Mala transición energética

Esta mañana me dirigía a una de las primeras celebraciones navideñas del año, con un jamón debajo del brazo, y al llegar al Paseo de Gracia, casi tocando a Plaza Cataluña (en Barcelona), he hecho la foto que aquí les muestro.

fullsizerender

Ya ven de qué se trata. Es un cargador para vehículos eléctricos, que pone al servicio de los ciudadanos y ciudadanas l’Ajuntament de Barcelona, en el marco del proyecto de convertir a la Ciudad Condal en una Smart City. Cargador que, a día de hoy, creo que gratuito.

Así, la parte izquierda de la foto es la buena; la que muestra el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno municipal para favorecer el cambio al coche eléctrico. La parte derecha, en su parte superior, sin embargo, es la mala. Allí es donde vemos quién suministra la electricidad al ingenio; ¡Endesa!

Ha sido al ver esto, cuando he decidido parar, hacer marcha atrás, bajarme a la calzada, hacer un pequeño equilibrio con el jamón y disparar la fotografía. Primero he pensado en simplemente hacer un tweet con ella, pero, como ya me ocurrió con la entrada anterior, después he pensado que aunque hiciera una breve y percipitada entrada, el comentario requería algo más que 140 carácteres.

Acabo de mirar lo que escribí cuando inaguré nuevas cartografías de la energía. Entre otras cosas, en el apartado “sobre este blog” se puede leer que éste no pretende hablar de fuentes energéticas, sino de relaciones energéticas y que en el blog, el criterio de favorable o desfavorable se adoptará en función de en qué sentido cada una de las cuestiones tratadas incide en la transformación de las relaciones económicas, sociales y políticas. Al ver hoy el cargador eléctrico de Plaza Cataluña, he pensado que con este criterio, y a a la luz de esta electrinera, la apuesta por el coche eléctrico que se está haciendo -no sólo- en Barcelona es de tipo “mala”.

Apostar por un coche eléctrico que se ha de cargar en unos artefactos conectados al sistema eléctrico que controlan las grandes empresas monopolítsicas eléctricas, es una pésima opción. Pues si bien, puede que implique un cambio de fuente energética -y está por ver, porque podría muy bien ser la electricidad se genere con carbón, uranio, gas o petróleo-, no modificará sustancialmente las relaciones -de poder- energéticas actuales.  Es más, la situación incluso puede empeorar, pues deberemos sumar a nuestro consumo doméstico o empresarial, el del transporte. Por ello, considero que este tipo de iniciativas son nocivas, pues no incidirán favorablemente ni en una mayor democratización de las relaciones energéticas ni en la transformación de las relaciones económicas, sociales y políticas.

Para mi este es un ejemplo de cómo no se debe enfocar la transición. Tengo, ya, grandes dudas si la “gran” apuesta que se está haciendo desde el ámbito municipal -en muchas ciudades europeas, no sólo Barcelona- por el coche eléctrico es la adecuada, pues tiendo a pensar que la apuesta correcta sería favorecer, al menos en el espacio urbano, el transporte público colectivo, en vez del coche de uso individual -o de dos, tres o cuatro pasajeros; pero sobre lo que no tengo ninguna duda es que, si se sigue apostando por el coche eléctrico, su forma de carga bajo ningún concepto  debería depender de unas infraestructuras y un cable, al final del cual, centenares de kilómetros allá, nos encontráramos una gran central eléctrica de una gran compañía idem.

Creo, y sé que lo que diré es un poco fuerte, que mientras no seamos capaces de asegurar lo anterior, las ciudades no deberían apostar por el coche eléctrico. Como he dicho otras veces, a estas alturas, estoy convencida de que la transición energética -en mayor o menor grado- hacia un modelo eléctrico y renovable se va a producir, y por ello, la cuestión  ya no es esta. La cuestión es cómo será este modelo, si ¿uno distribuido y decentralizado? o ¿uno centralizado?, pues de ello dependerá que esta transición nos conduzca, o no, hacia un nuevo modelo, político y social, más democrático. Por esta razón, y para mi hoy, este es el verdadero reto que hemos de afrontar.

 

 

 

El déficit de tarifa como mecanismo de desposesión o Intentando entender la factura eléctrica (7)

Hace unas semanas, después de muchos meses de trabajo, el Seminario Taifa publicó su undécimo Informe de Economía. Éste, que se puede adquirir en papel o descargar en línea, se titula La desposesión de la vida cotidiana.

Es un trabajo colectivo en el que se pretende explicar cómo la crisis, y sobre todo cómo las estrategias del capital para salir de la misma, inciden en las cuestiones más básicas de nuestra vida cotidiana. Entre estas cuestiones, también se dedica un capítulo a la cuestión del llamado “déficit de tarifa”.

La redacción de este capítulo (páginas 111-126 del pdf o singularizado en htlm), cuyo título reza ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? corrió de mi cuenta y en él se hace una interpretación de Economía política sobre el significado de la factura. Así, en el informe ésta se explica como el resultado de un conflicto de poder.

Para animar a la lectura del informe, presento aquí algunos highlights del citado capítulo, aunque releyendo el cómo me ha quedado, de tostón, esta entrada, estoy segura que la lectura directa del informe será más ligera, coherente, instructiva y amena.

¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se divide en cuatro grandes apartados.

En el primero, que coincide con la introducción, se realiza una breve explicación sobre la función política-económica- de la factura. En esta introducción se cuenta cuál debería ser la función de la tarifa eléctrica -que se refleja en la factura. Ésta, conceptualmente, está pensada como un instrumento de redistribución, para que en un espacio político determinado, sea un municipio, una región, un estado o una entidad supranacional, todo el mundo tenga el mismo derecho de uso de electricidad y al mismo precio. A partir de esta definición, se apunta a que, como otros instrumentos redistributivos en el mundo contemporáneo, la factura de la luz se puede acabar convirtiendo en un mecanismo para la transferencia de ingresos diversos (de recursos) desde el conjunto de la sociedad hacia el sector eléctrico.

El segundo apartado parte del gráfico que muestro a continuación. El objetivo del mismo es ilustrar sobre los elementos  que inciden el el sistema eléctrico y que, por ello, han de tener reflejo el el coste y precio final de la energía; el que se acaba reflejando en la factura.

Electricas

Este gráfico es útil para visualizar que entre la factura que -y perdón por la redundancia- facturan las compañías eléctricas y los usuarios finales, hay todo “un mundo” de actividades y de potenciales conflictos entre quienes generan electricidad a partir de distintas fuentes (parte superior del gráfico), entre quienes realizan distintas actividades en la cadena eléctrica (parte central del gráfico) y entre los propietarios de las empresas, que quieren obtener el máximo posible de beneficios y la autoridad política distribuidora o reguladora.

De ahí, que en el texto se sostenga que el precio final de la electricidad será el resultado de cómo se acabe resolviendo el conflicto existente entre los distintos tipos  de agentes que intervienen en el sistema eléctrico (propietarios de empresas de diverso tipo, el regulador público y los usuarios finales).

La tercera parte de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? se introduce con un gráfico, de Iberdrola -el mismo serviría para Endesa u otra empresa del oligopolio eléctrico de la Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA).

grafico23

En este gráfico queda muy claro que menos del 40% de la factura se debe a los costes reales de generación, transporte, distribución y comercialización de la actividad. Por tanto, la pregunta que surge al mirar este “quesito” es obvia: ¡¿a qué se debe el más del 60% que las familias y empresas españolas pagamos mensualmente?!

La respuesta de Iberdrola  es que ese 60% “no va con ella”, ya que en su opinión se trata de impuestos y recargos ajenos, debidos a la mano de los políticos y de los reguladores. Obviamente, esta no es la respuesta que el Seminario Taifa da a ese 60%.

Nuestra explicación es que ese “misterioso” porcentaje es el precio que en España se paga por un conflicto no resuelto: el que existe entre el oligopolio de UNESA  y el resto de la sociedad. Conflicto, extremadamente  asimétrico y cuyo resultado siempre favorece, en mayor o menor medida, al primero. Es decir a las empresas que históricamente -aunque posteriormente se añadiera la electricidad nuclear y al gas- han generado la electricidad a partir de grandes centrales hidroeléctricas o térmicas y que, además, han controlado el ciclo completo del proceso, desde la generación a la comercialización.

Con esta explicación en la mano, el informe entra de lleno a explicar los distintos componentes que, hoy, configuran el “misterioso” 60%. Argumentamos que éstos se corresponden a una compensación –regulada- que el grupo histórico de empresas eléctricas privadas, agrupadas en torno a UNESA, reclama a la administración ante el riesgo potencial de perdida del ritmo de negocio o de su extremo poder de monopolio. Así, el 62% restante que, según Iberdrola es ajeno a ella, es una compensación que recibe el club de las eléctricas las eléctricas o el mecanismo financiero de adaptación de las empresas “históricas” a los cambios en la industria (aparición de nuevas técnicas de generación) y a los cambios en el sector (nuevos agentes competidores o cambios en el contenido y la regulación del “servicio público”).

Ante esta conclusión, se propone una nueva forma de clasificar los componentes de la factura eléctrica. Como verán aquellos y aquellas que se animen a leer el informe, esta nueva clasificación no explica por qué nuestra factura eléctrica es una de las más altas de Europa, sino por qué en ella se paga por partidas tan peculiares como -sin ser exhaustiva-“Pagos por Capacidad”, “Contratos de interrumpibilidad”, “Costes de Transición a la Competencia”, “Pago Déficit de tarifa” o “Adquisición Régimen especial y Primas de Régimen especial”.

Por último, en la parte final, el informe cuenta cómo la factura eléctrica, gracias al “invento” contable del déficit de tarifa se transforma en un formidable mecanismo de desposesión. Basten un par de cifras, para hacernos una idea de la magnitud de fenómeno.En 2002, la deuda reconocida por el déficit de tarifa era de unos 1.200 millones de euros (M€). En 2014, superaba los 30.000 M€. Es decir, en España contablemente, cada ciudadano/a debe más de 600 € a las eléctricas y, según parece, como resultado de su titulación, los devolveremos en 15 años a un tipo de interés del 4,76%. La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, es la que, finalmente, conduce a un proceso de doble desposesión.

La desposesión producida por una constante transferencia de renta desde los hogares y las empresas no energéticas españolas hacia los accionistas del sector eléctrico. Y, la desposesión producida por una transferencia de renta y de patrimonio natural (pantanos, vientos, sol y territorio) desde España a fondos de inversión extranjeros y soberanos del mundo, lo que también incide en un empobrecimiento relativo de este territorio a escala global.

Ante ello, el informe concluye citando a don Alberto Bosch, quién, en 1899, al apoyar en el Senado la proposición de Ley sobre la “Servidumbre forzosa de corriente eléctrica”, declaraba estar (…) convencido de que entre las desamortizaciones ninguna más provechosa que la desamortización de la Naturaleza (…).

No prometo nada, pero si después de este breve resumen, todavía hay ánimo para leer el texto completo de ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? (así como el conjunto del undécimo Informe Económico del Seminario Taifa), puede que quien lo intente entienda un poco más el complicado mecanismo de fijación del precio de la electricidad en España.

Yo, al menos, al escribirlo me he clarificado mucho las ideas y creo que puedo decir que ya entiendo qué se esconde detrás de la factura eléctrica. Ha sido necesario el tiempo de siete entradas de este blog, la primera de las cuales está fechada en Marzo de 2012 y la que precede a esta, en la serie Intentando entender la factura eléctrica, de junio de 2013, para entender qué hay detrás de tan enmarañado documento. Creo que con el trabajo realizado en el Informe de Taifay esta séptima entrada, doy por cerrada la serie “Intentando entender la factura eléctrica”.

 

¿Es una comercializadora municipal un instrumento útil para la transición energética?

El pasado 15 de julio, la prensa escrita de Barcelona publicaba la noticia de que la ciudad se disponía a crear una compañía eléctrica pública. En los medios digitales, fuera La Vanguardia o en El Periódico de la Energía, se personalizaba la iniciativa -y beneficio- de tal propuesta en Ada Colau, la alcaldesa.

Tengo observado que, tanto en Madrid como en Barcelona, ciudades en las que tenemos alcaldesas de fuera de los partidos políticos kosher, cuando las cosas no gustan o se ven estrambóticas, se tiende a utilizar el nombre propio para presentar cualquier iniciativa municipal que se anuncie, como una peculiar ocurrencia de “esas señoras” que ocupan el cargo. Esto, desde mi punto de vista, es una falta de respeto hacia la institución, hacia quiénes les han votado y, obviamente, hacia las mujeres que realizan servicio público.

Dicho esto, aunque me parece una gran noticia que el equipo municipal de la ciudad en la que yo resido se postule para ser uno de los pioneros en la realización -y logro- de una transición energética hacia un modelo, fuera del control del oligopolio eléctrico, 100% renovable, me parece que a la propuesta que se nos ha hecho, la falta un buen periodo de discusión y de maduración.

Esta propuesta fue presentada  el pasado 14 de julio por Janet Sanz, teniente de  Alcalde para cuestiones de ecología, urbanismo y movilidad, el concejal de Presidencia y energía, Eloi Badia, y la Comisionada de Ecología, Eva Herrero y, desde entonces, ha recibido unos cuantos elogios e infinidad de críticas; muchas de ellas provenientes de militantes del activismo energético.

Los elogios tienen mucho que ver con lo ya expresado: es fantástico que Barcelona encabece la lista de ciudades del mundo que apuestan por una ciudad energéticamente sostenible. Las críticas están más divididas, pero algunas de las que yo he escuchado, tienen que ver con la poca eficacia de la medida estrella de la propuesta, la creación de una compañía comercializadora, para el objetivo de la transición energética real.

Comparto ambas cosas, el elogio y la crítica. Desde mi modo de entender el problema de fondo de la propuesta municipal -al menos del borrador de la misma que cayó en mis manos- es la poca claridad de su planteamiento.

Por una parte se plantea que el objetivo es la transición energética de Barcelona, definida como la de una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials, amb una aposta clara per els recursos energétics renovables y, por otra se dice que estudis previs conclouen que l’eina que pot permetre, en el context energètic actual, una gestió integrada de la generació elèctrica i l’aprovisionament energètic és una comercialitzadora y que, por lo tanto, l’objectiu és poder tenir creada i en funcionament la comercialitzadora l’any 2018.

Planteados así el objetivo y el instrumento, se entiende que lluevan las críticas, pues es muy fácil pensar que lo que propone el Ayuntamiento de Barcelona, con la legislación vigente, es ilegal, ya que no hay manera de que la misma empresa comercialice aquello que ella misma genera. Aunque realmente no sea esto lo que dice el texto, pero su redacción excesivamente ambigua enmascara el contenido real. Por ejemplo, intuyo que para captar su significado sería apropiado reescribir  la frase  “una ciutat que produeixi energia a prop i de manera neta fins abastir el 100% dels consums municipals i residencials“, dejando muy claro que de lo que habla es de una ciudad en la que el uso final de energía de los edificios e instalaciones muncipales y residencial podría abastecerse con lo energía autogenerada en sus terrazas, tejados, cubiertas, jardines o patios.

Es más, también se entiende que lluevan las críticas de quienes se preguntan sobre la oportunidad de crear una comercializadora, puesto que: a) ya existen otras comercializadoras muy “políticamente correctas”, como Som Energia, con las que el ayuntamiento podría firmar un contrato de suministro, sin necesidad de destinar nuevos recursos a la creación de un nuevo ente comercializador; sólo distinto por ser de propiedad municipal; e, b) intrínsecamente crear una comercializadora sólo es útil como forma de debilitar el poder del oligopolio eléctrico en el tramo de venta final al público, pero no realmente para transformar de raíz el modelo energético imperante.

Ante ello, yo también dudo de un proyecto que pone el foco en la creación de una comercializadora, como forma de avanzar hacia la transición energética. De hecho, al leerlo tiendo a pensar que se trata más de una medida destinada a paliar la pobreza energética que a cambiar de raíz el modelo energético .

¿Por qué apunto hacia esta hipótesis? Apunto hacia ella porque, leyendo entre líneas el borrador citado, tengo la sensación que se cree más en la comercializadora como una herramienta de política asistencial -o en el mejor de los casos redistributiva- que como la punta de lanza hacia la transición. De hecho, creo que es para este objetivo, el de poder suministrar electricidad a precio subvencionado o de forma gratuita, para lo que la creación de  comercializadora pública pudiera servir.

A día de hoy, en el conjunto de Estado español, con la ley actual, una comercializadora eléctrica sólo puede hacer de intermediario entre las empresas generadoras y los usuarios finales, pues  su función es comprar la electricidad que las empresas generadoras venden cada día en el mercado mayorista y venderla en el minorista. Por ello, por mucho que la ciudad generara energía propia, la nueva compañía municipal no la podría vender. Ante ello, coincido con aquellos y aquellas que han criticado esta mediada diciendo que ¿qué sentido podía tener una comercializadora, nueva, más? Pero si lo miro desde el punto de vista de combatir la pobreza energética, la medida podría tener un sentido, que intuyo alguno o alguna de las redactoras de la propuesta también le han visto.

Si la ciudad de Barcelona tuviera una comercializadora municipal, y por ello entiendo que pública, podría hacer algo que ninguna forma de empresa privada -sería discutible el cómo ya hasta qué punto de algunas cooperativas- puede hacer: limitarse a cubrir los costes, sin obtener beneficios, o incluso, operar con un déficit, que otras actividades o impuestos municipales cubrirían. Si así se entiende la función de la nueva comercializadora, podría tener sentido, pero insisto, un sentido de política asistencial o distributiva, pues la nueva compañía vendería electricidad a precio mayorista a los usuarios finales (incluido el municipio) o decidiría cobrar menos o no cobrar a determinados/as ciudadanos/as.

Desde este punto de vista la comercializadora no haría la competencia a otras que ya existen, que también están fuera del oligopolio y venden energía “verde”, pues su objetivo y función serían completamente distintos.

Por mi parte, alabo este objetivo, pero considero que si éste es el que se pretendía lograr con la creación de la compañía comercializadora, así se debería de haber especificado. En este caso, el debate se alejaría de las cuestiones colaterales relativas a la transición para centrarse en los aspectos centrales relativos a la redistribución. Para mi, esta sería la principal virtud de la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa: ser una novedosa vía para paliar -que no acabar con el origen- la pobreza energética.

Por el contrario, si realmente el objetivo es el de la transición energética, considero que, al menos en su forma actual, proponer la creación de una comercializadora como herramienta para la gestión integrada de la transición es, efectivamente, un error.

En primer lugar, porque al introducir la propuesta de la comercializadora desvirtúa lo que hay de bueno en la propuesta, que básicamente es asumir que la legislación municipal, incluso con la legislación nacional vigente, tiene margen para introducir medidas que ayuden a avanzar en la buena dirección y que asumiendo como autoconsumo buena parte de la electricidad empleada en los equipamientos municipales, o incluso la iluminación pública, se podría adelantar mucho en el objetivo de generar energía local, quitando negocio al oligopolio eléctrico.

En segundo lugar, porque oculta otra cuestión, que sí que aparece en la propuesta, que es que el consumo energético de una ciudad también consiste en agua caliente o calefacción que en muchos casos sólo requieren de determinadas instalaciones o infraestructuras, que sin quebrantar ninguna ley podrían instalarse o implantarse desde ya.

En tercer lugar, porque existe una confusión entre fuentes y tecnología que lleva a pensar que detrás de esta propuesta no hay un diseño a largo plazo de los pasos necesarios para llevar a cabo la transición, más allá de la inmediatez o efectividad a corto plazo de algunas propuestas. En este sentido, en el borrador hay alguna frase alarmante, como la de que es prioritario crear un marco legal para  reduir el consum energètic global que es produeix a la ciutat, basat en resultats i no en solucions tecnològiques. En este caso, considero que el éxito a largo plazo de la transición dependerá de las soluciones tecnológicas que adoptemos hoy y de su adaptabilidad –resilencia, ya que el término gusta tanto- a las situaciones energéticas futuras.

Y, por último, en tercer lugar, porque desde el mismo momento en que, en el mundo de hoy, se propone algo tan “radical” como crear una empresa pública de suministro, es inevitable preguntarse ¿por qué no seremos radicales del todo y también nos ocuparemos de la gestión municipal de la red?

Más allá de estas cuestiones, personalmente, lo que más me ha decepcionado de esta propuesta es que no incluya realmente ningún aspecto político de verdad, pues como dije en la serie -incompleta, por ahora- de entradas sobre la cuestión de la financiación de la transición, que inicié el verano pasado, esta transición es la gran oportunidad, puesto que tendremos que ponernos de acuerdo sobre cómo financiarla, para redefinir un nuevo contrato social y para reinventar el espacio público.

Este es el debate que, como ciudadana de Barcelona, yo desearía que impulsara el equipo de gobierno municipal. Ahora, estoy muy disgustada, pues debido a lo poco elaborado de la propuesta actual y a sus ambigüedades e imprecisiones -que pueden ser necesarias para contentar a quién fuere nuestro o nuestra futura ministra de energía y al oligopolio de UNESA, pero son inapropiadas para entablar un debate- el documento ha desatado las críticas y enfados de quienes podían ayudar a llevar a cabo la transición energética hacia un modelo distribuido, democrático y 100% renovable.

Es cierto que, en el ámbito catalán, habrá quien pueda pensar que se está cometiendo una injusticia, pues mientras el también “etéreo” proyecto de Pacte Nacional de Transició Energética impulsado por la Generalitat de Catalunya recibió aplausos, el de l’Ajuntament de Barcelona, recibe críticas. Yo soy de las que barrunto que si el proyecto hubiera sido propuesto por otro equipo de gobierno, las críticas hubieran sido distintas, pero ello no quita que, a día de hoy, también piense que se ha malgastado una gran oportunidad y que nos han hecho un flaco favor a quienes apostábamos por una transición energética iniciada en el ámbito municipal.

 

La geopolítica de las renovables

El pasado 18 de abril, esglobal, con el apoyo de la Comisión Europea, celebró en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid un taller sobre la geopolítica de las renovables. Esta fue una excelente iniciativa de la Directora de esglobal, Cristina Manzano, que consistió en un seminario en el que varios profesionales del medio, periodistas y académicos expresamos nuestra visión sobre cuál podría ser – o si sería- la nueva geopolítica de las renovables, y en un posterior taller de formación para jóvenes estudiantes de periodismo. La experiencia me gustó mucho.

Al cabo de unos días, esglobal nos pidió nuestra contribución por escrito con el fin de elaborar un monográfico online sobre esta cuestión. Hoy, 5 de julio -fecha en la que, aunque nada tenga que ver con lo que aquí escribo, se celebran los 54 años de la independencia de Argelia- se ha publicado, digitalmente, esta monografía. Os la recomiendo toda, pero, aquí, en este blog adjunto el enlace a mi contribución, titulada La jerarquización del poder global por la energía. Veréis que es una aproximación histórica a esta problemática.

Hace mucho que no publicaba nada en Nuevas Cartografías de la Energía. Deseo que esta entrada sea el inicio de su nueva etapa, después del parón de este curso; como deseo, también, que el enlace que aquí os dejo, os guste.

Financiar la transición energética (III). Reinventar el espacio público energético

En la anterior entrada de esta serie, respondimos a la primera de las preguntas que se habían planteado: ¿cómo podemos hacer para acabar con el poder de los lobbies de la energía fósil?. En esta entrada, corresponde, empezar a responder a las siguientes: ¿Cómo reinventamos el sector y redefinimos el espacio público energético? y ¿Cómo generalizamos las formas de financiación éticas y no cortoplacistas? Ambas están entrelazadas.

En la Encíclica laudato si´, en su punto 178, hablando del drama del inmediatismo político se puede leer una frase que me ha gustado especialmente. Esta dice, se olvida así que el tiempo es superior al espacio, que siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder. Diría que esta es la clave de cualquier cambio, pero encuentro esta reflexión especialmente fértil si la aplicamos al caso de la transición energética. Desde el punto de vista del informe sobre Alternativas que elaboró el Seminari Taifa, del que soy miembro, hoy la alternativa es el proceso; un largo y profundo proceso que ha de iniciarse en el interior del capitalismo vigente ahora.

Todo ello nos conduce a tres cuestiones: a) que debemos iniciar la transición energética desde donde estamos ahora mismo; b) que ésta es un proceso y, por tanto, suceptible de tener etapas; y, c) que el espacio energético al que lleguemos vendrá definido por el proceso, y no al revés. Dicho de otro modo, como hay muchas formas posibles de organización políticas y territoriales detrás de la idea de un modelo energético 100% renovable, la que finalmente se acabe imponiendo dependerá del proceso -del camino recorrido- que hayamos realizado. De ahí la importancia de preocuparnos más por los procesos que de ocupar espacios de poder ya creados por procesos anteriores.

El proceso de la transición energética tiene varías etapas, que más que camino son como un juego de matrioskas que va desde la más pequeña, el ámbito doméstico, a la mayor, que en función de las preferencias será el ámbito local, provincial, regional, estatal o supraestatal. Lo que diferencia a la transición del juego de muñecas rusas es que, a medida que van cambiando de tamaño, el diseño de su vestido cambia, al añadir nuevas conexiones, servicios… También se diferencian en que no sólo es más caro financiar el juego entero que las muñecas pequeñas, sino que las formas de financiar a las más pequeñas y al resto son conceptualmente muy distintas.

En la entrada anterior quedó claro que el dinero para financiar la transición existe. En ella también se apuntó que si se lograra deslegitimar quién a día de hoy lo gestiona, el lobby energético internacional, sería posible iniciar la senda de la transición. De hecho, estoy segura de que a medida que la campaña de deslegitimación avance, cada vez será más fácil encontrar pequeños y medianos inversores, no especialmente codiciosos, que quieran que sus ahorros, sus fondos de inversión o de pensiones se inviertan en “energía verde” en vez de en “energía sucia.”  Es más, si a escala global discursos como el de Naomi Klein o del Papa Francisco consiguen calar, o a escala local iniciativas cooperativas se ven como fiables, cada vez más de esta misma gente que quiere invertir en energía verde, estará dispuesta no sólo a invertir en una fuente energética alternativa, sino en formas de gestión y de propiedad empresarial colectivas. A día de hoy, este sería un gran primer paso, que como leemos en Laudato sí´ (179) […] puede hacer una diferencia […] pues allí [donde se implante] puede generar una mayor responsabilida, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa […]. Además, obviamente, la diferencia vendrá por la construcción de una cultura mucho más participativa a medida que los inversores se den cuanta que la rentabilidad y la energía que obtienen está ligada a los recursos locales: al rio que fluye cerca de su casa, al sol que golpea su terraza o al viento que azota su localidad.

Así, desde mi punto de vista, esta primera etapa sería relativamente fácil -recuerdo, si previamente se logra deslegitimar al poder energético existente-, pues en esta fase, aunque lo cuestiona, ni rompe con el sistema ni nos obliga a plantearnos formas de organización político-territoriales alternativas. La muestra de lo que digo, es el éxito actual de la Energiewnede en Alemania; núcleo del capital europeo.

Mi pregunta aquí es si este proceso político – energético ya iniciado, será suficiente para lograr la transición energética global y democrática que yo imagino. El peligro aquí, como también plantea Naomi Klein es de amenaza de aislamiento y por tanto, el reto es hallar el modo de expandir los espacios públicos. Entiendo que esta idea de expansión, no es meramente una expansión cuantitativa de territorio, sino cualitativa de infraestructuras y de servicios (no sé si me acaban de convencer estas expresiones, pero por ahora bastará). Dicho de otro modo, cuando ya tengo asegurada la luz en mi casa, barrio o localidad, ¿cómo aseguraremos la red, su cuidado, el transporte, las comunicaciones…?, ¿qué ámbito cubrirá lo anterior? y ¿cómo lo querríamos financiar?.

En el anterior modelo, al menos en lo que llamamos Occidente, estas opciones se fueron definiendo desde los años de la Primera Guerra Mundial hasta la posguerra de la Segunda. La red eléctrica no se creó espontáneamente, tampoco un sistema integrado de ferrocarril ni de metro, ni la red de carreteras…. son el resultado de un determinado contrato social, basado en la consolidación de los Estados -nación- del bienestar. Por tanto, en algún momento de la historia se optó, por este tipo de espacio energético, que decidimos centralizado, nacional y sufragado públicamente, aunque no en todos los lugares tuviera el mismo alcance.

Como he dicho otras veces, la red eléctrica, por ejemplo, también formaba parte de una política redistributiva en los marcos nacionales, tanto por cómo colectivamente se financió, como por el acuerdo de que pagaba lo mismo el hogar cercano a una central nuclear que a un río. También, de facto, históricamente ha habido otras elecciones, como preferir financiar carreteras para coches cuyo combustible es la gasolina, que una buena red ferroviaria integrada para trenes eléctricos. Todas estas elecciones, en algún momento se han producido. De estas, recuerdo, pocas se han financiado con capital privado, y muchas con capital público.

Es en este contexto, en el que se enmarca la expresión de Naomi Klein de que lo que se tiene que hacer es reconstruir o reinventar al sector público. Expresión que yo he transformado en reinventar el espacio público energético. Para ello, no basta con generar energía a partir de fuentes renovables localmente, como no basta renacionalizar lo que ya se privatizó. Desde mi punto de vista, el reinventar el sector público es crear un nuevo sector público en el proceso de cambio de modelo energético. Para ello, ahora ya, cada día de proceso, para cada nueva cuestión la hemos de pensar desde tres puntos de vista: a) ¿se adaptará a una forma de generación, distribución y uso de energía renovable y distribuida?; b) ¿se corresponde con el modelo de sociedad -de organización política- que a mi me satisface?; y b) ¿qué nuevas formas de financiación podríamos pensar para sufragarlos?

Pongo un ejemplo, muy de actualidad, que aquellos que me conocen saben que me lleva de cabeza: lo que llamamos la nueva economía colaborativa, que se traduce en iniciativas como BlaBlacar, uber, airbnb….

Por ejemplo, las dos primeras, inciden directísimamente en el proceso de la transición energética. Mucha gente bienintencionada, progresista y de izquierdas ve estas iniciativas como el inicio de una nueva forma de economía. El pasado domingo en un artículo de opinión de El País -lamento no acordarme del nombre del autor- se decía que la mayoría de estas iniciativas no aportaban nada nuevo, ya que sólo conectaban lo que ya existía. Coinicido plenamente con esta opinión y, en términos del contenido de esta entrada, considero que destruyen el sector público, en vez de expandirlo y reinvertarlo.

Pensemos, por ejemplo en BlaBlaCar. Se trata de que yo tengo un coche, en el mejor de los casos híbrido, que a cambio de un módico precio, que teóricamente sirve para cubrir costes, pongo a disposición de otras personas para compartir el trayecto que yo hago. La gente está contenta, pues por un “módico” precio, viajo comodamente -como si yo tuviera coche- de un lugar a otro. Es evidente que es mejor, que cuatro vayan en un coche que que lo haga una sola, pero dicho esto, para mi, aquí se acaban las ventajas del BlaBlaCar. Primero, porque de partida es desigual, entre los que tienen coche y los que no; segundo, porque de hecho, hay un pago en especies a quién tiene el coche y, por tanto, contribuyo a un negocio individual; tercero, porque refuerza el modelo de transporte del coche; cuarto, porque si se extiende se considerará que se puede suprimir un tramo más de tren, un línea de autobús o el equivalente y quinto, aunque se deduce de todo lo anterior, porque es una “nueva” actividad que se escapa totalmente del ámbito de la financiación pública (no se declara, no se pagan impuestos, dejamos de pagar billetes de tren…) y por ello, revierte en la destrucción del mismo.

Para mi, BlaBlacar va en contra de la transición energética que yo imagino. Para algunos, con actuaciones de este tipo, para hacer la transición bastaría que pasáramos del coche de gasolina al eléctrico. Para otros, sin embargo, entre los que me cuento, lo que deberíamos hacer es imaginar otra forma de transporte pública y universal, que además estuviera basada en fuentes cercanas y renovables.

En los términos con los que empezábamos esta entrada, sólo cambiar de coche de gasolina a coche eléctrico es ocupar un espacio de poder (el de las petroleras por el de las eléctricas), para que todo siga igual, o peor; en cambio reivindicar una nueva organización del transporte renovable colectivo y público es el proceso. Proceso de transición y de expansión del sector público.

Si tenemos lo anterior claro, sólo nos faltará decididir cuán amplia ha de ser la red de transporte y qué infraestructuras necesitamos para su eficaz funcionamiento, lo que nos dará el nuevo espacio público energético, y cómo la financiamos colectivamente, lo que nos dará la nueva forma de contrato social.  Esto último, lo dejaré para la siguiente entrada, aunque avanzo, ya, que es a esta construcción a lo que deberíamos destinar el “ahorro” de no pagar la factura energética ciudadana de lo hablábamos en la entrada anterior.

Financiar la transición energética (II). Deslegitimizar al lobby fósil

Cuantas más vueltas le doy, más me convenzo de que el problema de la financiación de la transición no es de cantidad de dinero. Como reiteradamente hemos comentado en este blog, en los llamados países consumidores estamos pagando una factura energética exterior enorme, en España de más del 50% de las importaciones de bienes totales, por un combustible del que los ususarios finales sólo utilizamos, como media, un escaso 30%.

La factura energética exterior (FEE) no es algo abstracto, que un país o un estado paga a otro; es el resultado de la actividad de las empresas petroleras privadas en sus compras al exterior. Así, en España es el petróleo que, por ejemplo, Repsol o Cepsa compran para sus refinerías Petróleo que refinan y comercializan en el interior del país, o exportan como producto derivado. Por tanto, cuando los ciudadanos o las empresas no energéticas pagamos la factura energética, estamos pagando a estas empresas y, además, por un importe superior al de la FEE.

Ramon Sans, del colectivo CMES, acuñó el término de factura energéica ciudadana (FEC) para refererirse a ello. En la elaboración que de este concepto se está haciendo desde este colectivo, Josep Centelles define la FCE como aquella que engloba todo el gasto realizado en un año por personas y empresas de cualquier tipo. Así ásta incluye el gasto realizado en gasolina, gasoil, butano, gas ciudad….y los impuestos incoporados a estos productos. Ramon Sans calculó que la FCE es aproximadamente de 2,5 veces la factura energética exterior. Según sus cálculos, para Catalunya, un 4,2% de su PIB. Así que probablemente en España, como media, destinemos aproximadamente un 4% del PIB al pago del combustible fósil.

Basándome en estos mismos cálculos, estimo que la inversión que necesitáriamos para realizar la transición a un modelo 100% renovable es aproximadamente de un 0,15% de este mismo PIB. Aunque no haya contrastado este cálculo, sí que me creo que lo que deberíamos invertir es infínitamente menor que lo que ahora ya gastamos. Tanto más, si le sumáramos el dinero que los y las accionistas invierten en las empresas energéticas fósiles. Así,  por ejemplo, el capital social de una empresa como Repsol es de casi 1.375 millones de €. Así, ninguna duda, el dinero para pagar la transición energética existe.

Por ello, el problema de cómo financiar la transición se traduce en elaborar una estrategia para reorientar parte de este dinero al objetivo de la transición energética y en establecer, también, qué haremos con el más del 3% del PIB que ahorremos.

Sobre el papel, esta estrategia es muy sencilla, pero la realidad es que esta transición se debería desarrollar en sociedades en las que:

  1. Quién gestiona el dinero de la energía son en primera instancia -exceptuándo la parte de impuestos- los monopolios energéticos privados, que gozan de un poder inmenso y serán los perdedores del cambio de sistema energético.
  2. Ideológicamente hemos desprestigiado tanto lo colectivo, lo público y la política, que poca gente estará dispuesta a financiar, colectivamente, la transición energética mediante impuestos, tributos, cánones o cierto tipo de bonos: A la vez que somos una sociedad que nos hemos creído la magia del mercado y hemos renunciado a la planificación energética a largo plazo.
  3. Vivimos en la “rapidación”; en el mundo de los beneficios y de los dividendos empresariales a corto plazo. Ello fomenta –como veíamos en la entrada anterior de esta serie– huídas hacia adelante de las empresas -avaladas por sus accionistas, no hay que olvidar-, para exprimir al máximo lo que ya se tiene, con el fin de “devolver” con beneficios el dinero que personas, fondos o bancos invierten o prestan a las empresas.

Estas tres cuestiones llevan a tres preguntas, que si respondiéramos adecuadamente nos abrirían el camino hacia la transición. La primera es ¿cómo podemos hacer para acabar con el poder de los lobbies de la energía fósil?; la segunda es ¿Cómo reinventamos el sector y redefinimos el espacio público energético?; y la tercera, ¿Cómo generalizamos las formas de financiación éticas y no cortoplacistas?

Responderemos aquí, a la primera; a las dos siguientes en la tercera entrega de esta serie sobre financiación.

A día de hoy, la respuesta a la primera pregunta es la más fácil de responder, aunque sea difícil de lograr. Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo que, como ya dije, es uno de los que inspira esta serie de entradas veraniegas, dice claramente que ese es el objetivo de la campaña de desinversión. Se trata de iniciar un proceso de desligitimación, cuya meta final es situar el estatus de las compañías petroleras en el mismo nivel que el de las empresas tabacaleras. Desde mi punto de vista, esta es la “buena” razón para apoyar una campaña de este tipo, además de, como ya dije, la de evitar una “burbuja fósil”, alimentada por las inversiones en un recurso en extinción.

Creo que si esta deslegitimación triunfa, deberemos iniciar el siguiente paso; el de la desubvención, ya que según alguién tan poco dudoso de pertenecer al “mundo petrolero”, como el economista jefe Faith Birol de la Agencia Internacional de la Energía, las subvenciones a los combustibles fósiles fueron de 550.000 millones de dólares en 2013 –más del cuádruple de las subvenciones a las energías renovables.

Apoyo la desubvención por tres razones. La primera, por el efecto que ello tendría sobre las cuentas y los precios finales de las empresas petroleras. Tal vez así los usuarios finales se convencieran de que hay opciones más baratas que el combustible fosil. La segunda, por la liberación de recursos públicos que ello representa (aproximadamente la mitad del PIB español). Y, la tercera, porque aunque coincido con todos aquellos que dicen que lo más justo es aplicar el principio de “quién contamina paga” para que las petroleras financien parte de la transición, tengo mis dudas de que lo logremos. Por tanto, por ahora, hasta que éstas no estén suficientemente debilitadas, como para conseguir este objetivo, me conformo con que dejemos de pagarles a ellas. Así que ya podemos empezar a presionar a nuestros gobiernos para que acaben con estas partidas. Por una vez, contribuiría de buen grado, al “adelgazamiento” del sector público.

Sinceramente, en el mundo de hoy, creo que sólo “cerrarles el grifo” puede tener algún efecto. Hasta que no debilitemos su poder, no reinventemos el sector público -o la política energética- y no generalicemos las formas alternativas de financiación, visto su actual poder, cualquier otro intento bienintencionado y conciliador como fijar una imposición más elevada a su actividad, legislar que parte de sus beneficios se reinverta en renovables o pedirles que lo que actualmente destinen a compra de combustible lo “den” al Estado a cambio de un suministro en renovables, será inútil.

Esta estrategia, llamémosle financiera, de deslegitimación hunde sus raíces en argumentos morales. Estos argumentos causan los conflictos en la Blockadia de Naomi Klein –una zona transnacional e itinerante de conflicto que está aflorando con frecuencia e intensidad crecientes allí donde se instalan proyectos extractivos- y están en el contenido de la Encíclica laudato si´ del Papa Francisco. De hecho, leyéndo paralelamente ambos textos, llama la atención que dos personas de procendencias tan distintas -una perdiodista y activista ambiental y, la otra, el Papa- contemporáneamente publiquen un texto con un discurso con argumentos similares y cuyo objetivo, es el mismo: la necesidad de una nueva ética para evitar la catástrofe climática, que será, como reza el subtítulo de este blog, una nueva ética energética. Así, ambos libros son base de argumentos para la deslegitimación de las prácticas inmorales del lobby energético, pero sinceramente, como creo yo que éste se encuentra más allá del bien y del mal, la desinversión y la desubvención me parecen instrumento ideal para doblegarlo.

Financiar la transición energética (I)

Llevo tiempo pensando que el cómo, el procedimiento, para financiar la transición energética será la clave de su éxito.

Creo que hoy en día, salvo los integristas, ultra liberales y negacionistas, poca gente discute la necesidad de transitar de una forma de producir energía intensiva en emisiones causantes del efecto invernadero a una que no lo sea; como creo que también hay consenso –se acepte públicamente o no- en que ya existe la tecnología para que esta transición sea posible ¿En qué, pues, no hay acuerdo? En si esta transición se puede efectuar dentro del paradigma –capitalista- actual o tendremos que cambiar nuestra visión del mundo.

El libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, nos da la respuesta a ello: la transición energética o será sistémica o no será. Parecida es, aunque ésta sea un tipo de argumentación con la que me siento mucho menos familiarizada, la conclusión de la ultra publicitada carta encíclica del Papa Francisco, Laudato si. Recomiendo la lectura de ambas, pero de cara a Septiembre, no ahora, padeciendo esta canícula agobiante, pues con su lectura simultánea la zozobra te acaba venciendo. Aunque les diga esto, este verano, para reactivar a nuevas cartografías de la energía, querría hacer una serie de entradas inspiradas en la lectura de ambos textos, entradas en la tríada cambio climático – transición energética – financiación.

El objetivo de esta serie veraniega es doble. Por una parte, pretendo dar argumentos que refuercen la idea de que, debido a la forma de financiación de la industria energética, el seguir contaminando y extrayendo fuentes fósiles del suelo y el subsuelo no es una opción para ésta, sino, como dice Naomi Klein, un imperativo estructural. Y, por otra, contribuir al debate con lo que es su corolario: sólo modificando las formas de financiación de las actividades e infraestructuras relacionadas con la generación, distribución y uso final de la energía, la transición energética será posible.

En entradas anteriores ya he ido introduciendo algunos aspectos de este debate. En concreto, si no recuerdo mal, he explicado lo siguiente:

  • Que uno de los problemas económicos y financieros de la transición energética es que a las fuentes primarias dominantes (carbón, petróleo, gas y uranio), a partir de las que generamos energía útil, empleada en nuestras casas, transportes o fábricas, se les otorga un valor de cambio. Éste se refleja en el precio, que es independiente de la cantidad de energía final utilizable que se produzca con ellas. Dicho de forma fácil, aunque el precio del barril de petróleo suba o baje, la energía final útil que se genera a partir del mismo es igual.
  • La razón por la que ello ocurre es porque las fuentes fósiles y el uranio son una mercancía apropiable, que se compra y se vende en mercados sin relación inmediata y directa con la energía útil final. Es claro que ello no ocurriría con el sol o el aire, pues no son apropiables y generan directa e inmediatamente electricidad aprovechable.
  • Históricamente el grueso de los beneficios de las empresas de la industria energética internacional son el resultado de la renta “minera” que se genera en el segmento aguas arriba, es decir en el de la extracción y venta de petróleo crudo, gas natural o carbón (el uranio presenta algunas particularidades). De ahí, que en la lógica de estas empresas, las actividades relacionadas con la obtención y venta de derivados son secundarias, aunque formen parte de su estrategia de supervivencia monopolística. Por ejemplo, British Petroleum, sólo consideró seriamente el refino en el Reino Unido, como resultado de la nacionalización de sus activos en Irán.
  • Como es lógico, el interés de la industria energética internacional, especialmente el de sus grandes compañías históricas (públicas, estatales y privadas), es mantener el negocio. En las circunstancias que acabamos de resumir, ello implica a tener cada vez más y mayor acceso a las reservas fósiles y/o que estas tengan el mayor precio posible. Como también explicamos, ello es lo que se logra con el poder del monopolio y con la construcción del discurso de la escasez.

Hay una última cuestión, que también planteamos al hablar de la burbuja financiera del fenómeno del fracking, pero que, en este blog, todavía no habíamos acabado de enlazar con los cuatro puntos anteriores: la necesaria huida hacia delante de la industria fósil.

Ello, lo expone de forma muy clara Naomi Klein en el cuarto capítulo de su libro, titulado (¡me encanta!), Planificar y prohibir. Palmetazo a la mano invisible.

Lo que nos cuenta esta activista ambiental es que las inversiones asociadas a la exploración, desarrollo y extracción de energía fósiles son tan costosas, que no se recuperaran nunca, salvo que se pueda seguir extrayendo combustible fósil durante décadas. Si ello no ocurriera así, las empresas del sector deberían anotar en sus balances un gran volumen de activos inmovilizados. De ahí, que en los mercados bursátiles, bajaría el precio de las acciones, y los accionistas (individuales, fondos de pensiones, fondos de inversión….) perderían la confianza en que estas empresas les seguirán aportando rentabilidades crecientes año tras año. Por ello, como escribe Klein, para que el valor de estas compañías permanezca estable o crezca, las empresas petroleras o gasistas deben estar siempre en disposición de demostrar a sus accionistas que cuentan con reservas de carbono frescas para explotar cuando se agoten las que están extrayendo actualmente.

De ahí, la idea de imperativo estructural ya apuntada, pues, es evidente que ninguna empresa capitalista –en este caso del tipo que fuere- renunciará voluntariamente a su principal fuente de beneficios; extraer energía fósil, en este caso. El quid de la cuestión aquí es que esta fuente de beneficios es finita –y además, en los últimos años se ha tenido que repartir con los nuevos llegados a la industria.

Imagínese usted que es un/a inversor/a o un pensionista que quiere comprar unas acciones para asegurarse una rentabilidad constante o creciente futura; ¿invertiría en una empresa cuya base del negocio es un recurso en extinción? La respuesta es, obviamente, no. Por esta razón, las empresas petroleras y gasistas, que son de las más poderosas del mundo, se ven abocadas a una huida hacia adelante, que tiene como objetivos, contradictorios y simultáneos, el convencer a los accionistas que el petróleo y el gas no se acaban (véase fracking y todas las formas de extracción de petróleo y gas no convencional), para que siga fluyendo hacia ellas el dinero de los inversores; mientras se azuza el discurso de la escasez, para que el precio del crudo y el gas aumente, asegurándoles así pingües dividendos.

Las consecuencias ambientales, sociales y políticas de esta huida hacia delante son bien conocidas, pero a pesar de ello se refuerza la hipertrofia fósil de la industria energética. Industria, que obligada por los compromisos con sus accionistas, no puede permitirse ninguna estrategia que no sea la del máximo beneficio en el corto plazo. Por lo tanto, este es el primer vínculo que se ha de romper.

Desde este punto de vista la proliferación de las campañas de desinversión en energía fósil, como las que iniciaron varias universidades anglosajonas y han seguido otros como el The Guardian, son extremadamente valiosas. Desgraciadamente, el sistema es tan perverso, que si estas campañas prosperan, la industria fósil acudirá a buscar la financiación de otros inversores todavía más codiciosos, inmorales, cortoplacistas y especulativos, que los anteriores. Por ello, afirmo que no hay otra salida que la de modificar cómo y con qué criterios financiamos al sector energético. Lo hablaremos en la próxima entrada.