es cómo será este modelo, si ¿uno distribuido y decentralizado? o ¿uno centralizado?, pues de ello dependerá que esta transición nos conduzca, o no, hacia un nuevo modelo, político y social, más democrático. Por esta razón, y para mi hoy, este es el verdadero reto que hemos de afrontar.

 

 

 

El déficit de tarifa como mecanismo de desposesión o Intentando entender la factura eléctrica (7)

Hace unas semanas, después de muchos meses de trabajo, el Seminario Taifa publicó su undécimo Informe de Economía. Éste, que se puede adquirir en papel o descargar en línea, se titula La desposesión de la vida cotidiana.

Es un trabajo colectivo en el que se pretende explicar cómo la crisis, y sobre todo cómo las estrategias del capital para salir de la misma, inciden en las cuestiones más básicas de nuestra vida cotidiana. Entre estas cuestiones, también se dedica un capítulo a la cuestión del llamado «déficit de tarifa».

La redacción de este capítulo (páginas 111-126 del pdf o singularizado en htlm), cuyo título reza ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? corrió de mi cuenta y en él se hace una interpretación de Economía política sobre el significado de la factura. Así, en el informe ésta se explica como el resultado de un conflicto de poder.

Para animar a la lectura del informe, presento aquí algunos highlights del citado capítulo, aunque releyendo el cómo me ha quedado, de tostón, esta entrada, estoy segura que la lectura directa del informe será más ligera, coherente, instructiva y amena.

¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se divide en cuatro grandes apartados.

En el primero, que coincide con la introducción, se realiza una breve explicación sobre la función política-económica- de la factura. En esta introducción se cuenta cuál debería ser la función de la tarifa eléctrica -que se refleja en la factura. Ésta, conceptualmente, está pensada como un instrumento de redistribución, para que en un espacio político determinado, sea un municipio, una región, un estado o una entidad supranacional, todo el mundo tenga el mismo derecho de uso de electricidad y al mismo precio. A partir de esta definición, se apunta a que, como otros instrumentos redistributivos en el mundo contemporáneo, la factura de la luz se puede acabar convirtiendo en un mecanismo para la transferencia de ingresos diversos (de recursos) desde el conjunto de la sociedad hacia el sector eléctrico.

El segundo apartado parte del gráfico que muestro a continuación. El objetivo del mismo es ilustrar sobre los elementos  que inciden el el sistema eléctrico y que, por ello, han de tener reflejo el el coste y precio final de la energía; el que se acaba reflejando en la factura.

Este gráfico es útil para visualizar que entre la factura que -y perdón por la redundancia- facturan las compañías eléctricas y los usuarios finales, hay todo «un mundo» de actividades y de potenciales conflictos entre quienes generan electricidad a partir de distintas fuentes (parte superior del gráfico), entre quienes realizan distintas actividades en la cadena eléctrica (parte central del gráfico) y entre los propietarios de las empresas, que quieren obtener el máximo posible de beneficios y la autoridad política distribuidora o reguladora.

De ahí, que en el texto se sostenga que el precio final de la electricidad será el resultado de cómo se acabe resolviendo el conflicto existente entre los distintos tipos  de agentes que intervienen en el sistema eléctrico (propietarios de empresas de diverso tipo, el regulador público y los usuarios finales).

La tercera parte de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se introduce con un gráfico, de Iberdrola -el mismo serviría para Endesa u otra empresa del oligopolio eléctrico de la Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA).

En este gráfico queda muy claro que menos del 40% de la factura se debe a los costes reales de generación, transporte, distribución y comercialización de la actividad. Por tanto, la pregunta que surge al mirar este «quesito» es obvia: ¡¿a qué se debe el más del 60% que las familias y empresas españolas pagamos mensualmente?!

La respuesta de Iberdrola  es que ese 60% «no va con ella», ya que en su opinión se trata de impuestos y recargos ajenos, debidos a la mano de los políticos y de los reguladores. Obviamente, esta no es la respuesta que el Seminario Taifa da a ese 60%.

Nuestra explicación es que ese «misterioso» porcentaje es el precio que en España se paga por un conflicto no resuelto: el que existe entre el oligopolio de UNESA  y el resto de la sociedad. Conflicto, extremadamente  asimétrico y cuyo resultado siempre favorece, en mayor o menor medida, al primero. Es decir a las empresas que históricamente -aunque posteriormente se añadiera la electricidad nuclear y al gas- han generado la electricidad a partir de grandes centrales hidroeléctricas o térmicas y que, además, han controlado el ciclo completo del proceso, desde la generación a la comercialización.

Con esta explicación en la mano, el informe entra de lleno a explicar los distintos componentes que, hoy, configuran el «misterioso» 60%. Argumentamos que éstos se corresponden a una compensación –regulada- que el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a UNESA, reclama a la administración ante el riesgo potencial de perdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio. Así, el 62% restante que, según Iberdrola es ajeno a ella, es una compensación que recibe el club de las eléctricas las eléctricas o el mecanismo financiero de adaptación de las empresas “históricas” a los cambios en la industria (aparición de nuevas técnicas de generación) y a los cambios en el sector (nuevos agentes competidores o cambios en el contenido y la regulación del “servicio público”).

Ante esta conclusión, se propone una nueva forma de clasificar los componentes de la factura eléctrica. Como verán aquellos y aquellas que se animen a leer el informe, esta nueva clasificación no explica por qué nuestra factura eléctrica es una de las más altas de Europa, sino por qué en ella se paga por partidas tan peculiares como -sin ser exhaustiva-«Pagos por Capacidad», «Contratos de interrumpibilidad», «Costes de Transición a la Competencia», «Pago Déficit de tarifa» o «Adquisición Régimen especial y Primas de Régimen especial».

Por último, en la parte final, el informe cuenta cómo la factura eléctrica, gracias al «invento» contable del déficit de tarifa se transforma en un formidable mecanismo de desposesión. Basten un par de cifras, para hacernos una idea de la magnitud de fenómeno.En 2002, la deuda reconocida por el déficit de tarifa era de unos 1.200 millones de euros (M€). En 2014, superaba los 30.000 M€. Es decir, en España contablemente, cada ciudadano/a debe más de 600 € a las eléctricas y, según parece, como resultado de su titulación, los devolveremos en 15 años a un tipo de interés del 4,76%. La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, es la que, finalmente, conduce a un proceso de doble desposesión.

La desposesión producida por una constante transferencia de renta desde los hogares y las empresas no energéticas españolas hacia los accionistas del sector eléctrico. Y, la desposesión producida por una transferencia de renta y de patrimonio natural (pantanos, vientos, sol y territorio) desde España a fondos de inversión extranjeros y soberanos del mundo, lo que también incide en un empobrecimiento relativo de este territorio a escala global.

Ante ello, el informe concluye citando a don Alberto Bosch, quién, en 1899, al apoyar en el Senado la proposición de Ley sobre la “Servidumbre forzosa de corriente eléctrica”, declaraba estar (…) convencido de que entre las desamortizaciones ninguna más provechosa que la desamortización de la Naturaleza (…).

No prometo nada, pero si después de este breve resumen, todavía hay ánimo para leer el texto completo de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? (así como el conjunto del undécimo Informe Económico del Seminario Taifa), puede que quien lo intente entienda un poco más el complicado mecanismo de fijación del precio de la electricidad en España.

Yo, al menos, al escribirlo me he clarificado mucho las ideas y creo que puedo decir que ya entiendo qué se esconde detrás de la factura eléctrica. Ha sido necesario el tiempo de siete entradas de este blog, la primera de las cuales está fechada en Marzo de 2012 y la que precede a esta, en la serie Intentando entender la factura eléctrica, de junio de 2013, para entender qué hay detrás de tan enmarañado documento. Creo que con el trabajo realizado en el Informe de Taifay esta séptima entrada, doy por cerrada la serie «Intentando entender la factura eléctrica».

 

¿Para quién legisla el Ministro Soria?

Aunque desde el 19 de agosto debo la cuarta entrada de la serie «Financiar la transición», en mi regreso voy a aprovechar la información que estoy recopilando para la elaboración colectiva de un nuevo informe del Seminario Taifa.

Estos días pasados se ha hablado mucho del nuevo cambio legislativo impulsado por el Ministro Soria con el fin de dificultar el llamado autoconsumo eléctrico. Es vox populi que este ministro, desde el inicio de su mandato, está promoviendo cambios en la ordenación del sistema eléctrico que favorecen a unas pocas; las pocas eléctricas agrupadas en UNESA y que constituyen el oligopoly. Ello es cierto, pero muy matizable.

Saskia Sassen en su libro Territorio, autoridad y derechos explica que la globalización consiste en que los estados nacionales desnacionalicen, ayudando a crear redes transfronterizas. que conectan piezas ubicadas en el interior del territorio de los países. en el marco de proyectos globales. Por ello, la globalización no implica la desparición del Estado, sólo supone que éste modifica su función: legisla para desnacionalizar lo que se construyó como nacional, asegurando, así, que dentro las fronteras del territorio se darán las condiciones para que determinadas actividades se integren en «lo global». Este nuevo tipo de estado, explica el auge del poder ejecutivo y la judiciciarización de la vida política, en detrimento de las cámaras legislativas (alta y baja).

Regresando a las eléctricas, y aplicando lo que nos cuenta Saskia Sassen a nuestra realidad, podemos empezar a responder a la pregunta que encabeza la presente entrada del blog. En España es bien sabido que la política energética está en manos del ejecutivo, pues mucho se lleva, en este país, legislando a «golpe» de decreto. Lo que está menos analizado es si estos decretos energéticos han servido para desnacionalizar el sector eléctrico nacional. Dicho de otro modo, ¿el Ministro legisla para UNESA o para que ésta se convierta en una pieza más -ubicada en territorio ibérico- de en un proyecto global más amplio?

Los datos que he estado mirando estos días lo indican. De forma precaria, imperfecta e imprecisa he estado analizando quienes son los propietarios, los accionistas, de las cinco empresas asociadas en UNESA: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP. Empresas, que en la actualidad tienen, según los datos de OMIE, el 65,45% de la cuota de la energía eléctrica en España.

La forma precaria, imperfecta e imprecisa de lograr esta información ha sido buscar la información, que sobre sus accionistas hay, en la base de datos AMADEUS (sólo quién pertenezca a una institución que la tenga contratada podrá acceder a ella). Esta información de pago, pero pública, no es exhaustiva, pues en muchos casos, aunque aparece el nombre, nacionalidad y tipo de accionista, no aparece su porcentaje de propiedad. Por otra parte, visto que. de partida, las empresas de UNESA, salvo aparentemente Iberdrola, pertenecen a una empresa extranjera (ENDESA a ENEL, Gas Natural Fenosa, en un 50% a ENI, Hidroeléctrica del Cantábrico a EDP y Viesgo a E.On), es difícil determinar con exactitud quién es accionista de quién. Así que he hecho lo que he podido para agrupar la información en dos categorías: a) el país en el que los accionistas registran su inversión, y b) el tipo de inversor que dicen ser.

Si la información que he recogido fuera representativa de la realidad,veríamos que «nuestro» Soria, que debería defender nuestro interés general, legisla para intereses particulares, financieros, allende nuestras fronteras. Veámoslo.

En los dos gráficos siguientes vemos de dónde y de qué categoría son los accionistas con participación directa en alguna de las empresas de UNESA.

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

A primera vista, queda claro. Casi tres cuartas partes de los accionistas directos de las empresas asociadas en UNESA  están registrados en el extranjero. Siendo, si exceptuámos el caso de Italia por el Ente Naziole Idrocarburi (ENI), Luxemburgo el segundo «gran» accionista de las asociadas de UNESA.

El tipo de accionistas de las eléctricas, como apunta el segundo gráfico, son fundamentalmente compañías del sector bancario, financiero o equivalente. De hecho, si se tiene en cuenta que buena parte de la categoría «S», correspondiente a inversión guberanamental o estatal, es inversión a través de los fondos soberanos, diremos que casi dos tercios de los accionistas pertenecen a estas categorías. Por otra parte, la categoría «C» es confusa, pues en ella podemos encontrar desde otras empresas energéticas como Repsol o ENI a fondos como Blackrock o Qatar Holding,

Los gráficos que siguen complementan esta información. Éstos reflejan la tipología de quienes poseen acciones de las empresas asociadas en UNESA, pero no son sus «propietarios» directos.

Fuente: base de datos AMDEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Fuente: base de datos AMADEUS, boletín mensual OMIE y elaboración propia

Estos gráficos refuerzan lo anterior. A destacar que los accionistas de Qatar aparecen como singularizados, por detrás de los luxemburgueses y que los inversores de Estados Unidos surgen con más fuerza. También confirman que los inversores financieros pesan más que los del sector productivo. Refuerza todavía más esta conclusión el hecho de que, aunque con filiales ubicadas en distintos países,  entre los principales inversores en Iberdrola y Endesa (a través de Enel) se cuentan los fondos soberanos de Qatar y los de BlackRock, una de las principales empresas privadas de gestión de inversiones europeas.

Por tanto, ¿qué nos dicen los datos acerca de para quién legisla el Ministro Soria?

Entendiendo que decir que el ministro legisla para la eléctricas, equivale a decir que legisla para sus propietarios -accionistas del sector bancario, financiero o propietarios de planes…- la conclusión es evidente: cada vez que el ministro promueve un decreto, lo hace  para engrandecer los dividendos de los bancos o la rentabilidad de inversores como BlackRock o como el holding qatarí domiciliado en Luxemburgo, pues esto es lo que hoy en día es UNESA.

Evidentemente a estos accionistas poco les importa si los ibéricos tenemos un buen o un mal servicio de electricidad, aunque mucho les interese la rentabilidad de los activos y actividades energéticos ubicados y desarrolladas en España y Portugal. Dicho de otro modo, el ejecutivo español promueve legislación para que del oligopolio eléctrico extraiga dividendos locales, que irán a parar a fondos de inversión globales. Si no es lo mismo, se parece mucho a lo que nos dijo Saskia Sassen.

Financiar la transición energética (II). Deslegitimizar al lobby fósil

Cuantas más vueltas le doy, más me convenzo de que el problema de la financiación de la transición no es de cantidad de dinero. Como reiteradamente hemos comentado en este blog, en los llamados países consumidores estamos pagando una factura energética exterior enorme, en España de más del 50% de las importaciones de bienes totales, por un combustible del que los ususarios finales sólo utilizamos, como media, un escaso 30%.

La factura energética exterior (FEE) no es algo abstracto, que un país o un estado paga a otro; es el resultado de la actividad de las empresas petroleras privadas en sus compras al exterior. Así, en España es el petróleo que, por ejemplo, Repsol o Cepsa compran para sus refinerías Petróleo que refinan y comercializan en el interior del país, o exportan como producto derivado. Por tanto, cuando los ciudadanos o las empresas no energéticas pagamos la factura energética, estamos pagando a estas empresas y, además, por un importe superior al de la FEE.

Ramon Sans, del colectivo CMES, acuñó el término de factura energéica ciudadana (FEC) para refererirse a ello. En la elaboración que de este concepto se está haciendo desde este colectivo, Josep Centelles define la FCE como aquella que engloba todo el gasto realizado en un año por personas y empresas de cualquier tipo. Así ásta incluye el gasto realizado en gasolina, gasoil, butano, gas ciudad….y los impuestos incoporados a estos productos. Ramon Sans calculó que la FCE es aproximadamente de 2,5 veces la factura energética exterior. Según sus cálculos, para Catalunya, un 4,2% de su PIB. Así que probablemente en España, como media, destinemos aproximadamente un 4% del PIB al pago del combustible fósil.

Basándome en estos mismos cálculos, estimo que la inversión que necesitáriamos para realizar la transición a un modelo 100% renovable es aproximadamente de un 0,15% de este mismo PIB. Aunque no haya contrastado este cálculo, sí que me creo que lo que deberíamos invertir es infínitamente menor que lo que ahora ya gastamos. Tanto más, si le sumáramos el dinero que los y las accionistas invierten en las empresas energéticas fósiles. Así,  por ejemplo, el capital social de una empresa como Repsol es de casi 1.375 millones de €. Así, ninguna duda, el dinero para pagar la transición energética existe.

Por ello, el problema de cómo financiar la transición se traduce en elaborar una estrategia para reorientar parte de este dinero al objetivo de la transición energética y en establecer, también, qué haremos con el más del 3% del PIB que ahorremos.

Sobre el papel, esta estrategia es muy sencilla, pero la realidad es que esta transición se debería desarrollar en sociedades en las que:

1. Quién gestiona el dinero de la energía son en primera instancia -exceptuándo la parte de impuestos- los monopolios energéticos privados, que gozan de un poder inmenso y serán los perdedores del cambio de sistema energético.
2. Ideológicamente hemos desprestigiado tanto lo colectivo, lo público y la política, que poca gente estará dispuesta a financiar, colectivamente, la transición energética mediante impuestos, tributos, cánones o cierto tipo de bonos: A la vez que somos una sociedad que nos hemos creído la magia del mercado y hemos renunciado a la planificación energética a largo plazo.
3. Vivimos en la «rapidación»; en el mundo de los beneficios y de los dividendos empresariales a corto plazo. Ello fomenta –como veíamos en la entrada anterior de esta serie– huídas hacia adelante de las empresas -avaladas por sus accionistas, no hay que olvidar-, para exprimir al máximo lo que ya se tiene, con el fin de «devolver» con beneficios el dinero que personas, fondos o bancos invierten o prestan a las empresas.

Estas tres cuestiones llevan a tres preguntas, que si respondiéramos adecuadamente nos abrirían el camino hacia la transición. La primera es ¿cómo podemos hacer para acabar con el poder de los lobbies de la energía fósil?; la segunda es ¿Cómo reinventamos el sector y redefinimos el espacio público energético?; y la tercera, ¿Cómo generalizamos las formas de financiación éticas y no cortoplacistas?

Responderemos aquí, a la primera; a las dos siguientes en la tercera entrega de esta serie sobre financiación.

A día de hoy, la respuesta a la primera pregunta es la más fácil de responder, aunque sea difícil de lograr. Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo que, como ya dije, es uno de los que inspira esta serie de entradas veraniegas, dice claramente que ese es el objetivo de la campaña de desinversión. Se trata de iniciar un proceso de desligitimación, cuya meta final es situar el estatus de las compañías petroleras en el mismo nivel que el de las empresas tabacaleras. Desde mi punto de vista, esta es la «buena» razón para apoyar una campaña de este tipo, además de, como ya dije, la de evitar una «burbuja fósil», alimentada por las inversiones en un recurso en extinción.

Creo que si esta deslegitimación triunfa, deberemos iniciar el siguiente paso; el de la desubvención, ya que según alguién tan poco dudoso de pertenecer al «mundo petrolero», como el economista jefe Faith Birol de la Agencia Internacional de la Energía, las subvenciones a los combustibles fósiles fueron de 550.000 millones de dólares en 2013 –más del cuádruple de las subvenciones a las energías renovables.

Apoyo la desubvención por tres razones. La primera, por el efecto que ello tendría sobre las cuentas y los precios finales de las empresas petroleras. Tal vez así los usuarios finales se convencieran de que hay opciones más baratas que el combustible fosil. La segunda, por la liberación de recursos públicos que ello representa (aproximadamente la mitad del PIB español). Y, la tercera, porque aunque coincido con todos aquellos que dicen que lo más justo es aplicar el principio de «quién contamina paga» para que las petroleras financien parte de la transición, tengo mis dudas de que lo logremos. Por tanto, por ahora, hasta que éstas no estén suficientemente debilitadas, como para conseguir este objetivo, me conformo con que dejemos de pagarles a ellas. Así que ya podemos empezar a presionar a nuestros gobiernos para que acaben con estas partidas. Por una vez, contribuiría de buen grado, al «adelgazamiento» del sector público.

Sinceramente, en el mundo de hoy, creo que sólo «cerrarles el grifo» puede tener algún efecto. Hasta que no debilitemos su poder, no reinventemos el sector público -o la política energética- y no generalicemos las formas alternativas de financiación, visto su actual poder, cualquier otro intento bienintencionado y conciliador como fijar una imposición más elevada a su actividad, legislar que parte de sus beneficios se reinverta en renovables o pedirles que lo que actualmente destinen a compra de combustible lo «den» al Estado a cambio de un suministro en renovables, será inútil.

Esta estrategia, llamémosle financiera, de deslegitimación hunde sus raíces en argumentos morales. Estos argumentos causan los conflictos en la Blockadia de Naomi Klein –una zona transnacional e itinerante de conflicto que está aflorando con frecuencia e intensidad crecientes allí donde se instalan proyectos extractivos- y están en el contenido de la Encíclica laudato si´ del Papa Francisco. De hecho, leyéndo paralelamente ambos textos, llama la atención que dos personas de procendencias tan distintas -una perdiodista y activista ambiental y, la otra, el Papa- contemporáneamente publiquen un texto con un discurso con argumentos similares y cuyo objetivo, es el mismo: la necesidad de una nueva ética para evitar la catástrofe climática, que será, como reza el subtítulo de este blog, una nueva ética energética. Así, ambos libros son base de argumentos para la deslegitimación de las prácticas inmorales del lobby energético, pero sinceramente, como creo yo que éste se encuentra más allá del bien y del mal, la desinversión y la desubvención me parecen instrumento ideal para doblegarlo.

Pobreza energética, cinismo y peleles

Llevo tiempo preguntándome por qué mi ritmo de entradas en este blog ha disminuido considerablemente. Creo que una de las razones, no la única, es que ya no sé como denunciar que alguien es malo de forma razonada y bien educada. Tiendo al insulto y no me gusta.

Esta mañana he escuchado en la SER la noticia de que Hipólito Fariñas, en nombre Partido Popular de Galicia, ha rechazado incluir la pobreza energética en la Ley de protección general que en su Parlamento se votaba.

La visión de la cuestión que destila la explicación del diputado Fariñas, ya es muy significativa. El PP cree que para el concepto de “pobreza energética”, ya existe otra figura contemplada en la ley gallega “más amplia”, la del “consumidor vulnerable” y que, por ello, no requiere una ley específica. Así, no sé si de forma consciente, el diputado ubica el ámbito de la energía en el del consumo. Por ello, según esta acepción, calentarse en casa es consumir, encender una luz es consumir o ducharse con agua caliente es consumir. Lo dejo aquí.

Todo ello me lleva a algo que ya pensé, cuando en Catalunya el Govern presentó la propuesta de Fondo de Solidaridad Energética para paliar, también, la pobreza energética. Este fondo, que no acaba de arrancar, sería de unos 40 millones de euros y según la nota de prensa de la propia Generalitat de Catalunya debería dotarse, también, con dinero proveniente de las compañías suministradoras de servicios básicos u otras empresas privadas.

Ambas propuestas nos dan una idea muy clara de cómo nuestros gobernantes -y, por ello entiendo, buena parte de la sociedad- ve la cuestión de la pobreza energética. En primer lugar, la pobreza es «culpa» de los consumidores que se han quedado sin medios de pago. En segundo lugar, en función de las filiaciones, quien «siente pena», piensa que la forma de solución del problema es la caridad -solidaridad, en políticamente correcto-, pues sólo se trata de dar ayudas a quien no tiene. Y, en tercer lugar, fuera de la real solidaridad, que es la fiscal, se deja al arbitrio de los donantes el que se dote, o no, tal fondo.

¡Qué cinismo, por Dios! En primer lugar la pobreza es por exclusión. Ésta es culpa de un conglomerado de intereses liderado por los monopolios energéticos, sus accionistas y que se concreta en una determinada legislación que permite a unos pocos decidir quién puede estar conectado a la red (los consumidores de una cierta capacidad adquisitiva), a la vez que limita cualquier opción fuera de ella (autogenearación, pequeños productores, etc.).

En segundo lugar, dar caridad no es la función ni de las administraciones del Estado ni del sector público. Al menos, no, en un país que considera tener un estado moderno y democrático. La caridad, se mire como se mire, no entra en ninguna de las acepciones de interés general.  Y, en tercer lugar, se apuesta por una actuación que está fuera de cualquiera de los instrumentos estándar de la política económica «tradicional», pues en vez de contrarrestar la injusticia cometida por un grupúsculo de empresas sobre los ciudadanos, a través de medidas impositivas, políticas de precios o de control de los monopolios, se pretende que los mismos que ocasionan la injusticia, muestren su responsabilidad social, dando morralla a la morralla.

De todo ello, a quién menos entiendo es a nuestros representantes. No me entra en la cabeza cómo una persona de inteligencia media no entienda que si aquí hay pobreza energética es porque se ha creado un sistema que permite que unos pocos -los monopolios energéticos- decidan quién podrá calentar su casa, o tener luz en ella, y  en qué condiciones. Parecerá un matiz, pero ello es sustancialmente distinto de decir que hay pobreza, porque hay pobres. Una tautología que, como todos sabemos, no puede ser explicativa de nada.

Menos entiendo que se fabule con que los mismos que han creado este fenómeno, lo van a solucionar. Es absurdo. Supongo que realmente, los diputados y diputadas no lo deben pensar. Ello, si me apuran es peor, pues querría decir que sabiendo quién genera la pobreza energética y por qué, no tienen ninguna intención de corregirlo, y van a seguir señalando al «consumidor» como causante de su propia desgracia («te mueres de frío porqué no puedes pagar la luz»). Es trágico.

Siento decir esto, pero diputados como los del partido popular gallego, y quienes pensaron que crear el fondo de solidaridad de la pobreza energética era una buena idea, son unos peleles. No son el amo. Son los títeres de él. Ellos, aunque no se lo quieran creer, también son esos consumidores vulnerables. Es una pena su ceguera, pues si lo entendieran, tendríamos mejores leyes y políticas.

Lo peor de todo. El tal diputado Fariñas antes de entrar en política era maestro. La verdad, visto así, mejor en el parlamento que en el colegio.

Infraestructuras energéticas, ¿la gran estafa?

Hoy en el The Guardian se puede leer que se ha prohibido las prospecciones y la fractura hidráulica en un 40% del territorio que previamente estaba autorizado. En el artículo se muestran unos mapas, de los que aquí sólo muestro el primero, que te dejan helada.

Fuente: The Guardian

Este mapa nos dice que se pensaba ofrecer el 60% del territorio del Reino Unido a las empresas concesionarias para que intentaran extraer gas o petróleo de él. Efectivamente, no soy geóloga ni ingeniera; es más, pertenezco a una de las disciplinas que se ha mostrado como de las menos fiables del mundo, pero mi opinión es que una cosa así es de locos ¿De verdad, a alguien se le ocurre que el 60% del territorio de un país puede contener suficiente gas y petróleo de calidad, como para justificar que su suelo se agujere como un queso de Gruyère?

Francamente me cuesta creer, y no tengo ninguna buena opinión de ellas, que compañías energéticas «serias» quieran entran en este juego. Y entonces, viene la pregunta, ¿si no son ellas, quiénes son?

Yo, claro está, no lo sé, pero esta historia que hoy he leído en este periódico británico, me ha recordado la del no nato petróleo de Canarias. Sempiterno petróleo de la región -ya en 1959 CEPSA, después de la renuncia de la Empresa Nacional Minera del Sahara, inició unas prospecciones en el Sahara, que acabaron en nada-, que nunca acaba de aparecer y que tradicionalmente azuza las discusiones sobre el Sahara y entorpece las relaciones con Marruecos.

Fuente: REPSOL

La historia de este supuesto petróleo merecería otra entrada en este blog, pero lo que yo hoy quería expresar es el estupor que me causa la proliferación de permisos para hacer cosas quiméricas (explorar el 60% del Reino Unido), cosas que en el pasado ya se probaron inviables (el petróleo de Canarias) o cosas que no se sabe si funcionarán adecuadamente (depósito de gas Castor).

Frente a esta clase de estupideces energéticas, normalmente tendemos a culpar a las grandes empresas del sector, en el caso de Canarias a Repsol; pero la última vez que estuve por Madrid, por sus mentideros se comentaba que Repsol se había visto fuertemente presionada para ir a Canarias y para realizar las costosísimas prospecciones.

Hasta esa fecha, entre mis hipótesis estaba pensar que lo del petróleo de Canarias se acabaría como lo de Castor: se nos diría que la empresa contaba con un tipo de volumen y negocio no realizado, que éste se había tenido que parar por las presiones de l@s ciudadano@s y que, por tanto, se les tenía que indemnizar, cada vez que llenáramos el depósito de gasolina. Pero, me equivoqué, pues no ha sido exactamente así. Es más, ha sido Repsol quién ha decidido parar y parece que el ministro Soria, ahora, quiere multar a esta empresa con 5 millones de euros. Ello confirma, a) la hipótesis de que Repsol desde el principio no apoyó esta historia y, mucho más interesante, b) que el ministro, como en el caso de Castor, quiere sacar dinero de una operación fallida ¿Por qué? y ¿Para quién?

Se puede criticar a Repsol desde muchos puntos de vista, sobre todo porque su fuente de negocio es la extracción, transformación y comercialización del petróleo, pero por lo mismo, nadie puede decir que es un empresa que -aunque cada vez está más dominada por «los banqueros»- no conozca este negocio. Lleva décadas en ello, y sin ser de las súper grandes del mundo, no le ha ido mal. Es por ello que me escama que el ministro dude de su criterio: si Repsol dice que no hay petróleo rentable, es que no lo hay. Digo yo, que para saber esto se harán las exploraciones y prospecciones, ¿no? Entonces, ¿a qué viene multar a Repsol?

Pensando en todo ello, me he acordado de otras cosas inexplicables. Cuando el Presidente Bush Jr. decidió atacar e invadir Iraq, las grandes empresas petroleras internacionales salieron perdiendo, no así quién construye sus infraestructuras como Halliburton; cuando ocurrió lo del depósito de gas Castor,se indemnizó a quién realizo las infraestructuras, ACS. Así que puestos a mal pensar, no estaría de más saber qué infraestructuras asociadas estaban detrás del petróleo canario o para quiénes son los 5 millones de euros que el ministro reclama a Repsol.

No sé si se quería dejar el territorio del Reino Unido hecho un colador por las mismas razones, pero en esta parte del mundo, sabemos mucho de infraestructuras inútiles, cuyo objetivo se acaba en su mera realización. Por ello, cada vez me inclino más a pensar que un factor al que los analistas energéticos también deberemos prestar atención es la existencia de estas tipo empresas.

Puede que mi imaginación se haya desbordado y mi conjetura esté en las antípodas de la realidad, pero cuanto más lo pienso más sentido le veo. En fin…,esperar y ver si gracias a la reciente bajada de los precios del petróleo, se ponen en evidencia otros pelotazos de este tipo.

Vías romanas y gasoductos, una curiosidad para la noche de Reyes

Como todos los años, aunque nos olvidemos sistemáticamente, el periodo de festividades navideñas, es de lo más atareado. Es casi un milagro de Navidad tener dos o tres horas libres para una misma. Quería hacer esta entrada, desde que en una de esas actividades previas a las festividades como son los aperitivos, cenas u otros menesteres, un compañero de trabajo, después de que yo le contara una de mis fantasías, como tal nunca realizada, de escribir una guía turística de las principales vías romanas secundarias de Hispania, me espetó, «pues yo tengo unos amigos que han escrito un artículo sobre ello y las han cartografiado todas. Mañana te mando el artículo». Como así fue.

Vía Romana en el Puerto del Pico, Sierra de Gredos

Espero que mi colega no se moleste por aparecer en este blog, pero le estoy muy agradecida. El artículo en cuestión es de Pau de Soto y César Carreras Montfort y se titula, La movilidad en época romana en Hispania. Aplicaciones de análisis de redes (SIG) para el estudio diacrónico de las infraestructuras de transporte y se puede leer en libre acceso. Es uno de esos artículos que dan endivia, de esos que al verlos piensas, que de mayor es a lo que te quisieras dedicar. Me encanta ver que el estudio de épocas remotas y de la Roma clásica tiene aplicaciones contemporáneas.

Este último comentario, y que me perdonen los lectores, se lo tenía guardado al Conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalnya, Sr. Boi Ruíz, que en algún momento declaró, el que no pot ser és que la universitat formi gent amb diners públics, com filòlegs clàssics, que no podran anar al mercat (Sic!). Bueno, pues aunque creo que Pau Soto y César Carreras son arqueólogos, y no filólogos, que le valga este artículo al Conseller para ir reflexionando antes de hacer declaraciones tan temerarias sobre determinadas carreras universitarias, ya que las conclusiones que arroja el artículo son argumentos de peso, es decir científicos, que ayudarían a apoyar algo tan cacareado por el gobierno del que él forma parte: el corredor de mercancías mediterráneo. Pues, el artículo concluye diciendo que … a mediados del siglo XIX cuando comienzan a construirse las infraestructuras ferroviarias, Manuel Duran Bas apoye una propuesta del Sr. Lujan de crear una red en forma de H que vincule los principales centros económicos de la Península y los puertos franceses, del este al oeste con dos ejes […] con dos viales: uno Barcelona-Figueres-Francia y el otro Pamplona-Irún-Francia, entendiendo que esta estructura favorecería una mayor movilidad y rapidez en las comunicaciones. Resulta sorprendente que esta estructura en forma de H tenga una mayor similitud con la red viaria romano que con cualquier otra posterior. 

Para mi, otra cosa sorprendente de este artículo es que al ver uno de los mapas, que estos dos arqueólogos han elaborado, no pude evitar recordar la red de gasoductos de la Península Ibérica, pues salvo por los ramales que, para traer el gas del Norte de África hacia Madrid y la Cornisa Cantábrica, de Sur a Norte atraviesan el centro de la misma, el trazado del transporte del gas en España parece calcado del de la movilidad romana.

Fuente: Soto y Carreras (2009, Fig. 3, p.310

Deseo que a los autores del artículo no les moleste que emplee una de sus imágenes para ilustrar tal hallazgo, pero es que me encantó. No sólo por haber encontrado una aplicación adicional a su estudio, sino por ilustrar a la perfección la riqueza de la pluridisciplinariedad. Dos cosas me parecen extraordinarias del artículo, el que se haga un análisis económico, cuya justificación se remonte a los caminos de Roma, y que en él quede claro que las infraestructuras son instrumentos para crear espacios políticos, por ello su realización pocas veces se debe estrictamente a razones económicas.

Una lectura de estos mapas nos dice que cuando la capital del Imperio era Roma, el criterio del coste en el transporte de mercancías y personas era esencial, pues fundamentalmente los caminos en Hispania eran lugares de tránsito desde y hacia lugares del Imperio. Cosa que ya no es la estructura de carreteras y ferrocarril en España, cuyo objetivo era comunicar la capital con el resto de localidades. Sin embargo, bizarramente, la estructura de gasoductos sí que remite a esa antigua comunicación en el marco de lo que fue el Imperio romano. Observando que la actual cartografía del gas en la Península Ibérica se asemeja más a la antigua cartografía romana, me vuelvo a preguntar lo mismo de siempre: ¿para qué queremos tantas infraestructuras gasísticas, si éstas no llevan a ninguna parte más allá de los Pirineos?

Sería demasiado largo responder a esta pregunta, más para alguien como yo que ha pasado de defender que la Península Ibérica debía de ser un territorio del tránsito del gas y de la electricidad generada con el mismo, desde África hacia Europa central, a ser alguien que, a la luz del extremo e inmoral poder de los monopolios energéticos, se ha convertido a la causa de los modelos de producción de energía descentralizados y de red distribuida, donde la red de gas a la romana actual no tendría cabida. Dicho esto, sigo pensando que la creación de infraestructuras es una de las bases para la construcción de espacios políticos, de territorio y de territorialidad. Por ello, artículos como el que aquí presento también nos han de servir para tomar decisiones sobre nuestra política energética.

Cuando España se enfrentaba a los monopolios confabuladores

Estos días, a ratos, he estado haciendo una somera incursión en la historia de la industria del petróleo en España. Como en tantas otras cuestiones, la historia de la creación de la industria petrolera en este país es poco atribulada, poco afortunada y curiosa.

En 1917, cuando el petróleo en España representaba el 0,3% en el uso final de energía, Joaquín Sánchez de Toca, ministro conservador de la época e hijo del médico que atendió en sus últimas horas al General Prim, escribió una pequeña obra titulada El Petróleo como artículo de primera necesidad para nuestra economía nacional. Según he leído en un artículo de Adrian Shubert, este escrito de Sánchez de Toca es el que inspiró, durante el gobierno de Primo de Ribera a su ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, para realizar la nacionalización del petróleo. Esta iniciativa se plasmó en el Real-Decreto Ley 1141 de 28 de junio de 1927, publicado en la Gazeta de 30 de junio de ese mismo año. En él, después de un “mono” parte sobre el buen estado de salud de la familia real de Alfonso XIII en Londres, se puede leer la exposición de motivos que el mismo Calvo Sotelo hace sobre la ley. En esta exposición se habla del problema del petróleo como uno en primera línea de todos los que modernamente interesan a todos los pueblos.

Fuente: http://www.repsol.com

En el texto se justifica la nacionalización del petróleo, que daría lugar a la creación de CAMPSA, por tres razones. Primero se entiende que la industria del petróleo, por sus efectos de arrastre sobre otros sectores, puede ser uno de los instrumentos para la industrialización del país; segundo se asume que el petróleo es un instrumento básico de la defensa nacional (entiendo que como combustible de la flota marina y aérea); y en tercer lugar, se le ve también como una fuente de ingresos fiscales. Estas tres razones conducen a una de las frases más graciosas del texto, en la que se dice que el nuevo monopolio no significa realmente una instauración, sino tan sólo sustitución; porque de hecho, en materia de petróleos vivimos en régimen de Monopolio en manos de muy pocas entidades privadas cuya confabulación, siempre posible y en derecho estricto difícilmente reprimible, sobre todo si aquellas se amparan en fuero de extranjería, podría ocasionar riesgos gravísimos al consumidor y al mismo Estado, impotentes para desbaratarla.

A tenor de lo que cuenta Adrian Shubert, al final estas entidades privadas, apoyadas por sus gobiernos respectivos, fueron las que desbarataron el proyecto inicial. Este proyecto inicial era crear una empresa petrolera integrada española (con capital y trabajo nacional), cuya participación del Estado había de ser del 30%. Para crear esta empresa, se tuvo que nacionalizar lo que ya existía en la Península Ibérica: Industrias Babel y Nervión, inicialmente de capital francés y comprada por la Standard Oil de Jersey (1925), la Sociedad Petrolífera Española, filial de la Royal Dutch Shell,y otras empresas menores, fundamentalmente francesas, así como integrar a la Sociedad de Petróleos Porto Pi, creada por Juan March en 1925 -cuya emblemática y arquitectónicamente maravillosa gasolinera puede verse todavía hoy en Madrid en la Calle Alberto Aguilera.

Fuente:http://pasionpormadrid.blogspot.com.es/

Ello culminó en una batalla sobredimensionada, vista la minúscula dimensión del mercado petrolífero español de la época (en 1927, sólo el 2,1% del consumo final total de energía tenía como origen el petróleo) y la poca importancia de la Península Ibérica en el juego petrolífero mundial, que no acabó con CAMPSA, pero costó un dineral al erario español y desvirtúo el proyecto inicial de tener una empresa petrolera nacional fuerte. Esta batalla perdida, históricamente tiene su gracia, pues contiene algunos ingredientes relevantes para el relato del devenir de la industria petrolera internacional.

Esta historia transcurre entre 1925 y 1927; año, el primero, en el que quedaron fijadas en Lausana las fronteras entre Turquía e Iraq, incluyendo la región de Mosul, y con ello las concesiones petrolíferas en Oriente Medio; y año, el segundo, previo a que las siete compañías petrolíferas más poderosas del mundo (según Calvo Sotelo, los monopolios privados confabuladores) se constituyeran en las Siete Hermanas y se repartieran, junto a la Compañía Francesa de Petróleo, el mercado mundial. Por ello este pequeño acto, cebollante, de creación de una compañía nacional fuera del ámbito de la gran industria petrolera internacional, pudo ser considerado, por parte de ésta, como un acto de rebeldía que no se debía tolerar. Máxime si se tiene en cuenta, que la única empresa petrolífera implicada en la historia, la de la Sociedad Petróleos Porto Pi, había logrado un acuerdo con las autoridades soviéticas para importar crudo desde la URSS, sólo tres años después de que en la Conferencia de Génova y subsiguientes, se limitaran sustancialmente las relaciones entre la incipiente industria petrolera soviética y la occidental. Ello, aunque ahora podamos pensar que no tenía futuro alguno, rompió la hegemonía de las “grandes” en España y debió ser visto como una disidencia a no permitir.

Es curioso, pero visto en perspectiva, éste debió de ser uno de los momentos de máxima actividad diplomática internacional en torno al sector petrolífero español. Se creó una campaña de boicot internacional y se desestabilizó, a la ya inestable, dictadura de Primo de Rivera. Parece increíble que un país atrasado como España, con un ínfimo consumo de petróleo, por querer crear una compañía de petróleos nacional con participación estatal, creara tal alboroto, pero la moraleja es evidente: el poder del monopolio no se logra por el buen hacer, sino por la exclusión de cualquier atisbo de competencia, por pequeña e inofensiva que esta sea. Esto fue así, cuando esta industria era incipiente, y lo es ahora, cuando está madura y obsoleta.

La diferencia es que, entonces, el gobierno intentó oponerse, en palabras de Calvo Sotelo, a ese poder privado que atenta contra el consumidor y el Estado, mientras que ahora, nuestros gobernantes favorecen su poder. Intuyo que esta debe ser la diferencia entre un conservadurismo nacional y uno globalizado, pues por lo demás, las distas ideológicas entre el gobierno de entonces y el de ahora, parecen pocas.

Castor, una nueva agresión a la democracia y a la tarifa energética.

Una de las noticias de la semana es la hibernación de Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) cuya actividad se ha relacionado con movimientos sísmicos en la zona. Esta decisión, adoptada en el Consejo de Ministros del pasado viernes 3 de octubre, viene después de que vecinos y diversos movimientos ecologistas se manifestaran reiteradamente contra tal proyecto.

El almacenamiento Castor estaba recogido dentro de la Planificación Estratégica de los Sectores de Electricidad y el Gas 2008-2016 del Ministerio de Industria con la máxima categoría (A Urgente), como proyecto «necesario y prioritario» para el sistema gasista español, y básicamente pretendía ser una reserva de gas, para cubrir aproximadamente un cuarto de la demanda de gas en España para unos 50 días. Con las operaciones de inyección del llamado «gas colchón» se iniciaron los temblores y la alarma de los vecinos, hasta que en el mes de septiembre, después de que se produjera un seísmo de magnitud 4,2 en la escala de Richter, el gobierno ordenara el cese de la actividad.

Fuente: http://jramosgarcia.wordpress.com/

Ello, que podría ser una buena noticia para los vecinos y los ecologistas, se ha transformado en un nuevo ataque a la ciudadanía. Por lo que informa la prensa, para compensar de las pérdidas que ello pueda reportar a la empresa privada concesionaria, Escal UGS (participada en un 67% por ACS), saldrán de los bolsillos de los ciudadanos 1.350 millones de €, que iremos pagando en la factura del gas, a tenor de unos 100 millones al año.

Puede que yo sea de otro planeta y no entienda nada, pero si interpretara adecuadamente, al menos a la vista de los resultados, los hechos son que se construyeron unas infraestructuras energéticas que no cumplieron todos los requisitos de seguridad. Como siempre ocurre, estas instalaciones se «vistieron» de una necesaria inversión pública en aras al cumplimiento del un supuesto interés general, pero las realizaron empresas privadas con el objetivo de obtener beneficios privados. La mayoría de la ciudadanía no opinó sobre la cuestión, aunque sí que existieron ciertos colectivos que (activistas y movimientos ecológicos y energéticos) se opusieron a ella. Los hechos les han dado la razón a ellos. Sin embargo, una vez más, el gobierno de España da la razón y compensa a las empresas del sector y nos obliga a los ciudadanos a pagarles su mal hacer.

Por tanto, si entiendo bien, en este país cuando una empresa privada no hace bien su trabajo, los ciudadanos somos quienes les tenemos que indemnizar, pagando un plus en una factura.

Tal como van las cosas, me temo que lo mismo ocurrirá en Canarias. Allí, si las prospecciones de Repsol causaran alguna tragedia ambiental, ahuyentan al turismo o cualquier otra cuestión, los canarios que activamente se están oponiendo a ello, les tendrían que indemnizar; o, lo que en el momento actual parece probable, si las demandas de los canarios lograran que se pararan las prospecciones, podrían acabar reclamando a los isleños o a sus compatriotas peninsulares que indemnizáramos a Repsol, pues tal como soplan los vientos, podría ser que en poco tiempo los europeos tuviéramos que indemnizar a las empresas que tenían previsto hacer un negocio, cuando éste se viera truncado por oposición de la población, de las autoridades ambientales o sanitarias o por cualquier cambio de legislación.

Esto, que ya ha ocurrido en el caso de algunas empresas tabacaleras, que han logrado indemnizaciones después de la aplicación de determinadas legislaciones anti-tabaco, se podría extender al conjunto de actividades, evidentemente las energéticas, si las negociaciones que en la actualidad se están llevando a cabo entre la Unión Europea y Estados Unidos, para la firma del Acuerdo Transatlántico del Comercio y la Inversión (TTIP en su acrónimo en inglés), prosperan.

Sobre este acuerdo habla el último informe del Seminari Taifa, y sobre él discutimos en pasado sábado. Aquí de él quiero destacar que de sus tres patas, liberalización comercial, regulaciones y creación de tribunales de arbitraje, la última parece especialmente preocupante, pues es el fin del de la posibilidad de alegar interés público en el arbitraje de inversor a Estado. Se trata de establecer tribunales de arbitrajes privados (ISDS), que darán a los inversores el mismo estatus que a los gobiernos. Los ISDS permitirán reivindicar a los inversores sus derechos ante tribunales privados, en los que abogados del sector privado podrán tomar decisiones que obliguen a los gobiernos a pagar indemnizaciones ilimitadas a los inversores sin apelación. Esto es gravísimo y atenta seriamente contra los fundamentos democráticos de cualquier sociedad, pues es mucho más propio de una república bananera que de un estado liberal, moderno y democrático.

Dicho esto, y en clave de humor, lamento que los «pobres» concesionarios de Castor no lo pensaran antes, pues de haberlo sabido, esperando un poquito, podrían haber recibido «legalmente» una indemnización mayor, logrando, así, que los ciudadanos tuviéramos una deuda de por vida con ellos. Es trágico; es horrible; y es inmoral, pero entra en el umbral de lo posible y probable. Espero y deseo que no lo tengamos que ver en Canarias.